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Sentencia de la Audiencia Nacional 68/2018 de 30 de abril 2017 sobre los efectos en España del concurso de acreedores de Air Berlin y el despido colectivo.
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Regulación de la publicidad para los medicamentos en Francia: tipos de visado, características y requisitos para ser adquiridos.
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Novedades en la obtención de licencias para pisos turísticos en Barcelona por el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos.
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Prohibición de constitución de derechos reales sobre participaciones sociales
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¿Qué es el infraseguro?
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El factor tecnológico y las soluciones innovadoras en los despachos
El factor tecnológico está revolucionando la estrategia de los despachos para sobrevivir y crecer en el mercado, que actualmente está en proceso de cambio.
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Visitas nocturnas de la Inspección de Trabajo

La Inspección de Trabajo, según una nota interna, tiene previsto realizar visitas nocturnas y aleatorias en las empresas en las próximas semanas/meses.

Los funcionarios de la Inspección de Trabajo se presentarán en las empresas de noche y en días festivos para controlar la proliferación del trabajo no declarado, sobre todo ahora, en verano. Así se recoge en el borrador del plan director de 2018-2020 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que fija, además, que los encargados de la inspección contarán con la colaboración de la policía. El plan también prevé revisar el cuadro de infracciones y sanciones para delimitar la contratación temporal abusiva.

Llegados a este punto es importante que se tengan en cuenta las particularidades que establece el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores en su referencia al trabajo nocturno:

A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez la noche y las seis de la mañana. El empresario que recurra regularmente a la realización de trabajo nocturno deberá informar de ello a la autoridad laboral.

La jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos no podrá exceder de 8 horas diarias de promedio, en un periodo de referencia de 15 días. Dichos trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias.Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará trabajador nocturno a aquel que realice normalmente en periodo nocturno una parte no inferior a 3 horas de su jornada diaria de trabajo, así como a aquel que se prevea que puede realizar en tal periodo una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual.
Resultará de aplicación a lo establecido en el párrafo segundo lo dispuesto en el art. 34.7. Igualmente, el Gobierno podrá establecer limitaciones y garantías adicionales a las previstas en el presente artículo para la realización de trabajo nocturno en ciertas actividades o por determinada categoría de trabajadores, en función de los riesgos que comporten para su salud y seguridad.

El trabajo nocturno tendrá una retribución específica que se determinará en la negociación colectiva, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza o se haya acordado la compensación de este trabajo por descansos.
Se considera trabajo a turnos toda forma de organización del trabajo en equipo según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en un periodo determinado de días o de semanas. En las empresas con procesos productivos continuos durante las 24 horas del día, en la organización del trabajo de los turnos se tendrá en cuenta la rotación de los mismos y que ningún trabajador esté en el de noche más de 2 semanas consecutivas, salvo adscripción voluntaria.Las empresas que por la naturaleza de su actividad realicen el trabajo en régimen de turnos, incluidos los domingos y días festivos, podrán efectuarlo bien por equipos de trabajadores que desarrollen su actividad por semanas completas, o contratando personal para completar los equipos necesarios durante uno o más días a la semana.
Los trabajadores nocturnos y quienes trabajen a turnos deberán gozar en todo momento de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo, y equivalente al de los restantes trabajadores de la empresa. El empresario deberá garantizar que los trabajadores nocturnos que ocupe dispongan de una evaluación gratuita de su estado de salud, antes de su afectación a un trabajo nocturno y, posteriormente, a intervalos regulares, en los términos establecidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas de desarrollo. Los trabajadores nocturnos a los que se reconozcan problemas de salud ligados al hecho de su trabajo nocturno tendrán derecho a ser destinados a un puesto de trabajo diurno que exista en la empresa y para el que sean profesionalmente aptos. El cambio de puesto de trabajo se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en los arts. 39 y 41, en su caso, de la presente ley.
El empresario que organice el trabajo en la empresa según un cierto ritmo deberá tener en cuenta el principio general de adaptación del trabajo a la persona, especialmente de cara a atenuar el trabajo monótono y repetitivo en función del tipo de actividad y de las exigencias en materia de seguridad y salud de los trabajadores. Dichas exigencias deberán ser tenidas particularmente en cuenta a la hora de determinar los periodos de descanso durante la jornada de trabajo.
Desde el Departamento Jurídico Laboral de AGM Abogados estamos a tu disposición para cualquier duda que puedas tener. Contacta con nosotros y te ayudaremos.

