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Un buen procurador y muy profesional, muy diligente en su trabajo lo cual facilita mucho el trabajo del abogado. Muy recomendable.

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Excelente profesional, que al ponernos en contacto con ella, enseguida se ha puesto a nuestra disposición y al del cliente.

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Vejaciones a través de whatsapp: mantenimiento de la responsabilidad civil tras la absolución. Las vejaciones a través de redes sociales, acoso u otros delitos, está creciendo. Por ello se hace interesante conocer estos tipos de delitos
Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante por la que se condenaba a dos menores al pago de 2.800 euros en concepto de responsabilidad civil por humillar
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Contrato de distribución de software: concepto, utilidad y tipología
Contrato de distribución de software: concepto, utilidad y tipología
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Por qué es tan importante el contrato escrito en las relaciones comerciales actuales. Cuando hablamos de contratos, podemos hablar de dos tipos de contratos fundamentales: los contratos verbales y los contratos por escrito. A diferencia de lo que muchas personas aún a día de hoy consideran, ambos tipos de contrato son igualmente válidos en términos legales, sin embargo, el contrato verbal conlleva una serie de desventajas frente al contrato escrito que, en el caso de las relaciones comerciales, puede resultar fatal.

Qué ventajas aportan los contratos a las relaciones comerciales

El contrato escrito establece una relación comercial formal entre dos partes, fijando las obligaciones y responsabilidades de cada una de ellas, otorgándoles además seguridad y tranquilidad y evitando posibles gastos futuros en caso de discrepancias.

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La importancia de los contratos en las relaciones comerciales. Pero cuando hablamos de relaciones comerciales, de acuerdos entre empresas o entre profesionales, estos acuerdos tan simples comienzan a volverse complejos y las condiciones se multiplican: plazos de entrega, lugares de entrega, calidad del producto, plazos y métodos de pago, causas de rescisión, sanciones por incumplimiento, y un largo etcétera. Es entonces cuando el contrato se revela como lo que verdaderamente es, la herramienta fundamental que permite a las empresas efectuar transacciones, negocios y todo tipo de operaciones con proveedores y clientes.
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La responsabilidad de las redes sociales ante sus usuarios. Cómo y dónde se resuelven los conflictos que podamos tener con el servicio de la red social, así como el alcance de la responsabilidad de las redes sociales ante diferentes contingencias,

Por ejemplo, WhatsApp, Instagram y Snapchat incluyen una cláusula o acuerdo de arbitraje que establece que, salvo en el caso de determinados tipos de disputas, como las relativas a la propiedad intelectual, dichas redes sociales y el usuario acuerdan que los conflictos que surjan entre ambas partes se resolverán por medio de arbitraje vinculante obligatorio

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La citación judicial es una orden de obligado cumplimiento para aquella persona que la reciba. La persona que lo recibe puede ser por varios motivos:

- Porque es denunciado.

- Porque es investigado.

- Porque es denunciante o querellante

- Porque es testigo (perito).


La citación judicial se puede recibir para que prestemos una primera declaración ante el juez instructor, o para que concurramos a la celebración del juicio.


De forma general, la citación se practicará, en el domicilio del destinatario, y en todo caso contendrán los siguientes puntos, de acuerdo al artículo 175 LECrim:



- Juez o tribunal al que debemos acudir.


- Número del procedimiento y la fecha y clase de resolución en la que se acuerda la citación.

- Nombre, apellidos y domicilio del destinatario

- Motivo de la citación, que consistirá en la necesidad de declarar en calidad de denunciado (investigado), denunciante (querellante), o testigo (perito).

- Lugar, fecha y hora en que tengamos que concurrir al Juzgado.


- La advertencia de la obligación de concurrir, así como las consecuencias de no hacerlo.


Si ha recibido una citación judicial, puede consultar con un abogado, no dude en consultar con Abogados Portaley

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Las condiciones y términos de uso de las redes sociales recoge información sobre aspectos de nuestra privacidad y contenidos que deberemos tener en cuenta. Por ejemplo,cuando utilizamos las redes sociales y subimos contenidos, fotografías, mensajes, etc... nuestra información personal deja de ser realmente privada y es recopilada y compartida con terceros, sin que realmente seamos consciente de ello.

Toda esa información se recoge en las condiciones y términos de uso, por ello es interesante leer el contenido de estas condiciones, porque afecta a nuestros datos personales y contenidos.

Condiciones y términos de uso de las redes sociales, ¿a qué estamos dando nuestro consentimiento?

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El proceso penal se desarrolla a lo largo de varias fases siendo la última de ellas el juicio penal propiamente dicho. El proceso penal persigue la identificación, investigación y establecimiento de una pena en base a las conductas recogidas y definidas como delito penal por el Código Penal vigente en España.


La demanda arranca el procedimiento penal. La demanda se puede realizar a instancias de la propia víctima o víctimas, ya sea de oficio por parte del Ministerio Fiscal.


Todo proceso penal de carácter ordinario se desarrolla a lo largo de tres etapas bien diferenciadas y sucesivas.


Etapa de preinstrucción

Es la primera fase de cual depende en gran medida el resto del procedimiento. Durante esta etapa inicial de determinarán los hechos que serán objeto del proceso penal así como el delito o delitos en los que se podría haber incurrido en base a los hechos.

Etapa de instrucción

En esta segunda etapa los abogados de cada una de las partes presentarán ante el juez todas las pruebas que tengan a su favor, incluyendo los testimonios de posibles testigos si los hubiere, los resultados de peritajes, informes, etcétera.


Etapa de juicio

La etapa del juicio propiamente dicho, también conocida como vista oral, es la tercera y última etapa de todo proceso penal de carácter ordinario. Durante esta fase serán presentados y expuestos ante el juez todos los detalles del caso, informes, pruebas, testimonios y demás documentos. Finalizará con la emisión de un fallo o sentencia por parte del juez, quien establecerá una pena para el autor o autores del delito acorde a lo recogido en el Código Penal y siempre y cuando se haya demostrado sin lugar a dudas la autoría del acusado.

En el proceso penal necesitará de abogado y procurador, por ello, no dude en consultar legadoo.com para contactar con aquel profesional que le puede asesorar de la mejor manera posible.

El proceso penal: preinstrucción, instrucción y juicio penal - Delito Penal
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La violencia de género es un acto violento ejercido por el hombre sobre la mujer bajo la premisa de que entre ambos exista, o bien haya existido en el pasado, una relación sentimental.

Dadas las especiales circunstancias que rodean la violencia de género, desde el Estado y la Comunidad Valenciana se ha respondido creando instituciones y organismos específicos, e implantando medidas concretas que tratan de proteger y asistir de una forma integral y efectiva a las víctimas. Además, también la propia sociedad española en general, y valenciana en particular, ha ido tomando una mayor conciencia acerca de esta lacra.

Ante la existencia de estos casos, es esencial que las víctimas estén al tanto de los derechos que les confiere la Ley Orgánica de Medidas para la Protección Integral de la Violencia de Género, así como de las diferentes ayudas sociales, económicas y jurídicas a las que pueden acceder a través de diferentes organismos e instituciones de la Comunidad Valenciana.

Una de las medidas fundamentales para toda mujer víctima de violencia de género es la Orden de Protección.

La Orden de Protección queda definida por la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 544 ter como una resolución judicial cuyo fin es proteger a la víctima mediante la adopción de las medidas cautelares civiles, penales, de asistencia y de protección social que resulten necesarias.

La Orden de Protección podrá ser solicitada por la propia víctima, pero también por:

Cualquier persona vinculada con ella por cualquiera de las relaciones recogidas en el artículo 173 del Código Penal: hijos, nietos, padres, abuelos, hermanos naturales, hermanastros, hermanos adoptados, hermanos sólo de padre o sólo de madre, hermanos de la pareja, menores o personas que precisan de protección especial y que conviven en la unidad familiar, y también por cualquier persona que se encuentre integrada en el núcleo de la convivencia familiar.

El Ministerio Fiscal, de oficio.

El juez, de oficio

Cualquier entidad u organismo asistencial, público o privado, que además tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento inmediato del Juez de Guardia o del Fiscal para que se inicie el proceso de solicitud de la Orden de Protección.



