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La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, la Unidad Técnica de Policía Judicial la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y coordinada por el Juzgado de Instrucción número dos de Haro (La Rioja) en la que se ha procedido a la detención de 21 personas que operaba en Madrid, Getafe y Mejorada del Campo y que ha estafado a 592 víctimas de La Rioja, Asturias, Ávila, Barcelona, Burgos, Cádiz, Cantabria, Galicia, Granada, León, Málaga, Madrid, Navarra, País Vasco, Segovia, Soria, Tarragona y Valladolid dentro del marco de la Operación Abanterum por presunta estafa en la venta de enciclopedias a personas mayores.

El modus operandis por los presuntos estafadores se encontraban el contacto telefónico con sus víctimas, en su gran mayoría, personas de avanzada edad, personándose en sus domicilios, consiguiendo entrar hasta el salón de sus casas e instalarse en el sofá hasta convencerles de adquirir colecciones de libros y enciclopedias, valorados en mas de 3000 euros, utilizando técnicas muy agresivas y de desgaste, de manera que los ancianos acababan por ceder, sin saber además, que el documento de compra que les daban a firmar realmente era un contrato de préstamo Mercantil y Cuenta de Crédito para financiar la compra.

Estafa en la venta de enciclopedias a personas mayores dentro de la operación Abanterum

Estafa en la venta de enciclopedias a personas mayores dentro de la operación Abanterum
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El TSJB avala el despido disciplinario de una trabajadora que se conectaba a Facebook desde el ordenador de la empresa

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares (TSJB) ha avalado, en su fallo 431/2020 de 27 de noviembre, del que ha sido ponente el magistrado Alejandro Roa, la actuación de una empresa que aplicó un despido disciplinario a una empleada por usar de forma reiterada las redes sociales del trabajo con fines que nada tenían que ver con él.

En el registro que realizó la compañía de su actividad constan visitas a páginas de todo tipo, algunas relacionadas con otra tarea profesional. Más de 260 visitas a Facebook en apenas dos semanas y hasta 50 en una única jornada, desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde, y otras 133 a YouTube.

El tribunal ratifica la sentencia 291/2019, 30 de agosto, dictada por el juzgado de lo Social 2 de Palma que respaldó las tesis de la propia compañía demandada. La resolución puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

https://confilegal.com/20210122-el-tsjb-avala-el-despido-disciplinario-de-una-trabajadora-que-se-conectaba-a-facebook-desde-el-ordenador-de-la-empresa/

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COMUNICADO ERTES Y PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD AUTÓNOMOS


El Gobierno aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario la prórroga de los
ERTE de fuerza mayor y el cese de actividad extraordinario de los autónomos hasta el 30 de
septiembre. Tras casi dos semanas de intensas negociaciones, finalmente el Ejecutivo ha
conseguido cerrar un acuerdo con los agentes sociales y las asociaciones de autónomos para la
ampliación de estas medidas económicas que son las más importantes de todas las que aprobó
el Gobierno tras el estallido de la crisis, junto con los créditos del ICO.
En primer lugar se prorrogan los ERTE en tres circunstancias distintas:
- ERTE de fuerza mayor total. Se mantienen solo para aquellos sectores que todavía tendrán
restricciones a la reapertura. Las exoneraciones en las cotizaciones empresariales a la
Seguridad Social que se aplican serán las siguientes. Para empresas de menos de 50
trabajadores, en julio tendrán una exoneración del 70%; en agosto, del 60% y en septiembre
del 35%. En el caso de empresas con 50 o más trabajadores, la exoneración será del 50% en
julio, del 40% en agosto y del 25% en septiembre.
- ERTE de fuerza mayor parcial y ERTE ETOP. Serán los más utilizados, ya que se aplicarán a
todas las empresas que estén recuperando su actividad a medida que reincorporen a sus
trabajadores. Estos expedientes tendrán un incentivo al empleo, ya que las exoneraciones de
cotización serán mayores para los trabajadores activos que para los que sigan en el ERTE. En
concreto, para las empresas de menos de 50 trabajadores, la exención en las cuotas
empresariales será del 60% para los trabajadores reactivados y del 35% para los que sigan en
el ERTE, mientras que las empresas de 50 o más trabajadores tendrán una exoneración del
40% para los trabajadores reincorporados y del 25% para los que siguen en el ERTE. En el caso
de que una empresa transite del ERTE de fuerza mayor al ETOP, tendrá que negociar las
condiciones del mismo con sus trabajadores.
- ERTE de fuerza mayor por rebrote. El acuerdo del Gobierno con los agentes sociales
contempla la posibilidad de que se produzcan nuevas medidas de confinamiento en el caso de
que surjan rebrotes del virus. En ese caso, las empresas podrían volver a solicitar ERTE de
fuerza mayor total y contarían con una exoneración del 80% para las empresas de menos de
50 trabajadores y del 60% para las de 50 trabajadores o más.
los casos de ERTE de fuerza mayor, así como en los de los ETOP que procedan de ERTE de
fuerza mayor, los trabajadores tendrán asegurada la prestación. Se mantiene el 'contador a
cero', esto es, que la prestación no consume periodo de paro, y se garantiza el cobro a todos
los trabajadores aunque estos no hayan acumulado un periodo de cotización suficiente.
En cuanto al cese de actividad extraordinario, también se introducen cambios importantes
que afectan a los autónomos.
- Cese de actividad extraordinario. Se mantiene el cese de actividad tal y como existe
actualmente (con la prestación y la bonificación total de las cotizaciones sociales) para
aquellos autónomos que tengan una caída de la actividad del 75% o superior en comparación
con el mismo periodo del año anterior. Estos tendrán que demostrar que realmente han
sufrido un hundimiento involuntario de su volumen de negocio.
- Exoneraciones en la cotización. La mayor parte de los autónomos perderán el acceso al cese
de actividad, porque con la reapertura recuperarán una parte de su negocio. Si su facturación
este año equivale al más del 25% de la de 2019 no tendrán derecho al cese extraordinario. Sin
embargo, sí se mantienen las bonificaciones en las cotizaciones sociales para todos los
autónomos que estos meses hayan sido beneficiarios del cese de actividad. Todos ellos
tendrán una bonificación del 100% en julio (no pagarán cuota), del 50% en agosto y del 25% en
septiembre.

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Según el Real Decreto 24/2020, de 26 de junio, para todos aquellos autónomos que a 30 de junio cobran la prestación extraordinaria se abren dos posibilidades a partir del 1 de julio


1. Para aquellos que vayan recuperando la actividad, exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social:

Julioà 100%

Agostoà 50%

Septiembreà 25%



En este supuesto el autónomo no tendrá que realizar ningún trámite ni comunicación Y ES INCOMPATIBLE CON SEGUIR COBRANDO LA PRESTACION



2. Para aquellos autónomos en los que se mantenga la reducción de actividad en el tercer trimestre con una reducción de facturación de al menos el 75% en relación con el mismo periodo en el año 2019 y, además, no haber obtenido durante el tercer trimestre de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818.75 euros, es decir 1939,58 € mensuales podrán solicitar de nuevo la prestación, , dichas cantidades seran comprobadas en octubre con los impuestos presentados de 2019 y 2020 (modelo 303 y modelo 130), en caso que superaran dicha facturación se tendrá que abonar el importe percibido.

