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Los préstamos en Internet a particulares son una de estafas. Los estafadores se centran en aquellas personas que necesitan dinero por diferentes motivos: pagos urgentes o una necesidad puntual, el gancho suele ser la posibilidad de acceder a una gran cantidad de dinero y con un interés muy bajo.

Como gancho ofrecen grandes cantidades de dinero a un tipo de interés muy bajo y sin prácticmanente estudio financiero, lo que quiere decir que las posibilidades de conseguirlo con seguras. Pero esta oferta entraña un riesgo que se debe conocer para no correr riesgos.

En este artículo se hace mención a estos riesgos y cómo prevenirlos.

Cuidado con los préstamos en Internet a particulares, una fuente de estafa
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El delito de suplantación de identidad y la contratación de servicios a nombre de otros. El delito de suplantación de identidad, pero que en entre los ciudadanos se puede denominar robo de identidad, consiste en que una persona se apropia de la identidad de otra, haciéndose pasar por ella para acceder a recursos y beneficios, simulando ser la persona suplantada. También se denomina delito de usurpación de estado civil o de identidad.
El delito de suplantación de identidad y la contratación de servicios a nombre de otros
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Un caso de delito de daños informáticos se produjo cuando una mujer de 47 años fue acusada por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos, ya que al descubrir que no sería renovada en su puesto de trabajo accedió de forma ilícita a la cuenta de correo de la empresa y borró multitud de archivos.

En concreto, el delito de daños informáticos ha sufrido importantes modificaciones en los últimos años, por lo que a continuación nos referiremos a grandes rasgos a su regulación actual, que se recoge en los artículos 264, 264 bis, 264 ter y 264 quater del Código Penal.

DELITO DE DAÑOS INFORMÁTICOS

En primer lugar, el artículo 264 del Código Penal recoge el tipo básico del delito de daños informáticos que consiste en borrar, dañar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos, siempre que se haga sin autorización y el resultado sea grave. En este supuesto se podría llegar a imponer una pena de prisión que va desde los seis meses a los tres años.

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Protección de páginas web, copia de contenidos y el delito de plagio

Una de las prácticas mas habituales en Internet, es la copia de contenidos, entendiendo por contenidos los artículos, textos, imágenes, fotografías, diseño web, etc. que componen una página web.

Pero debemos saber que los contenidos están protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual y la utilización de contenidos sin autorización puede ser un delito.

Una de las prácticas mas habituales en Internet, es la copia de contenidos, entendiendo por contenidos los artículos, textos, imágenes, fotografías, diseño web,
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Cuando utilizan tu conexión de Internet para cometer un delito y te culpan
Parece el guión de una película pero es cierto, puede utilizar tu conexión a Internet para cometer un delito y te investigarán como presunto autor de los hechos
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Usuarios de Whatsapp objetivo de fraudes y estafas
El uso de Whatsapp es algo tan común y usado por por la mayoría de usuarios que utilizan teléfonos móviles, que no es de extrañar que los ciberdelincuentes
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¿Un equipo aislado de Internet y teniendo el WIFI y el Bluetooth desactivado es seguro?
Una vez más, la seguridad informática parece una quimera, si nos ceñimos a la definición del diccionario, tenemos que es "un sueño o creación imaginaria que se
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El delito de estafa y la clonación de tarjetas de crédito. Las víctimas de los fraudes relacionados con las tarjetas de crédito pueden ser comercios (mediante la presentación de una tarjeta ajena obtenida ilícitamente para el pago de un bien o servicio), a través de redes telemáticas (mediante la realización de operaciones de pago en internet por quien no es titular de la tarjeta utilizando los datos obrantes en ella) o en cajeros automáticos (empleando una tarjeta ajena para extraer de manera no consentida cantidades de dinero en cajeros automáticos).



Para realizar estos fraudes se suele realizar la “clonación de tarjetas”, que consiste en realizar una copia o almacenamiento de datos de nuestra tarjeta para después usarla de manera fraudulenta suplantando nuestra identidad. Para llevar a cabo el clonado de tarjeta se utiliza un pequeño aparato llamado Skimmer



En caso de ser víctima de un uso fraudulento de nuestras tarjetas los consumidores estamos protegidos, pues la Ley de Servicios de Pago limita la responsabilidad del titular y, en concreto, para los supuestos de copia o duplicado de la tarjeta, como el usuario no pierde en ningún momento su posesión y no tiene forma de conocer que se está produciendo el fraude, el banco le deberá devolver de inmediato el importe total de las operaciones no autorizadas, sin que el usuario deba responsabilizarse de ninguna cantidad.




El artículo 399 bis del Código Penal, se recoge el delito de clonación de tarjetas de crédito:





“1. El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los anteriores delitos, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

La tenencia de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados destinados a la distribución o tráfico será castigada con la pena señalada a la falsificación.
El que sin haber intervenido en la falsificación usare, en perjuicio de otro y a sabiendas de la falsedad, tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años.”.

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El mayor número de problemas legales se producen en la compra-venta entre particulares, también debido al aumento de los servicios en Internet que permiten ofertar un producto o contactar con potenciales vendedores de un producto de segunda mano. Es por ello que se hace necesario conocer qué sucede en este tipo de casos y cómo proceder.
¿Qué podemos hacer entonces cuando, tras haber pagado por un producto, no recibimos el mismo y además, el vendedor, desaparece o nos bloquea y no nos devuelve
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Cómo evitar la suplantación de identidad en internet
El delito de suplantación de identidad tiene lugar en internet cuando una persona se hace pasar por otra tomando y utilizando sin el consentimiento de ésta
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El contrato de distribución de software es aquel contrato que estipula condiciones, obligaciones y responsabilidades derivadas de la comercialización de un programa informático, ya sea un programa de ordenador, ya sea una aplicación para dispositivos móviles, aplicación en modelo SaaS o cualquier otra aplicación, etc..
El contrato de distribución de software es el documento legal que estipula condiciones, obligaciones y responsabilidades derivadas de la comercialización de un
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Dentro del Derecho Penal nos encontramos el delito de coacciones. En Internet se está viendo un crecimiento del delito de coacciones.

En qué consiste el delito de coacciones

La definiciónde delito de coacciones se encuentra en el Título VI, Capítulo III, artículo 172 del Código Penal.

El autor de un delito de coacciones a todo aquel individuo que “sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto”.

Comete un delito de coacciones aquella persona que impide a otra persona que realice algo que la ley no prohíbe, u obligar a que haga algo que simplemente no desea hacer. No importa si el hecho en sí es justo o injusto, lo que importa en estos casos es que supone la anulación de la capacidad de obrar libremente de la persona afectada.

Así, el delito de coacciones se perfila como un delito contra la libertad de las personas, y más concretamente, como un atentado contra su libertad de obrar.


Cabe destacar que no hay que confundir delito de coacciones con delito de amenazas

Internet es un lugar virtual en el que también pueden darse muchos de los delitos que se suceden en el mundo real, entre ellos, el delito de coacciones. De
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El aumento de los delitos cibernéticos es algo que se está viendo día a día. La utilización de Internet se ha vuelto indispensable, hacemos todo tipo de operaciones a través de internet (transacciones bancarias, compras de productos y servicios, etcétera) y gran parte de nuestras vidas se encuentran en la red gracias a los textos, fotografías y vídeos que compartimos en blogs y redes sociales.

