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MIRIAM PARDO ARRIBAS

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La supresión de las faltas del Código Penal y su conversión, en algunos casos, en delitos leves.

La tradicional distinción que recogía el Código Penal de 1995 entre delitos graves, menos graves y faltas ha sido transformada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, que ha venido a suprimir su Libro III (“Faltas y sus penas”). Para aquellos que no estén familiarizados con estos términos, podríamos decir que las faltas eran las conductas penales de menor importancia, de ahí que fuesen sancionadas con penas tales como la multa, los trabajos en beneficio de la comunidad, etc…, y nunca con la pena de prisión.


Cambios de regulación


Algunas de las conductas que antes se tipificaban como faltas han pasado a considerarse delitos leves; otras, sin embargo, ya no constituyen un ilícito penal; y un tercer grupo, las menos, pasan a constituir delitos menos graves (con el consiguiente aumento de la pena).


Los delitos leves ya no están regulados en un Libro aparte, sino que se integran a lo largo de todo el Libro II junto con el resto de los delitos, constituyendo normalmente la forma más benigna o privilegiada de algunos de éstos, castigados con una pena leve.


Derecho Administrativo y Civil


Veamos a continuación algunas conductas que, tras el cambio, pasan a regularse como infracciones administrativas:


. Los daños causados a los inmuebles de dominio público o privado sin el consentimiento de la Administración o de su propietario.


. El abandono en la vía pública de jeringuillas u otros instrumentos peligrosos.


. Llevar sueltos animales feroces o dañinos susceptibles de atacar a las personas.


. Desobediencia leve a los agentes de la autoridad.


. Carecer del seguro obligatorio en el ejercicio de determinadas actividades (conducta de la que se exceptuaba la conducción de un vehículo a motor sin tener suscrito un seguro de responsabilidad civil).


Algunas conductas, como acabamos de ver, están ahora en la órbita del Derecho Administrativo. Otras, en cambio, al quedar destipificadas del Código Penal podrán perseguirse a través de la jurisdicción civil. Eso significa que quien se considere perjudicado por la acción de un tercero puede presentar una demanda ante los Tribunales de lo Civil reclamando daños y perjuicios. Pondremos algunos ejemplos de ello:

. El homicidio por imprudencia leve.

. Denegación de auxilio o asistencia a menores abandonados, ancianos o discapacitados, sin perjuicio de que la conducta reúna los elementos necesarios para constituir otro delito.

. El incumplimiento de algunas de las obligaciones establecidas por el Juez en los convenios reguladores de separación o divorcio. La falta de pago de las pensiones alimenticias sigue constituyendo delito de abandono de familia.

. Causar desórdenes leves en un evento deportivo, juzgado o reunión numerosa.




Antecedentes delictivos, prescripción de los delitos leves y perdón del ofendido


Aquí se observa otro cambio importante en la regulación del Código Penal, pues a diferencia de las faltas, los delitos leves sí generan antecedentes (hasta que transcurran 6 meses desde la extinción de las penas). Bien es cierto que no producirán todos los efectos habituales de los mismos -no se computan a efectos de reincidencia ni de suspensión de las penas-, aunque sí se tendrán en cuenta para apreciar la habitualidad en los delitos de hurto y apropiación indebida.


Los delitos leves prescribirán al año -las faltas lo hacían a los 6 meses-. Por otra parte, el perdón del ofendido extinguirá la responsabilidad penal cuando sólo puedan ser perseguidos a instancia de la víctima.


Enjuiciamiento de los delitos leves



Serán competentes para su enjuiciamiento los Juzgados de Instrucción y, en determinados casos, los Juzgados de violencia sobre la mujer (artículo 173.2 CP). Se prevén dos tipos de procedimientos, uno para los delitos leves de lesiones, hurto flagrante, amenazas, coacciones e injurias y otro para los demás. En el primero de ellos la propia Policía Judicial citará ante el Juzgado de Instrucción a los ofendidos y perjudicados.


Normas de Derecho Transitorio


Puede que se pregunte, lógicamente, ¿qué sucederá con los procedimientos que ya se habían iniciado al entrar en vigor la reforma? A partir del 1 de julio de 2015 se aplicarán las reglas siguientes:


. Se seguirán aplicando las reglas propias del juicio de faltas si la conducta pasa a tipificarse como delito leve.