Ángel M. González Martínez
Asociado Área Derecho del Trabajo
AGM Abogados

La Inspección de Trabajo, según una nota interna, tiene previsto realizar visitas nocturnas y aleatorias en las empresas en las próximas semanas/meses.
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El reconocido portal francés “Décideurs” ha divulgado hace unas semanas su publicación anual “Leaders League Intelligence Report & Directory Series” en el que se incluye un ranking de abogados recomendados, en esta ocasión del área “Commercial Litigation”.

AGM Abogados y Julio Rocafull Rodríguez, socio del área Mercantil de AGM, han aparecido como firma y abogados recomendados por el portal.
Desde su creación, AGM Abogados se ha centrado en ofrecer a sus clientes un servicio de muy alta calidad y adaptado a la necesidad de cada quien. Nuestras áreas de derecho Mercantil y Procesal tienen como objetivo proteger a empresas de cualquier naturaleza, incluyendo desde pymes a grandes corporaciones multinacionales, tanto en nuestro territorio como en el extranjero, y la defensa ante los Tribunales en todo tipo de litigios y ante todas las instancias judiciales o arbitrales, tanto nacionales como internacionales.

En los últimos años AGM Abogados ha tenido un crecimiento constante, posicionándose como una de las firmas más importantes del país, ocupando el puesto 34 en facturación de despachos españoles, siendo la única firma de España con un despacho propio en Francia y ahora sumando a sus reconocimientos el de este influyente portal francés.

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Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva

Los interlocutores sociales alcanzaron el pasado 25 de junio de 2018 un preacuerdo en las negociaciones que venían manteniendo sobre el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva (AENC).Dado que es un preacuerdo deberá ser ratificado por los órganos de gobierno de dichas organizaciones.

Se trata de un acuerdo previsto en el Estatuto de los Trabajadores (ET): es un instrumento de regulación colectivo, fruto de la autonomía colectiva, que más que un convenio colectivo regulador de condiciones de trabajo es “un convenio para convenir”, ya que establece las condiciones de la negociación colectiva, por lo tanto su regulación es más de carácter formal que no sustantiva.

El preacuerdo alcanzado con referencia al Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva aborda el tratamiento de un conjunto de materias con el objetivo de orientar la negociación de los convenios colectivos durante los años 2018, 2019 y 2020.

Se establecen los siguientes criterios en materia de:

Incrementos salariales (para cada uno de los años de vigencia):

Una parte fija de entorno a un 2%.
Una parte variable del 1% (conceptos a determinar en cada convenio).
Salario mínimo de convenio: 14.000€/año (a alcanzar progresivamente a lo largo del acuerdo).
Revisión salarial:

A establecer por los propios convenios.
Según los indicadores que se pacten.
Ultraactividad:

A mantener la vigencia de los convenios una vez finalizada su vigencia, durante los procesos de negociación, por acuerdo mutuo.
Respetando la autonomía de la voluntad de las unidades de negociación (primando la buena fe negocial).
En los casos de agotamiento/bloqueo de la negociación:

Mediación obligatoria.
Arbitraje voluntario.
Sistemas de solución autónoma de conflictos a nivel estatal (SIMA) o autonómico (TLC en Cataluña).
El preacuerdo recoge también aquellos aspectos sobre los que existe consenso entre los interlocutores sociales y que deben ser desarrollados por el gobierno de España.