Una Orden de Protección en caso de violencia de género o doméstica puede ser solicitada ante una amplia variedad de autoridades y organismos en Valencia:

Directamente ante el juez o el fiscal.

Ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional, Autonómica o Local, y Guardia Civil), quienes realizarán el correspondiente atestado que acredite los hechos.

En las Oficinas de Atención a las Víctimas. En la Comunidad Valenciana existen un total de 16 repartidas en las ciudades de Valencia, Allzira, Gandía, Paterna, Requena, Torrent, Alicante, Alcoy, Benidorm, Denia, Elche, Orihuela, Torrevieja, Castellón, Villarreal y Vinarós

En los Servicios de Orientación Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

Ante los servicios sociales o las instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones Públicas como el Centro Mujer 24 horas, o el Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales (CAVAS), entre otros.

La Orden de Protección para víctimas de violencia de género en Valencia
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Podemos leer diferentes noticias e informaciones sobre malos tratos y términos relacionados con: Violencia de Género, Violencia Doméstica, de pareja, hacia las mujeres, masculina o sexista…

La violencia doméstica hace referencia a la que se produce dentro del hogar, entre la pareja, entre padres a hijos, etc...

La violencia de género es aquella que se ejerce hacia la mujer por el hecho de serlo.



La Orden de Protección, regulada en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es una resolución judicial que, en los casos en que existan indicios fundados de la comisión de delitos de violencia doméstica o de género y exista una situación objetiva de riesgo para la víctima, ordena su protección mediante la adopción de medidas cautelares civiles y/o penales, además de activar las medidas de asistencia y protección social necesarias.

La Orden de Protección lleva aparejado el derecho de la victima a ser informada permanentemente sobre la situación procesal del agresor, así como sobre el alcance y vigencia de las medidas cautelares adoptadas. Así mismo, la víctima deberá ser informada en todo momento de la situación penitenciaria del agresor.

¿Quién puede solicitar la orden de protección?

La víctima.

Cualquier persona que tenga con la víctima alguna de las relaciones del articulo 173 del C.P. Esto quiere decir que también pueden solicitarla los descendientes (hijos, nietos), ascendientes (padres, abuelos), hermanos por naturaleza, adopción o afinidad propios o del cónyuge o conviviente (hermanos de padre y madre, adoptados, hermanastros o incluso los hermanos de la pareja), los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que convivan en la unidad familiar, o persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de la convivencia familiar.

El Ministerio Fiscal.

El juez de oficio, es decir, por iniciativa propia.

En último lugar, debemos mencionar a las entidades u organismos asistenciales, públicos o privados, pero con una matización, y es que en el caso de que tuviesen conocimiento de la existencia de alguno de los delitos de violencia doméstica, tienen la obligación de ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de Guardia o Fiscal con el fin de que pueda iniciar el procedimiento para la adopción de la Orden de Protección.



Información interesante y recursos adicionales:

Por una sociedad libre de violencia de género

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/

Instituto de la Mujer – www.mtas.es/mujer

Dirección General de la Mujer – www.madrid.org

Instituto Andaluz de la Mujer – www.junta-andalucia.es/iam

Instituto Vasco de la Mujer – www.emakunde.es

Instituto Canario de la Mujer – www.icmujer.org

Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas – www.separadasydivorciadas.org

Fundación Mujeres – www.fundacionmujeres.org

Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres – www.malostratos.org

Recursos en diferentes provincias españolas: http://www.malostratos.org/cindoc/140%20cindoc%20recursos.htm

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La publicación de fotografías, datos personales y de contactos, y fotomontajes en redes sociales, se produce cada vez con mayor frecuencia.

Quizás, producido por un "juego", broma, despecho entre ex parejas e incluso por motivos que hacen pensar que existe algún trastorno psíquico en la persona que realiza estos hechos, pero desde luego que estas acciones pueden ser consideradas como delitos y conllevan consecuencias legales.

Ante estas acciones nos podemos encontrar con varios delitos como delitos contra la integridad moral y de descubrimiento y revelación de secretos. Dentro de los delitos contra la integridad moral encontramos tres grados diferentes en función de su gravedad, siendo el más grave de todos ellos la tortura, seguido por los tratos inhumanos, y el menos grave, el trato degradante. En el presente caso, estaríamos ante el grado menos grave, esto es, trato degradante.

Esta conducta viene recogida en el artículo 173.1del Código Penal, que castiga con la pena de prisión de seis meses a dos años a aquella persona que infrinja a otra un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. Este precepto se refiere a todas aquellas situaciones que produzcan en la víctima un sentimiento de humillación o sensación de envilecimiento, siempre que se alcance un mínimo de gravedad.

Delito de publicación de falsos montajes pornográficos en redes sociales
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Puede necesitar un abogado en caso de acusación o defensa ante un delito de calumnia e injuria. Por ello, Abogados Portaley le presenta sus servicios y su amplia experiencia en este tipo de delitos penales.

Somos abogados con amplia experiencia en delitos de calumnia e injurias, especialmente cuando se comenten a través de medios en Internet, redes sociales, blogs, correos electrónicos, etc...


La injuria y la calumnia están relacionadas con la protección penal del derecho al honor.

La injuria se refiere a acciones que lesionan la dignidad y la estima de otras personas.

La calumnia se produce cuando se imputa falsamente la comisión de un delito.

Si considera que ha sido víctima de un delito de injuria o calumnia, puede iniciar acciones legales presentando una querella y para ello necesitará un abogado y procurador.

Las calumnias e injurias se tratan de delitos contra el honor y se encuentran regulados en el Titulo XI del Código Penal, en los art&iacut...
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Delitos contra la intimidad: descubrimiento y revelación de secretos. Dentro del Derecho Penal y los delitos que se encuentran recogidos en el Código Penal están los delitos contra la intimidad.

El Código Penal Español recoge dentro del Título X, correspondiente a los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.

Ejemplos de este tipo de delitos que nos podemos encontrar, especialmente con el uso de las nuevas tecnologías, dispositivos móviles, ordenadores e internet.

El acceso a correos electrónicos de la pareja sin permiso.

Acceder a los mensajes de Whatsapp de un tercero sin su consentimiento

Interceptar comunicaciones entre sistemas de información.

Crear y utilizar aplicaciones informaticas para la obtención de claves. Espionaje informatico

Grabar las conversaciones telefónicas ajenas

Publicar datos personales en Internet de una persona sin su consentimiento.

Leer más sobre estos tipos de delitos:

Cuándo se producen los Delitos contra la intimidad: descubrimiento y revelación de secretos
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Delitos contra la intimidad: descubrimiento y revelación de secretos. Dentro del Derecho Penal y los delitos que se encuentran recogidos en el Código Penal están los delitos contra la intimidad.

El Código Penal Español recoge dentro del Título X, correspondiente a los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.

Ejemplos de este tipo de delitos que nos podemos encontrar, especialmente con el uso de las nuevas tecnologías, dispositivos móviles, ordenadores e internet.

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Leer más sobre estos tipos de delitos:

Cuándo se producen los Delitos contra la intimidad: descubrimiento y revelación de secretos
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Delitos contra la intimidad: descubrimiento y revelación de secretos. Dentro del Derecho Penal y los delitos que se encuentran recogidos en el Código Penal están los delitos contra la intimidad.

El Código Penal Español recoge dentro del Título X, correspondiente a los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.

Ejemplos de este tipo de delitos que nos podemos encontrar, especialmente con el uso de las nuevas tecnologías, dispositivos móviles, ordenadores e internet.

El acceso a correos electrónicos de la pareja sin permiso.

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Crear y utilizar aplicaciones informaticas para la obtención de claves. Espionaje informatico

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Publicar datos personales en Internet de una persona sin su consentimiento.

Leer más sobre estos tipos de delitos:

Cuándo se producen los Delitos contra la intimidad: descubrimiento y revelación de secretos
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CLÁUSULAS SUELO: DECLARADAS NULAS. En general, las hipotecas que se suscriben en España tiene un interés variable que se fijan en función de un tipo de referencia, como puede ser el Euribor, más un diferencial que varía dependiendo de la entidad con la que se suscribe la hipoteca.