Los requisitos para poder optar a esta prestación son los siguientes:



1. Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, en su caso. Por tanto, no tendrán derecho todos aquellos autónomos que durante el estado de alarma se han dado de baja en el sistema (independientemente de que hayan estado cobrando el PECATA).

2. Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad a que se refiere el artículo 338. Es decir, 12 meses y de manera continuada.

3. No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación, salvo que el trabajador autónomo no tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello.

4. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección. (Recordad, no son válidos los aplazamientos).

5. Se exigirá acreditar una reducción en la facturación durante el tercer trimestre del año 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo período del año 2019.

6. No haber obtenido durante el tercer trimestre unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros (1.939,58 euros mensuales).

7. Y acreditar mediante declaración responsable el cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas.





* ¿Cuándo se podrá realizar la solicitud? COMUNICARNOS A LA MAYOR BREVEDAD QUE OPCIÓN ES LA QUE QUERÉIS SOLICITAR.

En este sentido, si realizan la solicitud entre los días 1 y 14 de julio, se reconocerá el derecho a la prestación desde el día 1 de julio.

Si realizan la solicitud del día 15 de julio en adelante, se reconocerá el derecho a la prestación el día siguiente a la fecha en la que hayan realizado la solicitud.

Estamos trabajando en adecuar la aplicación, formulario, declaraciones responsables etc. Os iremos informando de los avances, así como la fecha en la que estará disponible.



* ¿Qué documentación se requerirá para la comprobación de la reducción de facturación?

Esta comprobación se realizará a posteriori (a partir del mes de octubre), en el momento de la realización de la solicitud se firmarán declaraciones responsables (no tendrán que aportar documentación sobre facturación e ingresos).



Posteriormente, se requerirá:



Ø La Mutua, recabará del Ministerio de Hacienda los datos tributarios del año 2019 y 2020.

Ø Además, la Mutua podrá requerir al autónomo:

- Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), correspondiente a las declaraciones del segundo y tercer trimestre de los años 2019 y 2020.

- Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del segundo y tercer trimestre de los años 2019 y 2020 a los efectos de poder determinar lo que corresponde al tercer y cuarto trimestre de esos años.

- Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la documentación necesaria o cualquier otro medio de prueba que sirva para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.



* ¿Puede el autónomo renunciar a esta prestación en cualquier momento?

Si, puede renunciar en cualquier momento.

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Información sobre nuevas medidas económicas y sociales aprobadas BOE 1 de abril de 2020

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo paquete de medidas económicas y sociales con el que se completan y refuerzan las medidas adoptadas en las tres últimas semanas por el Gobierno para minimizar y contrarrestar el impacto del COVID-19
RESUMEN
Este nuevo paquete de medidas se articula a través de un Real Decreto-ley que incluye más de 50 medidas con las que se complementa la red de seguridad articulada por el Estado para dar respuesta a la situación que ha creado la pandemia. Este nuevo grupo de medidas se articula en tres bloques: en primer lugar, apoyo a los trabajadores, las familias, los consumidores, los autónomos y los colectivos más vulnerables, de forma que se pueda aliviar su situación financiera y sus gastos fijos, y preservar así una renta mínima.

En segundo lugar, se impulsan iniciativas para sostener el tejido productivo y el empleo, y facilitar la futura recuperación de la actividad; y, en tercer término, se adoptan medidas de flexibilización de diversas actividades y procesos de la Administración.

Finalmente, se han reforzado algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto-Ley 8/2020, aprobado el pasado 17 de marzo, además de extenderse la duración de las mismas hasta un mes después del final del estado de alarma.

Moratoria de alquileres
El primer bloque de medidas tiene como objetivo apoyar a las personas que no puedan pagar sus alquileres por encontrarse en situación de vulnerabilidad por el COVID-19 y no tengan alternativa habitacional. En primer término, se suspenden los desahucios durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma.

En segundo lugar, se implanta la renovación automática de los contratos de alquiler que venzan en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma. Esta prórroga será de seis meses y en ella se mantendrán los términos y condiciones del contrato en vigor.

En tercer lugar, se establece una moratoria automática en el pago de su renta para aquellos arrendatarios en situación de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda, tanto público como privado, incluido el Fondo Social de Vivienda de las entidades financieras. Se entiende como tal a quien posea más de diez inmuebles.

La moratoria en el pago de la renta se prolongará mientras dure el estado de alarma o mientras persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses. Una vez superada dicha situación, el inquilino devolverá la cuota o cuotas no pagadas a lo largo de un periodo no superior a tres años, sin que pueda aplicársele ningún tipo de penalización ni intereses.

En cuarto lugar, se regula la moratoria para el caso en el que el arrendador no sea un gran tenedor de inmuebles, algo que sucede en el 85% de los casos. En estas circunstancias, el inquilino, siempre que se encuentre en situación de vulnerabilidad, podrá solicitar un aplazamiento en el pago de su renta. El arrendador tendrá siete días para aceptarlo, proponer una alternativa o rechazarlo.

En el caso de que no haya un acuerdo, el inquilino tendrá acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación a coste cero con aval del Estado. El inquilino podrá solicitar un crédito finalista, directamente pagado al arrendador, por importe de hasta seis mensualidades de la renta de alquiler, a devolver en un periodo máximo de diez años. Este crédito no tendrá interés, será concedido por las entidades de crédito y contará con el aval del Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que firmará el correspondiente acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Para personas que tengan problemas más permanentes para el pago del alquiler, se establece también un nuevo programa de ayudas directas al alquiler sobre vivienda habitual y que podrán ser añadidas a las citadas anteriormente.

La norma incorpora un programa específico para víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables, a fin de dotarles de una solución habitacional inmediata. Se establece una ayuda de hasta 600 euros al mes, que puede elevarse en casos justificados hasta 900 euros, siempre con un límite del 100% de la renta del inmueble. Y se añaden otros 200 euros para la atención de los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos, con un límite del 100% de los mismos.

Se extiende la moratoria hipotecaria
En materia de vivienda, se clarifican aspectos relacionados con la moratoria hipotecaria regulada en el RDL8/2020. Así, el plazo de suspensión pasa de uno a tres meses; se adapta la acreditación de vulnerabilidad a la situación derivada del estado de alarma, siendo suficiente en estas circunstancias con una declaración responsable del beneficiario sobre su situación; y se clarifica que las cuotas suspendidas no se abonan al finalizar la suspensión, sino que todos los pagos restantes se posponen por idéntico periodo. También se añade a los autónomos entre los colectivos que pueden beneficiarse de esta moratoria.

