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Jose A.G.

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Jose A.G.
MACRO OPERACIÓN POLICIAL CONTRA EL DUEÑO DE VITALDENT POR PRESUNTOS DELITOS ECONÓMICOS

La popular cadena de clínicas dentales de bajo coste Vitaldent ha sido hoy objeto de un operación policial que ha acabado con su propietario, Ernesto Colman, y al menos otras trece personas detenidas por supuestos delitos económicos.

A primera hora de la mañana, la llamada "Operación Topolino" (así es como se conoce al ratoncito Pérez en Italia) arrancaba en la sede central de Vitaldent, ubicada en el madrileño barrio de San Blas, donde la policía ha incautado 36 vehículos de alta gama y un avión privado valorado en un millón de euros.

Según se ha filtrado desde fuentes de la investigación, Ernesto Colman exigía a los dueños de las franquicias de Vitaldent el pago de al menos el 10% en metálico. Esta cantidad, libre d impuestos por tratarse de dinero "B", era desviada a Luxemburgo y Suiza desde donde, tras ser blanqueada, retornaba a España donde era invertida en diferentes propiedades inmobiliarias, artículos de lujo y vehículos.

La policía también ha bloqueado las cuentas de las personas, tanto físicas como jurídicas, investigadas, y los activos financieros de dos SICAV cuyo importe asciende al menos a otros cinco millones de euros, e incautado al menos 124 propiedades.

Según ha informado la Fiscalía Anticorrupción, los registros, que aun continúan, se han practicado tanto en la sede central de Vitaldent como en otras sedes de la misma, 13 bufetes de abogados y en los propios domicilios de los detenidos.

La Policía Nacional de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se ha visto obligada a adelantar esta "operación contra la corrupción y la criminalidad organizada" ante el temor de fuga de su máximo responsable, el ya citado Ernesto Colman.

También en Milán, Italia, se están efectuando registros y detenciones, entre ellas la del responsable de la red de clínicas en dicho país.

La Fiscalía Anticorrupción ha hablado de estafa doble ya que esta red organizada y diseñada para eludir el pago de impuestos, no sólo iba contra la propia Hacienda Pública si no también contra los dueños de las franquicias y, por extensión, contra los propios pacientes a los cuales, supuestamente, se obligaba a pagar en metálico.

Respecto a la continuidad de la actividad de las clínicas y de los tratamientos a los pacientes, la propia Fiscalía ha asegurado su continuidad y ya ha nombrado un gestos que administre las diferentes sedes de la empresa.

Jose A.G.
INDEMNIZADA CON 30.000 EUROS TRAS ROMPERSE LAS DOS PIERNAS DESPUÉS DE QUE UN ESQUIADOR IMPACTASE CONTRA ELLA

El pasado día 16 de febrero de 2013 esta mujer se encontraba en la estación de esquí de La Pinilla, en Segovia, haciendo cola en un remonte cuando de repente recibió el impacto de un esquiador que bajaba a gran velocidad por la pista "Stadium". Según consta como hecho demostrado, el esquiador, a consecuencia de esa enorme velocidad, perdió el control y acabó arrollando a esta mujer la cual sufrió la rotura de ambas piernas y quedó impedida durante ocho largos meses. Fruto de este accidente además, a la víctima le han quedado algunas secuelas como dolor permanente en las rodillas y un agravamiento de la artrosis postraumático.

Aunque el esquiador alegó que la pérdida de control no se debía a una velocidad excesiva, tal y como los testigos habían declarado, si no a la existencia de vegetación en la pista, finalmente la justicia le ha considerado único responsable de los hechos.

En este sentido, la Audiencia Provincial de Segovia, tras el recurso impuesto por el acusado, ha confirmado la sentencia previa dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sepúlveda, que consideraba al acusado como autor responsable penal de las lesiones sufridas por la mujer y, por lo tanto, responsable civil de las mismas. Así, le condena a abonar la cantidad total de 30.542 euros a esta mujer así como una multa de 150 euros en concepto de falta de lesiones imprudentes.

Con esta sentencia, además, la justicia exime de toda responsabilidad a La Pinilla, sociedad que también se presentó en este recurso, inicialmente condenada a hacer frente a esta indemnización junto con el esquiador.

Resulta especialmente interesante la conclusión a la que la Audiencia ha llegado y que queda reflejada en el documento de la sentencia según la cual, si el ya condenado se consideraba un experto esquiador, no puede alegar la existencia de vegetación a pocos metros del lugar donde se produjo el impacto pues, tal y como alegó en el recurso, existía hierba a lo largo de todo el descenso, es decir, este hombre sabía que la pista no estaba en buen estado por lo que debió haber adecuado su velocidad a estas condiciones, al ser conocedor, como experto, de los posibles riesgos. Y concluye: "Si en lugar de ello decidió esquiar como si la pista estuviese en perfectas condiciones, solo él debe ser responsable de su actos, de la misma forma que sucedería con una conductor que conociendo el mal estado de una carretera optase conducir por ella a la misma velocidad que si estuviese en buenas condiciones".

Jose A.G.
UN VECINO DE ALZIRA SERÁ INDEMNIZADO POR HABER TROPEZADO CON UN BOLARDO

En la sentencia ya hecha pública, el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Valencia estima que el bolado instalado en una de las calles del municipio de Alzira constituía un riesgo para los viandantes por lo que ha considerado responsable d los sucedido al ayuntamiento que ahora deberá indemnizar a la víctima con un total de 2.543 euros por las lesiones producidas a consecuencia del tropiezo.

Los hechos ocurrieron a finales de 2012 cuando este vecino que caminaba por la calle Pilates en el municipio valenciano de Alzira tropezó con la base de uno de los bolados que protegían la misma, cayendo al suelo y acabando lesionado.

La víctima interpuso una reclamación por daños al ayuntamiento solicitando una indemnización de 65.223 euros sin embargo, dicha entidad respondió que no existía relación alguna de causalidad entre el estado de conservación de la acera y las lesiones de la víctima y finalmente, tras el fallecimiento de esta por causas ajenas al caso, archivó la reclamación.

Fueron entonces sus herederos los que presentaron un contencioso ante el juzgado de Valencia antes mencionado el cual finalmente, ha reducido las pretensiones económicas de la familia hasta poco más de 2500 euros más los intereses legales que correspondan al considerar que, si bien el afectado tiene derecho a recibir una indemnización, en ella no se puede incluir el tiempo que el mismo estuvo hospitalizado a consecuencia de una operación quirúrgica que se le tuvo que practicar por una enfermedad que padecía.

Jose A.G.
ANULADO UN CONTRATO DE CRÉDITO "REVOLVING" POR USURA

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha dado por nulo un contrato de crédito rápido concedido por una entidad bancaria y según el cual su titular debía hacer frente a un tipo de interés anual del 24,6% y un interés de demora del 4,5% adicional. En virtud de estas condiciones establecidas en el contrato ahora anulado, el consumidor dispuso de un total de 25.500 euros que a su vez produjeron unos intereses de 18.500. Una vez abonados 32.000 euros del total, el usuario dejó de pagar las mensualidades por lo que la entidad financiera le demandó reclamando el importe que quedaba pendiente.

En primera instancia, el cliente fue condenado por un juzgado de Barcelona a abonar la cantidad pendiente, sentencia que más tarde fue confirmada por la Audiencia Provincial de Barcelona sin embargo ahora el TSJ tira atrás las sentencias anteriores en virtud del artículo primero de la Ley de 23 de julio de 2008 de Represión de la Usura según el cual "será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso".

Así Sarazá Jimena, magistrado que ha dictado esta sentencia, expresa en la misma que el contrato superaba el doble del interés fijado como medio por el Banco de España lo cual, si bien "no puede tacharse de excesivo", sí que puede ser considerado como "manifiestamente desproporcionado".

El documento, fechado el 25 de noviembre, dictamina que "La concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico"

Jose A.G.
ESPAÑA, QUINTO PAÍS EUROPEO EN SINIESTRALIDAD VIAL DURANTE 2014

La reducción de la siniestralidad vial es uno de los objetivos fundamentales, tanto a nivel político como legislativo. A pesar del contundente título de este post y que supone, según la memoria de la Fiscalía, que 36 personas de cada millón perdieron la vida en algún tipo de acontecimiento relacionado con la seguridad vial, la realidad es que desde 2011 las cifras tienden a la baja, aunque no es aconsejable la relajación.

Por este motivo España, dentro del marco de la segunda fase del compromiso europeo de reducción de la accidentalidad vial, ha emprendido medias en un doble sentido. Por un lado, intensas campañas publicitarias dirigidas tanto a conductores de todo tipo de vehículos como a pasajeros, peatones o ciclistas que parecen haber surtido efecto.

Por otro lado, la Fiscalía considera fundamental insistir en otros dos aspectos fundamentales:

-La educación, en el sentido de concienciar a toda la población pero especialmente a determinados grupos de edad donde los accidentes de tráfico son la primera causa de mortalidad (jóvenes entre 15 y 24 años), adoptando medidas como:

*Integrar la formación vial en todas las etapas educativas.
*Implicar a profesores, padres y agentes de policía.
*Intensificar la concienciación acerca de los peligros que supone conducir bajo los efectos
de las drogas o el alcohol.
*Endurecer las pruebas físicas y psíquicas para la obtención/renovación del carné.

-La legislación, en el sentido de reformular y unificar criterios uniformes y claros que sirvan para aplicar las normas de circulación, tanto en el ámbito legal como educativo.