La cláusula suelo aparecerá cuando se establezca un tipo de interés mínimo a pagar, aunque la suma del interés variable y el diferencial estipulado de la entidad sea menor. Será esto lo que nos indique si en nuestra hipoteca tenemos una cláusula suelo, ya que no normalmente no le denomina como tal.



Es frecuente comprobar como la cláusula suelo aparece junto con una cláusula techo, esto es, un tipo máximo de interés a pagar. No obstante, dicho máximo suele establecerse por encima de los valores habituales de mercados, contribuyendo a convertir a una hipoteca con un interés variable a una hipoteca con un tipo fijo, salvo que el beneficiado sea la entidad bancaria.


A pesar de que la existencia de cláusulas suelo es legal, el Tribunal Supremo ha establecido que las cláusulas no negociadas deberán establecerse de forma transparente, clara y comprensible.


Así, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 9 de mayo de 2013, establecía que estás cláusulas no son transparentes, puesto que hay una falta de información o desconocimiento por parte del cliente, insertándose junto con cláusulas techo para dar a entender de qué se trata de una especie de contraprestación a la cláusula suelo y, como decíamos, en general, se calculaban para que no implicasen cambios significativos en las cuotas, convirtiendo el tipo de interés variable en una especie de préstamo fijo variable únicamente al alza.


Estos motivos, entre otros, llevan al Tribunal Supremo a señalar como abusivas las cláusulas, no porque sean ilícitas en sí mismas, sino por carecer de la suficiente transparencia e información que permita al consumidor conocer el objeto del contrato y el reparto real de riesgos.


A pesar de su fallo, en la misma Sentencia, el Tribunal Supremo, establece que la nulidad de la cláusula suelo no conllevará la irretroactividad de las cláusulas, y con ello la devolución de las cantidades percibidas más el correspondiente interés generado, debido a “riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico”. En este sentido, las entidades solo tendrían que devolver aquellas cantidades percibidas con posterioridad a la publicación de la citada sentencia.



Con el pronunciamiento del Tribunal Supremo el asunto no ha dejado de suscitar debate, en esta forma hay numerosas sentencias de Audiencias Provinciales que no se han acogido al parecer del Tribunal Supremo, entre otros motivos, porque este mismo Tribunal entiende que existe doctrina jurisprudencial que fundamenta la retroactividad en el hecho de evitar que una de las partes se enriquezca sin causa a costa de la otra.


En este mismo sentido se ha manifestado la Comisión Europea en su informe de 13 de julio de 20015. En este informe recoge las alegaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la retroactividad de la devolución de las cantidades cobradas de más por los bancos en aplicación de las cláusulas suelo tras la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, presentada en abril de 2015.



Donde entre sus alegaciones se señala que "no es posible que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ha pagado el consumidor -y a la que está obligado el profesional- en aplicación de una cláusula declarada nula desde el origen por defecto de información y/o transparencia"


Existiendo razones para no seguir el criterio mantenido por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 9 de mayo de 2013, como así han sabido ver diferentes Audiencias Provinciales, queda abierta la puerta a la retroactividad y con ello, la posibilidad de conseguir la devolución de las cantidades pagadas a las entidades en virtud de una cláusula declarada nula, y por tanto, inexistente desde el comienzo del contrato.

A la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decrete la retroactividad total en las demandas por cláusulas suelo, en España, un Juzgado de Madrid ha declarado nulas las cláusulas suelo de mas que 40 entidades:

UN JUZGADO DE MADRID DECLARA NULAS CLÁUSULAS SUELO


El Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid ha declarado la nulidad de la mayor parte de las cláusulas suelo fijadas en las condiciones generales de las hipotecas suscritas con consumidores por "falta de transparencia" y condena a las entidades bancarias a devolver a los hipotecados las cantidades indebidamente abonadas desde el pasado 9 de mayo de 2013.

Abogados especializados en temas relacionados con Derecho Bancario. Desde reclamación de cláusulas suelo, hipotecas, Problemas para...
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Delitos de odio: qué son y como combatirlos. Es el propio Ministerio del Interior el que define los delitos de odio como aquel conjunto de acciones legalmente sancionables que tienen en común “la presencia de un elemento motivador, el odio y la discriminación”. Se trata de “incidentes” dirigidas contra una persona o grupo de personas o contra la propiedad “motivados por un prejuicio” en base a:

La discapacidad.
La raza, origen étnico o país de procedencia.
La religión o las creencias.
La orientación e identidad sexual.
La situación de exclusión social.
Cualquier otra circunstancia o condición social o personal.

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El Delito de Desorden Público en el actual Código Penal Español. El Delito de Desorden Público se encuentra tipificado bajo el Capítulo III “De los desórdenes públicos” del Título XXII “Delitos contra el orden público” del actual Código Penal Español en sus artículos 557 a 561.


El artículo 557.1 del C.P. establece como autor de un delito de desórdenes públicos a “quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo”.

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Hoy hablamos sobre el Delito de Desorden Público. Este delito se encuentra regulado por el actual Código Penal Español en su artículo 557 cuya reforma entró en vigor el pasado primero de julio de 2015 en virtud de la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


Esta reforma obedece a la nueva situación social surgida a consecuencia de los efectos de la larga crisis económico que vive España; el descontento ciudadano y, en consecuencia, las manifestaciones y altercados subsiguientes que suelen ser frecuentes, han conducido a los legisladores a la convicción de que era necesaria la reforma de diferentes delitos, entre ellos también el Delito de Desorden Público, con el firme compromiso y objetivo de impedir la alteración del orden público y garantizar la llamada “paz pública”, un concepto definido por la sentencia del Tribunal Supremo 987/2009 de 13 de Octubre como el “conjunto de condiciones externas que permiten el normal desarrollo de la convivencia ciudadana el orden de la comunidad y en definitiva la observancia de las reglas que facilitan esa convivencia, permitiendo el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas”.


En este caso, también hablamos de cómo el enviar falsos sobre infectados con el virus del ébola.

Un hombre de 41 años fue detenido por agentes de la Policía Nacional acusado de haber enviado a diferentes instituciones y medios de comunicación hasta diez sobres que, supuestamente, contenían sangre infectada con el virus ébola.

Este hombre, que ya ha pasado a disposición judicial, está acusado de un delito de amenazas, evidente, pero también de siete delitos de desórdenes públicos. ¿Por qué?

Cuando el detenido envió dichos sobres aprovechando la aparición del virus en España, ocasionó una alarma social que afectaba negativamente al normal desarrollo de la convivencia ciudadana ya que la simple aparición de uno de estos sobres, aún siendo falsos, obliga a la activación del protocolo de riesgo biológico y químico (NRBQ) lo cual causó crisis de ansiedad a las personas que habían abierto estas cartas.

El Delito de Desorden Público se encuentra regulado por el actual Código Penal Español en su artículo 557 reformado el pasado primero de julio de 2015
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Con seguridad muchas personas les pueden decir que van a ser denunciadas, por diversos hechos que se comenten, especialmente cuando se trata de Internet. En caso de escribir algo no especialmente positivo de una persona, nos llegue a decir que nos va a denunciar.

Pues bien, es interesante leer nuestro articulo que habla sobre esta problemática de la denuncia, cómo se realiza dicha denuncia y qué sucede tras ello.

¿En qué consiste una denuncia? ¿Qué pasa si soy denunciado?

En primer lugar, la denuncia no es más que la declaración -verbal o escrita- que una persona realiza frente a agentes de la autoridad informándoles de que ha tenido lugar un delito. El denunciante puede ser una víctima o perjudicado por el delito que afirma que se ha cometido o un simple testigo de los hechos. Al mismo tiempo, cabe la posibilidad de que pueda identificar a los presuntos responsables o no, en cuyo caso tendrá que describirlos de la forma más precisa posible.

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Nuestras leyes procesales prohíben que las pruebas que se van a utilizar en un procedimiento se hayan obtenido vulnerando algún derecho fundamental, y el artículo 18 de la Constitución garantiza el derecho de todos a la intimidad.
El Tribunal Supremo ha considerado que la intromisión de una madre en las redes sociales de su hija menor no tiene por qué ser ilegítima.
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La ley de Protección de datos regula el tratamiento de los datos y ficheros, de carácter personal, independientemente del soporte en el cual sean tratados, los derechos de los ciudadanos sobre ellos y las obligaciones de aquellos que los crean o tratan.