Con la misma filosofía que la moratoria en el pago de alquileres o de hipotecas, el Real Decreto-Ley aprobado hoy establece la posibilidad de una moratoria en los créditos y préstamos no hipotecarios que mantengan las personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo los créditos al consumo.


Apoyo en suministros básicos
Otro de los ejes en los que ahonda el nuevo paquete de medidas tiene que ver con garantizar los suministros básicos a más hogares. Así, se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social eléctrico, al que podrán acogerse de forma excepcional las personas que se hayan visto afectadas por medidas de regulación de empleo de sus empresas o, en el caso de autónomos, haber cesado su actividad o visto reducidos sus ingresos en más de un 75%.

Además, en un contexto en el que, por una mayor permanencia en el hogar derivada de las medidas de contención y por el desarrollo en el mismo de actividades profesionales que, normalmente, se realizan fuera de la vivienda habitual, se establecen medidas para garantizar la continuidad de los suministros energéticos y de agua en el hogar, prohibiéndose su suspensión por motivos distintos a la seguridad del suministro.

Nuevas ayudas sociales
Siguiendo con la idea trasladada por el Gobierno de no dejar a nadie atrás en esta crisis, se establecen nuevas prestaciones para colectivos que no tenían derecho a las mismas.

Se crea un subsidio extraordinario temporal para empleadas del hogar que hayan visto su jornada reducida o su contrato extinguido como consecuencia del COVID-19. El importe de esta prestación, que tiene carácter retroactivo si la causa es la actual crisis sanitaria, será el equivalente a un 70% de la base reguladora de la empleada. Será compatible con el mantenimiento de otras actividades, sin que, en ese caso, la suma de retribuciones pueda exceder el importe del Salario Mínimo Interprofesional.

Asimismo, se establece que las personas que tuviesen un contrato temporal de duración de al menos dos meses que se hubiese extinguido tras la declaración del estado de alarma y que no alcancen el periodo de cotización mínimo para percibir una prestación por desempleo pueden percibir un subsidio extraordinario equivalente al 80% del importe mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), estableciendo requisitos de acceso en función de la situación de rentas del hogar familiar

Otras medidas de apoyo a las personas
Para aliviar las necesidades de liquidez de los ciudadanos, se amplían los supuestos en los que se pueden rescatar las aportaciones realizadas a planes de pensiones, de forma que podrán recurrir a las mismas las personas que estén inmersas en un expediente de regulación temporal de empleo y los autónomos que hayan cesado su actividad como consecuencia de los efectos del COVID-19

Se adoptan diferentes medidas de protección al consumidor en los contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios, sean o no de tracto sucesivo, cuya ejecución sea imposible como consecuencia de la aplicación de las medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma. En estos casos, los consumidores podrán ejercer el derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días.

En los contratos de tracto sucesivo, se paralizará el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio pueda volver a prestarse con normalidad, sin que esto suponga la rescisión del contrato.

En cuanto a servicios prestados por varios proveedores, caso, por ejemplo, de los viajes combinados, el consumidor podrá optar por solicitar el reembolso o hacer uso del bono que le entregará el organizador o, en su caso, el minorista. Dicho bono lo podrá utilizar en el plazo de un año desde la conclusión del estado de alarma. En caso de no utilizarse durante ese periodo, el consumidor podrá ejercer el derecho de reembolso

En el ámbito del sector de telecomunicaciones, la norma matiza que la suspensión de la portabilidad solo afecta a aquellas operaciones en las que exista necesidad de los usuarios de desplazarse físicamente a tiendas o de que se realicen intervenciones físicas en su domicilio, excepto en casos de fuerza mayor

Además, y para evitar que el consumidor se pueda ver perjudicado por la suspensión de las operaciones de portabilidad, se establece que los usuarios no puedan ver sus tarifas incrementadas durante el tiempo en que no puedan solicitar un cambio de compañía.

Finalmente, en un contexto en el que las actividades de ocio están muy afectadas por las medidas de contención derivadas del estado de alarma, también se establecen limitaciones en la publicidad y en las actividades de promoción de determinadas actividades de juego online.

Apoyo al tejido productivo
Con el fin de aliviar la situación financiera de empresas y autónomos afectados por la actual crisis, se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a conceder de forma excepcional moratorias en el pago de las cotizaciones sociales.

En el caso de los autónomos, se establece que los que sean beneficiarios de la prestación por cese de actividad podrán abonar fuera de plazo y sin recargo las cotizaciones del mes de marzo correspondientes a los días previos a la declaración del estado de alarma.

Se permite que empresas y autónomos que no tengan en vigor aplazamientos de pago de deudas con la Seguridad Social puedan solicitar hasta el 30 de junio de 2020 el aplazamiento del pago de las deudas que deban ingresar entre abril y junio de 2020 sin que se aplique ningún interés.

Para el acceso a la prestación extraordinaria por cese de actividad, se adapta la norma para contemplar la situación de determinados colectivos que tienen un alto grado de estacionalidad, como el agrario, el de la cultura, los vinculados a acontecimientos como la Semana Santa u otros.

Se facilita, asimismo, la realización de todos los trámites relativos a aplazamientos en el pago de deudas, moratorias o devoluciones de ingresos indebidos a través del Sistema RED de comunicación electrónica.

Además, se establecen diferentes medidas para que los autónomos y las empresas que se hayan visto afectados por el COVID-19 puedan flexibilizar el pago de suministros básicos como la luz, el agua o el gas, llegando incluso a la posibilidad de suspender su pago. Las cantidades adeudadas se abonarán como máximo en los seis meses siguientes a la finalización del estado de alarma.

La norma establece también una serie de medidas que, igual que en reales decretos-ley pasados, persiguen preservar al máximo el empleo. En este sentido, se adaptan los compromisos de mantenimiento del empleo durante el plazo de seis meses fijados en el RDL 8/2020 a las particularidades de determinados sectores, en particular las vinculadas al mundo de la cultura, atendiendo a su variabilidad y alineamiento con eventos concretos.

También se flexibilizan los procedimientos de las convocatorias de préstamos o ayudas de la Secretaría General de Industria y de la Pyme. En este sentido, las garantías para nuevos préstamos en proceso de resolución podrán presentarse una vez finalice el estado de alarma.

Asimismo, se podrán solicitar modificaciones en los cuadros de amortización de préstamos ya concedidos a proyectos industriales. Se establecen criterios de graduación en el cumplimiento de programas financiados por la citada Secretaría General…

Se habilita al ICEX para la devolución a las empresas que hayan incurrido en gastos no recuperables por las cuotas pagadas para la participación en ferias u otras actividades de promoción internacional que hayan sido convocadas por la institución y se hayan visto canceladas, aplazadas o afectadas por el COVID-19.

