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Abogado, Experto en Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburg

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La protección que otorga el TEDH a los ciudadanos chinos que, por sufrir persecución en China por motivos religiosos, solicitan asilo en España
¿CÓMO OPERA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, PARA LOS SOLICITANTES DE ASILO CHINOS QUE ESTÁN EN ESPERA DE UNA DECISIÓN POR PARTE DE ESPAÑA?

Cientos de refugiados católicos chinos se encuentran en la actualidad en el limbo legal y burocrático que representa el sistema de asilo español, a la espera de una resolución por parte de España en torno a su estatuto de refugiado.

Como han venido indicando informes recientes de distintas ONGs, los católicos chinos no gozan del derecho a practicar su religión, y en partes de la República Popular China son perseguidos por ello; la privación de libertad o los campos de trabajo son algunas de las consecuencias que comportaría una devolución a su país. Al mismo tiempo, los propios abogados defensores de los derechos humanos en China sufren persecución a fin de no permitírseles desempeñar su labor.

Concretamente de la situación en que se encuentran los nacionales chinos que quieren profesar su fe, hablamos en este otro artículo.

Pero este es solamente un ejemplo de las miles de solicitudes de asilo hoy pendientes en España.

Con el incremento de llegadas a gran escala en Europa, en respuesta a la crisis de refugiados en 2015, el número de solicitudes se ha ido acrecentando correspondientemente, colapsando los sistemas de petición de asilo nacionales. Si bien pareciera fácil tramitar una solicitud de protección internacional y sentirse amparado por el acervo de la Unión Europea en materia de asilo, en la práctica la mayoría de refugiados esperan meses, e incluso años, sin recibir respuesta por parte de la Administración.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE ESTE RETRASO Y A QUÉ DERECHOS AFECTARÍAN?

Los retrasos acumulados en las oficinas de asilo españolas, dejan desamparados y sin poder gozar de derechos también a aquellos pendientes de una resolución, ya sea afirmativa o negativa. Los solicitantes católicos chinos podrían ver afectados sus derechos: a la reagrupación familiar y, por ende, el derecho a una vida privada y familiar; así como dificultades para acceder al trabajo, dada la temporalidad de la llamada tarjeta roja que hay que ir actualizando, afectando a sus derechos económicos y sociales; a no poder viajar a otros países, restringiendo el derecho a su libre circulación y, por supuesto, la incertidumbre de ser devuelto en cualquier momento a un país donde se puede afrontar riesgo real de persecución por motivos como la religión. Todo ello sin perjuicio que dentro de este colectivo se encuentren también personas con necesidades específicas o de especial vulnerabilidad.

¿CÓMO OPERA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS Y QUÉ ARTÍCULOS DEL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS OFRECEN PROTECCIÓN?

Por un lado, y en principio, el sistema europeo de protección para los solicitantes de asilo o estatuto de refugiado se activaría tras una resolución negativa de concesión de asilo/refugiado por parte de un Estado.

Para España, el artículo 4 del Protocolo nº 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Convenio Europeo o Convenio), el que regula la prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros, está en vigor desde el 16 de Septiembre de 2009. Si bien en el Convenio Europeo no existe per se disposición que regule el derecho individual de asilo, el derecho a no ser expulsado o extraditado, o prevea el estatuto de los solicitantes durante la tramitación de asilo, lo cierto es que a través de la aplicación de otros artículos del Convenio, junto con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH o Tribunal), se ha ido dotando de contenido la protección del demandante de asilo.

Concretamente, el Convenio ofrece protección por medio del artículo 2 (derecho a la vida), artículo 3 (prohibición de sufrir tortura ni tratos inhumanos o degradantes) y artículo 8 (derecho a la vida privada y familiar) que, juntamente con el artículo 1 del Convenio que conviene que las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona bajo su jurisdicción los derechos y libertades definidos en el Titulo I del presente Convenio, se establece la obligación del respeto del principio de non-refoulement, por el que se prohíbe una expulsión a un territorio donde existan riesgos fundados que la persona pueda ver quebrantado su derecho fundamental a la vida, integridad o libertad. Asimismo, otro mecanismo de protección es el que ofrece el artículo 13 del Convenio por el que se aseguraría, en este caso al solicitante de asilo, un recurso efectivo nacional que diera curso a su petición.