La Agencia Española de Protección de Datos se encarga de velar por el cumplimiento de esta normativa.



Si es Empresa, Empresario o Profesional que trata datos de carácter personal debe dar cumplimiento a la LOPD

Para más información consulte documentación adicional sobre la Ley de Protección de datos y su cumplimiento.

La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, ( LOPD) impone obligaciones legales a personas físicas o jurídicas que posean ficheros
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Requisitos legales para iniciar un negocio en Internet. Para iniciar un servicio en Internet deberemos tener en cuenta una serie de requisitos legales a la hora de iniciar nuestro negocio en Intenet, por ello es interesante contra con un asesoramiento como el de Abogados Portaley, ya que nuestra experiencia ha ayudado a un número alto de emprendedores y empresarios.

Para comenzar la actividad será necesario crear una empresa o darse de alta como autónomo.


Registro de nombre comercial y dominio en Internet



Contratacón de diseño y programación web


Condiciones de uso del servicio


Cumplir la ley de Protección de Datos


Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI)



Ley del Comercio minorista (Venta a distancia)


Propiedad Intelectual de los contenidos


Más información en

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Dentro del delito de daños nos podemos encontrar los delitos relacionados con la alteración y destrucción de documentos, equipos informáticos y programas software.

En caso de ser víctima de este tipo de delito, se deberá poner en contacto con un abogados penalista, especializado en los delitos de daños informáticos.

En este tipo de delitos se pueden causar un perjuicio económico a las personas y el Código Penal español ha recogido estos tipos de delitos.

Estos delitos se pueden dar tanto contra personas como empresas, pero es especialmente relevante que contra empresas o instituciones jurídicas es cuando contar con un abogados especialista para ser asesorado se hace más importante.

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Aumentan juicios y problemas legales en el ámbito laboral relacionados con el uso de las nuevas tecnologías en el puesto de trabajo.


AUMENTO DE DESPIDOS


Se está viendo un aumento en despidos relacionados con el uso de Internet o recursos de la empresa por parte del trabajador en su puesto de trabajo.


Por un lado las empresas están alegando que el trabajador realiza labores en su jornada laboral que no están relacionadas con sus tareas, como puede ser navegar por Internet, consultar redes sociales, etc...


Otro aspecto a tener en cuenta, es también los juicios relacionados con acceso a información privilegiado por parte del trabajador o con temas relacionados con el ámbito penal como puede ser el descubrimiento y revelación de secretos.


PROBLEMAS LEGALES


También se producen problemas legales relacionados con:

. La contratación de servicios de profesionales externos. Se contratan servicios para realizar proyectos puntuales, páginas web, dominios de internet, etc… El contratante deberá disponer de un contrato para controlar todo el proceso y no correr riesgos legales.


. Robo de dominios. Cuando se subcontrata la gestión y los dominios de Internet de la empresa por parte de un tercero, en ocasiones surgen problemas legales por su control.


. Acceso a información confidencial de la empresa por parte del trabajador.

Juicios laborables por el uso de las nuevas tecnologías en el mundo laboral
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Qué hacer si sientes que eres víctima de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.


El artículo 201 del Código Penal recoge cómo proceder ante un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos.


El delito de descubrimiento y revelación de secretos forma parte de los llamados “delitos semipúblicos” es decir, podrán ser perseguidos tanto por iniciativa de la víctima como por iniciativa del Ministerio Fiscal cuando la víctima tenga la consideración de incapaz, desvalida o se encuentre en minoría de edad.


Si piensas que has podido ser víctima de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, podrás contar con el asesoramiento y ayuda de los abogados de Portaley, ya sea para una simple consulta que despeje tus dudas, ya sea para iniciar las acciones legales que sean pertinentes a fin de perseguir al autor o autores del delitos, que estos reciban el castigo legalmente estipulado y ser compensado por el agravio sufrido.


Como normal general, deberá presentarse una denuncia, algo que podrá hacer tanto la persona agraviada personalmente, como a través de su representante legal de Portaley.


La excepción de esta regla entra en juego en dos casos concretos: cuando el delito cometido haya sido efectuado por autoridad o funcionario público, y cuando la comisión del delito afecte a una pluralidad de personas o a los intereses generales. En ambos casos, nos encontramos ante un delito público que podrá ser perseguido de oficio sin necesidad de que las personas agraviadas presenten denuncia alguna.

Qué hacer si sientes que eres víctima de un delito de descubrimiento y revelación de secretos
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Tipología del delito de descubrimiento y revelación de secretos. En este sentido, el delito de descubrimiento y revelación de secretos engloba los siguientes tipos de delitos:

La violación del secreto de la correspondencia (papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualquier otro tipo de documento o efecto personal), escuchas ilegales y la captación de imágenes (artículo 197.1).


La sustracción, utilización o modificación de los datos personales que se encuentren registrados sobre cualquier tipo de soporte público o privado. (artículo 197.2).


La difusión, revelación o la cesión a terceros de datos, hechos o imágenes que hayan sido captadas de forma ilegal (artículo 197.3).


La revelación de secretos que no son propios, de los cuales se tenga conocimiento por razones de oficio o relaciones laborales (artículo 199).



El descubrimiento, la revelación o la cesión de datos reservados de personas jurídicas, sin el consentimiento de sus representantes (artículo 200).


En la nueva redacción del Código Penal destaca el esfuerzo hecho por los legisladores para incluir los llamados “delitos informáticos”, algo que venía siendo reclamado desde tiempo atrás dada la creciente utilización de ficheros, archivos informáticos y, en definitiva, bases de datos donde se almacenan todo tipo de datos de carácter personal.



En este sentido, los delitos recogidos por los artículos 497 (violación de secretos documentales) y 497.bis (escuchas ilegales) del Código Penal de 1973, han sido refundidos en un único tipo penal con una redacción mucho más detallada en la que se incluyen términos y expresiones tales como “mensajes de correo electrónico”, “cualesquiera otros documentos o efectos personales” o “cualquier otra señal de comunicación”, no dejando así resquicio alguno ni al objeto ni al método empleado para la comisión de este delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Tipología del delito de descubrimiento y revelación de secretos
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Penas en el delito de descubrimiento y revelación de secretos. El Código Penal establece las siguientes penas para cada uno de los tipos delictivos antes citados:

Pena de cárcel de entre uno y cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien “para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación” (art.197.1).


Mismas penas para quien “sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero” (art.197.2).



El párrafo 1 del artículo 197.3 establece una agravamiento de la pena cuando lo descubierto, además, es difundido.
Por el contrario, el párrafo 2 del artículo 197.3 recoge una atenuación de la pena en el caso de que la persona que ha difundido lo descubierto, no ha participado en su descubrimiento.



El artículo 197.4 recoge un agravamiento de las penas cuando el delito es cometido por los encargados y/o responsables de los soportes donde se almacenan los datos o imágenes descubiertos (pena de cárcel de entre tres y cinco años) que además, en caso de ser difundidos o revelados, se impondrá en su mitad superior.


También se impondrán las penas previstas en su mitad superior cuando dichos datos personales revelen aspectos como creencias, religión, ideología, origen racial, vida sexual, salud o cuando la víctima tenga la consideración de incapaz o sea menor de edad (artículo 197.5).



Además, el artículo 197.6 recoge como agravamiento los fines lucrativos, fijando las penas antes citadas en su mitad superior, que se elevarán a pena de prisión de cuatro a siete años cuando afecte a los datos citados en el apartado cinco.



El artículo 198 establece, además de las penas antes citadas en su mitad superior, una pena de inhabilitación absoluta por período de entre seis y doce años cuando el autor del delito disfrute de la condición de autoridad o funcionario público que “fuera de los casos permitidos por la Ley, sin mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, realizare cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior”.


Según el artículo 199.1, quien revele “secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales” será castigado con pena de cárcel de uno a tres años y multa de seis a doce meses.



El artículo 199.2 agrava la pena anterior elevándola a prisión entre uno y cuatro años y multa de doce a veinticuatros meses así como la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por un período de entre dos y seis años para el “profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona”.