La memoria de la Fiscalía acerca de la siniestralidad vial también hace referencia a determinados delitos relacionados con la circulación como la falsificación del carné de conducir o de los informes de los exámenes médicos, revisiones médicas practicadas por empleados no cualificados para ello, falsificación de la ITV, etcétera. Delitos que a la larga también suponen un riesgo para la seguridad vial que puede acabar en nefastas consecuencias.

Junto a ello, la Fiscalía celebra las dos últimas reformas legislativas como son la eliminación de las faltas (imprudencias leves) del Código Penal, y el nuevo barreño de indemnizaciones para accidentes de tráfico que entrará en vigor el próximo primero de enero del año 2016. Al respecto de esta última reforma, si bien la Fiscalía la observa como positiva, también critica la celeridad con que se produjo su aprobación así como que no se hubieran tenido en consideración sus objeciones, primado el criterio de una de las partes implicadas, las compañías aseguradoras.

Por último, el informe de la Fiscalía para el año 2014 expone algunos interesantes datos estadísticos relativos a la siniestralidad vial: durante 2014, 1131 personas perdieron la vida en España a consecuencia de accidentes de tráfico, tras sólo tres vidas menos que en el año inmediatamente anterior (1134), si bien hay que observar el aumento de los desplazamientos por carretera.

Por otro lado, durante 2014 también se produjo un descenso respecto al número de asuntos incoados pasando de 114.854 en 2013 a 108.843 en 2014.

Además, el 39,09% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico durante 2014 dieron positivo por drogas y/o alcohol, lo que supone un 4% menos respecto al año anterior.

En conclusión, queda patente que si bien parece que las medidas iniciadas en materia legislativa van por el camino adecuado, aún queda mucho trabajo por hacer en este largo camino por reducir la siniestralidad vial a nivel cero.

Jose A.G.
CÓMO ANULAR Y RECLAMAR CONTRA LA CLÁUSULA SUELO DE TU HIPOTECA

La cláusula suelo es una disposición incluida por las entidades bancarias en los contratos hipotecarios que impiden al cliente beneficiarse de los bajos tipos de interés vigentes ya que, aunque el Euribor se encuentre a niveles mínimos o el banco comercialice mejores condiciones, el tipo de interés nunca bajará por debajo de ese mínimo establecido.
Desde mayo de 2013 las sentencias judiciales caminan en contra de este tipo de cláusulas que, sin llegar a ser ilegales, sí que podrían presentar "errores" que permitan su anulación e incluso la devolución de las cantidades pagadas de más.

Podrás reclamar contra la cláusula suelo de tu hipoteca cuando concurra alguna de estas circunstancias:

1.No se ha firmado la oferta vinculante o en ella no se refleja el suelo
2.Existe un desfase entre suelo y techo, o éste directamente no aparece.
3.Si el cliente no fue debidamente informado

El primer paso será revisar el contrato de la hipoteca para descubrir si concurre alguno de los supuestos anteriores. En caso afirmativo, lo más aconsejable es tratar de llegar a un acuerdo amistoso con la entidad bancaria para que retiren dicha cláusula y devuelvan el importe cobrado en exceso.
Si no se alcanza un acuerdo, realiza una reclamación ante el Servicio de Atención al cliente de tu entidad. Si también esta reclamación es desestimada, o simplemente no responden, entonces deberás reclamar ante el Banco de España. Para ello deberás acreditar la negativa del banco o bien esperar a que hayan transcurrido dos meses sin respuesta.

Si tampoco el Banco de España satisface tu reclamación, será el momento de recurrir a la vía judicial solicitando la eliminación de la cláusula suelo y el recálculo de las cuotas pagadas con la devolución de la cantidad económica cobrada de más.
Para ello, necesitará la ayuda de un abogado especializado en este asunto.

Jose A.G.
¿ES DELITO NO PAGAR LA TOTALIDAD DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS? ¿QUÉ CONSECUENCIAS PUEDE ACARREAR?

El impago de las pensiones de alimentos a los hijos e hijas menores de edad se encuentra tipificado como delito por el Código Penal español de la siguiente forma:

"El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses”.

Ahora bien, ¿qué ocurre se ese impago de pensiones no se debe a la totalidad del importe si no sólo a una parte? Por ejemplo, un padre debería pasar 400 euros en concepto de pensión de alimentos para su hijo y sin embargo, sólo abona 200 cada mes. ¿Sería igualmente considerado un delito? La respuesta es sí.

El Código Penal también recoge los casos de impagos parciales de pensiones siempre y cuando:

1.Que esos impagos sean de relativa importancia tanto en cantidad como en duración. Por ejemplo, dos años abonando la cantidad citada en el ejemplo anterior.
2.Que exista voluntad de no pagar, es decir, aun aún contando con recursos para abonar la totalidad de la pensión, no lo hace.

En estos casos, lógicamente, puede resultar más fácil argumentar que el pago de dichas cantidades se debe al nivel de ingresos del progenitor obligado a pagar pero, además de aportar argumentos convincentes, deberá justificar y demostrar que esto es realmente así. En caso de que el juez considere probada la insuficiencia de recursos económicos, podría absolver al acusado, dado que no existe "dolo", es decir, no hay intención de no pagar.

Para llegar a este resultado el juez tendrá muy en cuenta que previamente el acusado haya intentado modificar las condiciones mediante la presentación de la oportuna demanda.

En cualquier caso, este tipo de casos presentan una gran variedad de criterios en los juzgados, por lo que en la práctica quedan sujetos a la interpretación del juez.

Jose A.G.
5000 EUROS DE INDEMNIZACIÓN A UNA MUJER POR SOMETERLA A UN "RUIDO INSOPORTABLE"

El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia por la cual se condena a la gerente de un bar ubicado en Cuenca a indemniza a una vecina con cinco mil euros por haberla sometido a un "ruido insoportable", y ello a pesar de que no se produjeron, o al menos no se constataron, daños físicos ni materiales.

Según reza la sentencia, la mujer que arrendó el disco-bar "Chriringuito" de Cuenca, hacía sonar la música de su negocio a un volumen excesivo, por encima del máximo de decibelios permitido por la ley, entre los años 2002 y 2007. Según alegó el matrimonio que vivía justo en la vivienda colindante, este ruido les ocasionó no sólo molestias, si no también patologías similares a las que provoca la exposición prolongada a altos niveles de sonido como hipertensión, cansancio, hipocausia, arritmia cardíaca e incluso síntomas de depresión. Sin embargo, los daños alegados no pudieron ser confirmados por el médico forense como consecuencia directa de esta situación.

La importancia de esta sentencia va más allá de importe de la indemnización pues significa que no es necesario que se produzca un daño material o físico, sólo la posibilidad de producirlo ya resulta suficiente: "el delito se consuma con la infracción de las normas protectoras del medio ambiente con afectación potencial del mismo, surgiendo la cualificación si el riesgo de grave perjuicio pudiera repercutir en la salud de las personas, como es el caso".

Jose A.G.
ACREDITAR EL IMPAGO DE PENSIONES DE ALIMENTOS

El Código Penas español describe como delito el impago de pensiones de alimentos por parte del progenitor obligado a ello mediante sentencia judicial en beneficio de sus hijos o hijas cuando dicho pago no se haya efectuado bien durante dos meses consecutivos, bien durante cuatro meses alternos, así como cuando se demuestre la voluntad de no pagar, es decir, cuando el deudor, aún disfrutando de recursos económicos suficientes, no ha cumplido con su obligación. Sin embargo todo ello no implica que la defensa no pueda justificar la imposibilidad de hacer frente al pago de la pensión de alimentos, eliminando así ese carácter doloso.

Existen decisiones judiciales que consideran suficiente la existencia de una sentencia previa que obliga al acusado al pago de la pensión de alimentos en la cantidad establecida.
En este sentido, la sentencia 185/2001 del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2001 establece que "el hecho mismo de que se haya establecido judicialmente y se mantenga su importe permite inicialmente inferir de manera razonable la posibilidad de pago por el deudor y por lo mismo la voluntariedad de su omisión. ahora bien: esto no obsta la posibilidad de que por el acusado se pruebe la concurrencia de circunstancias que hayan hecho imposible el pago, acreditándose así la ausencia de dolo en el impago de la prestación debida".

Otros tribunales sin embargo, no consideran suficiente la existencia de un pronunciamiento previo por lo que en estos casos será la acusación la que debe demostrar la voluntad de no pagar del acusado. Un ejemplo lo encontramos en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Girona en 2013: "se requiere que la capacidad del acusado de prestar la pensión alimenticia sea acreditada, cuando menos indiciariamente, por la parte acusadora, no bastando por lo tanto con la existencia de una resolución judicial que decrete el pago de una pensión alimenticia y la constatación de su incumplimiento, puesto que las obligaciones civiles han de ser reclamadas en ese ámbito, sino que es preciso dar un paso más y acreditar que, pudiendo ser pagada la pensión, siquiera sea de forma más o menos irregular o fraccionadamente, el acusado ha desatendido esos deberes dejando voluntariamente desprotegidos a los miembros más débiles de su familia".

Tanto en uno como en otro caso, es importante observar el período de tiempo transcurrido entre que se dicta la sentencia de divorcio que obliga a un determinado pago de pensión, y el primer impago.

Jose A.G.
Rechazada la petición de protección para una “víctima de Twitter”

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao ha desestimado el recurso de reforma presentado por la denunciante contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao en las Diligencias Urgentes y según el cual se le deniega protección tras ser supuestamente agredida en persona y amenazada a través de la red social Twitter. Aunque esta decisión pueda resultar sorprendente, todo tiene una explicación.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao se encontraba instruyendo un caso de supuestas lesiones y amenaza y la supuesta víctima solicitó protección a su favor al menos, hasta que se dictase sentencia sin embargo, ésta petición fue denegado por lo que ejerció su derecho a interponer un recurso de reforma solicitando que fuese revocada dicha decisión y, por tanto, se le asignase protección.