Se suspende, durante un periodo de un año y sin necesidad de solicitud previa, el pago de intereses y amortizaciones de los créditos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo

Se incluye al CDTI entre los organismos que podrán agilizar las ayudas y aportaciones al sector empresarial, con el fin de fomentar la innovación en la lucha contra la pandemia, así como garantizar el adecuado funcionamiento del tejido empresarial. Se permitirá así tanto la rápida financiación de prototipos como poder disponer la industrialización de productos sanitarios considerados de urgencia.

Por otro lado, se introduce flexibilidad en la comercialización de combustibles, dado el descenso del consumo y la menor rotación de los tanques de almacenamiento sobre lo previsto, de forma que se permite retrasar la fecha de inicio de comercialización de gasolinas con especificación estival, pudiéndose vender hasta el 30 de junio de 2020 gasolinas cuya presión de vapor y destilado presente unos límites comprendidos entre el límite mínimo de verano y el máximo de invierno.

Y se amplía en dos meses desde la finalización del estado de alarma los permisos de acceso y conexión a las redes eléctricas esInformacitablecidos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, con el fin de dar seguridad jurídica a los promotores de proyectos de generación eléctrica, de los que dependen cuantiosas inversiones imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos de penetración de nuevas renovables.

Otras medidas
El Real Decreto-ley permite que los empleados públicos, sin modificación de sus circunstancias laborales, puedan realizar tareas distintas a las de su puesto de trabajo y apoyar voluntariamente aquellas áreas y actividades de carácter sanitario, sociosanitario, de empleo, para la protección de colectivos vulnerables y aquellas otras que requieran un refuerzo en materia de personal como consecuencia de la situación provocada por el COVID-19.

Del mismo modo, se habilita a que el personal sanitario jubilado pueda retornar al trabajo, compatibilizando su actividad con la percepción de su pensión.

Por otro lado, se permite que los ingresos derivados de la cotización por formación profesional puedan aplicarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo, incluyendo, de esta manera, finalidades más amplias que la mera formación.

Dadas las actuales circunstancias, se concede a las fundaciones bancarias que tuviesen un plan de desinversión ya aprobado por el Banco de España ampliar hasta en dos años el plazo con el que contaran. En caso de optarse por esta ampliación, se deberá dotar un fondo de reserva con una dotación anual de, al menos, el 50% de los importes recibidos de la entidad de crédito de la que sean accionistas en concepto de dividendo.

En materia de inversión, se adopta una norma de carácter macroprudencial, habilitando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para modificar los requisitos aplicables a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva.

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Remitimos archivo y enlace al BOE del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero aprobado en Consejo Ministros y publicado ayer en BOE, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo, aunque estuvieran justificadas por razones médicas, establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre y detallado aquí debajo.

https://boe.gob.es/boe/dias/2020/02/19/pdfs/BOE-A-2020-2381.pdf

Esto implica, que a partir de hoy, nadie podrá ser despedido por faltar al trabajo por ausencias médicas justificadas, primer paso en el proceso de derogación de las aspectos más lesivos de la reforma laboral llevada a cabo en 2012. En definitiva, hoy los trabajadores podemos sentirnos más protegidos y con mayor seguridad jurídica, porque queda eliminada la posibilidad de que la empresa pueda despedir por faltar al trabajo por razón de baja médica.

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El Consejo de Europa avala las reformas emprendidas por España contra la corrupción en la justicia y el ámbito parlamentario


El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) que evaluó en 2013 la prevención de la corrupción en el ámbito parlamentario, la judicatura y la Fiscalía, ha confirmado, cinco años después de ese examen, que el cumplimiento de sus recomendaciones por parte de España ha dejado de ser “globalmente insatisfactorio”. Ese organismo internacional ha valorado las reformas emprendidas por nuestro país tanto en el ámbito judicial y fiscal como parlamentario y ha decidido sacarlo de su mecanismo de supervisión periódica, en el que permanecía desde 2016.

Los progresos reflejados en el segundo informe provisional de cumplimiento de ese organismo son muy significativos y consideran “cumplidas” o “parcialmente cumplidas” 10 de las 11 recomendaciones de la Cuarta Ronda de Evaluación. En julio de 2016, este organismo apreció que España no había puesto en marcha ninguno de sus requerimientos, por lo que calificó su nivel de cumplimiento de “globalmente insatisfactorio” obligando al Gobierno a remitirle informes periódicos sobre los progresos realizados. En diciembre de 2017, Greco aprobó el primer informe provisional en el que no apreció ningún cambio.

Las reformas de la LOPJ impulsadas por el Ministerio de Justicia y aprobadas en el Parlamento el pasado diciembre son las que han provocado gran parte de los avances que el grupo anticorrupción del Consejo de Europa aprecia ahora en la judicatura y la fiscalía. Su informe da por “satisfactoriamente cumplidas” dos recomendaciones. En primer lugar, la creación de un código de conducta de los jueces que sea de fácil acceso para los ciudadanos y que esté complementado por servicios de asesoramiento en materia de conflictos de interés y otros aspectos relativos a la integridad de jueces y magistrados. También se ha cumplido la extensión de la caducidad de los procedimientos disciplinarios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que han pasado de seis meses a un año.



Otras dos medidas que antes se consideraban incumplidas pasan ahora a “parcialmente cumplidas”. La primera, el establecimiento de criterios objetivos de evaluación para los más altos nombramientos en el Poder Judicial, como los de las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. Greco valora la reforma de la LOPJ que obliga a convocar públicamente esas plazas, los méritos que se vayan a tener en consideración para su cobertura y la ponderación pormenorizada de cada uno de ellos. La modificación legal también establece un quorum de tres quintos del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para su selección.



También subraya el cumplimiento parcial de su recomendación sobre el método de selección y el mandato del Fiscal General del Estado; el establecimiento de procedimientos transparentes de comunicación del Gobierno con éste y la búsqueda de una mayor autonomía en la gestión de los medios del Ministerio Público. Greco destaca, además, las reformas acometidas para reforzar la democracia interna y la transparencia en el funcionamiento del CGPJ, aunque lamenta que no se modifique el sistema de designación de sus vocales.



En el plano parlamentario este organismo también considera “parcialmente cumplidas” cuatro de sus recomendaciones. En primer lugar, la relativa a la aprobación en el Congreso y el Senado de un código de conducta para diputados y senadores. El Congreso aprobó el suyo el pasado 28 de febrero, mientras que el Senado ya está trabajando en su elaboración. El grupo anticorrupción del Consejo de Europa valora igualmente el cumplimiento parcial en lo relativo a la regulación de la relación de los parlamentarios con los grupos de presión así como respecto al incremento del nivel de detalle de las declaraciones de bienes y rentas de diputados y senadores.