Penas en el delito de descubrimiento y revelación de secretos. El Código Penal establece las siguientes penas para cada uno de los tipos delictivos antes citados:
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Los delitos contra la seguridad vial se regulan en el Capítulo IV del Título XVII, dentro de los denominados “Delitos contra la seguridad colectiva”, en concreto, entre los artículos 379 y 385.

Puede contar con los servicios de Abogados Portaley, en caso de que necesite asesoramiento sobre este tipo de delitos tipificados en el Código Penal.

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Dentro del derecho a la protección del honor, nos encontramos los delitos de calumnias e injurias. Abogados Portaley, especialistas en Derecho Penal asesora a sus clientes en este tipo de delitos. Vemos como ha crecido este tipo de delitos debido al uso de las nuevas tecnologías y herramientas de comunciación a través de Internet, como pueden ser las redes sociales, blogs, etc...

En caso de encontrarse en la necesidad de contactar con una abogado especializado en el tema, no dude en consultar con Abogados Portaley

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despedida por falsificar facturas y navegar por Internet y redes sociales 0:29
Una trabajadora es despedida por falsificar facturas y por desatender reiteradamente las advertencias de sus superiores en orden a no utilizar internet para descargar películas y acceder a redes sociales.





Aunque a veces puedan existir divergencias acerca de si realmente el trabajador ha abusado de la confianza de la empresa por acceder a internet durante las horas de trabajo, el caso que vamos a presentar a continuación no admite ningún género de duda: la trabajadora en cuestión llevó a cabo un comportamiento del todo punto inaceptable.

Más información en http://portaley.com/2016/01/despedida-por-falsificacion-y-descargar-contenido-no-permitido-a-traves-de-internet/
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situaciones relacionadas con el entorno laboral que se convierten en procesos penales, como el siguiente caso que se pasa a detallar, donde se vulneró la intimidad de una ex trabajadora por parte de los dos socios titulares de la empresa, que accedieron a la cuenta de su correo electrónico personal.

El Juzgado de lo Penalde Palma de Mallorca condenó a dos sujetos, administradores de una entidad, porque al día siguiente de despedir a una trabajadora -basándose en el uso privado que había dado a los ordenadores de la empresa- accedieron a su cuenta de correo electrónico -cuya contraseña habían descubierto antes del despido- y desde la misma enviaron diversos correos a los contactos de su libreta de direcciones.


A uno de ellos no sólo le condenaron, como al otro, por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, sino también por una falta de injurias, ya que en uno de los correos se hacían comentarios relativos a la ex trabajadora del siguiente tenor: era una persona traicionera, vengativa y amargada de la vida.


Por el delito contra la intimidad se les impuso a ambos la pena de un año de prisión y una multa de 4.320 euros. Por las injurias, una pequeña multa al responsable. Además, desde el punto de vista de la responsabilidad civil tenían que indemnizar solidariamente a la víctima con 3.000 euros.

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Vulneración de la intimidad de una ex trabajadora por parte de los dos socios titulares de la empresa, que accedieron a la cuenta de su correo electrónico personal.

Como ya ha establecido reiteradamente la jurisdicción social, la facultad del empresario de controlar que sus trabajadores den un uso adecuado a los ordenadores con los que trabajan no les permite vulnerar su intimidad sin ningún tipo de límite. Por eso mismo, una cosa es advertir a un empleado acerca de que está aprovechando los medios de la empresa para sus fines personales -o incluso, cuando su rendimiento se vea afectado, despedirle- y otra muy distinta prevalerse de dicha facultad para descubrir o conocer información o datos íntimos del mismo.


En ese sentido, el Juzgado de lo Penal nº 7 de Palma de Mallorca condenó a dos sujetos, administradores de una entidad, porque al día siguiente de despedir a una trabajadora -basándose en el uso privado que había dado a los ordenadores de la empresa- accedieron a su cuenta de correo electrónico -cuya contraseña habían descubierto antes del despido- y desde la misma enviaron diversos correos a los contactos de su libreta de direcciones.


A uno de ellos no sólo le condenaron, como al otro, por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, sino también por una falta de injurias, ya que en uno de los correos se hacían comentarios relativos a la ex trabajadora del siguiente tenor: era una persona traicionera, vengativa y amargada de la vida.


Por el delito contra la intimidad se les impuso a ambos la pena de un año de prisión y una multa de 4.320 euros. Por las injurias, una pequeña multa al responsable. Además, desde el punto de vista de la responsabilidad civil tenían que indemnizar solidariamente a la víctima con 3.000 euros.


El recurso que los condenados presentaron ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca no prosperó. Los Magistrados de su Sección 2ª, Dña. Mónica de la Serna de Pedro, D. Eduardo Calderón Susín y D. Diego Jesús Gómez Reino Delgado, desatendieron las pretensiones de absolución de los recurrentes y confirmaron la sentencia.
Frente a su argumento de que los hechos habían tenido lugar después del despido y de que, por lo tanto, podían consultar el contenido de sus ordenadores, sostuvieron los Magistrados que la información de la cuenta de correo de la ex trabajadora no se hallaba alojada en los mismos, sino en internet, pudiendo accederse a la misma desde cualquier terminal conectado a la red.



Por otra parte, no podían compartir el punto de vista del injuriante con respecto a la falta de concreción de las afirmaciones injuriosas, pues éstas eran claras e impregnaban por completo el sentido del correo enviado desde la cuenta de la injuriada.

Las calumnias e injurias se tratan de delitos contra el honor y se encuentran regulados en el Titulo XI del Código Penal, en los art&iacut...
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Despido procedente de una trabajadora por falsificar facturas y por desatender reiteradamente las advertencias de sus superiores en orden a no utilizar internet para descargar películas y acceder a redes sociales.

La empresa solicitó a la trabajadora que cesara sus actividades de descarga de contenidos y acceso a redes sociales. Utilizaba el ordenador de la empresa para descargarse películas y juegos, además de para acceder a Facebook y a Messenger. Apercibidos de ello, sus jefes le rogaron que cesara en su conducta. Su reacción a dicha recomendación fue llevarse un ordenador portátil personal a la oficina para seguir haciendo lo mismo.

Despedida por falsificación y descargar contenido no permitido a través de Internet
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Condenados dos guardias civiles por los comentarios vertidos en un blog en perjuicio de un tercero, compañero suyo. Entre los comentarios que habían dejado en el blog se encontraban menciones que hacían referencia al compañero de trabajo sobre: robar material de trabajo, hacerle la cama a sus colegas (mobbing), romper un matrimonio, etc…

Como los comentarios habían sido hechos en un blog, los jueces tuvieron en cuenta los nicks (nombres de usuario) desde los que se habían hechos los comentarios injuriosos. Aunque no se tenía la certeza absoluta de que los dos guardias civiles hubiesen publicado las ofensas, el hecho de que el uso del nick esté protegido por una contraseña era un elemento sintomático de su autoría.

Rencillas del trabajo que se llevan a Internet, eso sucede en bastantes ocasiones, y así lo refleja la siguiente sentencia que pasamos a analizar.
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Condena por falta de injurias enmarcada entre las acusaciones cruzadas de dos convecinos a través de un blog

Aunque entre dos personas exista una mala relación, ambos deben tener cuidado al airean su malestar en internet. Puede que los comentarios que hagan en un blog tengan trascendencia penal. Tal fue el caso de un hombre que acusó a otro de tener pendientes ante la Justicia algunos delitos de los que no se tenían constancia ni evidencias.


Los dos habían interpuesto algunas denuncias contra el otro. El injuriado en el caso que aquí se analiza incluso había sido condenado en una ocasión. El presunto injuriante aprovechó dicha circunstancia para menoscabar la dignidad y el buen nombre del otro por medio de diversas entradas en un blog que mantenía.


Dada la falta de gravedad de las manifestaciones, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Liria le condenó, como autor de una falta de injurias, a pagar una multa de 200 euros (20 días a razón de 10 euros diarios). El condenado recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia. Del recurso conoció, como Tribunal Unipersonal, la Magistrada Dña. María del Carmen Melero Villacañas-Lagranja, única integrante de su Sección 3ª.