Para ello alegó “existencia a nivel indiciario de los delitos de amenazas y lesiones”; amenazas a través de mensajes en Twitter que “han sido reconocidas expresamente por la denunciada en sede judicial”, y lesiones acreditadas por el “el parte ambulatorio y el informe médico forense”. Así, ante el temor de una “reiteración delictiva”, la víctima solicitó protección. Sin embargo la clave de su denegación reside en que los hecho de que se acusa al denunciado sólo existen a nivel indiciario, es decir, por el momento no existen pruebas de delito alguno, si no simplemente indicios y, tal y como expresa la Audiencia Provincial, “En este sentido, la existencia de indicios de la posible comisión de una infracción de las consignadas en el artículo 544 Ter., no basta para el dictado de la orden de protección”, además de que esta decisión corresponde única y exclusivamente al juez instructor.

En conclusión, para según qué delitos es necesaria la existencia de algo más que indicios para poder solicitar medidas de protección.

Jose A.G.
TWITTER, CADA VEZ MÁS PRESENTE EN JUICIOS DE FALTAS

Desde la aparición, pero especialmente desde su expansión a todos los sectores de la sociedad, las redes sociales son continuamente citadas en las sentencias judiciales que versan sobre insultos, injurias, calumnias, amenazas, etcétera, incluso cuando éstas no se han producido a través aquellas. Twitter es un buen ejemplo de ello y de cómo cada vez son más las personas que lo utilizan no para compartir información ni crear círculos de influencia y/o seguidores, si no para cometer cualquiera de las acciones antes citadas amparándose bajo un supuesto, y equivocado, derecho a la libertad de expresión pero sobre todo, escudándose en un pretendido anonimato.

Las autoridades judiciales, conscientes de ello, incluyen de forma expresa a Twitter, Facebook, WhatsApp así como otras redes sociales que permiten la comunicación virtual entre personas y que ostentan menor popularidad, en sus sentencias judiciales cuando llega el momento de dictar una prohibición de comunicación, y ello, como decíamos, a pesar de que los hechos que se hayan podido producir, no hayan tenido lugar a través de ninguno de estos medios.

Los insultos, vejaciones, calumnias, amenazas y demás expresiones susceptibles de infringir la ley, cuando son perpetradas a través de Twitter, o cualquier otro de estos medios, cuentan con el agravante de publicidad, dado que pueden ser leídos, y compartidos, por un número ilimitado de personas, agravando así aún más el daños cometido.

Estas son algunas de las razones por las que Twitter aparece cada vez con mayor frecuencia en las sentencias judiciales. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Lugo ha dictado sentencia contra un hombre que, despechado por no aceptar la ruptura con su pareja, la insultó y amenazó. Aunque estas faltas se cometieron vía llamada telefónica, el tribunal ha establecido la prohibición de comunicarse con su víctima "a través de cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, incluyendo mensajería móvil, mensajería multimedia, servios de chat, redes de comunicación social (Facebook, Tuenti, Orkut, Hi5, Twitter y /0 similares".

A pesar de estas precauciones, las sanciones aún pueden ser consideradas un tanto suaves (este hombre ha sido condenado a una multa de 200 euros tras haber amenazado incluso de muerte a la chica), lo cual, tal vez, ralentiza el freno de estas prácticas.

Jose A.G.
CÓMO LIBRARTE CON ÉXITO DE UNA MULTA DE TRÁFICO

Cada día miles de conductores son multados por cometer algún tipo de infracción de tráfico en España y, aunque la gran mayoría no suele recurrir, lo cierto es en muchos casos ésto podría dejar la sanción sin efecto. Pero para ellos es necesario conocer las claves que convertirían esa multa en sólo un mal recuerdo:

1.En los casos de multa por exceso de velocidad, habrá que comprobar la fiabilidad del radar concreto mediante la solicitud de informe y es que no existe ni un solo radar cuyo margen de error sea de 0% por lo que, si nuestro exceso de velocidad era escaso, tal vez nos podamos librar.

2. Cualquier dato ausente o erróneo en la multa (DNI, matrícula, color del vehículo, etcétera) podría constituir un defecto de forma y por tanto, dejar sin validez la sanción.

3. Algunas multas conllevan pérdida de puntos pero si el agente no nos ha informado de ello también podría ser recurrida.

4. Una multa no publicada en el BOE o comunicada por tráfico dentro de los plazos establecidos en función de su gravedad conlleva la prescripción: tres meses para las multas calificadas como leves, seis para las graves y un años para las muy graves.

5. También prescribirá en el caso de que ni la DGT ni el Ayuntamiento inicie el período de cobro dentro del plazo de un año.

6. Si en el momento de la multa no le pararon, ésta deberá venir acompañada de una solicitud de identificación del conductor. Si no es así, se está presuponiendo que eres culpable y por ello, también la podrás recurrir.

7. Si sólo es el testimonio del agente el que le incrimina pero tras el recurso éste no se ratifica, podrá recurrir de nuevo alegando falta de pruebas.

8. Todas las multas de tráfico en igualdad de condiciones y circunstancias deben ser también iguales en sanción, pero la realidad es que no siempre es así y por tanto, también ello puede ser objeto de recurso.

Jose A.G.
CONDENADO A PRISIÓN POR COMETER DIVERSOS DELITOS CON UN ÚNICO OBJETIVO: HACERSE CON TODA LA HERENCIA

Herencias. Algo aparentemente tan sencillo como aceptar la decisión que un fallecido tomó en su día respecto al reparto de todo aquello que era de su propiedad, a menudo se convierte en motivo de disputa entre familiares. Sin embargo este caso va mucho más allá dado que el acusado manipuló a su madre y realizó toda una serie de operaciones ilegales y de nula moral con el objetivo de que la herencia de su tía, hermana de su madre, acabase en sus manos.

La fallecida había otorgado testamento en beneficio de sus hermanos, todos fallecidos con anterioridad a excepción de una hermana, precisamente la madre del acusado. Así, los herederos de esta mujer no eran otros que sus sobrinos, primos del acusado, así como su única hermana viva y madre del acusado.

En esta circunstancia, el acusado hizo uso de la influencia que ejercía sobre su madre, aprovechando además la avanzada edad de ésta, para conseguir un poder notarial que le permitía hacer y deshacer a su antojo, incluyendo las cuentas bancarias y demás bienes a las que tenía acceso en vida de la fallecida. Entre otras acciones, el acusado aprovechó este poder notarial para efectuar diversas transferencia bancarias cuyos importes, finalmente, acabarían en su poder; y ello incluso cuando dicho poder había sido anulado y existía constancia de que él lo sabía pues le había sido notificado.

Aunque el acusado presentó un amplio recurso de casación ante el Tribunal Supremo, este lo ha rechazado en su totalidad, confirmando así la sentencia impuesta por la Audiencia Provincial de Vizcaya que le encontró culpable de varios delitos como son un delito de apropiación indebida por el que ha sido condenado a dos años y ocho meses de cárcel, un delito continuado de estafa en su modalidad de simulación de contrato que le supondrá otros dos años de prisión, y otro delito de estafa en su modalidad de fraude procesal intentado por el que pasará otros diez meses en prisión. Además, deberá restituir todo el dinero obtenido y que asciende a más de 67.000 euros a los legítimos herederos y hacer frente a dos tercios de las costas procesales.

Jose A.G.
PILLADO EN SUS FECHORÍAS GRACIAS A TWITTER

Un joven de la localidad de Illescas fue condenado como responsable de una falta continuada de deslucimiento de bienes a una pena de localización permanente de nueve días así como a indemnizar a los propietarios de los bienes dañados a consecuencia de sus pintadas, y ello a pesar de que no existe grabación alguna en la que se le vea cometiendo tales actos ni tampoco han aparecido testigos que corroboren los hechos. ¿Cómo ha sido entonces posible?

El ya condenado fue acusado de realizar diferentes pintadas en las que aparecía la leyenda "Javat" a modo de firma en la fachada del Instituto Condestable Álvaro de Luna de Illescas, en la fachada del Instituto Juan de Padilla de Illescas, en la fachada del centro de desarrollo infantil y atención temprana de la mancomunidad de municipios Sagra alta, en la fachada del establecimiento compro oro casa de empeño de Illescas y en la fachada de la inmobiliaria "Su casa XXI".

Nadie le grabó realizando sus "obras de arte" ni nadie tampoco parece que le viera cometiendo estos actos pues no se encontró a ningún testigo que pudiese corroborarlo en el juicio sin embargo si ha habido un indicio que el Juzgado de Instrucción número 3 de Illescas consideró suficiente para encontrarle culpable y, por lo tanto condenarle.

Tal y como recoge la sentencia dentro del apartado de los hechos probados, el acusado mantuvo una serie de comunicaciones a través de la red social Twitter "por las que reconocia que habia hecho una pintada en uno de los centros escolares en que efectivamente aparecieron las objeto del procedimiento, que tenia fotos de la misma y que dudaba colgarlas en la red porque la policía estaba tras el asunto".
A raíz de estos mensajes y "a falta de prueba de que el acusado carezca de una capacidad intelectiva por debajo de lo normal como para reconocer un hecho criminal que no ha cometido", el tribunal considera probada su autoría dado que además, compartió algunos detalles específicos acerca del trazo de las pintadas.