¿DE QUÉ MECANISMOS DISPONE EL SOLICITANTE DE ASILO QUE HA VISTO SU PETICIÓN DENEGADA?

Si bien la expulsión de un extranjero no sería en si misma ilícita, el Tribunal estableció en la sentencia Soering v. Reino Unido (Decisión nº 14038/88), que la misma estaría prohibida si llevaba aparejada violación de los artículos 2, 3, u 8 del Convenio Europeo.

Paralelamente, el TEDH puede, bajo el artículo 39 del Reglamento del Tribunal, hacer que un estado adopte medidas cautelares. Aun cuando las medidas vienen reguladas por el Reglamento del Tribunal y no en el Convenio Europeo, los Estados Miembros tienen la obligación de ejecutarlas. Esta obligación ha sido impuesta en dos casos de Gran Sala Mamatkulov y Askarov c. Turquía (Decisión nº 46827/99 y 46951/99) y en Paladi c. República de Moldova (Decisión nº 39806/05).

Su abogado especializado en derechos humanos, sabe de la importancia de solicitar medida cautelar como por ejemplo, paralizar una decisión de expulsión mientras el procedimiento está en vía nacional, aunque solo se aplican estas medidas cuando hay un riesgo inminente de daño irreparable. En A.C y otros c. España, el Tribunal condenó a España por no garantizar el derecho de los solicitantes de asilo a poder recurrir su expulsión. Esta decisión sentó precedente para aquellos solicitantes de asilo que veían su petición de asilo inadmitida sin haber podido recurrir dicha decisión.

¿FINALMENTE, QUÉ HA DICHO EL TRIBUNAL SOBRE LAS SOLICITUDES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN ESPERA?

La Sentencia de 13 de Octubre de 2016 B.A.C. c. Grecia ha ampliado el campo de protección para los solicitantes que llevan tiempo esperando y, especialmente, para aquellos que una espera indebidamente prolongada podría conculcar derechos protegidos por el Convenio, B.A.C c. Grecia (Decisión nº 11981/15).

Concretamente, el caso de B.A.C. c. Grecia concierne el fracaso de las autoridades Griegas en tramitar, en tiempo razonable, una solicitud de asilo, y los efectos que causó dicha demora en los derechos individuales del demandante. En B.A.C c. Grecia, fueron 12 años los que el individuo permaneció en situación de incertidumbre, por lo que el Tribunal determinó que el solicitante había afrontado un claro riesgo de ser torturado si se le deportaba repentinamente a Turquía, y sin previo y efectivo examen de su solicitud en violación del artículo 3 y 13 del Convenio. Por lo que respecta al artículo 8, según el Tribunal, el hecho que su solicitud no se examinara dentro de un plazo razonable más los temores fundados de ser expulsado no habrían protegido su derecho a la vida privada y familiar.

Por primera vez, el TEDH pone de manifiesto la problemática del solicitante de asilo que permanece prolongadamente en situación de incertidumbre, aquel al que la falta de actividad por parte de un Estado le ha podido perturbar sus derechos.

Según ha tenido DDHH Abogados, la oportunidad de comprobar, ciudadanos chinos que han solicitado asilo por persecución en China con motivo de profesar el cristianismo, llevan más de 2 años esperando resolución por parte de España.

Si bien la jurisprudencia desarrollada a través del Convenio abre camino hacia la protección en Europa toda vez que amplía las garantías para los solicitantes de asilo, tanto para los susceptibles de ser expulsados como, más recientemente, para aquellos que ven su solicitud en espera como es el caso del colectivo católico chino residente en España, recae en los Estados Miembros la obligación principal de proteger a las personas que estén en su territorio en virtud del artículo 1 del Convenio. Por lo que los Estados deberán ir corrigiendo las carencias que presenten sus sistemas administrativos y judiciales a fin de optimizar los estándares que ofrece el derecho a un recurso efectivo, entre ellos la celeridad en los procedimientos consagrado en el artículo 13 del Convenio Europeo, con la ayuda e intervención, a modo subsidiario, del TEDH.