Señala la Magistrada que no existía ningún elemento jurídico ni fáctico (del relato de los hechos) que diera pie a corregir la sentencia condenatoria. El condenado no discutía lo acaecido, sólo la finalidad de sus afirmaciones, pues él aseguraba que con ellas lo único que pretendía era informar a los vecinos de Liria.


Tampoco estimó la Magistrada la solicitud de rebajar la pena de multa. Se trataba de una cuantía pequeña, sin perjuicio de que el condenado tampoco había justificado documentalmente (ni por otros medios) su situación económica, que según él era mala.


A pesar de que las faltas han sido suprimidas del Código Penal recientemente, sin embargo, algunas conductas han pasado a considerarse delitos leves. Si se trata de una situación que pueda afectarle a usted, querido lector, puede que su caso se resuelva de una de estas dos maneras:


. O anulando la condena, si los hechos ya no pueden encuadrarse en ningún otro artículo del Código Penal.

. O, si el procedimiento aún está en curso, modificando la acusación, pasando de falta a delito leve.




Es muy posible que unos comentarios como los referidos anteriormente no sean lo suficientemente trascendentes como para acusar, hoy en día, por un delito de injurias.

Condena por falta de injurias enmarcada entre las acusaciones cruzadas de dos convecinos a través de un blog
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Recuperar el dinero tras realizar una transferencia bancaria errónea. Si nos equivocamos al hacer una transferencia bancaria y enviamos el dinero a otra empresa o persona, ¿tiene remedio?


Otro tema es al haber sido víctima de una estafa o fraude, y ver como de tu cuenta bancaria han desaparecido cierta cantidad de dinero sin haber realizado ninguna transferencia por nuestra parte.

En el supuesto que se trate del propietario de la cuenta bancaria desde la cual se realizó la transferencia, la forma de localizar el dinero estafado por el método de phishing es dirigiéndose a comisaria de Policía o Guardia Civil para interponer una denuncia, de tal modo que se inicie las investigaciones oportunas para conocer al destinatario de su dinero.

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¿Son legales las cláusulas suelo? Las denominadas cláusulas suelo son perfectamente legales -también las techo-. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia que crea jurisprudencia (el 9 de mayo del año 2013), reiterada por otras posteriores. Aunque casi el 90 % de las reclamaciones ante los tribunales contra las cláusulas suelo han obtenido un resultado favorable para los consumidores.


Es legítimo que una entidad bancaria ofrezca los servicios de financiación que estime oportunos y con las condiciones que desee establecer, siempre, por supuesto, que respete la legalidad y que informe a los consumidores acerca de las mismas. El problema no reside, por tanto, en las cláusulas en sí, sino en la falta de transparencia en su establecimiento.



Según el Tribunal Supremo, no basta para cumplir con los requisitos de información y transparencia con que la firma de la escritura del préstamo hipotecario (¡ojo!, es una escritura distinta a la de la adquisición de la vivienda) se realice ante Notario y con expresión de que se incluye una cláusula suelo. Es preciso que se informe al prestatario de las consecuencias que dicha cláusula implicará en el devengo de las cuotas del préstamo. Tampoco la existencia de una cláusula techo dotará de legalidad, de forma automática, a la cláusula suelo, hasta el punto de que puede ser aceptado un interés sometido a cláusula suelo y no a una techo.



En consonancia con lo anterior, el Tribunal Supremo declaró nulas en la sentencia a la que se ha hecho referencia las cláusulas suelo de determinados bancos, pero no todas las de todas las entidades financieras. Habrá que analizar cada caso para determinar si hubo o no transparencia a la hora de informar al consumidor.


Otro aspecto importante, especificado por el Alto Tribunal en 2015, es que los afectados por cláusulas suelo declaradas nulas sólo podrán reclamar la devolución del exceso cobrado por las entidades bancarias a partir del 9 de mayo de 2013, y no los sobrecostes anteriores.


Esto último ha sido criticado duramente en un reciente informe de la Comisión Europea, llegando hasta el punto de instar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a que sentencie a favor de la absoluta retroactividad de las cláusulas suelo declaradas nulas. De todas formas, dicho informe no es vinculante, por lo que habrá que estar a lo que finalmente establezca la justicia europea.


Hay algunas entidades que no tuvieron más remedio, después de lo establecido por el Supremo, que devolver ciertas cantidades a los clientes afectados. Otros bancos, sin embargo, se niegan a eliminar por completo, amparándose en su legalidad, las cláusulas suelo de sus créditos financieros.


De todas formas, lo que se ha conseguido con las reclamaciones ante los tribunales españoles es incitar a los bancos a mejorar la comunicación con los clientes de cara a incluir estas cláusulas en sus contratos de préstamo. Casi el 90 % de las reclamaciones ante los tribunales han obtenido un resultado favorable para los consumidores. Eso significa un porcentaje muy elevado, pero no absoluto, porque en algunas ocasiones las entidades financieras respetaron escrupulosamente todos los requisitos que el Tribunal Supremo ha fijado para garantizar la legalidad de las cláusulas suelo.

Las denominadas cláusulas suelo son perfectamente legales -también las techo-. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia que crea jurisprudencia (el 9 de mayo del año 2013), reiterada por otras posteriores. Aunque casi el 90 % de las reclamaciones ante los tribunales contra las cláusulas suelo han obtenido un resultado favorable para los consumidores.
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Los delitos de Childgrooming y Sexting en el Código Penal Español. Debido al uso por parte de menores de los medios de comunicación electrónica (redes sociales, redes de mensajería instantánea (whastapp), correo electrónico, blogs etc.), pueden ser víctimas de delitos de childgrooming o sexting, ya que los ciberdelincuentes conocen de la existencia de estos menores en estos servicios.

Con el avance de las tecnologías, estos delitos han proliferado ya que una gran mayoría de los menores de edad desconocen las desventajas que tienen estos medios de comunicación. Los delincuentes sexuales se aprovechan de esta falta de información y abusan de su posición. En algunos casos incitan a los menores mediante el engaño, coacción o intimidación a que se reúnan con él o a que le faciliten material pornográfico o le muestren imágenes pornográficas en las que aparezca un menor.


Así, hace apenas unas horas ha llegado información de la detención de dos personas, una de ellas menor de edad, por acosar y chantajear a otros menores a través de mensajería instantánea y redes sociales exigiéndoles imágenes de contenido sexual.


Los detenidos son una mujer, titular de la línea desde la cual se producía el acoso, y un adolescente de tan sólo quince años de edad, como presunto autor de los actos.

La investigación arrancó cuando dos menores de edad denunciaron en la Comisaría de Elche que estaban siendo acosados por alguien con quien previamente habían contactado a través de mensajería en uno de los casos, y vía red social en el otro. Esta persona les había amenazado exigiéndoles fotografías sexuales. Uno de los menores accedió por lo que la situación se prolongó en el tiempo amenazándole con difundir dichas fotos entre sus contactos y por las redes sociales.

Más información:

Los delitos de Childgrooming y Sexting en el Código Penal Español.




Detenidos por chantajear a menores de edad a través de redes sociales, exigiéndoles imágenes



Los delitos de Childgrooming y Sexting en el Código Penal Español
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Reclamación de daños por accidente de un vehículo por un animal. Un vehículo chocó contra un jabalí en las inmediaciones de los terrenos de un coto de caza.

El demandante reclamaba una indemnización por los daños experimentados en su vehículo como consecuencia del coche contra un jabalí de grandes dimensiones. El conductor se encontraba circulando por la localidad de Silleda, en una vía cercana a un coto de caza, cuando el animal irrumpió súbitamente en la carretera, sin que pudiera hacer nada por evitar el golpe.

El accidentado interpuso una demanda civil de reclamación de daños, ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Lalín, contra la compañía Zurich Seguros S.A. y contra la Sociedad de Caza y Pesca de Silleda, que no se personó en la causa.