Tales temas son:

Subcontratación: la modificación del art. 42 del ET orientada a que en los procesos de subcontratación se prime ella especialización productiva, no se incentive la competencia desleal entre las empresas ni el deterioro de las condiciones de trabajo.
Empleo: en materia de mantenimiento de empleo: medidas alternativas al despido propiciando las reducciones de jornada, ajustando los costes laborales y promoviendo modelos de flexibilidad interna.
Formación profesional: orientarla a la mejora de la cualificación profesional según las necesidades productivas y favoreciendo la productividad y competitividad de las empresas. Impulsar una reforma del marco legal regulador de la formación profesional, teniendo en cuenta que son las empresas y trabajadores los que financian el sistema a través de la cuota de formación.
Absentismo no deseado: mejorar todas las situaciones de absentismo no deseado.
Jubilación: posibilitarla para los trabajadores que cumplan la edad ordinaria y tenga derecho a la pensión completa por dicha contingencia.
Convenios colectivos: regulación del Consejo Nacional de Negociación Colectiva: observatorio y formación de negociadores de convenios colectivos.
Economía sumergida: elaborar un plan para su reducción.
Contrato de relevo: recuperación.
Igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres: mediante un sistema de atención a la dependencia y a la infancia; equiparación de los permisos de paternidad/maternidad y reducción de jornada. Estudio cualitativo del impacto de género en materia de pluses y complementos salariales.
Finalización del contrato de mutuo acuerdo: procedimiento arbitral para el inicio de prestaciones en la finalización de contrato de común acuerdo entre las partes.
Cabe recordar, finalmente, que los acuerdos interprofesionales no son directamente aplicables a las relaciones individuales de trabajo existentes entre empresarios y trabajadores, ya que sus previsiones sólo obligan a las partes negociadoras de los futuros convenios colectivos. En consecuencia, la eficacia normativa y personal general del acuerdo va dirigida a los negociadores situados en el ámbito del acuerdo, y no opera automáticamente sobre las relaciones individuales de trabajo comprendidas en dicho ámbito.

Antonio Martínez del Hoyo Clemente
Abogado of Counsel – Área Derecho del Trabajo
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Ley 5/2018, de 11 de junio: ¿fin de la ocupación ilegal de viviendas?

Hace escasos días, concretamente el pasado día 12 de junio de 2018, se publicaba en el BOE la Ley 5/2018, de 11 de junio, mediante la cual se modificaban algunos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la ocupación ilegal de viviendas. Esta, bienintencionada, pero insuficiente reforma, trata de poner, en opinión de quien suscribe estas líneas, freno a dos situaciones que se repiten en los últimos años:

La proliferación de grupos organizados que se dedican sistemáticamente a ocupar inmuebles para, posteriormente, obtener réditos económicos, ya sea transmitiendo ese “derecho ilegítimo de uso a terceros” o forzando a sus legítimos propietarios a indemnizarles si quieren recuperar, en poco tiempo, la posesión de sus viviendas.
El auge de empresas dedicadas a recuperar la posesión de viviendas o, como la prensa las ha bautizado, de “desocupación”.
Para contrarrestar las (malas) tendencias que azotan a nuestro mercado inmobiliario, el legislador ha puesto sobre la mesa la Ley 5/2018, de 11 de junio, con una prioridad muy clara: agilizar los tempos para la recuperación de las viviendas.

No obstante, esta reforma tiene un ámbito de aplicación limitado que podemos analizar desde dos perspectivas:

Objetiva: únicamente se beneficiarán los inmuebles que tengan consideración de vivienda (primera o segunda), excluyendo los locales de negocio o similares.
Subjetiva: únicamente se beneficiarán las personas físicas o poseedores legítimos por título, las entidades sin ánimo de lucro y las entidades públicas propietarias o poseedores de vivienda social (por lo tanto, no entrarían en esta categoría, entre otras, Comunidades de Bienes o entidades financieras y sus inmobiliarias).
Esta limitación deja por el camino numerosos activos inmobiliarios y agentes económicos que forman parte de nuestro mercado, los cuales no se beneficiarán de esta reforma.