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Utilizar aplicaciones móviles para la compra venta de productos de segunda mano entre particulares es cada vez mas habitual, ya que permite adquirir productos a buen precio y de manera sencilla, ya que el comprador y el vendedor pueden negociar sin intermediarios y acordar el precio final, modo de pago y de entrega.

Sin embargo también es cada vez mas habitual que estas aplicaciones móviles sean utilizadas para estafar a los compradores, los cuales ven como tras realizar el pago anticipado no pueden hacerse con el producto, ya que no consiguen contactar con el vendedor.

Identificar a priori a los estafadores es complicado, ya que aunque el usuario acceda a la aplicación para ver las opiniones de otros compradores respecto a un vendedor en concreto, ello no le asegura que dichas opiniones sean reales, ya que pueden formar parte de la propia estafa.

En Abogados Portaley somos especialistas en estafas en Internet, puede continuar leyendo el artículo en el siguiente enlace

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La causa natural de disolución del matrimonio es la muerte de alguno de los cónyuges. No obstante, éste puede verse sumido en diversas situaciones de crisis, y una de las consecuencias de ello puede ser la nulidad (art. 73 y ss. Código Civil).

¿Qué es la nulidad matrimonial?

Cuando se declara un matrimonio nulo, quiere decir que este no ha existido nunca, ya que sufre un vicio sentencia en el momento de su celebración.

Por tanto, la diferencia con respecto a la separación y el divorcio radica en que en la nulidad no existe un vínculo matrimonial previo. Es decir, existe una apariencia de matrimonio y, por tanto, es la declaración de nulidad la que surtirá efectos, desde el momento en que se declare. De igual manera, si el matrimonio estuviese inscrito en su registro correspondiente, al ser nulo, el vínculo de la inscripción carece de efecto.

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El marco europeo de protección de datos está compuesto por dos normas: el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); y la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos, por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo DOUE 04-05-2016 119 C.
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Guarda y custodia de hijos: Se define como aquella potestad que atribuye a uno de los progenitores (o a ambos) el derecho de convivir de forma habitual con los hijos menores o incapacitados. De manera excepcional, puede atribuirse la guarda a un tercero (artículo 103 Código Civil), como a los abuelos u otros familiares, o a una institución en caso de imposibilidad por parte de estos.
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¿Cuándo nos encontramos ante un ACOSO SEXUAL? El origen de la conducta de acoso sexual, tipificada en el artículo 184 Código Penal, es la solicitud o propuesta de favores de carácter sexual, bien sea verbal o gesticular, insistentemente. Por esta razón no podemos confundirla con abuso sexual (artículo 181 Código Penal), la cual viene ligada con acciones como tocamientos u otras manifestaciones similares, sin autorización alguna del sujeto pasivo.

El Código Penal, en su primer apartado del artículo 184 Código Penal (tipo base), define muy claramente la figura de acoso sexual, de tal manera que “el que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil y humillante, será castigado como autor de acoso sexual con la pena de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses”.

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MOMO: ¿Amenaza o un juego de retos? Comenzó siendo un juego de preguntas y respuestas a través de la aplicación Whatsapp a un número de teléfono móvil con localización originariamente en Japón (+81). También a otros dos países de Sur y Centroamérica respectivamente Colombia (+52) y otro de México (+57).
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¿Has presenciado un delito o crees que se ha podido cometer alguno y no sabes cómo denunciarlo?

Bueno, ya sabemos que la Guardia Civil y la Policía Nacional son a los que debemos acudir. Sin embargo, existen plataformas donde puedes denunciar un delito si no deseas desplazarte. Hacerlo a través de internet es sencillo.

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Los ciberdelitos en España se han ido multiplicando con fuerza en los últimos tiempos. De hecho, el año pasado se registraron cerca de 70.000 casos de delitos informáticos en España. Una cifra que asusta y que merece la pena su atención y precaución. Este año, más del 20% de los españoles sufrirá algún tipo de ataque de este tipo.

Andalucía es la comunidad con mayor crecimiento, con cerca de los 12.000 casos anuales. Bueno, suponemos que a todo delincuente le gusta el microclima ya que pueden actuar desde cualquier punto. Aunque, bromas aparte, desde el año 2012 hasta hoy, el porcentaje de la ciberdelincuencia ha aumentado un 42%.

Los ciberdelitos en España se han ido multiplicando con fuerza en los últimos tiempos. De hecho, el año pasado se registraron cerca de 70.000 casos de delitos informáticos en España. Desde el año 2012 hasta hoy, el porcentaje de la ciberdelincuencia ha aumentado un 42%.
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En el Código Penal español se recoge el delito de encubrimiento y se dice que una persona comete el delito de encubrimiento cuando oculta cualquier tipo de información de un delito. Aunque esta persona no haya tenido nada que ver, está ayudando al autor de los hechos. Esto generalmente lo hace con el fin de ayudar al responsable para no ser castigado por la Justicia. Aunque también puede hacerlo por algún tipo de interés.

Encubrir un delito, no significa ser cómplice, sino que se oculta una información que puede resultar vital para esclarecer los hechos. En cualquier caso, quien encubre puede estar cometiendo un quebrantamiento de la Ley.
Castigos por encubrimiento

En los artículos que van del 451 al 454 del Código Penal se regulan estos actos. Las personas que cometen el delito de encubrimiento pueden ser castigados con pena de cárcel de hasta 3 años.

La persona que comete el delito de encubrimiento es la que oculta cualquier tipo de información de un delito. Aunque esta persona no haya tenido nada que ver, está ayudando al autor de los hechos. Quien encubre puede estar cometiendo un quebrantamiento de la Ley.
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El blanqueo de capitales es un delito socioeconómico, que en la actualidad, no cuenta con límites fronterizos entre los Estados debido a la globalización y al desarrollo de las nuevas tecnologías.

El blanqueo de capitales se encuentra regulado dentro del Capítulo XIV del Código Penal (CP), en los artículos 298 y siguientes. Este delito, también conocido como “lavado de dinero” o “lavado de capitales”, es el conjunto de mecanismos o procedimientos destinados a dotar de apariencia legal aquellos bienes o activos de origen ilícito. El artículo 301 CP exige que esos bienes procedan de una actividad delictiva cometida tanto en España como en el extranjero

La utilización de monedas virtuales o criptomonedas como método para blanquear capitales

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Los delitos de daños informáticos van en aumento y se producen por diferentes motivos, desde trabajadores insatisfechos, empresas que han tenido algún tipo de relación con nuestra empresa y un largo etcétera, por ello os dejamos este artículo donde se trata este tipo de delito de daños informáticos como ejemplo de este tipo de delitos penales que se encuentran recogido en el Código Penal Español. Tanto si ha sido víctima como denunciado por este tipo de delitos, puede necesitar asesoramiento legal, por ello puede contar con Abogados Portaley, un despacho de abogados especializado en este tipo de delitos.