. Se continuará con el procedimiento, aunque la conducta se haya despenalizado, si en la sentencia ha de resolverse sobre cuestiones relativas a la responsabilidad civil del enjuiciado. Si el Juez no ha de entrar a valorar estas cuestiones o el perjudicado renuncia a exigir dicha responsabilidad, se archivará el procedimiento.


Finalidad de la reforma


Los cambios legislativos que hemos analizado tienen una finalidad clara: aligerar la carga de trabajo de los Juzgados de lo Penal. Dos medidas, aparte de la destipificación de determinadas conductas, van a contribuir a ello: la necesidad, en algunos casos, de que medie denuncia del perjudicado para perseguir determinados delitos leves y, por otra parte, las funciones que se le han otorgado a la Fiscalía de cara a solicitar el sobreseimiento del proceso.


El Ministerio Fiscal podrá pedir el sobreseimiento, además de por las circunstancias ya contempladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en dos casos:


- Cuando el delito revista una escasa gravedad. Para considerarlo así tendrán que valorarse las circunstancias del hecho y del autor.


- Que no exista realmente un interés público en perseguir el hecho delictivo. Si se trata de un delito patrimonial, por ejemplo, se solicitará el sobreseimiento si el perjudicado no ha denunciado y el responsable ha reparado el daño.

El Derecho Penal no se ocupa únicamente de establecer que conductas son consideradas delito y que pena les corresponde, sino que trata de ...
MIRIAM ha comentado una publicación de MIRIAM PARDO ARRIBAS 06 de noviembre de 2015
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Los delitos contra la seguridad vial en la Memoria de la Fiscalía del año 2015.

España es, según el último cómputo de víctimas realizado a nivel europeo, el quinto país en muertes relacionadas con la siniestralidad vial: 36 por cada millón de habitantes. Si bien las cifras siempre son susceptibles de ser mejoradas, durante los tres últimos años ha descendido, en términos generales, el número de muertos y heridos en nuestras carreteras. El hecho de ir dejando atrás, poco a poco, la crisis económica no es algo baladí, sobre todo teniendo en cuenta que el año 2011 supuso el fin de la escalada en siniestralidad. Desde entonces las cifras son mejores cada año, aunque no cabe relajarse.


Todas las campañas y medidas que se han adoptado en España para mejorar las circunstancias relacionadas con la circulación automovilística, incluyendo no sólo a los conductores y a los pasajeros de los vehículos a motor, sino también a los peatones y a los ciclistas, deben enmarcarse en el compromiso europeo de reducción de accidentalidad, que ya se encuentra en su segunda fase (2010-2020).


Criterios fundamentales


Si bien no se desdeña la importancia de otras medidas, la Fiscalía considera cruciales dos aspectos en la lucha por disminuir la siniestralidad vial: la unificación de criterios entre los profesionales del derecho y la educación. El uso de criterios claros y uniformes a la hora de aplicar las normas relacionadas con la circulación es un elemento esencial para los operadores jurídicos, pues sólo de esa forma se conseguirá una pretendida equidad en las resoluciones judiciales, tanto penales como civiles.


Tampoco podemos olvidar, como decíamos, la educación. La mejor manera de prevenir los accidentes de tráfico y otros incidentes es educar y concienciar a toda la población, es decir, a los usuarios de las vías. Señala la Fiscalía que hay dos grupos de riesgo especialmente sensibles: los menores y los ancianos. Los accidentes de tráfico son la primera causa de mortalidad en el tramo de edad de 15 a 24 años. De ahí la importancia de adoptar las siguientes medidas:


. Integrar la formación vial en toda la etapa de enseñanza y aprendizaje de los jóvenes, esto es, dotarle de un carácter continuado.

. Implicar en dicha formación a los padres, a los profesores, a los agentes de policía y, en definitiva, a todas las Administraciones Públicas.


. Concienciar a la gente, haciendo hincapié en los adolescentes, de los peligros asociados a conducir bajo los efectos del alcohol y/o las drogas.