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El TEDH y los nacionales chinos que esperan que España les conceda/deniegue su solicitud de asilo por ser perseguidos en China por profesar el cristianismo
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Asunto Etxebarría Caballero contra España: Se vulnera la prohibición de tortura
¿De qué trae causa el asunto Etxebarría Caballero?
Beatriz Etxebarría Caballero es detenida en el marco de una investigación judicial sobre presuntos delitos de pertenencia a la organización terrorista ETA, tenencia de armas y explosivos, falsedad documental con fines terroristas, y participación en diversos delitos de terrorismo.



¿Qué denuncia se plantea por Beatriz Etxebarría Caballero?
La demandante presenta una denuncia ante un Juzgado de Instrucción de Bilbao, alegando haber padecido torturas durante la detención preventiva incomunicada que trae su causa.

Mediante denuncia solicita:

-que se presenten copias de sus declaraciones, de los informes médicos realizados que se le realizan tanto en Madrid como en Bilbao, y de las grabaciones de las cámaras de seguridad en las dependencias donde estuvo detenida;

-que se revele la identidad tanto de los agentes presentes durante su detención preventiva y de los médicos forense que le habían reconocido como de los abogados designados de oficio presentes en sus declaraciones,

-que se le someta a un detenido reconocimiento físico y psicológico por un médico y un ginecólogo, y ser oída.



¿Qué hace la Jueza de Instrucción de Bilbao?
La Jueza de Instrucción acuerda un sobreseimiento provisional. Considera que no había indicios de los malos tratos denunciados, a la vista de los informes de los médicos forenses realizados durante la detención y de las copias de las declaraciones de Etxebarría.



¿También se desestima el recurso por la Jueza y se acuerda sobreseimiento por la Audiencia Nacional?
En primer lugar, la Jueza de Instrucción rechaza el recurso contra el sobreseimiento presentado por Etxebarría. Posteriormente, la demandante recurre ante la Audiencia Nacional de Vizcaya y ésta ratifica el sobreseimiento.



¿Condena la Audiencia Nacional a Etxebarría?
Sí, la Audiencia Nacional condena a la demandante a varias penas de prisión por pertenencia a una organización terrorista, integración en un comando de una organización llamada Otazua y participación en un delito de asesinato.

La Audiencia Nacional concluye que no hubo ningún indicio de maltrato infligido a la demandante. Por una parte, los abogados de oficio que la asistieron manifestaron no haber detectado ningún signo físico de maltrato. Y por otra parte, los médicos forenses que habían reconocido a la demandante declararon haberle hecho un reconocimiento físico-psíquico completo, concluyendo que las lesiones que presentaba podían explicarse por su inmovilización en el momento de la detención.

Una vez ante la Audiencia Nacional, la demandante invocó su derecho a no declarar, y el defensor de la demandante aportó una copia del informe del Comité europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes refiriéndose a su caso.



¿Inadmite el Tribunal Constitucional el recurso de amparo?
Sí, la demandante recurre en amparo ante el Tribunal Constitucional y se inadmite el recurso.



A continuación, Etxebarría Cabellero presenta la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde alega:
La prohibición de la tortura establecida en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Según la demandante, no hubo investigación efectiva por parte de las jurisdicciones internas respecto de su denuncia en relación con los presuntos malos tratos que habría sufrido durante su detención incomunicada. Según la demanda de Etxebarría, la transcripción del informe del Comité europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes corresponde íntegramente a los hechos que había denunciado, y que las alegaciones de malos tratos deben ser consideradas desde entonces como “creíbles” y “coherentes”, lo que significa que hubo motivos suficientes para justificar la puesta en práctica de una investigación efectiva.

La parte demandante reitera las críticas internacionales del procedimiento judicial español en materia de investigación sobre actos de tortura o de malos tratos, precisamente en el marco de las detenciones en régimen de incomunicación, refiriéndose, además de a los informes del Comité europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, a la jurisprudencia del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y al informe emitido por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa en 2013 tras una visita a España. Ello se invoca como prueba del carácter sistémico de las violaciones del derecho a una investigación efectiva respecto de las personas que se quejan de haber padecido malos tratos en el marco de una detención incomunicada.