El delito cibernético no es más que aquel acto o hecho que, estando considerado como un delito por la legislación de un país, se comete en el ámbito de internet.

Vivimos en plena era de la información y la comunicación, en la sociedad digital, como muchos expertos la denominan, y cada vez realizamos más y más variadas
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El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma de ley con la que pretende modificar ciertos aspectos de la Ley Orgánica de protección del derecho al honor y la intimidad personal, especialmente en lo relativo a la difusión de montajes a través de internet, los conocidos "memes"
Cada día, redes sociales como FaceBook, Twitter, Instagram y otras tantas, se llenan de memes que nos despiertan más de una sonrisa sin embargo, esto podría
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El Big Data es una gran oportunidad para conocer más a nuestros clientes o potenciales clientes. Gracias al análisis de información que las empresas realizan de sus datos o bien de datos adquiridos, se puede mejorar los servicios que prestan, atención al cliente, campañas de Marketing, etc..

Pero el uso de estos datos presenta problema de seguridad y privacidad en sistemas Big Data, es por ello que es necesario conocer estos problemas y cómo se pueden prevenir.

El Big Data es una gran oportunidad para empresas al tratar la información que tienen sobre sus clientes y ofrecer un servicio más personalizado. Mediante
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¿Qué hacer para proteger a los menores de los riesgos de la red?

Quizás la razón primordial por la cual niños y adolescentes están expuestos a tantos, y tan graves peligros, cuando hacen uso de internet: “Falta establecer normas de uso de la tecnología en los hogares, sobre qué tipo de ella pueden explorar, utilizar y poner límites de entretenimiento”.

En lo que va de año, la Policía Nacional ya ha bloqueado más de 530 sitios web que se dedicaban a la distribución de imágenes y vídeos de pornografía con niños y niñas. Pero esto sólo es la punta del iceberg pues se calcula que en la actualidad existen más de 300 millones de páginas web relacionadas con este terrible delito u otros muy similares.

Unas claves básicas para proteger a los menores de los riesgos que pueden encontrar en Internet son:

Claves para mantener seguros a tus hijos en internet

Además de un uso responsable por parte de los propios progenitores, el profesor Díaz nos indica cinco claves esenciales para que nuestros hijos e hijas puedan disfrutar de internet y de la tecnología sin estar sometidos a riesgos y peligros como los antes citados:

Establecer normas, horarios sobre el uso de internet, de videojuegos, de redes sociales y de dispositivos tecnológicos en general.

El uso de estos dispositivos se debe realizar en una zona común del hogar.

Uso responsable de la tecnología.

Internet es un inmenso mundo de posibilidades. En la red tenemos disponible toda la información que podamos necesitar, agiliza nuestros trámites burocráticos,
DelitosInformaticos.com ha comentado una publicación de VERONICA 25 de abril de 2016
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Detienen a un estudiante por robar los datos de 16.000 usuarios de la Universidad de las Palmas. Acusado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, considerado como “un atentado contra la intimidad de las personas”.


El delito de descubrimiento y revelación de secretos aparece recogido en el Código Penal español en su artículo 197.3: “El que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años.”



Las investigaciones comenzaron tras las la denuncia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuando comprobaron el acceso al portal de identificación centralizada desde una dirección IP externa al centro y fuera del horario lectivo.Pudieron comprobar que estos accesos se repetían en el tiempo.


La policía comprobaron que el joven detenido utilizaba el usuario y contraseña de acceso de un profesor que había fallecido. Además, instaló un software para conseguir los datos de acceso de todos los usuarios que se iban conectando. Según fuentes policiales, “”más de 16.000 identificadores de cuentas de usuario, que vulneraban el secreto de las comunicaciones, su documentación personal y de trabajo y abrían la posibilidad de suplantar sus identidades en múltiples procesos administrativos” habrían sido sustraídas por este estudiante.

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Existen virus que son capaces de secuestrar nuestro ordenador con sistema operativo Windows. Sse ha dado a conocer el virus PETYA, un nuevo virus ransomware que secuestra tu PC Windows.

Este virus lo que permite a un cibercriminal es realizar un “secuestro informático”, permitiendo adueñarse del control de tu ordenador, impedir que puedas acceder a todos tus archivos e información, y pedir un rescate a cambio de liberarlo. Sin embargo PETYA es un nuevo virus, y como tal, mucho más sofisticado.

La tecnología avanza a pasos agigantados y con ella, también los sistemas y medidas de seguridad para evitar que los virus informáticos penetren en nuestros
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El pasado día uno de julio entraba en vigor en España el nuevo, y también polémico, Código Penal, en virtud de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Se trata de una de las mayores y más duras reformas en materia penal llevadas a cabo en nuestro país. En total, se eliminan 32 artículos de este cuerpo legal mientras que otros 252 artículos son modificados. Como ya podréis suponer, todos estos cambios afectan a aspectos muy diferentes en materia penal, incluidos los llamados delitos informáticos algo que, en la sociedad actual de la información y la comunicación, en la que gran parte de nuestra información más privada y personal se encuentra automatizada y almacena en bases de datos, resulta especialmente relevante.

Así, en el ámbito de las nuevas tecnologías, esta reforma ha agregado al Código Penal el artículo 197 bis relativo al acceso no autorizado a sistemas informáticos:

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Un joven es condenado por instalar en el móvil de su exnovia un software llamado "Cerberus". Este software le permitía mantener controlado y vigilado el terminal móvil. La sentencia ha sido dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería,
Espía el móvil de su exnovia, y le caen dos años de cárcel 0:26
Un vecino de Almería ha sido condenado al ser considerado autor responsable de un delito de descubrimiento y revelación de secretos después de haber instalado en el teléfono móvil de su exnovia un software con el que podía espiar prácticamente toda su actividad.

Más información: http://www.delitos-informaticos.net/delitos/espionaje/espia-el-movil-de-su-exnovia-y-le-caen-dos-anos-de-carcel
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Se acaba de dar a conocer sentencia donde se condena a un joven que instaló software para espiar el móvil de su expareja.

El delito por el cual ha sido juzgado: delito de descubrimiento y revelación de secretos.

En el Código Penal Español dentro de los atentados contra la intimidad se recoge el delito de descubrimiento y revelación de secretos.

En el Código penal español se contemplan tres modalidades delictivas distintas que integran el delito de descubrimiento y revelación de secretos, regulado en los artículos 197 a 201 del Código penal.

3. Intromisión informática.

El artículo 197.3 del Código penal establece:

“El que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años.”

Un vecino de Almería ha sido condenado al ser considerado autor responsable d aun delito de descubrimiento y revelación de secretos después de haber instalado
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Con seguridad algunos padres se preguntan sobre la posibilidad de "espiar" el uso que hacen sus hijos de las nuevas tecnologías.

En este artículo se intenta responder a esta consulta un tanto complicada, porque hay que tener en cuenta diferentes puntos legales a la hora de evaluar la posibilidad de hacerlo.

Privacidad y menores. ¿Se puede espiar la vida digital de nuestros hijos? 0:47
Artículos sobre privacidad y menores: http://www.delitos-informaticos.net/delitos/menores-delitos/menores-y-privacidad-se-puede-espiar-la-vida-digital-de-nuestros-hijos

Con seguridad algunos padres se preguntarán si pueden espiar la vida digital de sus hijos. Acceder a sus perfiles en redes sociales, ver cómo utilizan las nuevas tecnologías en su relación con el mundo que les rodea, ver a qué tipo de contenidos acceden y qué tipos de contenidos comparten con otros usuarios.