En cuanto a la tramitación de la recuperación de la vivienda, la Ley 5/2018, de 11 de junio, introduce las siguientes modificaciones:

La demanda podrá dirigirse genéricamente contra los ignorados ocupantes de la vivienda.
El demandante podrá solicitar la inmediata recuperación de la vivienda. En este sentido, se requerirá a los ocupantes para que, en el plazo de 5 días, aporten título suficiente para justificar la situación posesoria de la vivienda. En ausencia de repuesta, o siendo la misma insuficiente, el Juzgado ordenará inmediatamente la entrega de la vivienda a su titular.
En caso de que los ocupantes no contesten la demanda en el plazo legalmente previsto, el Juzgado dictará sentencia sin más trámite.
Esta reforma no supone, en ningún caso, un cambio drástico en la forma en la que se venían tramitando las recuperaciones de inmuebles (vía juicio verbal), más bien se trata de una sub-reforma dirigida a un perfil concreto de propietario y de inmueble, dejando por el camino numerosos titulares de viviendas que no dan con un perfil predeterminado o, cumpliendo dicho perfil, son titulares de inmuebles excluidos.

Asimismo, y pese a que la reforma se plantea, en buena parte, debido al auge de grupos organizados, cuya actuación es innegablemente delictiva, se echa en falta una solución para aquellos vecinos o comunidades de propietarios que sufren diariamente las actividades desarrolladas por estas organizaciones delictivas, por ejemplo, la proliferación de narco-pisos.

Una cosa está clara, toda reforma, por mínima que sea, tiende, en general, a mejorar el marco normativo vigente, aunque en este caso podemos augurar una temprana caducidad que deberá ser sucedida por una reforma más ambiciosa y que dé cabida a la pluralidad de objetos y de sujetos que existen en nuestro mercado inmobiliario.

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Los cónyuges del mismo sexo pueden residir en cualquier país de la Unión Europea

Como ciudadanos de la Unión Europea tenemos derecho a residir en cualquier otro Estado miembro por un periodo de tiempo superior a tres meses tanto si decidimos trabajar en el país de acogida como si disponemos (tanto para nosotros como para los miembros de nuestra familia) de recursos suficientes para no convertirnos en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante el tiempo de nuestra estancia.

Se habla de un derecho de residencia porque todo ciudadano de la Unión puede hacer uso de su libertad de circulación, desplazamiento y por lo tanto, también de residencia de forma efectiva en cualquier Estado miembro de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2004/38/ CE.

La misma Directiva dispone que este derecho de residencia se amplíe a los miembros de la familia aunque no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea cuando estos le acompañen o se reúnan con él en el Estado miembro de acogida.

¿Qué personas entrarían dentro del término “miembros de la familia”?

Se entiende que son miembros de la familia: el cónyuge, la pareja registrada y cualquier otro miembro de la unidad familiar, que esté a cargo o viva con el ciudadano de la Unión (por ejemplo, hijos o padres).

En este sentido, no todos los Estados miembros de la Unión reconocen el matrimonio homosexual en su derecho interno por lo que, ¿es posible conceder el derecho de residencia en su territorio por un periodo superior a tres meses al cónyuge del mismo sexo de un ciudadano de la Unión?

La respuesta es afirmativa. El pasado 5 de junio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció interpretando en el sentido de que, el cónyuge nacional de un tercer Estado (no miembro de la Unión) del mismo sexo que el ciudadano de la Unión, que ha contraído matrimonio con este en otro Estado miembro tiene igualmente el derecho a residir en el otro Estado aunque éste no reconozca el matrimonio homosexual en su legislación nacional. Actualmente son seis los países de la UE que no contemplan ninguna forma de unión legal entre personas del mismo sexo (sea matrimonio o sea pareja registrada): Bulgaria, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Letonia y Rumanía).