A pesar del recurso interpuesto por nuestro protagonista argumentando que "no existe prueba testifical ni en general prueba directa objetiva" que demuestre que fue él y no cualquier otra persona no identificada quien realizase tales pintadas, la Audiencia Provincial de Toledo ha desestimado este recurso en su totalidad y por tanto, confirmado una sentencia a la que ahora deberá hacer frente.

Jose A.G.
SEIS MESES DE CÁRCEL POR UN DELITO DE AMENAZAS LEVES EN TWITTER

De nuevo una ruptura sentimental no aceptada por una de las partes se convierte en el detonante de un inadecuado uso de las redes sociales convertidas en plataforma de desahogo para aquellos que no saben respetar una decisión ni tampoco comprenden que el derecho a la libertad de expresión no es, en modo alguno, un derecho absoluto que le permita emitir insultos o amenazas escondidos bajo la supuesta, y errónea, impunidad que creen que les otorga internet.

La historia se repite. Un hombre, mayor de edad, mantuvo una relación con una chica, menor de edad. Ambos eran amantes de la poesía, tanto de su lectura como de su creación, por lo que tenían algo muy importante en común sin embargo, en un momento dado ella puso fin a la relación y él, pareció no aceptarlo. Creó entonces un perfil en Twitter denominado "La tumba de Eli", en referencia a una joven poetisa del siglo XIX con la que la víctima guarda un enorme parecido. Y allí, escribió y publicó mensajes que, sin mencionarla expresamente, iban dirigidos a ella: "Se acerca la hora del Ángelus, rezad malditas, estáis en las llamas del infierno...nos besamos el 1 de diciembre el último polvo fue el 30 de marzo... y ahora ya si la balanza del dolor está equilibrada...ahora te lo pensarás mejor antes de iniciar el proceso...esto es sólo la tumba de Emily una poetisa precoz... que bonitas palabras en la oficia..si fueran tuyas...pero estás muerta y sólo ví un cadáver...no me dio la gana calentarte más, ahora sería yo el que está ardiendo y no de placer precisamente...no soy más cabrón que tú, ni menos poeta que tú...pero los dos cagamos Mierda...".
Además, antes de ello envió un mensaje a su ex-pareja en el que decía "me encanta lo zorra que eres, me pone ¿sabes ya si eres torti? ...la falda aplisada te sienta como el culo... el disfraz de hippie te sentaba mucho mejor..."

Todo ello hizo que la víctima se sintiese no sólo insultada, si no también amenazada, despertando en ella "un grave sentimiento de desasosiego y temor".

A pesar del recurso interpuesto por el acusado en el que, entre otros, argumenta que la chica tardó meses en denunciarlo, la Audiencia Provincial de Almería ha considerado que los hechos han quedado sobradamente probados, así como su autoría y su carácter amenazante, por lo que ha desestimado en su totalidad dicho recurso y confirmado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería que impone una pena de seis meses de prisión al acusado, así como el pagos de las costas procesales y la prohibición de acercarse a menos de cien metros de la chica o de comunicarse con ella por cualquier medio durante un período de dos años.

Jose A.G.
CONDENADO A DOS AÑOS DE CÁRCEL POR AMENAZAR A TRAVÉS DE WHATSAPP

La nuevas tecnologías que tantos beneficios nos están reportando, también han supuesto en muchas ocasiones una nueva vía para que los delincuentes puedan hacer de las suyas. La mensajería instantánea a través de aplicaciones como Line, Facebook Messenger o WhatsApp es en ocasiones mal aprovechada por personas que las utilizan para insultar, acosar, amenazar, vejar, etcétera. Es el caso de esta mujer víctima de su ex-pareja, un hombre que dedicó a enviarle diversas fotografías de contenido sexual a través de WhatApp, además de insultarla y amenazarla con difundir cierto vídeo también de contenido sexual a través de Twitter y FaceBook. Pero la historia se remonta mucho más atrás. Ambos mantuvieron una relación de pareja fruto de la cual tuvieron un hijo sin embargo la relación llegó a su fin cuando la mujer interpuso una denuncia contra el hombre acusándole de maltrato. La consecuencia es que él tenía totalmente prohibido acercarse a la víctima, su ex-pareja, así como comunicarse con ella por cualquier medio. A pesar de ello este hombre utilizó la aplicación de mensajería instantánea para enviarle mensajes claramente amenazantes como "voy en busca tuya y te mato ahora mismo, como me entere que está ése con mi hijo te mayo hija de puta, te tengo que rajar de arriba abajo, te tengo que hacer sufrir, voy a hacerte cachito, por mis muertos que te mato".

Además, le envió fotografías de sus genitales y en diversos mensajes le dedicó insultos como "puta", "golfa", "chula de mierda", "perra", "mala madre". También la amenazó con hacer público en las redes sociales FaceBook y Twitter un supuesto vídeo en el que aparecía esta mujer practicándole una felación.

En consecuencia, y una vez probada la autoría de todos estos mensajes por parte del hombre, el Juzgado de Instrucción número 2 de Carmona (Sevilla) impuso a este delincuente una condena de dos años de prisión; uno como autor responsable de un delito continuado de amenazas, y otro como autor responsable de un delito contra la integridad moral. Además, se le ha prohibido cualquier tipo de acercamiento a comunicación con la víctima por un período de tres años.

Sin embargo el condenado recurrió ante la Audiencia Provincial de Sevilla, tribunal que no ha visto delito alguno contra la integridad moral de esta mujer por lo que, manteniendo el primer delito, ha sustituido el segundo por una falta continuada de vejaciones de tal forma que se librará de un año de prisión a cambio de una multa que asciende a un total de 200 euros.

Jose A.G.
Absuelto de delito de injurias y calumnias con publicidad por comentarios contra empresa de seguros en twitter

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Bizcaia, con sede en Bilbao, ha revocado en su totalidad y por lo tanto, absuelto a un hombre que había creado diversos blogs donde hablaba de "las mentiras" de la compañía Zurich y que posteriormente divulgaba a través de la red social Twitter.

Este hombre fue acusado de un delito de injurias y otro delito de calumnias a consecuencia de los comentarios vertidos en internet con la compañía aseguradora Zurich y también contra algunos de sus empleados, en numerosas ocasiones identificados éstos con nombre, apellidos y fotografía. Y aunque el Juzgado de lo Penal número 5 de Bilbao donde se juzgó el caso en primera instancia no le consideró culpable de un delito continuado de calumnias con publicidad, sí que reconoció su culpabilidad como autor de un delito continuado de injurias con publicidad por lo que fue condenado a abonar una multa de 30 euros diarios durante doces meses así como a indemnizar a la compañía con tres mil euros en concepto de "daños morales sufridos".

El acusado registró dominios en internet como:

- "laverdaddezurichhelppoint.com"
- "laverdaddezurichhelppoint.es"
- "laverdaddezurichfinancialservices.com"
- "laverdaddezurichfinancialservices.es"
- "thetruhofzurichfinalcialservices.com"


Desde estos blogs publicó numerosos comentarios contra Zurich y sus empleados que la acusación consideró como "soeces y groseros y fotomontajes innecesarios que lesionan la dignidad de la mercantil y de sus representantes y empleados, menoscabando la fama comercial y corporativa de la misma y atentando contra su honor y estimación en el mercado".


Posteriormente, publicitaba y difundía estas publicaciones a través de la red social Twitter.

Los comentarios redactados y publicados por el acusado en internet eran del tipo: "Queremos denunciar las formas de actuación del Grupo Asegurador y Financiero Zurich (ZFS) de Zurich (Suiza), actualmente en el punto de mira por irregularidades financieras, por la "codicia" desmedida de esta compañía (¿) También queremos avisar a las personas y entidades que vayan a contratar los servicios de este grupo asegurador. (¿) Zurich no cumple con las obligaciones contraídas. Sistemáticamente, todos sus esfuerzos se centran en poner miles de problemas con objeto de no hacer frente al pago de los siniestros o demorar los mismos (¿)". Además, algunas de estas publicaciones se acompañaban de fotomontajes protagonizados por personal de la compañía.

El acusado, no satisfecho con la sentencia condenatoria recibida, recurrió ante la Audiencia Provincial de Bizcaia la cual ahora ha revocado aquella sentencia y absuelto de cualquier delito de los que se le imputaban.

Una vez más, la clave de esta sentencia radica en la veracidad de la información aportada por el acusado en sus comentarios pues, tal y como recoge la sentencia, existen y se han aportado "documentos que acreditan la difusión de información por medios tan importantes como "Financial Times", "Bloomberg", "The Times", la página oficial de AUSBANC y otros, que, efectivamente, hablan de malas prácticas comerciales, manipulación, sobornos, pérdida de información confidencial, etc., en los que se habrían visto involucrados directivos de la compañía y por los que han recaído diversas sentencias condenatorias". Señala además la sentencia que "incomprensiblemente" la juzgadora obvia que la difusión de estas informaciones, que no es en modo alguno injuriosa, sí que pueden tener una gran repercusión en la credibilidad de la compañía dado el prestigio y alcalde de estos medios, de lo que se deduce que, por tanto, tampoco las declaraciones del acusado pueden resultar injuriosas.

Jose A.G.
ANULAN LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE FALTAS DE INJURIAS Y VEJACIONES REPLETO DE ERRORES

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha anulado la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona/ Iruña en relación a un juicio por supuestas faltas de injurias y vejaciones a través de mensajes publicados en Twitter debido a la gran cantidad de errores cometidos durante el proceso.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona/ Iruña absolvió a un hombre contra el que se había querellado la supuesta víctima acusándole de ser el autor de una falta de injurias y de vejaciones cometida a través de la publicación de una serie de mensajes a través de la red social Twitter. Esta absolución se fundamentó, según el mencionado juzgado, en dos hechos determinantes: por un lado, no se había podido demostrar que el acusado fuese el titula de dicha cuenta de Twitter y, por otro lado, tpco se había podido demostrar que él hubiese sido el autor material de tales comentarios.