. Incrementar la exigencia de las pruebas físico/psíquicas de todos los conductores, especialmente de los de la tercera edad (más de 64 años), que representan el 29 % de los fallecidos en siniestros viarios. La renovación del carné de conducir no debe ser un mero trámite. Es preciso asegurarse de que el interesado aún posee las capacidades necesarias para circular por las vías públicas.


Por su parte, el carné por puntos se ha consolidado como una medida que sirve, no sólo para sensibilizar a los conductores, sino también para reeducarles cuando han incurrido en un comportamiento inapropiado, delictivo o no.
Ilícitos cometidos por profesionales relacionados, de una u otra manera, con la circulación


Se detiene la Memoria en analizar algunas conductas delictivas conexas con la circulación. Entre ellas podríamos destacar: la falsificación del carné de conducir o del resultado de los exámenes médicos; las exploraciones que no son practicadas por los médicos acreditados, sino por empleados sin la debida cualificación; las falsificación de las pruebas relativas a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), haciendo pasar por aptos para la circulación vehículos que se encuentran en malas condiciones, etc…



Se trata de delitos que, sin cometerse al conducir un vehículo, generan consecuencias negativas en la circulación: personas sin las aptitudes necesarias para conducir, vehículos en mal estado o, incluso, conductores que no han superado las pruebas obligatorias para obtener el carné. Todo ello supone un incremento del riesgo y el peligro inherentes a la conducción.


Reformas legales


Dos modificaciones legislativas atraen el interés de la Fiscalía en la Memoria que estamos comentando: de un lado, la supresión de las faltas del Código Penal (operada en julio de 2015) conlleva la eliminación de dicho ámbito de las imprudencias leves, cuyo enjuiciamiento quedará relegado a la jurisdicción civil; del otro, el 1 de enero de 2016 entrará en vigor el nuevo baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico.


Centrándonos en esta segunda reforma, el baremo de la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor va a sufrir importantes modificaciones. Hay que tener en cuenta, además, que no se actualiza desde el año 2014. Sin embargo, frente a dicha renovación del sistema indemnizatorio la Fiscalía tiene algunas cosas que decir.



Sostiene que no se han tenido en cuenta sus objeciones al Proyecto de Ley que le presentó el Gobierno, critican la celeridad que se le dio a su aprobación y considera que ha primado la opinión de algún sector implicado directamente en la causa -las aseguradoras- sobre los criterios del Consejo General del Poder Judicial y de la propia Fiscalía.
En la Memoria se afirma que corre peligro el equilibrio alcanzado en el complejo proceso de indemnización a las víctimas de accidentes de tráfico, pues hasta ahora se había conseguido que las indemnizaciones fueran justas (en la medida de lo posible) y que se pagaran con relativa rapidez. Tampoco olvida a las personas que, debido a la crisis económica, se encuentran en situación de exclusión social ni de aquellas que por culpa de una condena pueden perder el trabajo del que depende toda su familia.


Algunos datos estadísticos


Sin perjuicio de alguna variación estadística posterior a la publicación de la Memoria, en el año 2014 fallecieron en España 1.131 personas en accidentes de tráfico, frente a las 1.134 del año anterior. Hay que tener en cuenta que se incrementaron los desplazamientos por carretera de largo recorrido, alcanzando un total de 359.789.623.
En cuanto a los delitos, desde el año 2011 se observa una disminución de los asuntos incoados (140.650 en 2011, 118.186 en 2012, 114.854 en 2013 y 108.843 en 2014), incrementándose, por otra parte, el número de sentencias recaídas.



De los conductores fallecidos en accidentes de tráfico a lo largo del año 2014 (614), el 39,09 % dio positivo por alcohol y/o drogas, un 4 % menos que en 2013. Y de los que dieron positivo el 77,63 % lo hicieron con una tasa de alcohol superior a 1,2 g/L. El aumento de los resultados positivos pos drogas está directamente relacionado con el incremento de las pruebas realizadas para su detección: frente a las 4.563 que se hicieron en 2013, en el año 2014 alcanzaron las 29.643.


Para terminar, lamenta la Fiscalía la imposibilidad de ofrecer datos estadísticos fiables sobre los ingresos en prisión por delitos relacionados con la seguridad vial. Sigue trabajando estrechamente con las Instituciones penitenciarias para corregir esta desafortunada falta de coordinación.

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