Supongamos que nos encontramos ante el siguiente supuesto: una persona española se casa con una nacional colombiana en España y con posterioridad deciden irse a vivir a Polonia por trabajo. ¿Se podría solicitar un permiso de residencia para la persona colombiana bajo la condición de familiar cónyuge de la persona de nacionalidad española?

Después de la interpretación dada por el Tribunal, la persona nacional colombiana tendrá el derecho de residencia por ser cónyuge de una persona nacional española puesto que el término es neutro y denegar la concesión de un derecho de residencia a la persona colombiana se opondría al artículo 7 de la Directiva y 21 del TFUE, apartado 1, sobre el libre ejercicio del derecho de un ciudadano europeo de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros puesto que de lo contrario tendría como consecuencia que a la persona española se le pudiera ver privado el derecho de libertad de circulación ya que se vería forzada a abandonar Polonia por no poder residir acompañada de su cónyuge.

Dado que España reconoce tanto el matrimonio como el Registro de Uniones Estables del mismo sexo, no existe ningún impedimento para tramitar aquí tarjetas de residencia para esos cónyuges, no obstante deberá velarse por el respeto del criterio marcado por el TJUE cuando estas parejas se desplacen a algunos de los países indicados que no reconocen su unión.

En AGM Abogados podemos asesorar tanto en la preparación de los expedientes prematrimoniales, como en la inscripción de Uniones Libres y en la posterior tramitación de tarjetas de residencia como familiares de ciudadano/a comunitario/a.

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¿Cómo funciona la remuneración de los consejeros ejecutivos tras la sentencia 98/2018 del Tribunal Supremo?

La reciente Sentencia 98/2018, de 26 de febrero, dictada por el Tribunal Supremo (STS 98/2018), cambia la postura que se había impuesto respecto al sistema de remuneración de los consejeros con funciones ejecutivas.
Hasta la STS 98/2018, la DGRN, distintos Juzgados de lo mercantil y gran parte de la doctrina, interpretaron que los artículos 217 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), no se aplican de forma cumulativa, sino alternativa. Sin embargo, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de la postura que se había impuesto, de modo que las compañías deberán adaptar su política de remuneraciones a esta nueva tesitura.

Antes de continuar, cabe destacar el contenido de estos dos artículos (el art. 217 LSC referido a la remuneración de los administradores en general y el art. 249 LSC referido a los administradores con funciones ejecutivas), cuyo tenor literal es el siguiente:

“Artículo 217. Remuneración de los administradores.

El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el sistema de remuneración.
El sistema de remuneración establecido determinará el concepto o conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales y que podrán consistir, entre otros, en uno o varios de los siguientes:
a) una asignación fija,
b) dietas de asistencia,
c) participación en beneficios,
d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia,
e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución,
f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador y
g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos.

3. El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. Salvo que la junta general determine otra cosa, la distribución de la retribución entre los distintos administradores se establecerá por acuerdo de éstos y, en el caso del consejo de administración, por decisión del mismo, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.

4. La remuneración de los administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables.”

“Artículo 249. Delegación de facultades del consejo de administración.

Cuando los estatutos de la sociedad no dispusieran lo contrario y sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, el consejo de administración podrá designar de entre sus miembros a uno o varios consejeros delegados o comisiones ejecutivas, estableciendo el contenido, los límites y las modalidades de delegación.
La delegación permanente de alguna facultad del consejo de administración en la comisión ejecutiva o en el consejero delegado y la designación de los administradores que hayan de ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión.
En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato.
El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general.”

Si bien hasta la STS 98/2018, se había impuesto la idea de que el art. 249 LSC se aplica respecto a los consejeros con funciones ejecutivas, de forma alternativa al art. 217 LSC y, por lo tanto, cuando a un consejero se le delegan funciones ejecutivas, la remuneración por este concepto no queda vinculada al régimen del art. 217 LSC; con la STS 98/2018, el Tribunal Supremo se pronuncia en contra de esta interpretación.