Recientemente se ha detenido a un hombre que, tras su despido, decidió vengarse de la empresa para la que trabajaba. Esta persona era quien gestionaba la página web, las redes sociales y la publicidad online. ¿Y cuál era la forma más sencilla para este hombre de llevar a cabo su plan? Pues a través de sus conocimientos, saboteando a la empresa a través de los delitos de daños informáticos.

Según el artículo 264 del Código Penal, podrá ser castigado con pena de cárcel de hasta 3 años aquel que borre, altere, deteriore, obstaculice o dañe programas o datos informáticos ajenos y sin consentimiento.

Esta persona era quien gestionaba la página web, las redes sociales y la publicidad online. ¿Y cuál era la forma más sencilla para este hombre de llevar a cabo su plan? Pues a través de sus conocimientos, saboteando a la empresa a través de los delitos de daños informáticos.
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Dentro de lo que se denomina delitos informáticos, podemos encontrarnos los delitos de daños informáticos. Este tipo de delitos van en aumento y se producen por diferentes motivos, desde trabajadores insatisfechos, empresas que han tenido algún tipo de relación con nuestra empresa y un largo etcétera, por ello os dejamos este artículo donde se trata este tipo de delito de daños informáticos como ejemplo de este tipo de delitos penales que se encuentran recogido en el Código Penal Español. Tanto si ha sido víctima como denunciado por este tipo de delitos, puede necesitar asesoramiento legal, por ello puede contar con Abogados Portaley, un despacho de abogados especializado en este tipo de delitos.
Esta persona era quien gestionaba la página web, las redes sociales y la publicidad online. ¿Y cuál era la forma más sencilla para este hombre de llevar a cabo su plan? Pues a través de sus conocimientos, saboteando a la empresa a través de los delitos de daños informáticos.
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Atención a los timos o estafas sentimentales o amorosos. Los timos sentimentales consisten en hacer enamorar a la víctima cuyo fin es el de obtener un beneficio económico. Se han dado muchos casos donde los estafadores del amor han logrado buenas cantidades de dinero haciendo que las personas se enamoren de ellos.
Los timos sentimentales consisten en hacer enamorar a la víctima cuyo fin es el de obtener un beneficio económico. Se han dado muchos casos donde los estafadores del amor han logrado buenas cantidades de dinero haciendo que las personas se enamoren de ellos.
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Google deberá eliminar información personal cuando el afectado lo requiera. El derecho al olvido se define como un derecho a que nuestros datos sean borrados de las redes o plataformas para que nadie pueda verlos. Se trata de información personal que no queremos que se conozcan y menos que se encuentren en las búsquedas.

La AEPD (Agencia Española de Protección de Datos), ofrece la posibilidad de impedir que se difundan datos o información personal en internet si esto supone la generación de daños a la persona afectada.

El derecho al olvido se define como un derecho a que nuestros datos sean borrados de las redes o plataformas para que nadie pueda verlos. Se trata de información personal que no queremos que se conozcan y menos que se encuentren en las búsquedas de Google.
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Los delitos contra el orden público vienen cargados de conductas distintas cuyo fin es alterar el orden o la tranquilidad, tanto público como social. Según el art. 545, los que inducen, dirigen o sostienen una rebelión, pueden ser castigados con pena de cárcel hasta 10 años.
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Una de las formas en que podemos ser víctima de un delito en Internet es a través de las estafas virtuales. Para ello las autoridades recomiendan seguir unos consejos para detectarlas y no ser víctima de ellas.

Este tipo de delito puede evitarse si adoptamos las medidas preventivas que la policía recomienda. Uno de los modos operandi es a través de encuestas telefónicas, donde el autor de la estafa intenta recoger datos personales para tratar de obtener algún beneficio.

Otra manera de actuar es a través de las redes sociales, donde buscan usuarios con demasiada información publicada y aprovechan para extraer todos los datos posibles. Bien sabemos que a través de Facebook podemos averiguar datos relacionados con la vida personal, familiar y datos de contacto.

Una vez obtienen los datos necesarios, como el nombre y apellidos, para los delincuentes virtuales es fácil dar con un teléfono y tratar de obtener los datos bancarios, DNI, dirección, etcétera. Datos que, pueden utilizar para solicitar un crédito o cualquier otra actividad donde obtener algún beneficio, incluso simular un secuestro para solicitar un rescate.

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Se entiende por juicio al trámite legal y jurídico que se realiza mediante un tribunal y un juez para la resolución de un conflicto que está siendo representada por un demandante hacia un demandado

En España, se realizan los “jurados populares”, el cual se lleva a cabo mediante una clasificación de un personal que este apto para colaborar en el juicio. Sin embargo el jurado participa en juicios específicos

Entre ellos pueden estar los juicios por asesinato u homicidio, allanamiento, incumplimiento en una custodia de preso, incendio de tipo forestal, entre otros

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Las estafas en Internet es uno de los delitos que más se cometen y de los que podemos ser víctimas. Es por ello necesario conocer qué tipo de estafas se cometen a través de la red para no ser víctimas.

Entre las principales medidas a llevar a cabo para no caer en una estafa se encuentran:


Medidas preventivas

Nunca se deben facilitar los datos personales a través de un teléfono desconocido.

Solicitar información del número de teléfono para asegurarnos de que no es una estafa, y, de lo contrario, informar a la policía. Si es necesario, poner una denuncia.

Cuidar con los datos que se publican en las redes sociales.

No rellenar los cupones de desconocidos con nuestros datos personales y número de teléfono.

En caso de simulación de secuestro o accidente, debe entablar contacto con la supuesta víctima e informar a la policía inmediatamente.

Es importante mantener la calma y acudir a la policía o llamando al 911 para que le asesoren.

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Dentro del Código Penal nos encontramos recogidos los delitos contra los derechos de los trabajadores: discriminación y contratación irregular. Estos delitos actuan contra aquellas personas que comenten delitos contra los derechos de los trabajadores son los que lo actúan a través de un engaño o abuso en situaciones de necesidad. Éstos suelen imponer a sus trabajadores a un tipo de servicio bajo unas condiciones laborales que les perjudica. Pueden hacerlo suprimiendo sus derechos tanto laborales como a través de la Seguridad Social.
Los que comenten delitos contra los derechos de los trabajadores son los que lo actúan a través de un engaño o abuso en situaciones de necesidad.
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Delito de quebrantamiento de los deberes de custodia y de la inducción de menores al abandono de domicilio, dentro de el Capítulo III y la sección 1 de Los delitos contra los derechos y deberes familiares y quebrantamiento de los deberes de custodia y de la inducción de menores al abandono de domicilio, el art 223 dice que:

Podrá ser castigado con pena de cárcel de 6 meses hasta 2 años aquel que no devuelva a sus padres o tutores cuando éstos lo requieran, al menor o los menores o a la persona con una discapacidad o que necesite una protección especial.