En este artículo se trata de responder a ello

Lo importante para los padres es enseñar a sus hijos al uso de estas nuevas tecnologías y cómo disfrutar de ellas corriendo el menor riesgo posible.

Más información:

http://www.delitos-informaticos.net/delitos/menores-delitos/menores-y-privacidad-se-puede-espiar-la-vida-digital-de-nuestros-hijos
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Algunos padres se preguntarán si se puede espiar los contenidos que intercambian nuestros hijos a través de Internet, la utilización de las redes sociales, los mensajes, etc.. Precisamente es lo que se intenta responder en este interesante artículo, sobre las aspectos legales alrededor de esta idea.

También se comenta algunos casos en los que los progenitores han sido condenados al pago de 5.000€ de responsabilidad civil, que no penal, por el principio “IN VIGILANDO” del deber de todo tutor legal de vigilar las actividades de nuestros hijos.

Y al final de dicho artículo, también se dan unas pautas a los padres a tener en cuenta respecto a la utilización de móviles y nuevas tecnologías por parte de sus hijos.

Esperamos que sea de interés dicho artículo para todos los lectores de Legadoo, directorio de profesionales jurídicos Abogados, procuradores, peritos, etc..

Autor: Norberto González @nicky69es ¿Se puede espiar la vida digital de nuestros hijos? Cada vez que en las redes sociales se habla sobre el secreto de
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Existen numerosas soluciones tecnológicas para escuchar música digital legal a través de tu dispositivo móvil
Soluciones para escuchar música de forma legal en tu móvil 0:37
La industria discográfica ha aceptado que debe cambiar su modelo de negocio para evitar la piratería y la descarga de sus contenidos.

Por ello han surgido numerosas soluciones que hacen que sea mucho más sencillo el acceso a contenidos musicales que descargarse contenido de forma ilegal.

A través de este articulo y su vídeo se presentan algunas alternativas que existen el mercado, espero que sea útil para todos.

Mas información en http://www.delitos-informaticos.net/propiedad-intelectual/como-escuchar-musica-de-forma-legal-en-tu-movil
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Realizan extorsión a través Skype utilizando webcam. Chicas se hacen pasar por supuestas amantes para solicitar relaciones utilizando Skype.

En primer lugar las supuestas jóvenes, contactan con sus víctimas en diferentes servicios de citas a través de Internet. La joven, generalmente no suele ser del mismo país, y se interesa por mantener una relación sentimental.

Pasado un tiempo, intentará establecer un tipo de relación sexual y para ello intentará utilizar servicios de videochat, como puede ser a través de Skype. Su intención final es conseguir la grabación de vídeos íntimos para luego extorsionar a su víctima con divulgar dicho vídeo erótico entre sus conocidos de Facebook u otras redes sociales.

Según comentan en varios foros de afectados, suelen solicitar diferentes cantidades, desde 100 euros a 1800 euros.

Un sueño que se hace realidad, una belleza de chica que contacta conmigo a través de una red social (Facebook, Badoo, POF, etc....) y quiere tener sexo a través
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Ejemplo de delito de calumnias que se produce en Internet. Condenado por un delito de calumnias después de haber colgado en YouTube un vídeo imputando falsamente a un sujeto un delito de violencia en el ámbito doméstico.

En el caso que se comenta, se trata de una sentencia que falla condenando al autor de un vídeo subido a youtube por calumnias cometidas a través de internet.

Se trataba de un hombre que había instalado una cámara junto a una ventana de su domicilio para grabar lo que tenía pensado hacer en la calle que se veía desde la misma: acercarse a un vecino del edificio de enfrente, arrastrarle hasta el centro de la calzada y manifestar, en presencia de los viandantes, que era autor de una serie de hechos supuestamente constitutivos de un delito de maltrato en el ámbito familiar.

Condena por un delito de calumnias después de haber colgado en YouTube un vídeo imputando falsamente a un sujeto un delito de violencia en el ámbito doméstico
DelitosInformaticos.com ha comentado una publicación de Carlos Aldama Sainz 30 de noviembre de 2015
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Venta ilegal de armas por Internet. La compra-venta de productos por Internet se está convirtiendo en un gran mercado, pero no solo para los productos o servicios legales, que cualquier empresa o usuario puede poner a la venta, sino que se está produciendo un mercado negro dentro de la red de productos ilegales, como puede ser la venta de armas

Internet se ha convertido en la herramienta de miles de delincuentes que lo emplean para obtener beneficio propio sin importar las consecuencias. Delitos de acoso, estafa, fraude, venta ilegal de drogas, de medicamentos y un largo etcétera constituyen sólo unos pocos ejemplos.

Pero la red de redes también se está empleando para algo de consecuencias mucho más terribles como es la venta ilegal de armas, un delito que podría haber facilitado los recientes atentados de París que se han cobrado cientos de víctimas y sumido a Francia y decenas de países a un estado de pánico colectivo con consecuencias en todos los ámbitos de la sociedad.

Internet, a pesar todo lo bueno que aporta a la sociedad en materia de información, formación, comunicación, trabajo, etcétera, también se ha convertido en la
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La jueza del Juzgado de lo Penal número 16 de Barcelona ha condenado al autor de un blog a tres años de prisión por “provocación a la violencia; el odio y la discriminación y la difusión de ideas que justifican el genocidio” a través de los contenidos que publicó en dicho blog y dirigidos directamente contra minorías sexuales y étnicas así como contra el Islam.

El creados de dicho blog deberá abonar una multa de 1.000 euros y cumplir tres años de cárcel al haber sido considerado autor responsable de tres delitos: “provocación de la discriminación y odio o violencia”, otro delito por ir contra “la comunidad internacional por difundir ideas que justifican el genocidio y pretenden la rehabilitación de regímenes que amparan su práctica”, y un tercero por tenencia de armas ya que durante el registro de su domicilio la policía incautó una pistola, munición y varias armas blancas.

Cada vez somos más los usuarios de internet que aprovechamos éste y las posibilidades que nos conceden las nuevas tecnologías para montar nuestro propio blog y
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Los errores de medición en los instrumentos que emplean los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para detectar los excesos de velocidad de los vehículos.