En consecuencia, de ahora en adelante la remuneración de los consejeros por sus funciones ejecutivas quedará también afectada por la llamada “reserva estautaria” de la remuneración de los administradores (contenida en el art. 217 LSC). Es decir, el Tribunal Supremo entiende que el art. 217 y 249 LSC se aplican de forma cumulativa. Ello se debe, principalmente, a que la anterior interpretación permitía que el órgano de administración se saltara los límites fijados en los Estatutos sociales y por la Junta General de socios.

De forma resumida, a partir de ahora la remuneración de los consejeros por sus funciones ejecutivas deberá superar los tres niveles siguientes:

Los Estatutos sociales permitan la remuneración de los administradores/consejeros;
la Junta General de socios apruebe el máximo de la remuneración a percibir por los administradores/consejeros y, en su caso, la política detallada de remuneraciones; y
el Consejo apruebe la delegación de funciones ejecutivas y la remuneración a percibir por las mismas, respetando los límites estatutarios y los fijados en la Junta General de socios.

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Todo los que debe saber sobre el control fiscal de las sociedades españolas en Francia

Si es una sociedad española que opera en Francia y es objeto de un procedimiento de control fiscal en este país, a continuación le presentamos algunos principios claves para comprender el desarrollo de este procedimiento.
1. ¿Cuál es el elemento detonante de un control fiscal de sociedades extranjeras en Francia?

Las empresas extranjeras pueden ser objeto de diversos controles administrativos en Francia, aun operando allí de forma temporal (ej. obras o trabajos de construcción) o “a distancia” (ej. ventas a distancia por internet).

Para las obras realizadas en Francia, un control de la inspección de trabajo sobre las condiciones y autorización del personal que opera sobre el territorio francés puede conllevar un control de la URSSAF (cobros de las cotizaciones sociales) y posteriormente un control fiscal (una “revisión de la contabilidad”) para asegurarse que la sociedad extranjera cumple debidamente con el pago de los impuestos en Francia.

Es igualmente frecuente, para las ventas a distancia por internet (especialmente vía plataformas “market place”) que un control fiscal de la sociedad extranjera sea activado por comprobación cruzada de las declaraciones fiscales de los clientes franceses de los “market place” franceses, o debido a los controles fiscales de estos últimos.

2. ¿Es objeto de una inspección fiscal en Francia?

Los inspectores tributarios disponen, en aplicación del art. L 16 B del Libro de Procedimientos Fiscales francés, de un derecho de visita y de embargo (o inspección fiscal) en cualquier lugar, incluso privado, para la búsqueda de infracciones en materia fiscal.

Bajo requerimiento, la administración solicita al juez autorizar el procedimiento de visita y de embargo. El juez sólo concede la autorización si existe presunción de que la sociedad extranjera presente irregularidades en el establecimiento o en el pago de los impuestos sobre la renta o sobre los beneficios, o del impuesto sobre el valor añadido.

La inspección sólo podrá llevarse a cabo entre las 6 horas de la mañana y las 21 horas. Los inspectores de la administración tendrán que estar acompañados por un oficial de la policía judicial. Podrán buscar en todas partes (locales profesionales, obras, domicilios privados, etc.) las piezas y documentos relacionadas con las actuaciones fraudulentas, sea cual sea el soporte.

A raíz de la inspección, un procedimiento verbal constatando el procedimiento seguido y la integralidad de las piezas incautadas será remitido al contribuyente.

Dos vías de recursos contra este procedimiento de visita e incautación están a vuestra disposición:

Uno contra el desarrollo de las operaciones en un plazo de 15 días a contar desde la remisión o de la recepción del procedimiento verbal.
El otro contra la ordenanza del juez habiendo autorizado la inspección, en un plazo de 15 días a contar desde la notificación de la ordenanza.
En todo caso, y sin importar el carácter perjudicial de las piezas incautadas, se aconseja encarecidamente poner en marcha dichas vías de recursos con el objetivo de impugnar las presunciones de fraude de la administración y, en general, presentar la posición de la sociedad (producción de piezas y argumentos de defensa) anticipando la probable aplicación de un procedimiento más completo en su contra.