Dictada sentencia absolutoria, la supuesta víctima interpuso apelación ante la Audiencia Provincial de Navarra alegando su, en principio, situación de indefensión debido a diversos hechos ocurridos a lo largo del juicio y, en especial, a la incomparecencia del propio acusado a la vista oral lo que le impidió a la parte demandante poder interrogarle.

Además, presentadas las pruebas consideradas oportunas por la parte demandante no existió pronunciamiento a favor ni en contra de su admisión, y la propia inmediatez del juicio oral impidió que dichas pruebas fuesen examinadas.

En la sentencia de apelación dictada ahora por la Audiencia Provincial se señala, entre otros motivos que fundamentan la decisión de anular aquella sentencia, que el propio acusado dirigió un escrito al juzgado aduciendo las razones por las que no podría comparecer a la vista oral. En dicho escrito además, aceptaba como suya la titularidad del perfil en Twitter desde el cual se vertieron los comentarios objeto de querella, por lo que no ha lugar el argumento de que no se ha demostrado que el acusado sea el titular de dicha cuenta.
El juez sostiene además que el juzgado jamás notificó al acusado la no suspensión de la vista oral, motivo por el cual este puso no presentarse.

Así, la sentencia absolutoria dictada en primera instancia queda anulada y el proceso deberá repetirse ya que, tal y como expresa la Audiencia Provincial de Navarra, "la indefensión puesta de manifiesto en virtud de las anteriores consideraciones, no puede "repararse", en esta segunda instancia lisa y llanamente, porque se estaría privando tanto a la persona querellante como a la persona querellada, de la posibilidad de enjuiciamiento", es decir, de un proceso completo con sus respectivos derechos a recurrir.

Jose A.G.
CONDENADOS TRES ESTUDIANTES A 45 EUROS DE MULTA POR INJURIAR Y AMENAZAR A SU PROFESORA EN TWITTER

Algunos estudiantes viven épocas muy estresantes y frustrantes, especialmente en época de exámenes, y es bastante común, todos lo recordamos, pensar que el profesor o profesora nos tiene manía por lo que solemos cargarnos de razones, a veces, de una forma desproporcionada, incluso ofensiva, como es este caso en concreto que hoy tratamos.

La Audiencia provincial de Burgos ha rebajado el importe de la multa, aunque mantenido la condena, contra tres estudiantes universitarios como autores de una falta de injurias y amenazas vertidas en tanto en un blog como en la red social Twitter contra una de sus profesoras.

En concreto, el auto de resolutivo de la apelación interpuesta por estos tres condenados explicita como hechos probados que Abel, Antonio y Braulio, alumnos de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Burgos, emitieron los siguientes comentarios a través de internet directamente contra su profesora de álgebra y ecuaciones diferenciales:
- "No importa lo que estudies. Te suspendemos como queremos, somos el mayor fabricante de desgarros anales; Antonia , tienes 48 horas para abandonar la UBU 1o aviso". "Si apruebas álgebra, golpe de remo".
- "exactamente...menuda hija de... cualquier día abro a esa zorra en canal".
- Así mismo, Antonio envió un mensaje a Braulio a través de Twitter expresando "puta menchu, tío, si que estaría de malas caguensoooos", a lo que éste último respondió, también vía Twitter: "puñalada en la tripa a Mamen o que".

En consecuencia, el Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos, celebrado el juicio y estimando tanto la titularidad de cada una de las cuentas o perfiles utilizados como los mensajes publicados por estos tres estudiantes a través de las mismas, les consideró culpables de una falta de injurias y amenazas contra su profesora y les impuso una pena de multa de 20 días a razón de tres euros diarios con responsabilidad civil subsidiaria de un día de prisión por cada dos cuotas insatisfechas, el pagos de las costas procesales, y la publicación de la sentencia en cada uno de los perfiles de Twitter donde se vertieron tales comentarios.

Recurrida esta sentencia por los tres acusados, la Audiencia Provincial de Burgos la mantiene en su totalidad, con la única excepción de rebajar la multa en cinco días pasando por tanto el total de ésta desde los 60 euros a los 45 euros para cada uno de los condenados.

Jose A.G.
EXPULSADO POR OFENDER A SU FAMILIA DE ACOGIDA EN TWITTER Y FACEBOOK

Un menos de diecisiete años fue expulsado de un programa de estudios en Estados Unidos debido al mal comportamiento manifestado con sus dos familias de acogida y que el propio alumno reflejo en sus cuentas personales de Twitter y Facebook a través de una serie de ofensivos comentarios.

El pasado año una familia española contrató para su hijo de diecisiete años un completo curso de inglés por valor de más de once mil euros que se desarrollaría parte en España a modo de preparación y una segunda parte más extensa en Estados Unidos donde el alumno viviría un período de inmersión lingüística conviviendo con una familia de acogida.

Una vez en Estados Unidos, el chico comenzó a manifestar un mal comportamiento que originó su cambio de residencia a una segunda familia de acogida. Tal y como recoge la sentencia por la que los padres del alumno reclaman a la empresa organizadora el importe total del curso contratado, el chico "en el primer caso dirigió específicas ofensas contra los componentes de aquella familia, que trasladó a las redes sociales e incluso a otras personas; lo propio sucedió con la segunda familia, respecto de la cual publicó panfletos en twitter y facebook". Respecto a estas publicaciones en las redes sociales FaceBook y Twitter, el propio tribunal las califica de "palabras groseras y mal educadas y con insultos a la hermana americana de la segunda familia". Algunas de estas publicaciones son:
- "estoy hasta los huevos de que me traten como un puto niño de cinco años"
- "estoy hasta los huevos de hacer deberes, quiero dormir de una puta vez, no es mucho pedir cada mañana porungalóndecafé"
- "hoy mi madre de acogida me ha despertado hablando desde la planta de arriba parecía como si se hubiera tragado un jodido micrófono a todo volumen, joder"
- "maldita sea, he terminado los deberes a las 11 de la noche me estoy acordando de la puta madre de mis profesores, que alguien me libere de los deberes y de los puntos profesores"
- "levantarse por la mañana y darse cuenta de que un hijo de puta se ha comido tu almuerzo para el instituto cuando estabas durmiendo, cabrones".

El chico fue advertido por su mal comportamiento lo cual propició su traslado a una segunda familia de acogido donde, como vemos, también experimentó problemas por lo que finalmente fue expulsado del programa de estudios y devuelto a España el pasado 8 de diciembre.

Sus padres reclamaron el importe total abonado por este programa de estudios sin embargo en primera instancia sólo se les reconoció una parte de dicha cantidad; la empresa organizadora entonces recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid quien finalmente ha revocado aquella sentencia y dado la razón por completo a dicha empresa dado que en las condiciones generales del contrato suscritas por ambas partes se recoge explícitamente, entre otros extremos, que "se considera razón de expulsión el desarrollo de cualquier condición que vuelva al alumno no apto para el curso".

Jose A.G.
LA CRISIS ECONÓMICA TRIPLICA LAS RENUNCIAS A HERENCIAS

Aunque a primera vista pueda resultar contradictorio pues en momentos de dificultades económicas recibir una herencia podría significar, al menos, un alivio, la realidad es que los gastos que supone la aceptación de una herencia ha llevado a muchas personas afectadas por la crisis a tener que renunciar a la misma dado que no pueden hacer frente a los costes. Aunque la causa principal, como veremos, en en realidad otra.

El Observatorio Notarial de la realidad socioeconómica ha hecho público un estudio llevado a cabo por notarios españoles en el que se constata, además de la caída en la venta de viviendas, el incremento de las renuncias a herencias.

Este estudio se ha realizado analizando los miles de actos, acuerdos y contratos que se han efectuado entre el año 2007, inicios de la crisis, y el pasado año de 2014, en la notarías españolas. De él destaca especialmente la sección "Testamentos y herencias". Si bien el número de testamentos y el volumen de actos de herencias se ha mantenido estable, en el primer caso, o ha incrementado a lo largo del período, en el segundo caso, las renuncia a herencias han experimentado un repunte del 209% entre 2007 y 2014 pasando de 11.048 a 34.320.

La principal causa argumentada por los notarios ante semejante incremento de las renuncias son las deudas económicas contraídas por el fallecido sin embargo desde el Observatorio Notarial de la realidad socioeconómica insisten en que este tipo de herencias con deudas pueden ser aceptadas "a título de inventario" de tal forma que el o los herederos no responderán a ellas con su propio patrimonio si no con los bienes heredados.

Jose A.G.
Dos años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo en Facebook

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional presidida por el magistrado Diego de Julio López ha condenado a un hombre como autor por un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas de delitos terroristas a una pena de dos años de prisión, pago de las costas procesales e inhabilitación absoluta por un período de ocho años.

Según consta en la sentencia como hechos probados, el acusado contaba con un perfil en la red social Facebook bajo la denominación de "Bucanero" desde donde emitió toda una serie de comentarios y fotografías que justifican los delitos por los que ha sido condenado y cuya conducta trató de justificar en el juicio legando un "momento de calentón" y un intento por solidarizarse con los presos del GRAPO pero no con su actividad.

Sin embargo, el tribunal considera sobradamente probado su apoyo al terrorista de la banda armada GRAPO y el desprecio y humillación hacia sus víctimas a partir de comentarios publicados por el acusad como:

- "Libertad para los presos políticos", sobre un enlace de Youtube: "PCE (r) y GRAPO 35 años de resistencia", citando además una frase de "El Pulpo", un activista de la banda: "Somos los que no alcanzaremos el mar pero permaneceremos en la lluvia".

