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Desestimado un recurso por incumplimiento de contrato en la venta de una vivienda

Adquirir una vivienda, ya sea para residencia habitual ya sea como segunda residencia de vacaciones, es un acto de tremenda importancia y por ello, la forma del contrato de compra-venta debe estar precedida de una adecuada y absoluta comprensión de todas sus cláusulas, especialmente cuando la propiedad en cuestión aún no ha sido terminada de construir y por tanto, no cuenta aún con los permisos correspondientes que garanticen y legalicen su habitabilidad.

Un buen ejemplo de esta prescripción es el caso ocurrido en Palma de Mallorca. Allí, una pareja adquirió una vivienda mediante la firma de un contrato de opción a compra constituido por diversas cláusulas que, evidentemente, ambas partes debían cumplir. Sin embargo, los compradores entendieron que el vendedor no había cumplido con los plazos estipulados en dicho contrato por lo que recurrieron a la justicia reclamando aquello a lo que consideraban tener derecho.

El objeto de disputa era la cláusula segunda de dicho contrato, el cual ha sido calificado por el tribunal como “complejo y oscuro en las condiciones pactadas”. Dicha condición establecía un pago en dos partes de 125.000 euros cada una al tiempo que recogía la posibilidad de que el vendedor no cumpliese con alguno de los plazos y condiciones pactados, en cuyo caso los compradores podrían optar bien a proseguir con el proceso de compra, bien a anular la operación y recibir la totalidad del importe más los intereses oportunos, aún cuando sólo se hubiese realizado uno de los pagos.

En dicha cláusula se recoge que "el Vendedor no se responsabilizará de la no presentación del certificado de final de obra del Ayuntamiento o de la cédula de habitabilidad”, siempre y cuando sí que hubiera presentado la solicitud en tiempo y forma reglamentarios, algo que efectivamente hizo. De ello, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, como Procurador de los Tribunales Buenaventura Cucó Lujosa, deduce que en el citado contrato firmado el vendedor sólo se responsabiliza de la gestión de tal documentación, por lo que “no se le puede imputar el retraso en su concesión ni ser personalmente responsable de tal eventualidad”.

Así, el tribunal desestima el recurso de los compradores que además, deberán hacer frente a las costas judiciales.

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El retraso en la entrega de un inmueble puede ser motivo de rescisión de contrato

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, como Procurador de los Tribunales Buenaventura Cucó Lujosa, ha confirmado una sentencia dictada en primera instancia por la que se condena a una constructora a devolver el importe íntegro abonado por otra empresa en concepto de una oficina y una plaza de aparcamiento.

Una empresa compró a una constructora un local comercial que se destinaría a oficinas y una plaza de aparcamiento en Palma de Mallorca. En el momento de firmar el contrato de compra-venta, las obras no habían finalizado por lo que en dicho documento se establecía una fecha concreta de entrega a la vez que se recogían las consecuencias y opciones posibles en el hipotético caso de que dicho plazo no se cumpliese. En concreto, dicho contrato, aceptado y firmado por ambas partes, decía: "Si por cualquier causa no se pudiera entregar el local/oficina y aparcamiento vendida en el plazo previsto, el comprador podrá́ optar entre instar la resolución del contrato de compraventa, o mantener su vigencia según los nuevos plazos que, de mutuo acuerdo, ambas partes justificada y motivadamente estipulen. En el caso de que el comprador opte por la resolución del contrato de compraventa, la vendedora deberá́ de restituir al comprador las cantidades anticipadas en pago parcial del precio de la venta y, como indemnización de daños y perjuicios causados, los intereses que correspondan sobre tal cantidad”.

Efectivamente, llegada la fecha no se produjo la entrega del local y la plaza de aparcamiento por lo que el comprador comunicó al vendedor su decisión de rescindir el contrato exigiendo la devolución de las cantidades entregadas así como 25.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

La constructora, alegando un “mero retraso” debido a que “el certificado municipal de final de obra todavía no se había expedido por problemas de urbanización de la calle”, se negó a tal petición sin embargo, la cláusula del contrato lo había dejado suficientemente claro: “Si por cualquier causa no se pudiera entregar”, y así lo vieron tanto el Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ibiza como ahora la Audiencia Provincial que ha desestimado el recurso interpuesto por la constructora confirmando la condena inicial que estipula la devolución de los 206.888 euros entregados por el comprados más 25.000 euros por daños y perjuicios.

El retraso en la entrega de un inmueble puede ser motivo de rescisión de contrato. Procurador de los Tribunales Buenaventura Cucó Lujosa
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La estancia en prisión o en situación de desempleo, no exime de la obligación de asegurar el bienestar de los hijos

Cuando un matrimonio se disuelve y uno de los progenitores debe pasar la oportuna pensión de alimentos para sus hijos, en ocasiones surgen situaciones que dificultan su cumplimiento como perder el trabajo y carecer de recursos suficientes o, como en este caso que nos ocupa, la entrada en prisión. A menudo, esta situación puede resultar comprensible sin embargo la legislación actual es clara al respecto y no considera este tipo de situaciones como eximentes al obligado cumplimiento de proveer el bienestar de los hijos menores de edad.

En relación a un proceso de divorcio ocurrido en Ibiza, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha sido tajante al respecto, como ahora comprobaremos.

En primera instancia, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Ibiza, donde fue Procurador de los Tribunales Buenaventura Cucó Lujosa, resolvió un divorcio acordando el fin de la convivencia, estableciendo el domicilio habitual de la mujer y sus dos hijos menores de edad, disolviendo el régimen de bienes gananciales, estableciendo un período de vistas y, evidentemente, fijando una distribución de gastos entre ambos progenitores, incluida una pensión de alimentos de 400€ que el padre debería pasar puntualmente cada mes. Aunque con algunas discrepancias respecto a la cuantía, esta mujer recurrió dicha sentencia fundamentalmente porque en ella se establecía que, durante el período de estancia del padre en prisión (y también durante los dos meses posteriores a su salida), los gastos referidos al pago de hipoteca y créditos quedarían suspendidos y del mismo modo, la pensión alimenticia para sus hijos quedaría reducida a sólo 60€ por niño.

Considerando esta cantidad del todo insuficiente y argumentando que a pesar del cambio de situación del padre, las necesidades de los niños son exactamente las mismas, esta mujer interpuso un recurso solicitando que se anulase dicha suspensión y ahora, el tribunal no ha podido ser más claro al expresar en su resolución que “el hecho de estar en prisión no puede ser, por si mismo, una excepción a la obligación de pago de la pensión de alimentos, pues el fin único de estas medidas es el bienestar de los hijos menores, no del padre o de la madre, sino de los hijos menores”. Por tanto, este hombre deberá hacer frente igualmente a sus obligaciones, ya sea en prisión ya sea fuera de ella.

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