Los cinemómetros, que son aquellos aparatos que miden la velocidad a la que circulan los vehículos, no son absolutamente precisos en sus mediciones. Siempre existe un pequeño porcentaje de error que ha de ser tenido en cuenta por las autoridades -los Jueces, Los Fiscales y la Administración- a la hora de sancionar a un conductor por conducir a una velocidad excesiva.
Los cinemómetros que se utilizan en la actualidad tienen reconocida la posibilidad de error en un ± 5 % para velocidades superiores a 100 Km/h. Eso quiere decir que, en beneficio del acusado (si se trata de un procedimiento penal) o del infractor (en las faltas administrativas), siempre se considerará que la velocidad a la que conducía era algo inferior a la que detectó el aparato al realizar la medición.
Esta circunstancia, que se tiene en cuenta habitualmente por los Tribunales, cobra una mayor importancia en las acusaciones por delito. En nuestro país está tipificada (castigada penalmente) la conducción a una velocidad excesiva cuando se supera la reglamentariamente establecida en más de 60 Km/h en las vías urbanas y en más de 80 Km/h en las interurbanas.
La Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Murcia dictó una sentencia interesante a este respecto, resolviendo un recurso de apelación, el 26 de enero de 2015. Los Magistrados que la dictaron, D. Álvaro Castaño Penalva, D. José Luis García Fernández y D. Juan del Olmo Gálvez, precisaron en su resolución los elementos que intervienen para aplicar la reducción del 5 % en la velocidad y, al mismo tiempo, las posibilidades de defensa del conductor cuando, aun con tal disminución, su conducta siga siendo delictiva.
El apelante era un hombre que había sido condenado -a una multa de 1.080 euros y a la privación del carné de conducir durante 366 días- por circular a 144´4 Km/h por una carretera interurbana en la que la velocidad estaba limitada a 60 Km/h. Aunque el cinemómetro había detectado una velocidad de 152 Km/h, se tuvo en cuenta la de 144´4 Km/h en función de la aplicación del porcentaje de error mencionado.
A pesar de las alegaciones del condenado en contra de la sentencia, ésta fue confirmada por la Audiencia. En primer lugar, la señal vertical que limitaba la velocidad a 60 Km/h en el tramo por el que circulaba el condenado estaba a 400 metros del punto en el que el cinemómetro detectó su exceso. Por lo tanto, tuvo tiempo suficiente para aminorar la velocidad a la que conducía.
Por otra parte, el abogado del recurrente pretendía que se aplicara un porcentaje de error más elevado (añadiéndole al 5 % el porcentaje de error máximo admisible en los cinemómetros para la aprobación del modelo), pues si la velocidad se fijaba por debajo de los 140 Km/h la conducta no sería delictiva. El límite para el delito se fijaría en este caso en esa velocidad, resultante de sumar a la reglamentaria de la vía (60 Km/h) un exceso de 80 Km/h, como señala el artículo 379 del Código Penal.
La sentencia fue confirmada a pesar de que el conductor asegurada desconocer que conducía a tan elevada velocidad. Sin embargo, los Magistrados consideraban irrisorio dicho planteamiento, teniendo en cuenta que circulaba con un coche de gama alta y que excedía en mucho la velocidad permitida en esa carretera. Además, tampoco pudo probar que el cuentakilómetros estuviese averiado, tal y como había afirmado en la vista del primer juicio.

Abogados especializados en tratar casos de tráfico, como reclamaciones legales por haber sufrido un accidente de circulación, ...
DelitosInformaticos.com ha comentado un vídeo de DelitosInformaticos.com 14 de noviembre de 2015
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Principales Delitos informáticos ocurridos durante el año 2014 según el informe de la fiscalía. La ciberdelincuencia, o delitos cometidos haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, no han hecho más que crecer año tras año.

Así lo refleja el informe de la fiscalía, que hace de resumen de los principales delitos informáticos que no sólo aumentan en cantidad, también lo hacen en variedad debido al progreso tecnológico y al creciente uso de internet por los ciudadanos, y los legisladores han tenido que hacer frente a esta circunstancia aportando respuesta ágiles que faciliten la protección de los usuarios, tanto empresas como particulares.

Entre los principales delitos nos podemos encontrar:



Daños y/o sabotaje informático.
Acceso sin autorización (a bases de datos, cuentas de correo electrónico, perfiles en redes sociales, dispositivos, etcétera).
Descubrimiento y revelación de secretos (incluyendo el espionaje)
Delitos contra los servicios de radiodifusión.
Estafa.
Acoso a menores de 13 años.
Pornografía y corrupción de menores o discapacitados.
Delitos contra la propiedad intelectual.
Falsificación documental.
Injurias y calumnias contra funcionario público.
Amenaza y coacciones.
Delitos contra la integridad moral.
Apología o incitación a la discriminación.
Suplantación de identidad.

La ciberdelincuencia, o delitos cometidos haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, no han hecho más que crecer año tras año.
DelitosInformaticos.com ha comentado una publicación de DelitosInformaticos.com 06 de noviembre de 2015
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Absuelven a dos guardias civiles por sus comentarios en un foro de internet

Los dos guardias civiles, que habían sido acusados como autores de un presunto delito de injurias a raíz de los comentarios vertidos por una tercera persona en un foro público de internet, han sido finalmente absueltos por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Córdoba.

Los hechos tuvieron lugar en el año 2008 cuando en un foro ubicado en la página web www.elfaroverde.com se vertían comentarios de carácter negativo contra la persona de el coronel José Ignacio Criado García-Legaz, por aquel entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba.

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Procedimiento en el que se acaba absolviendo de responsabilidad a un hombre que podría haber actuado como intermediario para transmitir a terceros el dinero obtenido de transferencias bancarias fraudulentas.

Se vienen detectando últimamente muchos casos en los que coincide el modus operandi de ciertos delincuentes económicos: sujetos extranjeros contactan a través de internet con residentes en España, ofreciéndoles pingües beneficios por una conducta muy sencilla, consistente en recibir ingresos en sus cuentas bancarias y transferir posteriormente parte de ese dinero a las personas que se les diga (lo que se conoce como phishing).

En el caso que ahora nos interesa, el hombre que iba a actuar como intermediario acudió a la Guardia Civil el día que recibió dos transferencias (12 de noviembre de 2010), alertando a los agentes acerca de lo sospechoso que era el acuerdo al que había llegado con personas con las que sólo había contactado por internet. El hombre, que había recibido unos 2.700 euros, entregó voluntariamente 1.500. El resto se lo gastó, presumiblemente, en sí mismo.

A pesar de su comportamiento, tanto la Fiscalía, representada por D. Francisco Ceacero, como la entidad BBVA, representada por D. Jesús Rivaya Carol, acusaron al sujeto de haber cometido un delito de estafa informática o, subsidiariamente, uno de blanqueo de capitales por imprudencia. El Juzgado de Instrucción nº 3 de Carlet elevó los autos al Juzgado de lo Penal nº 3 de Valencia, que dictó una sentencia favorable al acusado (21 de febrero de 2014).

Sin embargo, ni el Ministerio Fiscal ni el banco BBVA (que había devuelto al perjudicado la cantidad sustraída en su totalidad) estaban conformes con dicha resolución, por lo que procedieron a recurrirla en apelación. El conocimiento del recurso recayó en la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por los Magistrados D. Lamberto Juan Rodríguez Martínez, Dña. Lucía Sanz Díaz y Dña. Mª Carmen Melero Villacañas Lagranja.

Como el procedimiento se había desarrollado sin la presencia del acusado, ninguna de las declaraciones del mismo en sede policial pudieron aportarse al proceso (al no estar justificada la incomparecencia de aquél). Por lo tanto, tampoco la Audiencia podía valorar ninguna de esas pruebas, dada su inexistencia procesal. Esas circunstancias, unidas al hecho de que no podía demostrarse que el acusado hubiera actuado como intermediario de una red de estafas informáticas, a lo que ayudó la restitución voluntaria de parte del dinero, motivó que la resolución del recurso confirmara la sentencia absolutoria, lo que se hizo efectivo el 22 de julio de 2014.