La sentencia de la Audiencia revocó la de primera instancia, atribuyendo la responsabilidad a la Sociedad de Caza y Pesca de Silleda y a la aseguradora Zurich, haciéndolas deudoras solidarias de la cantidad reclamada

Procedimiento de reclamación de daños en un supuesto de responsabilidad extracontractual: un vehículo chocó contra un jabalí en las inmediaciones de los
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Para ser víctima o perpetrar un delito o falta de injurias debe cumplirse tanto el elemento objetivo como el subjetivo del delito. La jurisprudencia ha tratado este tema de una manera reiterada y pacífica, en sentencias como la del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1993, estableciendo que “este delito tiene una doble vertiente, la objetiva, constituida por expresiones o acciones que menoscaben la honra, el crédito o la dignidad de la persona afectada, y la subjetiva, representada por ser precisamente esa la finalidad del agente, es decir, el producir esa lesión del honor y la dignidad.”

Sentencias como la del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2001, determinaron que el uso de palabras como “golfa, guarra, vete con tu puta madre” o “hijo de puta”, “me cago en tus muertos”, “socialista de mierda” STS de 28 de mayo de 1998”, eran injuriosas, sin embargo, otras sentencias consideran que el hecho es atípico en los mismos supuestos.

Para iniciar acciones legales por este tipo de delito, se debe presentar querella ante el Juzgado de Instrucción donde el delito se halla cometido.

¿Qué requisitos se exigen para que se de un delito de injurias?
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Delito de descubrimiento y revelación de secretos: Detenido por espiar a su novia a través del móvil

En el Código Penal Español, a través del delito de descubrimiento y revelación de secretos, trata de plasmar aquellas conductas que suponen graves atentados contra la intimidad.

También entre las parejas se produce estos tipos de delitos y constituirá delito el acceso a los correos electrónicos del otro, así como a los mensajes transmitidos por cualquier otro medio de contacto.

En este caso el joven fue detenido por agentes de la Policía Nacional acusado de espiar todos los movimientos y conversaciones de su novia a través de una aplicación que previamente le había instalado en su teléfono móvil.

La información proporcionada por fuentes policiales desvela que fue la propia víctima la que acudió a presentar una denuncia a la comisaría de la Policía Nacional pues sospechaba que su novio la estaba espiando. Según el relato, fue el propio detenido el que “se descubrió” debido a su poca habilidad para el disimulo. La chica sospechaba que de alguna manera él la espiaba pues en todo momento sabía donde se encontraba y además daba muestras de conocer determinadas situaciones y vivencias antes incluso de que ella se las contase.

Detenido por espiar a su novia a través del móvil, delito de descubrimiento y revelación de secretos
Abogados Portaley.com ha comentado una publicación de Abogados Portaley.com 06 de noviembre de 2015
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Delito de descubrimiento y revelación de secretos: Detenido por espiar a su novia a través del móvil

En el Código Penal Español, a través del delito de descubrimiento y revelación de secretos, trata de plasmar aquellas conductas que suponen graves atentados contra la intimidad.

También entre las parejas se produce estos tipos de delitos y constituirá delito el acceso a los correos electrónicos del otro, así como a los mensajes transmitidos por cualquier otro medio de contacto.

En este caso el joven fue detenido por agentes de la Policía Nacional acusado de espiar todos los movimientos y conversaciones de su novia a través de una aplicación que previamente le había instalado en su teléfono móvil.

La información proporcionada por fuentes policiales desvela que fue la propia víctima la que acudió a presentar una denuncia a la comisaría de la Policía Nacional pues sospechaba que su novio la estaba espiando. Según el relato, fue el propio detenido el que “se descubrió” debido a su poca habilidad para el disimulo. La chica sospechaba que de alguna manera él la espiaba pues en todo momento sabía donde se encontraba y además daba muestras de conocer determinadas situaciones y vivencias antes incluso de que ella se las contase.

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Criterios que utilizan los Magistrados de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Gijón para valorar la capacidad de un hombre para hacer frente a la pensión de alimentos establecida a favor de su hija.

Nuevamente los Magistrados de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Gijón han dictado una sentencia que establece criterios interesantes de cara a considerar si un padre tiene capacidad económica o no para pagar a su ex mujer una pensión de alimentos en favor de su hija.

Pongámonos en antecedentes: el 3 de diciembre de 2008 la resolución que puso fin al procedimiento de divorcio entre el acusado y su hasta entonces mujer establecía una pensión de alimentos de 375 euros mensuales para hacer frente a los gastos de la hija que tenían en común. Aunque él solicitó la reducción de la cuantía de la pensión, ésta le fue denegada en 2012 (en primera instancia) y en 2013 (tras recurrir en apelación).

El obligado al pago incumple su deber durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2013. Denunciado por su ex mujer, el 30 de marzo de 2015 es condenado por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Gijón, como responsable de un delito de abandono de familia (por impago de la pensión alimenticia durante más de dos meses), a la pena de 8 meses de prisión, así como a pagar las costas procesales y a indemnizar a su ex mujer.

Recurre dicha sentencia en apelación frente a la Audiencia Provincial. Del recurso conoce la Sección 8ª, cuyos Magistrados, Dña. Alicia Martínez Serrano, D. Bernardo Donapetry Camacho y D. Santiago Veiga Martínez, ya han dictado múltiples sentencias en este tipo de procesos.

El abogado del recurrente pretendía la revocación de la sentencia en base a dos argumentos: vulneración de la presunción de inocencia de su defendido y error en la valoración de la prueba. Los Magistrados de la Audiencia explican, en primer lugar, que esos dos argumentos son incompatibles, por cuanto que si hay error en cuanto a una prueba, existe la misma y, por lo tanto, ya no se vulnera la presunción de inocencia. Así lo han dispuesto reiteradamente el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Por otra parte, partiendo de que el recurrente no niega haber incumplido el pago durante los tres meses denunciados, falta comprobar si no pagó por imposibilidad económica o por la mera voluntad de no hacerlo. Así razonó el Tribunal:

1- El recurrente no prueba que su madre le costee todos sus gastos.

2- Utiliza su vehículo de forma normal, con los gastos que ello conlleva (gasolina, ITV, etc…).

3- Lleva siempre en el vehículo las herramientas de su profesión (es pintor).

4- Como ya se ha mencionado, por dos veces le denegaron una rebaja en la cuantía de la pensión (trabajaba como pintor autónomo).

5- El hombre fuma, lo que implica un gasto no indispensable.

6- Aunque alega que está enfermo, no prueba que sufra ninguna incapacidad para trabajar.

7- Se ofrece a pagar 200 euros al mes y alguna actividad extraescolar para la niña (que no desarrolla ninguna en ese momento).

Por lo tanto, aunque el recurrente se encuentra en situación de desempleo, las circunstancias antedichas acreditan que posee cierta capacidad económica, en todo caso suficiente para pagarle la pensión a su hija. El 1 de octubre de 2015 fue confirmada la sentencia condenatoria dictada por el Juez de lo Penal.

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La derogación de las faltas del Código Penal deja sin castigo las injurias de carácter leve.

Durante los últimos meses se han dictado numerosas sentencias relativas a esta cuestión. La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (que entró en vigor el pasado 1 de julio), ha destipificado del Código Penal las faltas. Eso significa que las conductas menos graves previstas en el mismo han de quedar, a partir de ahora, sin castigo. Algunas se han transformado en delitos leves y otras, en cambio, directamente han desaparecido.

Sería conveniente analizar una sentencia a este respecto. Un hombre había sido denunciado por los comentarios vertidos en una página web. La acusación solicitaba para él que fuera condenado por la falta de injurias (antes tipificada en el artículo 620.2 del Código Penal). Sin embargo, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Mérida le absolvió el 11 de junio de 2015, no considerando injuriosas sus manifestaciones.

Descontenta con la sentencia, la denunciante presentó un recurso de apelación contra la misma ante la Audiencia Provincial de Mérida, correspondiéndole su conocimiento a la Sección 3ª. Su Magistrada titular, Dña. María Dolores Fernández Gallardo, ratificó la primera sentencia el 9 de septiembre de 2015, pues la conducta ha sido despenalizada por la citada reforma. La alusión en el recurso a los artículos relativos al delito de injurias no tenía ningún fundamento, pues los hechos habían sido tipificados como falta, no como delito.

A partir de ahora, los procesos que haya pendientes por faltas se resolverán del siguiente modo: si la conducta ha pasado a ser delito leve, se seguirá el procedimiento para sancionarla; si, por el contrario, la conducta ha desaparecido por completo del Código, únicamente podría continuarse el procedimiento para exigir la responsabilidad civil oportuna (si no la hubiera o el interesado renunciase a reclamarla, se archivará lo actuado).