- Junto a la fotografía de uno de los dirigentes de la banda publicó: "preso político de los GRAPO, Libertad Compañero".

- "Ha salido en libertad la compañera María Dolores BIENVENIDA CAMARADA! HONOR I GLORIA!", junto a la imagen de una condenada por pertenencia a la banda terrorista GRAPO

- También publicó una fotografía con la leyenda "ETA EUSKADI TA ASKATASUNA" añadiendo que el zulo de Avelino (un secuestrado por la banda) tenía más metros cuadrados que donde viven muchísimos españoles.

- Y otros ejemplos similares

Jose A.G.
Absuelto tras insultarle a través de Twitter. En primera instancia fue condenado pero finalmente fue absuelto por un tecnicismo,

La Sección Número 3 de la Audiencia Provincial de Murcia ha anulado la sentencia y absuelto a un usuario que, literalmente, llamó al Presidente de la Federación Murciana de Futbol "borracho" e "hijo de puta", entre otros calificativos.

Según consta en el auto de sentencia como hechos probados, a comienzos de enero de 2014 un usuario de Twitter mencionó a través de diversos mensajes al citado Presidente de la Federación Murciana de Futbol sobre el que manifestó: "Querido presidente (reprimido e hijo d puta) y séquito arbitral d la @ffrm esos pueden dar por el culo, las medidas van a ser peores SEACABO","PRESIDENTE DE LA @ffrm es borracho! Que te gusta mucho el wisky y los clubs con luces de colores Enchufao"; "y siento ser tan políticamente incorrecto, pero me da igual. Creo que el trasfondo es el mismo, con unas palabras u otras"; "siempre diré lo que pienso (con más o menos razón), no tengo que bailarle el agua a nadie".

También como hechos probados se reconoce que su autor fue el demandado, y ahora absuelto.

Ante estos hechos, la víctima interpuso una demanda acusando al tuitero de una falta de falta de respeto a la autoridad dado que semejantes comentarios e insultos se produjeron contra su persona únicamente por el cargo que ostentaba.

En primera instancia, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Cieza consideró al acusado culpable y le impuso el pagos de las costas procesales así como una multa de 30 días a razón de 6 euros diarios sin embargo, el condenado, no conforme, recurrió ante la Audiencia Provincial de Murcia, organismo que finalmente le ha dado la razón, anulado la sentencia anterior, y declarado absuelto de la falta que se le imputaba. Sin embargo este resultado final se debe más bien a un tecnicismo dado que según el art. 634 del Código Penal "el Presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia no es autoridad a efectos penales" por lo que no se le puede atribuir al acusado una falta de falta de respeto a la autoridad.

Abogados especialistas en asesoramiento legal relacionado con calumnias e injurias
Jose A.G.
EL 93% DE LOS JUICIOS CONTRA BANKIA POR CLAÚSULAS SUELO SON PERDIDOS POR LA ENTIDAD

Así lo revela el último informe hecho público por la propia entidad bancaria y que además no descarta que se produzcan nuevas acciones y sentencias contra Bankim en este sentido.

Si mencionamos las palabras "crisis económica" el imaginario popular tiene un nombre en mente: Bankia, y es que esta entidad bancaria fruto de la desastrosa operación de fusión de Caja Madrid con otras tantas cajas de ahorros acumula la mayor cantidad de hipotecas que han acabado en desahucio y las que no han acabado así, siguen manteniendo la llamada cláusula suelo.

En mayo de 2013 el Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas suelo de BBVA, Novagalicia (Abanca) y Cajamar que impiden a los titulares de una hipoteca beneficiar totalmente de la bajada de tipos de interés, ahora en mínimos históricos. Sin embargo Bankia hizo caso omiso a dicha sentencia dado que no iba expresamente contra esta entidad y mantiene dicha cláusula en la inmensa mayoría de sus operaciones.

El resultado de una y otra acción fue un aluvión de demandas (455 procesos abiertos al finalizar el año 2014) reclamando la supresión de la cláusula suelo de sus contratos hipotecarios. De todos esos procesos, 167 ya han obtenido sentencia. El resultado casi no podría ser más apabullante contra Bankia: el 93% de dichas sentencias, 156 en total, han declarado la nulidad de las cláusula suelo.

Aún así, Bankia parece preferir el camino judicial a eliminar las cláusulas suelo de forma voluntaria y unilateral pues de hecho, de los 3.984 millones de euros de créditos con cláusulas suelo, 3.679 millones las tienen aún plenamente vigentes.
Bankia se justifica argumentando en su informe que "no existen elementos que permitan concluir de manera taxativa" que estas cláusulas suelo incluidas en sus contratos hipotecarios "no puedan superar el doble filtro de transparencia que exige la sentencia" pero la realidad es que la entidad bancaria ya dejó de incluirlas en nuevas operaciones desde el 3 de abril del pasado año 2014.

Pero Bankia no es la única entidad que a día de hoy mantiene las cláusulas suelo; también el Banco Popular, el Banco Sabadell y CaixaBank lo hacen. No así el Banco Santander, Bankinter o el BBVA que ya las retiró en su día.

El motivo de esta reticencia por parte de Bankia y otros bancos a eliminar las cláusulas suelo parece responder a intereses puramente económicos, lo cual no debería de sorprender. JP Morgan y Morgan Stanley inciden es que este tipo de sentencias se incrementarán a medida que avance 2015 y se aproximen las elecciones generales y ello impactará negativamente en el margen de beneficios de dichas entidades.

Jose A.G.
UNA CLÍNICA DE MÁLAGA DEBERÁ INDEMNIZAR A UNA JOVEN TRAS QUEDAR TETRAPLÉJICA POR EL RETRASO DE UNA PRUEBA

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia ya emitida con anterioridad por la Audiencia Provincial de Málaga y según la cual una joven que quedó en estado tetrapléjico tras un accidente deberá ser indemnizada con un importe único de 455.398 euros así como con una pensión vitalicia de 5.000 euros mensuales.
La razón de tan terrible hecho es el retraso en el diagnóstico ocasionado a su vez por un retraso en la realización de una resonancia magnética debido a que la máquina encargada de hacer esta prueba se encontraba estropeada en el momento en que la víctima, tras sufrir un accidente, ingresó en la clínica. Ahora, tanto la Clínica Parque San Antonio de Málaga como Adeslas y la aseguradora Zurich deberán hacer frente a la citada indemnización.

Sin embargo, la importancia de esta sentencia radica en el hecho de que su verdadero fin era dilucidar si una indemnización "a tanto alzado" como ésta es o no compatible con una pensión vitalicia cuya cantidad total fuese mayor a la suma máxima que, según el barrero empleado para estos casos, correspondería a una paciente a la que se le ha reconocido una invalidez permanente. A este respecto tanto el Tribunal Supremo como ya antes la Audiencia Provincial de Málaga sostienen la misma tesis y es que la renta vitalicia no tiene carácter autónomo sino sustitutorio por lo que nunca podrá superar los límites establecidos según el barrero. Además, para el cálculo de la indemnización, el tribunal considera que el límite máximo no puede ser la suma del total que correspondería a la víctima si no que también hay que considerar otros aspectos, tal y como se ha recogido en la sentencia, como son los daños morales a familiares, los gastos médicos y derivados de asistencia futuros o los perjuicios económicos ya que la joven no podrá volver a trabajar.

Jose A.G.
QUÉ HACER CUANDO TU VECINO NO PAGA LA COMUNIDAD

La morosidad en las comunidades de propietarios continúa siendo uno de los mayores problemas económicos a los que se enfrentan los vecinos. Con la crisis económica, la deuda en lo que al pago de los recibos de la comunidad se refiere supera ya el 50% en España ascendiendo la deuda total a 1854,71 millones de euros. Muchos de estos morosos, más de la mitad, no pagan sencillamente porque no pueden dada su situación personal y económica; otros, aún siendo solventes, no pagan porque no quieren pagar. Y a ellos hay que sumar la actitud de las entidades bancarias que, tras la oleada de desahucios y adjudicación de viviendas, en la mayoría de los casos no abonan las cuotas atrasadas hasta que la comunidad de propietarios emprende acciones legales o hasta que se ven obligados porque efectúan la venta del inmueble.
En todos los casos las consecuencias son desastrosas; obras necesarias de rehabilitación, por ejemplo, no pueden llevarse a cabo dado que en el momento de la derrama los propietarios dispuestos a cumplir con su obligación también han de asumir la parte de estos morosos. Además, las perspectivas de futuro no son nada alentadoras y los especialistas señalan que con toda probabilidad también en 2015 se experimentará un nuevo repunte de la morosidad "comunitaria".

Ante esta situación, ¿qué hacer cuando tu vecino no paga la comunidad? Las vías principales son dos. Por un la do, la judicial, que si bien se resuelve favorablemente a la comunidad de propietarios en la inmensa mayoría de casos, la insolvencia del moroso ocasiona que finalmente no cobren la deuda. Y frente a esta solución, la vía amistosa crece como un "mal menor" para poder cobrar, al menos, una parte de dicha deuda.

El proceso monitorio es el mecanismo legal para la reclamación de deudas en las comunidades de propietarios. Vigente desde 1999 se ha mostrado muy útil y efectivo sin embargo se ha visto debilitado por la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo que ha llevado a optar por otros mecanismos en función de la cuantía a reclamar, ya sea el juicio ordinario o verbal.