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Recurso relacionado con una condena por phishing, delito consistente en sustraer ilegalmente cantidades de cuentas bancarias utilizando como intermediarios a personas que no participan en la comisión del delito, aunque después tengan que transferir lo recibido a terceros.

A pesar de que la conducta a la que hemos hecho referencia en el título de este artículo, el phishing, sea normalmente constitutiva de un delito de blanqueo de capitales, en el caso que nos ocupa la Fiscalía y la acusación particular (banco BBVA) solicitaron una condena por estafa o, subsidiariamente (en el caso de que la estafa no fuera estimada), por un delito de apropiación indebida.

El perjudicado por los hechos que se enjuiciaron fue un particular, propietario de una empresa, al que la mañana del 4 de marzo del año 2010 le sustrajeron de sus cuentas bancarias casi 6.000 euros mediante dos transferencias ordenadas por internet. Los autores del delito, después de obtener ilícitamente sus claves de banca electrónica, realizaron las transferencias a favor de dos personas, presuntamente colaboradores suyos, que retiraron la mayor parte del dinero ese mismo día.

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Valladolid no consideró que los destinatarios de las transferencias tuvieran conocimiento del origen ilícito del dinero, de manera que declaró la absolución de ambos, un hombre y una mujer, el 19 de junio de 2014. Sin embargo, tanto el Ministerio Fiscal como el representante del BBVA decidieron interponer un recurso de apelación contra la resolución.

Aunque los Ilustres Magistrados de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Valladolid, D. Ángel Santiago Martínez García, Dña. María Teresa González Cuartero y D. Javier de Blas García, estaban plenamente convencidos de la culpabilidad de los dos acusados, a los que consideraban auténticos destinatarios del dinero, tenían que aplicar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo relativa a la valoración del elemento subjetivo del injusto.

El Tribunal que ha de resolver un recurso no puede corregir al que dictó la sentencia recurrida, al menos en lo que al elemento subjetivo del injusto se refiere (la consciencia del acusado de estar realizando una actividad ilegal), sin presenciar directamente la práctica de las pruebas procesales de carácter personal (declaración de las partes y de los testigos).

En base a esa reiterada doctrina de los dos Tribunales, el 27 de noviembre de 2014 la Audiencia tuvo que confirmar la sentencia recurrida y proclamar la inocencia de los acusados, y ello con independencia del convencimiento íntimo de los Magistrados, que creían a ambos responsables.

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Recurso contra una sentencia que condena a una mujer por abrir una cuenta bancaria para transferir dinero siguiendo instrucciones de un desconocido.

Un estudio exhaustivo de las sentencias dictadas durante los últimos años por los Tribunales españoles nos permite llegar a la conclusión de que está proliferando un tipo muy concreto de estafa, la que se comete utilizando a una persona como intermediaria para que transfiera el dinero que se le ingrese en su cuenta corriente (cuyo origen desconoce) siguiendo las instrucciones que reciba por teléfono.

Normalmente se contacta con esta persona a través de internet, por medio de correos electrónicos, y se le ofrece una cantidad muy sugerente (entre un 10 y un 15% de las transferencias, a veces más) para que abra una cuenta corriente a su nombre -o utilice una que ya tenga- para recibir dinero y transferirlo. El principal problema legal reside en que las cantidades que se le ingresan proceden de transferencias realizadas por internet no consentidas por el titular del dinero.

Un caso de estas características es el que se le presentó al Juzgado de lo Penal nº 1 de Arenys de Mar, que condenó a una mujer a 6 meses de prisión como autora de un delito de estafa del artículo 248 del Código Penal, al tiempo que la absolvía del delito de apropiación indebida (artículo 254 CP).

Como la condenada no estaba de acuerdo con la sentencia, interpuso un recurso de apelación, que fue resuelto por la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, integrada por los siguientes Ilustres Magistrados: Carlos Mir Puig, María Mercedes Otero Abrodos e Ignacio de Ramón Fors. La Audiencia expuso lo siguiente:

- La absolución del delito de apropiación indebida del artículo 254 era correcta, ya que ese delito requiere que la entrega del dinero (a la acusada en este caso) se haga de manera involuntaria por la víctima del delito.

- El delito de estafa que se aplicó exige que el autor haya hecho uso de manipulaciones informáticas para obtener las cantidades sustraídas. Tampoco era ése el caso de la condenada, que únicamente había recibido el dinero en su cuenta bancaria.

Aunque se le pueda reprochar a la mujer que, dados sus estudios y posición social (era profesora), debería haber sospechado de dónde procedían las cantidades que se le ingresaban, sin embargo, eso no era suficiente como para condenarla por un delito de estafa.

De forma que la Audiencia revocó la parte condenatoria de la primera sentencia, absolviendo a la inicialmente acusada, y confirmó el resto de los pronunciamientos de la misma.

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Juicio contra un Guardia Civil por el delito de descubrimiento y revelación de secretos relativos a sus compañeros.

Tras el sumario instruido por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Lérida, le correspondía a la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Lérida decidir acerca de la culpabilidad del acusado, un Guardia Civil que, presuntamente, había instalado un programa malicioso en uno de los ordenadores del cuartel para obtener información personal de sus compañeros. La Audiencia estaba compuesta por tres Magistrados: los Ilustrísimos Antonio Robledo Villar, Eva María Chesa Celma y María Lucía Jiménez Márquez (ésta, a su vez, Ponente de la sentencia).

El Ministerio Fiscal acusaba al Guardia, integrante de la Unidad de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Lérida, de un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal, solicitando las penas de 2 años de prisión y de multa (6.480€).

Aparentemente, los hechos habían transcurrido del siguiente modo: el 26 de diciembre de 2006 uno de los agentes había instalado un programa que permitía volcar toda la información relativa a las páginas visitadas y a las teclas pulsadas en el ordenador, que era utilizado por todos los agentes tanto para escribir informes como para realizar consultas de carácter personal (conversaciones en Messenger, consultas de extractos bancarios, etc…).

¿Por qué se dirigió la investigación contra el acusado? Por dos motivos: era uno de los dos agentes que la noche de los hechos se encontraba de guardia y, según un compañero suyo (y todo porque sabía descargarse música de internet), tenía conocimientos informáticos.

Pero no había ninguna prueba de cargo que permitiera a los Magistrados estar absolutamente seguros de su culpabilidad. Por ejemplo, mientras que el Servicio de Criminalística consideraba que no podía manipularse el ordenador desde fuera de las oficinas, un perito contratado por la defensa afirmó lo contrario, y refirió cómo hacerlo. También dio detalles de cómo manipular las horas de utilización de los programas instalados en el ordenador. Esos detalles, unidos al hecho de que había otro compañero de guardia esa noche, ponían en tela de juicio el relato de los hechos efectuado por la Fiscalía.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que la Audiencia rechazó una parte de las argumentaciones de la defensa, la relativa a que se habían vulnerado derechos fundamentales del acusado, especialmente el derecho a la intimidad (al haber investigado qué páginas había visitado él con el ordenador).

Por todo lo anterior, el 16 de julio de 2009 se dictó sentencia absolutoria contra el acusado. Los ligeros indicios en su contra no eran, ni mucho menos, suficientes para fundamentar una sentencia condenatoria.

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Apelación de un condenado por utilizar por internet la tarjeta de crédito de otra persona.

