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Fue publicado el Real Decreto-ley 1/2015 de 27 de febrero que regula la llamada “ley de segunda oportunidad” y ya algún cliente me ha planteado qué significa y qué posibilidades le puede deparar este mecanismo. Aprovechando la oportunidad que me brinda TENERIFE SUR AHORA intentaré hacer extensiva a todo lector la dinámica de este proceso que, en mi opinión, llega bastante tarde.

Antes que nada conviene aclarar que la norma general sigue siendo la de que todo deudor responde de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros ( artículo 1.911 del Código Civil ) lo que ha significado una auténtica pesadilla para aquellos que después de perderlo todo -incluida la vivienda que se ha adjudicado el banco por la mitad de su valor- aún quedaban debiendo decenas o cientos de miles de euros de por vida.

Este decreto supone la excepción a esa norma general y a la misma se pueden acoger tanto los empresarios ( individuales o societarios ) como los demás ciudadanos particulares, lo que supone un avance en relación a la normativa anterior que sólo permitía esta oportunidad a los empresarios.

A grandes rasgos el mecanismo es como sigue: el deudor que no deba más de 5 millones de euros puede instar con carácter previo ante notario un acuerdo extrajudicial de pagos con aquellos a quienes debe. Si fracasa ese intento de acuerdo se procede a la apertura del concurso/liquidación de su patrimonio. Este acuerdo extrajudicial de pagos tiene una relevancia doble pues suspende cualquier proceso de ejecución hipotecaria que se esté tramitando -por plazo máximo de tres meses si se es empresario y de dos si es ciudadano particular- y porque, sin dicho intento de acuerdo, no será posible acogerse a la segunda oportunidad.

Sólo si no se logra el acuerdo se abre el concurso y si, concluidas las operaciones de liquidación del patrimonio del deudor, se comprueba que aquél no alcanza para pagar todo, es entonces cuando el deudor puede pedir la remisión de las deudas pendientes, siempre que no haya disfrutado en los últimos 5 años de otro acuerdo extrajudicial de pago con los acreedores.

En el proceso de remisión de deudas los acreedores pueden tomar parte y el administrador del concurso debe emitir un informe que, de ser positivo, supondrá la remisión provisional de la obligación de pago de la deuda. Esta remisión provisional significa que nada ha acabado pues el deudor beneficiario queda sujeto a una vigilancia de 5 años hasta conseguir la remisión definitiva de lo debido y siempre que sea deudor de buena fe. Ser deudor de buena fe significa no haber quebrado de forma culpable, no haber cometido ciertos delitos o que haya intentado el acuerdo extrajudicial. También debe cumplir con uno de estos presupuestos: o haber abonado un pasivo mínimo o someterse a un plan de pagos y siempre que haya cumplido otra serie de obligaciones como las de colaboración que regula la ley concursal, que no haya obtenido este beneficio dentro de los 10 últimos años, no haya rechazado dentro los 4 años anteriores una oferta de empleo adecuada a su capacidad y acepte aparecer en el Registro Público Concursal durante 5 años como beneficiario de este sistema.

La deuda que se remite, que se elimina, sería, por un lado, la que corresponde a créditos ordinarios y subordinados pendientes, salvo créditos de derecho público ( es decir no se perdonan las deudas con Hacienda, seguridad social, ayuntamientos…) y las establecidas judicialmente por alimentos de los hijos; por otro lado, se remite también la deuda pendiente que reste tras la ejecución de la garantía real ( hipotecaria o no ). En este último supuesto se consigue el mismo efecto que la dación en pago, que es cuando se entrega la vivienda para cancelar la deuda, pero en la segunda oportunidad la deuda es ese resto que queda pendiente de pago, más los intereses y costas del proceso judicial, cuando el banco ya ha ejecutado la hipoteca.
Las deudas no perdonadas ( hacienda, seguridad social…) las tiene que abonar el deudor en un plazo de 5 años siguientes a la conclusión del concurso sin que puedan devengar interés, debiendo el deudor aportar un plan de pagos.
Ahora, mucho cuidado: las deudas provisionalmente canceladas pueden resucitar si en los 5 años de vigilancia el deudor ha incurrido en una serie de conductas, como cometer cierto tipo de delitos ( estafa, alzamiento de bienes… ) o haber tenido ingresos o derechos patrimoniales ocultos, que incumpla el plan de pagos o que mejorase sustancialmente su situación económica, de manera que pudiera pagar todas las deudas perdonadas sin poner en riesgo sus obligaciones de alimentos.
Y aunque nuestra ley se ha amoldado aquí a lo que disponen los países de nuestro entorno habría que preguntarse si esto no desincentiva a los deudores, que pueden seguir tentados en buscar alternativas en la economía sumergida o a través de los tristemente populares testaferros…
Sólo el tiempo dirá si ha sido un acierto u otro brindis al sol.
www.abogadagladysgarcia.com

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Las crisis matrimoniales no necesariamente son desencadenadas por crisis económicas pero es indudable que la cuestión económica es uno de los aspectos fundamentales que se ha de tratar en toda ruptura de pareja y muy especialmente cuando hay hijos de por medio.