Los pasos a seguir la la reclamación de una deuda por impago a la comunidad mediante el proceso monetario son los siguientes:

1º La junta de la comunidad deberá aprobar la cuantía que debe el vecino y notificárselo de forma adecuada; si es imposible la notificación bastará con exponerla durante tres días en el tablón de anuncios d ella comunidad.
2º Tras ello, ya se puede presentar el monopolio ante el juzgado.
3º Emitida la sentencia, el deudor dispondrá de veinte días hábiles para hacer frente al pago.

El principal problema del proceso monitorio radica en su lentitud provocada por la propia acumulación de casos del juzgado, las dificultades que puedan surgir para localizar al deudor, etc. Aún así, si éste se declara insolvente la comunidad no podrá cobrar la deuda.

Abogados especialistas en Derecho Inmobiliario. Los abogados inmobiliarios poseen un amplio conocimiento en materia de juicio de desahucios, asuntos urbanísticos, arrendamientos, compraventas e inversiones inmobiliarias de todo tipo etc.

Entre sus servicios destacan:

Redacción y asesoramiento en contratos de arrendamiento,
compraventa,
opción de compra,
Arrendamientos,
Asesoramiento en Asuntos urbanísticos,
Junta de compensación,
expropiaciones,
Reclamaciones de cantidad,
Asesoramiento integral en operaciones de compraventa,
Procedimientos Judiciales
Jose A.G.
INDEMNIZADOS POR EL RETRASO DE SU VUELO

Hace ahora casi un año, el pasado 13 de julio de 2014, dos vecinos de Gijón (Asturias) sufrieron las consecuencias de los tan temidos retrasos aéreos. Se encontraban en Cancún a la espera de regresar a su lugar de residencia y trabajo, la capital asturiana sin embargo, el vuelo que conectaba Cancún con Madrid operado por la compañía Air Europa sufrió un retraso de ocho horas por lo que los dos afectados perdieron el vuelo siguiente, Madrid-Asturias, por lo que tuvieron que pasar la noche en la capital española (cuyos gastos ya abonó la compañía aérea) lo que a su vez provocó el retraso de un día en su incorporación al trabajo.

Indignados, acudieron a la Unión de Consumidores de Asturias (UCE) y a través de ésta demandaron a la compañía la cual ahora, según la sentencia del juzgado de lo Mercantil de Gijón, deberá indemnizar a cada uno de ellos con el importe de 1200 euros.

La reclamación, sin embargo, sólo ha recibido respuesta positiva de la justicia en parte pues, si bien reconoce los perjuicios ocasionados en el retraso, el juez no ve daños morales algunos en esta situación "más allá del lógico enfado y las molestias consiguientes del retraso, por lo que no cabe apreciarlo".

Para alcanzar este veredicto el tribunal se ha regido por lo estipulado en el Convenio de Montreal según el cual "en caso de retraso del pasajero, la compañía aérea es responsable del daño siembre que no haya tomado todas las medidas razonables para evitar el daño o le haya sido imposible tomar dichas medidas". En este caso concreto, Air Europa se limitó a justificar el retraso de ocho horas en base a "inconvenientes operativos" , una razón sin más que el juzgado de lo Mercantil de Gijón ha considerado que no se ajustan a esos motivos ajenos a los que hace referencia el convenio como pueden ser "inestabilidad política, condiciones meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo, riesgos para la seguridad, deficiencias inesperadas en la seguridad del vuelo y huelgas que afecten a las operaciones de un transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo".

Desde la Unión de Consumidores remarcan que todo usuario está en su derecho de ser indemnizado aunque por desconocimiento son muchos los que no reclaman, y que no se necesita abogado ni procurador para reclamaciones inferiores a 2000 euros, basta con acudir al juzgado e interponer la oportuna reclamación.

Jose A.G.
INDEMNIZADO CON 25.000 EUROS UN POLICÍA HERIDO ACCIDENTALMENTE

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha ratificado la sentencia por la cual el agente de policía Domingo José M.A. deberá ser indemnizado con un importe total de 25.620 euros debido a las secuelas, días de cura e inhabilitación ocasionados cuando el arma de un compañero se disparó de forma accidental al ser desenfundada mientras ambos simulaban un ejercicio de defensa.

Los hechos tuvieron lugar cuando ambos agentes se encontraban en la Sala de Control de Tráfico y se disponían a interpretar un simulacro en el que, el agente al que se le disparó el arma, se defendía de un hipotético ataque con un bolígrafo. La idea surgió después de que éste viese algo similar en un programa de televisión.

El agente al que se le disparó el arma, y al que el tribunal considera corresponsable en un 30% pues jamás llegó a coger la pistola, ya aceptó su responsabilidad como autor de un delito de lesiones imprudentes consistente en una pena de seis meses de prisión, un año de inhabilitación para ejercer la profesión y otro año de prohibición para portar armas sin embargo la víctima, recurrió la sentencia de primera instancia reclamando una indemnización de 120.205 euros en base a que afirmaba no estar participando de forma directa en el ensayo, lo que eliminaría su corresponsabilidad.

La Audiencia Provincial de Palma finalmente no lo ha entendido así y ha ratificado la sentencia anterior declarando a la compañía aseguradora como responsable civil directo y al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario.

Mientras, la víctima ha vuelto a afirmar lo injusta que resulta esta sentencia a su parecer.

Jose A.G.
CONDENADO A TAREAS SOCIOEDUCATIVAS UN MENOR QUE ACOSABA A SU EX NOVIA

La Sala de Lo Penal de la Audiencia Provincial de Burgos ha dictado sentencia contra un menor acusado de acosar a su ex novia tras la ruptura de la relación tanto de forma presencial como a través de otros medios y, tras reconocer los problemas familiares y de adaptación que sufre el acusado, le impone una pena de tareas socioeducativas con la plena intención de lograr su incorporación plena en la sociedad.

Desde que este menor y su pareja pusiesen punto y final a su relación afectiva, él, que por lo visto no aceptaba la nueva situación, comenzó a acosarla. La insultaba tanto por teléfono como a través de las redes sociales, o la esperaba a la salida tanto del propio domicilio de la víctima como del instituto donde estudiaba con la clara intención de "molestarla, impedirla el paso, amenazarla, insultarla."

Pero este joven, de origen colombiano, tal y como recoge la sentencia, vive "dificultades que no favorecen una integración adecuada, se advierten problemas en el ámbito familiar [convive con su madre y la nueva pareja de ésta mientras su padre permanece en Colombia] y en su relación social. A nivel educativo, no ha finalizado la E.S.O. y ha presentado un notable absentismo escolar en los últimos años. A nivel personal, existe una gran desmotivación para todo lo reglado o que exija la supervisión del adulto. Pudiera darse un consumo importante de sustancias nocivas."

En base a todo lo anterior el Juzgado de Menores de Burgos le consideró responsable de un delito de coacciones según el artículo 172.1 del Código Penal español y le condenó a una pena de nueve meses de tareas socioeducativas, así como la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de su ex novia o ponerse en contacto con ella por cualquier medio también durante esos nueve meses.

Ahora la Audiencia Provincial de Burgos ratifica esta sentencia por lo que el acusado, además de tener que pagar las costas procesales del primer proceso, deberá hacer frente también a las costas de esta apelación.

Jose A.G.
CONDENADO POR ESTAFAR A SUS CLIENTES EL ADMINISTRADOR DE UNA CLÍNICA DENTAL

El administrador único de una clínica dental de Santander ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Cantabria a penas de prisión, multa e indemnización como autor de un delito de estafa continuada a cuarenta y seis de sus clientes dado que, aún siendo conocedor de que sobre él pesaba una orden de embargo por parte de la Seguridad Social, "no adoptó ninguna actuación tendente a superar dichos problemas, sino que continuó con la mala marcha económica".

El tribunal considera probado que el acusado era “conocedor de los problemas económicos de la empresa y sin hacer nada por solucionarlos”, continuó adquiriendo compromisos con sus cliente aunque sabía que no podría cumplirlos. Además, dado que precisaba de liquidez económica, ofrecía descuentos a sus cliente si éstos efectuaban el pago por adelantado de sus tratamientos, un dinero que empleaba para usos particulares y mantener su "alto nivel de vida" sin que estos gastos figurasen en registro de contabilidad alguno a la vez que no cumplía con sus obligaciones de pago respecto de sus empleados y suministradores.

Cuando el embargo fue ejecutado, este hombre se apresuró a coger todo el dinero que le fue posible y rápidamente abandonó Barcelona y huyó a México sin advertir a sus empleados y dejando muchos tratamientos dentales a media, algunos incluso sin iniciar.

Tras ser detenido y celebrado el juicio, la Audiencia Provincial de Cantabria le ha sentenciado a la pena de tres años y nueve meses de prisión como autor único y responsable de un delito de estafa continuada, una multa de 1.080 euros así como a indemnizar a todos y cada uno de sus clientes afectados por el importe de los tratamientos no realizados, una cantidad total que asciende a 84.500 euros.

Pero lo más curioso es que, tal y como recoge la sentencia, la clínica tenía unos ingresos suficientes "que le hubieran permitido buscar fórmulas para continuar con la actividad” sin embargo, su dueño prefirió optar por otra vía.

Jose A.G.
CONDENADO POR TRANSPORTAR DROGA EN EL AUTOBÚS

Un hombre de nacionalidad colombiana ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Zaragoza a una pena de cuatro años y medio de prisión así como a una multa de cien mil euros por traficar con cocaína la cual llevaba escondida mientras viajaba en un autobús que recorre la línea Zaragoza-Cambrils.