El Juzgado de lo Penal de Soria dictó, en junio de 2014, una sentencia condenatoria por hechos cometidos en el año 2012. Varios sujetos, cuya identidad no ha podido ser acreditada, penetraron en el garaje particular de una comunidad de vecinos, donde procedieron a romper los cristales de varios de los vehículos aparcados. De uno de ellos extrajeron el DNI y una tarjeta de crédito (de Caja Rural) del propietario. Dicha tarjeta fue utilizada posteriormente por un hombre para apostar al póker a través de internet en la página Pokerstars (su participación en los hechos iniciales no se demostró), realizando dos transacciones de 200€.

Las pruebas apuntaban a un hombre, hijo de la dueña de la casa a la que correspondía la identificación de la IP a través de la cual se cometió la estafa. La IP es el rastro que dejan las operaciones electrónicas que se hacen a través de redes inalámbricas (a las que usualmente se las conoce como wi-fi).

El hombre fue condenado por un delito de receptación (artículo 298 del Código Penal) y por una falta de estafa (artículo 623 CP). La receptación consiste en aprovecharse, por diversos medios, de los efectos procedentes de un delito. La estafa, por su parte, puede constituirse en delito o en falta, dependiendo de si se superan o no los 400€ en la defraudación.

Las penas que se le impusieron fueron las siguientes:

- Prisión de 6 meses.

- Pena accesoria, por el mismo tiempo, de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

- 300€ de multa (10€ diarios durante un mes).

La sentencia fue apelada ante la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Soria, que dio resolución al recurso el día 7 de noviembre de 2014. Explica la Ponente, Doña María Belén Pérez-Flecha Díaz, que el parecer de la Audiencia era contrario a la culpabilidad del acusado.

La única prueba que había era que el sospechoso residía en la vivienda cuya señal de internet se había utilizado para realizar las transferencias de dinero. Sin embargo, la madre del acusado declaró que había dado consentimiento a unos vecinos para acceder a su señal inalámbrica de internet. También estimaron los Magistrados de la Audiencia que dichas señales son fácilmente accesibles por terceros, sobre los que no se puede tener ningún control.

En conclusión, el recurso de apelación prosperó por falta de pruebas de cargo suficientes. Sólo había una prueba indiciaria, y eso, según el Tribunal Supremo, no es suficiente para dictar una sentencia condenatoria. El condenado fue absuelto de su responsabilidad criminal.

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Recurso de apelación de una condenada por estafar a su ex marido, con el cual convivía.

Vamos a ver un juicio, con su posterior recurso, en el que se condenó a una mujer por estafar por internet a su ex marido, con el cual, a pesar del divorcio, convivía. Un Juzgado de Ávila conoció de los hechos:

Los miembros de la pareja, que ya no estaban casados, vivían juntos. Un día la mujer decidió utilizar las claves de su ex marido para realizar por internet una transferencia bancaria (de 1.200€) desde la cuenta de aquél a la suya propia, ambas del Banco Popular. El hombre también la acusaba de haberle quitado algunos objetos de su pertenencia, extremo que no se pudo demostrar en el juicio, al no aportarse pruebas de la titularidad de los bienes. Se supone que se trataba de objetos de uso cotidiano, sin demasiado valor.

La acusación particular pedía la condena de la mujer por los delitos de estafa, robo y usurpación de identidad. Sin embargo, sólo fue condenada por el delito de estafa, imponiéndole las penas de prisión de 18 meses y de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. También a resarcir la responsabilidad civil derivada del delito (1.200€) y al pago de las costas procesales.

La defensa de la acusada, para solicitar la absolución de su defendida, había alegado el artículo 268 del Código Penal, según el cual están exentos de responsabilidad criminal, por los delitos económicos, los cónyuges y otros parientes. Sin embargo, la Juez estimó que, como los convivientes no estaban ya casados entre sí, no procedía aplicar dicha circunstancia.

El mismo argumento fue utilizado por la defensa a la hora de plantear el recurso de apelación, del que conoció la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Ávila. La Ponente de la sentencia del recurso (dictada el 27 de noviembre de 2014), Doña María José Rodríguez Dupla, explica que existe reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo que equipara la relación afectiva y de convivencia de dos personas a la relación matrimonial.

De modo que, aunque ya no estuviesen casados, era de aplicación la circunstancia prevista en el artículo 268 CP y, por lo tanto, procedía declarar la absolución de la mujer, no sólo por los delitos de robo y de usurpación de identidad, sino también por el de estafa.

Sin perjuicio de ello, como el perjuicio patrimonial del hombre había quedado acreditado, se mantenía la responsabilidad civil de su ex mujer en los términos fijados por la primera sentencia.

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CONDENADOS A UN AÑO Y MEDIO DE PRISIÓN POR COLGAR UN VÍDEO QUE MUESTRA CÓMO UNA MUJER MUERE DE VEINTE FORMAS DIFERENTES

El Juzgado de Lo Penal de Palma de Mallorca ha condenado con un año y medio de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo que dure dicha condena y multas de seis meses a razón de entre treinta y cincuenta euros diarios al presidente de la formación política ASI y a la responsable de comunicación por un "Delito cometido con ocasión del ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas garantizadas por la Constitución".

La acusada, siendo la única persona de dicho partido político encargada de comunicarse con el informático para indicarle los contenidos a subir, modificar, eliminar, etcétera de la página web del partido, ordenó a éste la inclusión de un vídeo denominado "The Kacked Woman" (La Mujer Desnuda), una animación en la que el usuario podía elegir la forma en que una mujer desnuda moría y, a continuación, visionar su propuesta. La propia sentencia recoge las veinte formas diferentes en que esta mujer, muere en dicho vídeo:


-"atropella a un perro al que parte por la mitad y mueren los dos,

-atraviesa un cristalera transportada por dos hombres y se la ve llena de cristales y ensangrentada,

-circula sobre una rampa ascendente, vuela tras pasar sobre ella y acaba estrellada y sin vida contra el suelo,

-choca contra una roca y sale volando tras resultar mutilada de una pierna si bien cuando cae al suelo la cabeza se le separa del resto del cuerpo,

-es presa de una trampa para cazar tigres,

-es alcanzada por lava volcánica que la funde,

-una corriente de aire que emerge del suelo la hace volar por los aires en sentido estricto de las palabras y al caer sobre el suelo lo hace sobre la bicicleta quedando así ensartada en esta,

-pisa una mina de tierra y sale despedazada en la imagen,

-muere ahogada al caer a un rio y se ve su cuerpo flotando,

-queda encerrada en un cubo gigante de gelatina que se solidifica y la atrapa en su interior, colisiona contra un muro de escasa altura y muere,

-colisiona contra otra mujer que puede ser calificada como sumamente obesa que está tumbada en el suelo desnuda de -cintura para abajo siendo que la bicicleta queda atrapada entre las nalgas y la conductora sale despedida y vuela literalmente,

-muere contra un cactus de mayor tamaño que la propia mujer, colisiona contra una valla electrificada,
se despeña por un acantilado,

-atropella a una anciana y después cae por un precipicio, colisiona contra un poste de una carretera en obras y muere, atraviesa un bloque de cemento fresco y cae y muere,

-se encuentra con una actriz de color -Whoopi Goldberg-a la que atropella y mata,

-y es triturada por un ventilador industrial."