3. ¿Es objeto de una revisión de contabilidad y acaba de recibir una proposición de rectificación?

La administración fiscal francesa puede, en aplicación del art. L 13 del LPF, realizar una revisión de la contabilidad de su empresa (materializada mediante notificación de un aviso de revisión a la cual va adjunta una carta de los derechos y obligaciones del contribuyente).

Normalmente el control se realiza in situ, es decir en la sede de la empresa, pero en el caso de empresas extranjeras sin presencia física en Francia, el control se realiza principalmente por el ejercicio del derecho de comunicación de la administración con la empresa o terceros (clientes, entidades financieras, etc.), o incluso por la aplicación de la asistencia administrativa de las autoridades fiscales en el Estado de la sede de la empresa, si fuera necesario.

Tanto España, como Francia, responden eficazmente a las peticiones de comunicación de información que les son hechas por la vía de la asistencia administrativa internacional.

Cuando considera aplicar incrementos, la administración le envía una “proposición de rectificación”.

Usted dispone entonces de 30 días (plazo prolongado a 60 días bajo petición) para comunicarle sus observaciones. La administración notifica entonces su “respuesta a las observaciones del contribuyente” transmitiendo el mantenimiento o no de las rectificaciones propuestas.
En caso de desacuerdo entre usted y la administración fiscal, usted podrá igualmente solicitar una entrevista con el superior jerárquico del inspector, y acudir a la comisión departamental si vuestro desacuerdo persiste a pesar de las conversaciones. No se demore, estos recursos deberán ser ejercidos antes de la recepción de una notificación de recaudación.
Al término del procedimiento de control se emitirá (si las rectificaciones se mantienen) una notificación de recaudación (AMR) que podrá recurrir en el marco de un procedimiento contencioso (véase a continuación).
4. ¿La administración aplica el procedimiento de tasación de oficio?

El procedimiento de rectificación en principio es contradictorio y se caracteriza por un dialogo entre la administración y el contribuyente.

No obstante, en ausencia de aclaraciones en los plazos, o de respuesta de la sociedad extranjera a las peticiones de aclaración y de justificación, la administración puede aplicar el procedimiento de “tasación de oficio” que le permite evaluar las imposiciones debidas sobre la base de los únicos elementos de los que disponga. Sobre el plano procesal, la imposición de oficio tiene por efecto privar al contribuyente de su derecho a acceder al superior jerárquico o al interlocutor del departamento.

Por último, la empresa que se niegue a responder a las peticiones de la administración se expone igualmente a las consecuencias de la oposición al control fiscal (especialmente, incremento del 100%).

Se aconseja cooperar con las peticiones de la administración fiscal y de instaurar un dialogo constructivo con ésta (si fuera necesario haciéndose acompañar de su asesor).
5. ¿La administración le aplica un incremento del 80% por actividad oculta?

En el marco del control fiscal de las sociedades extranjeras, la administración tiende a aplicar un incremento del 80% (art. 1728-1.c del CGI) por actividad oculta motivando que la sociedad no ha dado a conocer su actividad en un centro de formalidades de las empresas o en la secretaría del tribunal de comercio francés, o (si procede) se ha dedicado a una actividad ilícita y no ha cumplido con sus obligaciones de declarar en los plazos legales.

En ciertas situaciones este incremento del 80% es recurrible. Esto ocurre especialmente en el caso de procedimientos llevados a cabo contra una sociedad española debidamente registrada en España y que haya pagado sus impuestos sobre la parte de los ingresos que la administración francesa desea someter al impuesto en Francia durante el procedimiento de rectificación. Por consiguiente, es oportuno recurrir esta calificación de actividad oculta y la aplicación del incremento del 80%.
6. ¿Es posible negociar un escalonamiento o una transacción de la deuda fiscal?