Los delitos contra los derechos y deberes familiares y quebrantamiento de los deberes de custodia y de la inducción de menores al abandono de domicilio
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La conducción bajo los efectos del alcohol puede conllevar la celebración de un juicio rápido. Cuando un conductor sobrepasa los límites de alcohol establecidos en el Código Penal, es decir, más de 0,6 miligramos por litro en aire espirado o 1,2 gramos por litro en sangre, o bien cuando este se niega a someterse a dicha comprobación, podrá ser citado a un juicio rápido por un delito contra la seguridad vial.
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La propiedad industrial pertenece a aquel que obtiene por sí mismo el invento o el descubrimiento con la creación de signos distintivos de una empresa, marca, nombre comercial o de servicio, patentes de invención, modelos, dibujos artísticos o industriales etcétera.

Nos podemos encontrar ante un delito contra la propiead industrial cuando se utiliza la misma marca o distintivo de un producto, de un servicio o de un local comercial, además de plagiar el producto el cual se encuentra registrado ya es un delito relativo a la propiedad industrial.

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Un ciclista recibirá 45.000 euros de indemnización por caerle encima un árbol por unos trabajos que se realizaban por parte de la Junta de Andalucía.

Los hechos sucedieron cuando Manuel que circulaba con su bicicleta de montaña por un camino forestal en Granada (La Zubia), le cayó un árbol encima. En la zona se estaba realizando una tala.

La Sala de Granada de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,Ceuta y Melilla (TSJA), ha fallado contra la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a indemnizar a Manuel, por la cantidad que solicitaba más intereses.


Fruto de la caída del árbol, al ciclista le ocasionó heridas de consideración –le tuvieron que poner cinco tornillos en el omóplato izquierdo– por las que reclamaba 45.167 euros a la Junta de Andalucía.

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Dentro del Código Penal, por tanto en el área de Derecho Penal, nos encontramos con el delito de acoso sexual. Según el artículo 184 del capítulo tercero referente al acoso sexual, se considera delito de acoso sexual cuando el autor solicita ciertos favores de naturaleza sexual a otra persona para sí mismo o para terceros.

Este tipo de delitos se castigan con penas de arresto de hasta 12 fines de semanas.

se considera delito de acoso sexual cuando el autor solicita ciertos favores de naturaleza sexual a otra persona para sí mismo o para terceros.
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El derecho al olvido se encuentra recogido dentro del artículo 17 del RGPD, donse se regula el derecho de supresión, conocido popularmente como el “derecho al olvido”


El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

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Dentro del derecho penal se recoge el delito de intromisión a la intimidad que abarca a todo tipo de intromisiones, incluso el descubrimiento y la divulgación de secretos sin previo consentimiento.

El delito de intromisión puede aplicarse a la intimidad en el domicilio, intimidad de información médica, documentación bancaria, en el área de informática e Internet, comunicación, etc...

El derecho de toda persona a mantener un ámbito de privacidad personal y familiar está dispuesto en el artículo 18.1 de la Constitución Española y explica:

“Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

Delito de intromisión en la intimidad - JuicioPenal.com información penal y jurídica
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Entre las formas que se pueden cometer el delito de estafa se encuentra el simular un accidente de forma intencionada. Este fraude afecta a las compañías de seguros.

La intentención es presentar parte por accidente falso para que se haga cargo el seguro de los gastos del arreglo de vehículo o cualquier otro cargo. Este tipo de estafa puede suponer ingresar en prisión y tener que cumplir una pena de hasta 6 años.

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El consumo de drogas y alcohol al volante sigue aumentando. Los conductores fallecidos bajo los efectos de algún tipo de sustancia durante 2016 fue del 15% del total. El capítulo IV del Código Penal tipifica los delitos contra la seguridad del tráfico y establece distintas penas por conducir con exceso de alcohol o bajo la influencia de las drogas.
¡Cuidado con las Drogas al volante! es un delito contra la seguridad del tráfico - JuicioPenal.com información penal y jurídica
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En los juzgados de Alicante se está llevando a cabo un procedimiento sobre extorsión a través de internet. La extorsión está adquiriendo unas dimensiones importantes, con más de 8.000 denuncias desde que se puso en conocimiento de la justicia el primer caso en el año 2012.



Los perjudicados denuncian la extorsión sufrida a través de una página web en la cual, han contactado con una mujer y mantenido relaciones virtuales de contenido sexual, en la que la víctima es grabado sin su conocimiento. A continuación, el hombre recibe un correo electrónico en el que se le comunica que si no entrega en un plazo de tiempo una cantidad de dinero que va desde los 1.000 a los 8.000 euros, el vídeo íntimo será colgado en su perfil de Facebook, donde lo podrán ver todos sus contactos.

¿En qué consisten las más de 8.000 denuncias presentadas en Alicante por extorsión en webs de pornografía? - JuicioPenal.com información penal y jurídica
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Los timos en Internet se suceden a diario y se inventa nuevas técnicas en la búsqueda del engaño perfecto. En este caso el gancho para el timo es Instragram.

“Sé quién eres”: Qué hacer si eres víctima del timo para adolescentes de Instagram

Se utiliza Instagram para realizar un timo que consiste en la existencia de perfiles anónimos denominados "sé quién eres"
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Estafas en trabajo falso: El día en que estuve a punto de ser 'trader' y ganar 8.000 euros al mes. En muchos casos recibimos emails con ofertas de trabajo. Suenan suculentas, trabaja desde casa y podrás obtener un buen sueldo.

Abogados Portaley se ha especializado en este tipo de estafas, defendiendo a sus clientes al ser víctimas de estafadores, en la mayoría de casos, redes internacionales especializadas en conseguir engañar por diferentes medios a navegantes poco cautos.

La oferta de empleo puede ser "maquillada" y utilizar diferentes textos para hacer creer que se trata de una oferta real.

Una de estas estafas consistente en recibir a través de correo electrónico información sobre un puesto de empleo como intermediario financiero para trasladar una determinada cantidad de dinero de un lugar a otro.

En estos casos, la persona que ha aceptado el trabajo recibe en su cuenta bancaria el importe total el cual deberá extraer en su totalidad (a excepción de la cantidad que le ha sido prometida en concepto de comisión) para más tarde enviar a una tercera persona a través de sistemas de envío de dinero que no dejan rastro como por ejemplo Western Union u otros.