La publicación del vídeo generó un gran malestar entre los usuarios, especialmente entre los habitantes de la localidad donde opera este partido político a la vez que el Institut de la Dona de les Illes Balears instó mediante una carta dirigida a su presidente a la retirada inmediata del vídeo. Éste, sin embargo, remitió como respuesta otra carta alegando que estaba escrita en un idioma que no comprendía y que dadas las fechas, (próximas a Navidad) suponía que se trataba de una felicitación y se mostraba agradecido al igual que también deseaba feliz Navidad a esta institución.


La indignación creció e incluso se produjeron manifestaciones hasta que, finalmente, el vídeo fue retirado de la página web en marzo del año siguiente.

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Dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo en Facebook


Internet nació bajo el espíritu de la libertad de expresión un derecho éste también reconocido por la Constitución Española sin embargo, como popularmente se suele decir, la libertad de uno mismo acaba justo donde comienza la del otro es decir, en el momento en que entramos en los comentarios vejatorios, humillantes, insultos, calumnias, injurias... pasamos de la libertad de expresión al código penal.

Ahora la Audiencia Provincial de Bilbao ha dejado este extremo meridianamente claro condenando a un joven valenciano de 21 años a dos años de prisión por enaltecer a las organizaciones terroristas ETA y GRAPO y por humillar y "vejar" a víctimas del terrorismo como el concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco o el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, a través de su muro en FaceBook.

Es allí, en su muro de la red social Facebook donde, además de forma pública, este joven compartió imágenes de miembros de los GRAPO junto a expresiones tales como “libertad para los presos políticos”, “preso político, libertad compañero” o “ha salido en libertad la compañera Concepción González Rodríguez. Bienvenida camarada! Honor I Gloria!”. Aunque tal vez uno de los peores comentarios realizados por este individuo fue el producido en 2014 cuando comentó una fotografía en la que aparecía el concejal Blanco agonizando en el hospital bajo los siguientes términos: “Gora ETA libertad Presos Políticos, Miguel Ángel Blanco mejor muerto”.

La Audiencia Provincial no ha dejado lugar a dudas a la motivación y justificación de esta sentencia en cuyo escrito expone literalmente que “cualquier persona que lea o escuche tales expresiones y vea las fotografías, puede verificar que con las mismas está alabando o justificando, bien a los autores de hechos terroristas, o los propios hechos”. Otro factor clave que justifica la condena es que el auto de estos comentarios no actuó movido por una motivación puntual si no que se trató de un acto premeditado y prolongado durante casi un año.

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Recurso de apelación frente a una condena por entregar dinero falso en la compra-venta de un teléfono móvil.

Muchos son los casos que están llegando a los tribunales relacionados con pequeñas estafas realizadas a través de internet. De entre todas ellas, las ventas de teléfonos móviles suponen un porcentaje muy elevado. Un asunto de estas características fue el que supuso la condena de un sujeto, que posteriormente actuó como apelante en la Sentencia que vamos a analizar.

El hombre en cuestión fue condenado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Alcira por la comisión de dos faltas, una contra los intereses generales (artículo 629 del Código Penal) y otra de estafa (artículo 623 CP), a la pena de 320€ de multa y a abonar, en concepto de indemnización por la responsabilidad civil causada, 200€ al denunciante.

La Sentencia consideró probado lo siguiente: que el denunciante había puesto un anuncio en internet en el que ofrecía la venta de un teléfono de la marca Apple, modelo IPhone 5, por 430€; que el acusado respondió al anuncio y concertaron una cita para efectuar la transacción; que el acusado le entregó, al menos, dos billetes falsos de 100€ en el momento de la compra; que el vendedor no se dio cuenta de que los billetes no eran auténticos hasta que transcurrieron 21 días desde la venta, cuando intentó pagar con uno de esos billetes de 100€ en una gasolinera.

Sin embargo, el comprador del teléfono móvil, decidió recurrir en apelación la Sentencia que le condenaba. Del recurso de apelación conoció la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Valencia, siendo Magistrada Unipersonal de la misma Doña Lucía Sanz Díaz.

La Magistrada, en Sentencia de 26 de enero de 2015, a pesar de que no pudo determinarse el origen del dinero utilizado por el condenado para pagar el teléfono móvil, y a pesar también de que en el momento de comprarlo ni siquiera abrió la caja en la que se lo entregó el denunciante, consideró que los hechos no habían sido suficientemente probados, por los siguientes motivos:

- No puede afirmarse que el comprador entregara los billetes falsos utilizados por el vendedor en la gasolinera, a pesar de los indicios existentes en ese sentido.

- Transcurrieron muchos días -21- entre la compra-venta del teléfono y el intento de pago en la gasolinera.

- No pudo demostrarse que el comprador enviara un mensaje de texto al vendedor en el que dijera: “otro que también ha picado”, susceptible de ser interpretado como favorable a la estafa.

Por todas estas razones, la Audiencia revocó la sentencia condenatoria contra el comprador del teléfono y le declaró absuelto de toda responsabilidad criminal.

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Recurso de apelación frente a una sentencia absolutoria por blanqueo de capitales.

No siempre los recursos de apelación se interponen por los condenados en un proceso penal. Muchas veces es el Ministerio Fiscal el que trata de obtener la revocación de las sentencias absolutorias. Eso es, precisamente, lo que sucedió frente a la Sentencia dictada el día 2 de mayo de 2014 por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Barcelona, que fue recurrida en apelación por la Fiscalía.

La sentencia recurrida declaraba la ausencia de responsabilidad criminal en los dos sujetos acusados. Aunque, en principio, no se conocían entre ellos, la acusación sostenía que ambos habían colaborado con otras personas -que no pudieron ser identificadas- en el blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas (de transferencias on-line no consentidas por los titulares de cuentas bancarias).

La red encargada del blanqueo se dedicaba a localizar personas a través de internet, enviándoles correos electrónicos. En ellos se les ofrecía la posibilidad de ganar dinero recibiendo ciertas cantidades en cuentas corrientes de su titularidad; una vez ingresada la cantidad debían quedarse con una parte de ella en concepto de compensación y sacar el resto de dinero de la cuenta (es decir, pedir un reintegro) para hacer una transferencia vía Western Union a la persona designada.

Sin embargo, como decía, el Juzgado decretó la absolución de los dos acusados, al estimar que de las pruebas presentadas no podía concluirse que tuvieran conocimiento de la procedencia ilícita del dinero que ayudaban a transferir.

El Ministerio Fiscal presentó recurso de apelación, del que conoció la Sección 9ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Don Jesús Navarro Morales, Ponente de la Sentencia dictada en apelación, realiza en la misma una detallada explicación de la reiterada jurisprudencia constitucional que existe con relación a la valoración, por parte de los tribunales de apelación, de las pruebas ya practicadas en la instancia.

Para respetar los derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, es necesario que las Audiencias no entren a valorar las pruebas discutidas en el juicio oral, porque de lo contrario desvirtuarían los principios de inmediación y oralidad, necesarios en toda práctica probatoria.

De manera que, sin poder valorar de nuevo los hechos, ya declarados probados por el Juzgado sentenciador, la Audiencia no podía más que confirmar la primera Sentencia, confirmando la absolución de los acusados. Es más, para ello no fue necesario, ni siquiera, que la Audiencia celebrara vista pública, decidiéndose todo el asunto mediante una votación de sus magistrados.