Si lo solicita, puede obtener un escalonamiento excepcional por parte de la administración fiscal. La concesión de un escalonamiento no es sistemática. De hecho, la empresa extranjera, para obtener este escalonamiento, debe demostrar la existencia de dificultades financieras y dar a la administración fiscal suficientes garantías de pago. El compromiso debe describir las modalidades de desarrollo del escalonamiento: la duración (no debe exceder 2 años), el importe de los vencimientos y el pago de un anticipo significativo.

Además, puede negociar una transacción con la administración fiscal. En este caso, la administración fiscal solo puede disminuir el monto de las sanciones o impuestos directos, pero en contrapartida, deberá pagar la cantidad fijada por la administración fiscal y renunciar a todo procedimiento litigioso.

7. La administración rechaza vuestros argumentos y mantiene las rectificaciones. ¿Cómo recurrir la imposición de la notificación de recaudación?

Cuando la administración mantiene les rectificaciones y emite una notificación de recaudación (AMR), usted dispone de 3 años (hasta el 31 de diciembre del tercer año siguiente al que la regularización ha sido notificada) para recurrir.

Para impugnar las cantidades a recaudar, tendrá que dirigir a la administración una reclamación previa motivada, llamada “contenciosa”, solicitando la deducción de las cantidades recurridas. En caso de respuesta negativa, dispone entonces de un plazo de 2 meses para interponer un recurso ante el Tribunal Administrativo competente. Pasado este plazo de 6 meses, la ausencia de respuestas por parte de la administración significa la desestimación de su reclamación. Este rechazo implícito no hace correr el plazo del recurso contencioso de 2 meses.
El procedimiento contencioso es bastante largo. De media, hay que contar por lo menos un año para obtener una decisión del Tribunal Administrativo, después uno o dos años suplementarios en caso de apelación, y finalmente un año adicional para obtener una resolución del Consejo de Estado.

8. En caso de impugnar la imposición ante el Juez, ¿estoy exento del pago de las cantidades en causa hasta la resolución del litigio?

Las reclamaciones contenciosas no son, por ellas mismas, suspensivas del pago. En caso de impugnación, usted tendrá, en principio, que pagar el importe de principal así como las sanciones o penalizaciones aplicadas en el plazo legal.

No obstante, la ley permite solicitar beneficiarse de un aplazamiento del pago. Conviene, entonces, acompañar la reclamación con una demanda de aplazamiento de pago.
La administración, sin embargo, le puede solicitar constituir unas garantías o puede dispensarle de ello. En defecto de constitución de garantías, si no ha sido dispensado, o si las garantías ofrecidas son estimadas insuficientes, la administración puede tomar medidas cautelares para los impuestos impugnados (embargos cautelares…) y aplicar unos intereses de demora (0,2% por mes à contar desde 2018).

Si el aplazamiento del pago es acordado pero usted no consigue que le den la razón ante el tribunal, los intereses de demora deberán ser abonados.

Nuestro equipo de abogados fiscalistas franceses, domiciliados en Barcelona, Madrid y París, con sólida experiencia en materia de asistencia en control fiscal, puede asesorarle en sus procesos de comprobación y regularización en Francia.

Agm Abogados
Consumidores y usuarios, ¿derecho a desistimiento?

Desafortunadamente en ocasiones se nos puede plantear un verdadero calvario al resolver un contrato de compraventa o de prestación de servicios, o contratos complementarios a los anteriores, cuando entendemos que el producto no es correcto o ha habido alguna irregularidad en la prestación del servicio.

Para conocer nuestros derechos como consumidores y usuarios hemos de atender a la normativa aplicable con carácter general en todo el estado español, pero debiendo tener presentes las peculiaridades normativas que pueda haber en las distintas comunidades autónomas.

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Para conocer nuestros derechos como consumidores y usuarios hemos de atender a la normativa aplicable con carácter general en todo el estado español, pero debiendo tener presentes las peculiaridades normativas que pueda haber en las distintas comunidades autónomas.
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