¿Qué valoración del caso hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
El Tribunal de Estrasburgo razona que cuando un individuo afirma de manera argumentada haber sufrido malos tratos contrarios a la prohibición de la tortura establecida en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, de manos de la policía o de otros servicios equiparables del Estado, y existiendo además conforme al artículo 1 del mismo Convenio el deber general impuesto al Estado de reconocer a toda persona bajo su jurisdicción, los derechos y libertades ahí definidos, implica que deba haber una investigación oficial efectiva aunque sea implícitamente. Dicha investigación debe poder conducir a la identificación y al castigo de los responsables, según lo previsto al hilo del artículo 2 del Convenio Europeo, como se prevé en la sentencia McCann y otros c. Reino Unido, 27 de septiembre de 1995, entre otras. Si no se diera esta investigación, no obstante su importancia fundamental, la prohibición legal de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes devendría ineficaz en la práctica y se podría dar el caso de que los agentes del Estado gozasen de una cuasi impunidad, pisoteando los derechos de personas sujetas a su jurisdicción, como argumenta en Assenov y otros c. Bulgaria, 28 de octubre de 1998. El Tribunal Europeo constata que la demandante fue puesta en detención preventiva incomunicada durante 5 días, en los que no pudo informar de su detención a ninguna persona de su elección, ni comunicarle el lugar de detención, ni tampoco pudo asistirla ningún abogado libremente elegido por ella, ni siquiera entrevistarse en privado con el abogado que le había sido asignado de oficio. Por ello se determina que Etxebarría se quejó de manera precisa y circunstanciada de haber sido objeto de malos tratos durante su detención preventiva incomunicada, y se estima por parte del TEDH que se había producido una vulneración del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Respecto a las investigaciones llevadas a cabo por las Autoridades nacionales acerca de las alegaciones de malos tratos, el Tribunal observa que la Jueza de Instrucción se limitó a examinar los informes de los médicos forenses y las copias de las declaraciones de la demandante e hizo caso omiso a la solicitud de la demandante, por una parte de la presentación de las grabaciones de las cámaras de seguridad de las dependencias en las que estuvo en detención preventiva, la identificación y la audiencia de los agentes de la Guardia Civil que habían intervenido en dicha detención preventiva, así como la audiencia de los médicos forenses que la habían examinado y de los abogados designados de oficio presentes en sus declaraciones, y por otra parte a ser también oída personalmente y ser sometida a un detenido examen físico y psicológico por parte de un médico y de un ginecólogo. Es por ello que el Tribunal estima que la investigación llevada a cabo no lo ha sido con el suficiente detenimiento ni efectividad para cumplir con los anteriormente citados requisitos exigidos por el artículo 3 del Convenio. Una investigación efectiva debería haber tenido un mayor rigor, sobre todo porque la demandante se encontraba en el período de tiempo en que se habían producido los alegados malos tratos, en una situación de aislamiento y de total ausencia de comunicación con el exterior, un tal contexto exige un mayor esfuerzo, por parte de las autoridades internas, para determinar los hechos denunciados. El TEDH opina que la práctica de los medios de prueba adicionales sugeridos por la demandante, como es el consistente en interrogar a los agentes a cargo de su vigilancia durante su detención preventiva, hubieran podido contribuir al esclarecimiento de los hechos, tal como lo exige la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este Tribunal insiste en la importancia de adoptar las medidas recomendadas por el Comité europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes para mejorar la calidad del reconocimiento médico forense de las personas sometidas a un régimen de detención incomunicada. Además considera que la situación de particular vulnerabilidad de las personas detenidas en régimen de incomunicación exige que la Ley de Enjuiciamiento Criminal deba prever medidas de vigilancia adecuadas y que éstas se apliquen de forma rigurosa con el fin de evitar los abusos y de proteger la integridad física de los detenidos.

Para un acceso integral a la Sentencia traducida al español visiten la web del Ministerio de Justicia.

Quedamos, por lo demás, a su entera disposición para resolver dudas que puedan surgir así como para cualquier otro asunto jurídico del que necesite un abogado especializado en aspectos relativos a las demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como lo son DDHH Abogados.

absolución de Etxebarría por el TEDH de los delitos de pertenencia a la organización terrorista tenencia de armas y explosivos,
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