Sobreseimiento caso de Phishing, blanqueo de capitales o estafas de trabajo falsas: nuevo éxito de Abogados Portaley
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Juicio al estafar por internet en la venta de una videoconsola.

En julio del año 2014 el Juzgado de Instrucción nº 1 de Aranjuez dictó Sentencia condenatoria contra una mujer por una falta de estafa (no era delito porque no superaba los 400€). Tenía que pagar 180€ en concepto de multa, las costas procesales y 24€ de indemnización al estafado.

Según el Juez, quedó demostrado que la acusada había estafado por internet al denunciante. Puso un anuncio en www.tablonanuncios.com; en él ofrecía la venta de una videoconsola PlayStation 3 nueva y pedía 85€ por ella. Cuando el denunciante respondió al anuncio, ambos acordaron el pago de 35€ en concepto de señal -que fueron ingresados en una cuenta corriente de la denunciada-, dejando el pago de los 50€ restantes para cuando se recibiera la consola. Sin embargo, ésta nunca fue enviada. Frente a las reclamaciones del comprador, la vendedora procedió a devolverle 11€.

La Sentencia fue recurrida en apelación por la condenada ante la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid. El Ponente de la Sentencia resolutoria del recurso, Carlos Francisco Fraile Coloma, explica que la Audiencia da por buenos los mismos hechos que el Juez declaró probados, al tiempo que desvirtúa los argumentos de la apelación:

- La apelante afirma que sólo recibió el primero de los dos folios de la cédula de citación para el juicio. La Audiencia, por su parte, estima que, aunque eso fuera cierto, su derecho a la defensa no se habría visto perjudicado. Con el primer folio era suficiente para darse por enterada de los hechos que se le imputaban.

- También rechaza la segunda línea de defensa de la apelación. No es verdad que la falta de envío de la consola y la posterior falta de devolución del precio constituyan un asunto civil, y no penal. Del desarrollo de los hechos puede fácilmente extraerse que la condenada tenía, desde el primer momento, intención de estafar al comprador. Eso queda demostrado porque sólo devolvió 11€, en vez de los 35€ que había recibido.

Al hilo de los hechos analizados, se trataba de una apelación con poco fundamento para conseguir la revocación de la Sentencia. Y así fue, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la sentencia (4 de marzo de 2015) y, por lo tanto, también la condena de la apelante. No obstante, como no se apreció mala fe en el recurso de apelación, la Audiencia declaró las costas de oficio.

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Juicio de estafa al intentar vender coches inexistentes por internet.

La Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza dictó Sentencia, el día 4 de marzo de 2015, en un juicio en el que se analizaba la responsabilidad criminal de dos sujetos. Ambos estaban acusados de los delitos de estafa (artículos 248 y 250 del Código Penal), blanqueo de capitales (artículo 301 CP) y pertenencia a grupo criminal (artículo 570 CP).

El modus operandi del mencionado grupo se desarrollaba entre España y Rumanía. Varios sujetos afincados en Rumanía -que previsiblemente habían residido algún tiempo antes en España- ponían anuncios falsos en internet relativos a la venta de coches. Cuando conseguían que una persona interesada en alguno de los anuncios se decidiera a comprar el vehículo, le hacían ingresar un dinero en alguna de las cuentas corrientes que tenían abiertas en España.

Aquí es donde entran en juego los acusados, los cuales, presumiblemente en connivencia con los líderes de la organización -los que vivían en Rumanía-, buscaban a personas para que abrieran cuentas bancarias a cambio de dinero. Si bien se identificó a cuatro sujetos, dos de ellos consiguieron escapar, por lo que fueron declarados en rebeldía. De manera que en el juicio sólo fueron juzgados dos de ellos.

Uno, en principio, estaba en contacto con los cabecillas; y el otro había abierto algunas cuentas corrientes a petición del primero y, supuestamente, tenía conocimiento de la estafa que tramaba el grupo.

Aparentemente los hechos estaban claros: habían defraudado decenas de miles de euros y tendrían que hacer frente, por todos los delitos, a penas de 12 años y 15 días de prisión, multa de 103.600€ e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, sin perjuicio de pagar, además, las costas procesales.

Sin embargo, la Audiencia Provincial consideró que no había pruebas de cargo suficientes como para desvirtuar la presunción de inocencia de los dos acusados. El supuesto cabecilla negaba conocer el destino de los ingresos en las cuentas. El que abrió una cuenta a su nombre a cambio de dinero le echó la culpa a aquél, afirmando que sí tenía conocimiento de toda la trama criminal.

Para desmontar sus testimonios y demostrar su culpabilidad la Audiencia sólo tenía indicios, pero carecía de pruebas: los atestados policiales no habían sido aportados a la causa y los policías encargados de la investigación no habían sido citados como testigos en el juicio.

Al final se dictó Sentencia absolutoria a favor de ambos acusados, determinando el pago de oficio de las costas procesales.

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Recurso de apelación contra una condena por delito de estafa.

En este caso vamos a ver una Sentencia dictada por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Burgos al resolver el recurso de apelación contra la condena a un sujeto por un delito de estafa (artículos 248 y 249 del Código Penal), supuestamente cometida al intentar defraudar al comprador de dos teléfonos móviles.

La sentencia que condenó al vendedor de los teléfonos consideró probados los siguientes hechos: que el condenado, con ánimo de defraudar, había publicado un par de anuncios en la página web www.milanuncios.com, con los que pretendía vender dos teléfonos móviles. Cuando un usuario interesado en comprarlos se puso en contacto con él, éste, para generar confianza en aquél, le mostró que estaba reconocido en otras páginas webs (eBay, por ejemplo) como un vendedor recomendado. Sin embargo, después de recibir el ingreso del dinero y de asegurar al comprador que había enviado los móviles, el estafado ya no pudo entrar en contacto con él.

No obstante lo anterior, la Audiencia Provincial de Burgos procedió a la absolución del condenado (lo había sido a 9 meses de prisión) en base a los fundamentos que vamos a analizar.

En primer lugar, como expresa la Ponente, Doña María Teresa Muñoz Quintana, no existían en el primer juicio pruebas de cargo suficientes como para condenar al acusado. Ni el denunciante ni el acusado acudieron a la vista del juicio oral, por lo que las pruebas en las que se fundamentó la condena fueron:

- La declaración del acusado frente al Juez de Instrucción (que es el que investiga el delito).

- El resguardo del ingreso de 650€ en una cuenta bancaria que estaba a nombre del acusado.

En segundo lugar, la Audiencia estima que no debió celebrarse el juicio en ausencia del acusado, pues eso es una medida que contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal con carácter excepcional, cuando no pueda hacérsele comparecer por ningún medio y, además, existan pruebas suficientes para que su presencia no sea necesaria.

La presunción de inocencia, reconocida por el artículo 24 de la Constitución, exige que las condenas penales estén basadas en pruebas irrefutables de la culpabilidad del acusado. Pero esta circunstancia no se da en la sentencia recurrida; poco más que las afirmaciones del denunciante sirvieron al Juzgado de lo Penal nº 1 de Burgos para condenar por un delito de estafa.

Todo lo comentado anteriormente sirvió para dejar sin efecto la primera sentencia y exculpar al vendedor de los teléfonos.

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