Esta cantidad tiene un origen ilícito pues ha sido obtenida de forma fraudulenta a través de otras técnicas de phishing por ejemplo, enviando un falso correo electrónico con apariencia real, supuestamente emitido por la entidad bancaria de la víctima, en el que se le solicita, bajo diferentes argumentos, actualizar sus datos de acceso y bancarios; una vez que esta persona accede al link suministrado en dicho correo y comienza a introducir los datos solicitados, lo que está haciendo realmente es suministrarlos a los delincuentes que ahora, podrán extraer todo el dinero que haya disponible en la cuenta bancaria. Este dinero es que el posteriormente será transferido por una segunda víctima de una cuenta a otra, tal y como antes hemos explicado.

Trabajo: El día en que estuve a punto de ser trader y ganar 8.000 euros al mes. Noticias de Alma, Corazón, Vida. Las ofertas de trabajo en internet, algunas muy sospechosas, son una de las maneras de timar a los incautos en las redes, según la Guardia Civil y los abogados especializados
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Ni arbitraje, ni juzgados especiales: las cláusulas suelo siguen atascadas
Asociaciones de consumidores alertan de que el mecanismo extrajudicial de las cláusulas suelo no ha evitado la "judicialización" de los casosEn Madrid, el juzgado creado para atender demandas sobre contratos hipotecarios ha recibido 8.100 demandas hasta septiembre de las que, por ahora, se están tramitando un 21% El Consejo General de la Abogacía Española ha recurrido el sistema de juzgados especializados por considerar que supone un "sobrecoste" para los ciudadanos
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Protección de Datos multa a Facebook con 1,2 millones de euros por utilizar datos personales sin permiso
La Agencia constata la sanción en base a dos infracciones graves y una muy grave de la Ley de Protección de DatosEl regulador español ha comunicado que Facebook utiliza la información personal y los "Me gusta" que aparecen en otras webs con fines publicitariosDespués de borrar una cuenta, la red social sigue recabando información de ese perfil durante más de 17 meses
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La empresa puede acceder a las comunicaciones del trabajador, email, historial de navegación, etc... pero debe hacerlo de una manera adecuada. Así lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia dictaminada.
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Principales medidas recogidas en el pacto de estado contra la violencia de género. El día 28 de julio de 2017 fue aprobado por la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados el informe del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, elaborado por la subcomisión del Pacto de Estado en materia de violencia de género.

El informe contiene 212 medidas pactadas por todos los grupos parlamentarios cuya dotación presupuestaria asciende a 1.000 millones de euros en cinco años. Entre estas medidas se encuentran:

Principales medidas recogidas en el pacto de estado contra la violencia de género
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El no pagar algún recibio o deuda puede hacer que aparezcamos en un fichero de morosos. Los Ficheros de Morosos más conocidos son ASNEF, EQUIFAX, EXPERIAN, BADEXCUG, RAI y el FIJ (Ficheros de Incidencias Judiciales)
Qué hacer en caso de aparecer en ficheros de Morosos como son ASNEF, EQUIFAX, EXPERIAN, BADEXCUG, RAI y el FIJ (Ficheros de Incidencias Judiciales) ,
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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña ha rectificado la primera sentencia que declaraba nulo por discriminatorio el despido de un trabajador que se encontraba en situación de incapacidad temporal y, en su lugar, ha decretado la improcedencia del cese. El fallo impugnado es el dictado por el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona el 23 de diciembre de 2016 que, en aplicación de la jurisprudencia europea, consideraba que una baja de duración incierta podía equipararse con una discapacidad duradera.
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La violencia de género es una cuestión a la que se le viene dando en los últimos tiempos una mayor atención, en particular en las sociedades occidentales. A pesar de esto, los niños y niñas siguen siendo las víctimas muchas veces olvidadas en medio de esta compleja problemática. Y esto a pesar de que la exposición a la violencia de género puede ser conceptualizada como una forma más de maltrato infantil, en la medida en que se encuadra en la definición de la Organización Mundial de la Salud, que lo define como “todas las formas de maltrato físico y/o psicológico, abuso sexual, tratamiento negligente o comercial u otra forma de explotación que cause o pueda causar daño a la salud de los niños y niñas, a su supervivencia o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder”.
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Se han producido un aumento en los delitos de odio en los últimos tiempos. En concreto, en la Comunidad de Madrid las denuncias por delitos de odio se han multiplicado por cinco entre 2014 y 2016. Hay distintos motivos que explican este aumento: desde la propia especificación en el Código Penal de los delitos de odio a la mayor concienciación contra esta lacra, en lo que tienen mucho que ver las campañas realizadas tanto por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como las distintas asociaciones de los colectivos afectados. Se trata de acciones violentas contra homosexuales, bisexuales y transexuales, personas de ideología contraria, mendigos y sin techo, islamofobia y cristianofobia, personas discapacitadas, etc. Uno de los canales que más se están utilizando para el denominado “discurso de odio” son internet y las redes sociales, pues en ellas caben todo tipo de expresiones y amenazas para los colectivos más vulnerables escondiéndose el autor de las mismas bajo la apariencia de anonimato e impunidad que ofrece este medio de comunicación. Sin embargo, a pesar de la actualidad de este asunto, poco se conoce por los ciudadanos la base jurídica de estos delitos, que intentaremos aclarar a continuación.
Delitos de odio: qué son y cómo se regulan. las denuncias por delitos de odio se han multiplicado por cinco entre 2014 y 2016
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Derechos del consumidor en el Comercio Electrónico. Puntos a tener en cuenta por parte del consumidor en los servicios de comercio electrónico

En las compras realizadas a través de internet por un particular o consumidor final en la que el ofertante es una empresa o tienda virtual el primero ocupa una posición de clara debilidad económica y negociadora respecto al segundo por distintas causas (se utilizan cláusulas abusivas que perjudican a los derechos del consumidor, se suelen producir fraudes y engaños en las ofertas, existe un claro déficit de información ya que por internet no puedes ver el objeto físico, sino solo fotografías), por lo que el consumidor suele desconfiar del comercio electrónico y los ordenamientos jurídicos tienden a protegerlo mediante sucesivas leyes específicas. En el caso español, la protección de los consumidores en el comercio electrónico se regula principalmente en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Información y de Comercio Electrónico y en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que intentaremos sintetizar a continuación.

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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se ha pronunciado por primera vez en la Sentencia 1647/2017 de 8 de mayo sobre el nuevo delito de acoso ilegítimo o “stalking” introducido por la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015.



El nuevo artículo 172 ter del Código Penal dispone que:



“1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:

1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física.



2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.

3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.

4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.

Si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.

Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, se impondrá una pena de prisión de uno a dos años, o trabajos en beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días. En este caso no será necesaria la denuncia a que se refiere el apartado 4 de este artículo.
Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso.
Los hechos descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.”

El Supremo se ha pronunciado por primera vez en la Sentencia 1647/2017 de 8 de mayo sobre el nuevo delito de acoso ilegítimo o “stalking”
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