Todo lo anterior es consecuencia del principio de la retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables o positivas para el reo. El Derecho Penal nunca se aplica retroactivamente en perjuicio del acusado o del condenado, pero sí lo hace a su favor. Por lo tanto, en lo sucesivo las injurias leves tendrán que resolverse ante los Tribunales de la jurisdicción civil, a través de la reclamación de la indemnización a que pudiera haber lugar.

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Absolución del acusado, en un juicio por calumnias, motivada porque la única prueba de cargo contra él fue su declaración durante la instrucción del procedimiento.

El protagonista de este proceso era un hombre que padecía graves problemas mentales. Tenía ideas delirantes y paranoicas relacionadas con la autoridad judicial y con los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dicha situación, además de impedirle trabajar, le llevó a presentar una denuncia en los Juzgados de Granada acusando a dos jueces y a un teniente de conspirar contra él. Se trataba, claramente, de una acusación calumniosa.

Así que el Ministerio Fiscal se personó contra el calumniador. Después de la instrucción del sumario por el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, fue el Juzgado de lo Penal número 2 el que dictó sentencia. El 26 de junio de 2014 le condenó a pagar una multa de 2 euros diarios durante tres meses, y eso que le aplicaron la eximente incompleta de alteración psíquica (lo que actúa como una atenuante).

A continuación, a través de la Procuradora de los Tribunales del condenado, Dña. Socorro Salgado Anguita, su defensa interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada. Su Sección Segunda, integrada por Dña. Aurora María Fernández García, D. José Juan Sáenz Soubrier y D. Juan Carlos Cuenca Sánchez, fue la encargada de resolverlo.

Argumentaba el recurrente, en primer lugar, que la valoración de sus declaraciones en sede sumarial, al basarse únicamente en ello su condena, no se había hecho de manera contradictoria, impidiéndole defenderse. Por otra parte, además, interesaba la aplicación de la eximente completa de alteración psíquica (lo que evita la imposición de la pena).

Hay que tener en cuenta que el hombre, dados sus problemas mentales, negó en el juicio que él hubiera presentado la denuncia y que su firma fuera la que constaba en la misma. También aseguró, al mismo tiempo, que el juicio era una farsa y que le estaban persiguiendo. Por el contrario, mientras le interrogaban durante la instrucción se había confesado culpable de todo.

Los Magistrados de la Audiencia atendieron la primera de las pretensiones de la defensa. Explican en su resolución (dictada el 4 de mayo de 2015) que el Juez puede, perfectamente, tener en cuenta el testimonio del acusado durante la instrucción del procedimiento para condenarle, especialmente cuando aquél difiera de lo manifestado en la vista del juicio oral.

Sin embargo, para poder hacerlo, y para que la prueba de cargo resida únicamente en dichas declaraciones, es necesario que el testimonio en sede sumarial se traiga a colación en el juicio oral. Puede hacerse directamente, leyendo el sumario en el juicio a instancia de las partes o del Juez, o de forma indirecta, haciendo mención a él.

Esa simple circunstancia bastó para que el hombre fuera absuelto de la condena. En el juicio no se habían confrontado sus dos declaraciones contradictorias, incumpliendo así la consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto.

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Nueva sentencia de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Gijón relativa al delito de abandono de familia en su modalidad de impago de pensión alimenticia.

En una entrada anterior hicimos referencia a una sentencia de la Audiencia Provincial de Gijón (Sección 8ª) que, como en este caso, resolvía un recurso de apelación. En aquella ocasión el citado Tribunal ratificó la condena, dictada por un Juez de lo Penal (titular del Juzgado de lo Penal nº 2 de Gijón), a un progenitor por incumplir su deber de pagar mensualmente una pensión alimenticia a favor de sus dos hijos.

En la sentencia que se analiza ahora, dictada el 17 de septiembre de 2015, la Audiencia revocó la resolución del Juez de instancia y absolvió al recurrente. En este caso se trataba de un hombre que no pagó los 600 euros de la pensión de alimentos, establecida a favor de sus dos hijos menores de edad, durante el periodo de tiempo comprendido entre enero y mayo del año 2012.

El hombre alegó, en su defensa, que durante el periodo que no pagó estaba preso y, además, no percibía ninguna prestación por desempleo. Sin embargo, durante el año anterior, a pesar de sólo ingresar 4.300 euros por su trabajo, abonó 3.600. Y durante los primeros meses del año 2012, aunque no satisfizo la pensión por completo, pagó 1.700 euros.

Los mismos Magistrados que, en la ocasión mencionada anteriormente, condenaron al obligado (D. Santiago Veiga Martínez, D. Bernardo Donapetry Camacho y Dña. Alicia Martínez Serrano), esta vez absolvieron al acusado del delito de abandono de familia en su modalidad de impago de la pensión alimenticia.

Conviene recordar que el Tribunal Supremo ha establecido, en numerosas ocasiones, la necesidad de que el impago se derive de la negativa al cumplimiento por parte del obligado para que se dé el delito. Cuando el incumplimiento trae causa de las dificultades económicas del progenitor, entonces no procede considerarle culpable ni, por lo tanto, condenarle.

La pensión a la que hemos hecho referencia tiene como finalidad ayudar al otro progenitor, al cuidado del cual han quedado los hijos menores, con los gastos inherentes a la atención de los hijos: educación, ropa, actividades extraescolares, alimentación, etc…

Por último, no quisiéramos concluir el artículo sin destacar cómo las resoluciones de un mismo Tribunal pueden diferir con relación a un mismo delito, siempre conforme a los hechos planteados y a las pruebas que se aporten al proceso. Eso ha motivado que el acusado, considerado inocente, se haya ahorrado una multa de 10 euros diarios durante 24 meses.

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El incumplimiento de una medida cautelar aparece tipificado en el Código Penal como un delito de quebrantamiento de condena.

Si a una persona se le ha impuesto una medida de seguridad (pensemos en la prohibición de aproximarse a su ex novia) y la incumple, no sólo está perjudicando a la persona a la que no podía acercarse, sino que también está vulnerando las resoluciones judiciales. De ahí que el Código Penal castigue, en su artículo 468, el quebrantamiento de condena, concepto que engloba la prisión, las medidas se seguridad y cautelares, la conducción y la custodia.

Si el culpable estaba privado de libertad, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. Si era libre, por el contrario, la pena será de multa de 12 a 24 meses. Ahora vamos a ver un caso en el que un hombre debía respetar una medida cautelar de prohibición de aproximación a su ex novia. No podía acercarse a menos de 300 metros del lugar donde ella se encontrase, ya fuese su domicilio, su lugar de trabajo o cualquier otro.

El mismo día que se le comunicó al hombre la obligación de respetar dicha medida -28 de diciembre de 2014-, presuntamente la incumplió, ya que aparcó su coche en la acera que había frente al pub en el que trabajaba su ex novia.

La Fiscalía interesó la condena del hombre. Sin embargo, el Juzgado de lo Penal nº 1 de Vigo lo absolvió (14 de enero de 2015). A pesar de ello, el Ministerio Fiscal seguía estando convencido de su culpabilidad. Por eso presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Vigo, cuyas normas internas lo derivaron a la Sección 5ª.

Sus Ilustres Magistrados, D. José Ramón Sánchez Herrero, D. José Carlos Montero Gamarra y Dña. Mercedes Pérez Martín Esperanza, procedieron a un interesante examen de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que prohíbe que el Tribunal que haya de resolver un recurso reexamine las pruebas del procedimiento sin una audiencia en la que las partes puedan debatir y defender sus intereses.

Si bien el acusado no había demostrado por qué se había parado enfrente del pub en el que trabajaba su ex novia, también era cierto que la acusación (la Fiscalía) no logró probar que el acusado conociera que ella trabajaba allí. A falta de otras pruebas, pudo tratarse, perfectamente, de una mera casualidad. Por eso el 21 de septiembre de 2015 la Audiencia Provincial ratificó la primera sentencia y absolvió al acusado de toda responsabilidad por el hecho enjuiciado.

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