Si bien se tiende a pensar que “alimentos” es sólo lo que comemos debe saber el amable lector que, desde el punto de vista jurídico, nuestro Código Civil engloba en ellos todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, por lo que el contenido es mucho mayor de lo que el propio término podría dar a entender en un principio.

Partiendo de lo anterior es indudable que cuando el matrimonio quiebra y cada una de los miembros de la pareja decide hacer la vida por separado, hay que decidir y resolver el tema de la manutención de los hijos, sí o sí.

Y para resolver este asunto, como todo en esta vida, hay dos maneras de hacerlo: o por las buenas o por las malas o, como diría un abogado matrimonialista, de mutuo acuerdo o de forma contenciosa.

Sobre la primera forma –la amistosa- no me voy a extender en explicar en qué consiste el modo más recomendable, rápido y barato ( entre otras razones porque aquí no habría que celebrar un juicio) de dar solución a las rupturas de parejas y todo lo que ello supone cuando hay hijos afectados. El que los miembros de la pareja negocien –siempre bajo la necesaria orientación y asesoramiento legal- se pongan de acuerdo y firmen un convenio regulador supone dejar en sus propias manos la regulación sobre la custodia, el uso de la casa, las visitas, las vacaciones, los gastos de los niños…etc que nadie conoce mejor que ellos. Y todo eso en el bien entendido de que luego serán el juez y el fiscal (quienes legalmente deben velar por el interés de los menores ) los que decidan si tal convenio es razonable o se han omitido o recogido deficientemente esos aspectos. En este último caso se tendrá que reelaborar y firmar otro convenio que pase el filtro de idoneidad y se dicte sentencia aprobándolo.

El tema se vuelve más delicado cuando los progenitores ni se plantean negociar o cuando las negociaciones no han fructificado.

¿ Qué cantidad de dinero corresponde pagar por un hijo? Si esta es la pregunta que usted se realiza cuando pretende divorciarse sin acuerdo déjeme que le diga varias cosas. La primera es que depende. Para empezar, depende de si los hijos son menores o mayores de edad cuando llega la ruptura, pues el tratamiento es bastante diferente en cada caso. En este punto no quiero dejar pasar la oportunidad de dejar zanjado un tema que trataremos en la próxima entrega cuando hablemos de los alimentos de hijos mayores de edad y es: no se dejan de pagar alimentos ya establecidos para los hijos porque éstos cumplan 18 años.

Centrada la explicación en los hijos más pequeños, también dependerá de las necesidades de estos niños en cada momento. Esto, que parece una obviedad, significa algo tan concluyente como que el primer patrón o guía a seguir es siempre el interés del menor, hasta el punto de que nuestros tribunales lo priorizan sobre los intereses de los demás, incluso sobre las necesidades del obligado a pagarlos, por muy importantes que le parezcan.

No son pocas las veces en que padres o madres me comentan en el despacho que, porque le pasó a un amigo/a o porque lo ha oído en algún sitio, corresponde pagar por cada hijo 150’00 €. Falso. Cada familia es un mundo, cada hijo es diferente y sus necesidades también, como lo son los ingresos y gastos de todos y cada uno de los que se divorcian en este país, por lo que pretender ir a un juez con cifras cerradas es desconocer la materia que tratamos. Tanto es ello así que los intentos del propio Consejo General del Poder Judicial por marcar a los jueces unas tablas orientadoras para alimentos han tenido una aplicación casi nula.

Bien es verdad que existen unos estándares más o menos lógicos y razonables y que debe mediar una cierta proporcionalidad entre la cuantía de los alimentos y los recursos económicos de los progenitores y sus obligaciones económicas, bien las ya contraídas durante el matrimonio ( préstamos, hipotecas.. ) o las que ha debido asumir al abandonar el domicilio conyugal ( alquiler de una nueva casa ) pero déjenme, ya para terminar, que les diga que, aún en los casos en que el pagador está en situación de desempleo, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife viene determinando en sus últimas sentencias que el “mínimo vital” para cubrir decentemente el desarrollo físico, intelectual y emocional de un hijo es de 180’00 € al mes.

Saquen sus conclusiones.

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