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de noviembre cuando la Guardia Civil, en el transcurso de un control de carretera precisamente para prevenir el tráfico de drogas, dio el alto al citado autobús y procedió al registro del área de pasajeros. Los agentes sospecharon del acusado dado su extraño comportamiento y finalmente le incautaron una bandolera con 2170 euros en efectivo y dos teléfonos móviles mientras que en el asiento que ocupaba había una bolsa con 780 gramos de cocaína de una pureza superior al 64% y un valor en el mercado estimado de unos 70.000 euros. El sospechoso fue detenido y conducido a dependencias de la Guardia Civil.

Armando, que así se llama, ya contaba con con varios antecedentes penales entre ellos una condena de tres años y medio de cárcel también por tráfico de drogas y una orden de expulsión del país. Ahora además ha sido condenado a otros cuatro años y medio de cárcel, con el agravante de reincidencia, así como al pago de una multa de cien mil euros, el pago de las costas y una inhabilitación para el sufragio pasivo por el mismo tiempo que dure la condena.

Sin embargo, el tribunal también establece la sustitución de esa pena de prisión por la expulsión del país, al que no podrá regresar hasta pasados diez años, siempre y cuando antes haga frente al pago de la multa impuesta.

Jose A.G.
EL TORERO MIGUEL BÁEZ "EL LITRI" Y SU ESPOSA SERÁN INDEMNIZADOS COMO VÍCTIMAS DE UN DELITO CONTRA EL HONOR Y LA INTIMIDAD

La línea que separa el ámbito público de la vida privada es, sin duda alguna, muy delgada, más aún cuando los protagonistas, por razones profesionales o de otro tipo, forman parte de la llamada esfera pública y cuentan con una proyección social superior a la de cualquier otro ciudadano anónimo. Las dificultades para discernir entre uno u otro ámbito y aplicar así una correcta y adecuada protección al honor y la intimidad, derechos recogidos por nuestra Constitución, han quedado de manifiesto en una reciente sentencia dictada por el Tribuna Supremo.

El conocido torero Miguel Báez "El Litri" y su esposa Carolina Adriana Herrera, hija de la también conocida Carolina Herrera, interpusieron una demanda contra la casa editorial Hearst Magazines, responsable de publicaciones de gran tirada como ¡Qué Me Dices! o Diez Minutos, y contra la actriz de cine porno conocida artísticamente como María Lapiedra por intromisión al honor y a la intimidad. El motivo fueron una serie de fotografías publicadas en una de estas revistas donde se podía ver al torero y a la actriz y cuyos textos que las acompañaban dejaban entrever una supuesta relación sentimental entre ambos. Además, la actriz concedió una entrevista a la publicación en la que afirmaba mantener una relación sentimental con "El Litri", por aquel entonces, y aún a día de hoy, casado.

La defensa de la casa editorial se apoyaba en el argumento del supuesto interés público de la información publicada sin embargo el Tribunal Supremo estima que la proyección pública de la pareja "no autoriza a invadir ámbitos de su vida privada que ellos se han reservado".

La sentencia es rotunda al expresar que las informaciones difundidas tanto por la actriz como por la revista constituyen "hechos graves atentatorios a la paz familiar y a la fama de los interesados en su entorno social, dentro de un ámbito en el que no habían cedido su intimidad" señalando además que "la intromisión no sólo ha sido en el derecho a la intimidad sino también en el del honor".

Por este motivo ahora la editorial deberá indemnizar con 40.000 euros a cada miembro de la pareja mientras que la actriz deberá hacer lo mismo por un importe de 10.000 euros. En total, la indemnización asciende a 100.000 euros.

Jose A.G.
HASTA 21 MESES DE PRISIÓN POR DIFUNDIR EL VÍDEO ÍNTIMO DE UNA CHICA SIN SU PERMISO

La Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo se ha pronunciado desestimando los recursos de casación interpuestos por 13 de los 15 acusados a los que la Audiencia Provincial de A Coruña ya había condenado a penas de prisión que oscilan tres los sietes meses y el años y nueve meses por considerarles autores materiales de un delito de revelación de secretos acontecido cuando éstos difundieron el vídeo íntimo de una chica sin que esta hubiese dado su consentimiento expreso.

En el año 2004 la víctima y parte acusadora contaba con la edad de 21 años y, como otros tanto jóvenes, y no tan jóvenes en la actualidad, grabó un vídeo íntimo en el que ella misma era la protagonista. Guardaba ese vídeo en cuatro archivos en su ordenador per, antes de llevarlo a la tienda de informática para que le instalasen una nueva grabadora de discos compactos, eliminó los vídeos. Sin embargo, cometió “un error”. Al eliminar los vídeos los envió a la papelera de reciclarse sin percatarse de que allí permanecerían hasta que lo la vaciara, cosa que no hizo.

En la tienda, el principal acusado descubrió los vídeos, hizo copias y las distribuyó entre 14 de sus amigos los cuales, a su vez, comenzaron no sólo a difundirlo a través de la red de redes si no que también repartieron copias en la piscina municipal e incluso se organizaron visionados colectivos en la cocina de una bodega, en una gestoría y en las dependencias de Protección Civil y Bomberos de Ordes, según se desprende de la sentencia.

Esta situación se estuvo produciendo hasta que una amiga de la víctima, al ser conocedora de lo que estaba sucediendo, informó a ésta, la cual de inmediato acudió a las dependencias de la Guardia Civil donde interpuso la correspondiente denuncia.

La difusión del vídeo por parte de estos quince condenados se detuvo sin embargo el daño moral y contra la imagen e intimidad de la chica ya era un hecho por lo que ésta se vio obligada a abandonar el pueblo en el que vivía. Todo ello le ha ocasionado considerables daños psicológicos que aún a día de hoy permanecen.

La sentencia recoge como hecho de gravedad que el delito se produjo en un pueblo pequeño donde todos se conocen por lo que nos encontramos ante "una conducta que desde el contexto cultural es tenida como afrenta a la intimidad del sujeto perjudicado", tal y como recoge el documento.

Ahora estos quince jóvenes deberán hacer frente a una pena de prisión que oscila entre los siete y los veintiún meses para cada uno.

Jose A.G.
TRES AÑOS DE PRISIÓN PARA UN "ARREPENTIDO" ACUSADO DE ROBAR EN MÁS DE 130 VEHÍCULOS DE VALLADOLID

Tanto la defensa como la fiscalía y la parte demandante han llegado a un acuerdo por el cual este joven búlgaro de 24 años reconoce los delitos que se le imputan y acepta una condena de tres años y un día de cárcel así como las correspondientes indemnizaciones por haber robado en más de 130 vehículos aparcados en garajes comunitarios de Valladolid durante los meses de marzo a julio de 2014.

Durante esos cinco meses la actividad del acusado fue sorprendentemente prolífica y de grandes beneficios para él ya que actuó sobre más de 130 vehículos a los que accedía por la fuerza causando los daños que fuesen necesarios con el fin de sustraer todo tipo de objetos con cierto valor como aparatos GPS, gafas de marca, etcétera así como carteras con documentación personal y tarjetas de crédito y/o débito con las que más tarde operaba de forma fraudulenta en casino y juegos al azar online por lo que también estaba acusado de un delito de estafa.

Además, sus acciones no eran espontáneas si no previamente planificadas como queda demostrado por el hecho de que disponía de los conocimiento y el software necesario para piratear redes inalámbricos que pudiesen dejar algún rastro de su "visita" en un radio de 150 metros.

A pesar de sus fechorías, este delincuente, detenido y ya condenado, puede decirse que ha tenido suerte ya que la condena impuesta y previamente pactada entre las partes es muy inferior a los 7 años de cárcel que pedía la fiscalía. En ello ha tenido mucho que ver la propia actitud del delincuente que le ha valido como atenuante de arrepentimiento pues en el momento de ser detenido, no sólo reconoció los robos que se le imputaban si no también otros de los que no se tenía conocimiento. También ha contado con el atenuante de reparación del daños causado pues ya ha abonado en torno a tres mil euros para tal fin.

Con este acuerdo ya no será necesaria la celebración del juicio que se iba a prolongar durante al menos una semana ya que estaban citados como testigos más de un centenar de personas.

Jose A.G.
FALSIFICABAN TARJETAS DE CRÉDITO Y, EN CONNIVENCIA CON CIERTOS ESTABLECIMIENTOS, REALIZABAN COMPRAS FRAUDULENTAS PARA REPARTIRSE LOS BENEFICIOS

Un total de 27 personas fueron condenadas por un delito continuado de falsedad en documentos mercantiles y por un delito continuado de estafa tras descubrirse que, perfectamente organizados, duplicaban tarjetas de crédito y/o débito con el fin de realizar falsas compras y, posteriormente, repartirse los ilícitos beneficios. Ahora, la Sección Segunda de la Sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional ratifica la sentencia contra el líder de esta auténtica banda organizada al que además, otorga la condición de responsable civil solidario respecto de sus compañeros y compañeras de estafa.

El documento de la sentencia no deja lugar a dudas respecto de los hechos probados y señala que los miembros de esta organización delictiva, "en ejecución de un plan concebido y con la finalidad de obtener un ilícito beneficio, planearon y consumaron, en perjuicio patrimonial de una generalidad de personas" sus fechorías.

Su "modus operandi" estaba perfectamente calculado. En primer lugar se hacía de una forma no concretada de los datos alfanuméricos correspondientes a tarjetas de crédito y/o débito reales así como con todo el material necesario para copiar estos datos en tarjetas vírgenes, incluidas las bandas magnéticas. Posteriormente, y en connivencia con personal de determinados establecimientos de venta, efectuaban compras "falsas" de diversos productos con el fin de obtener el importe de estas compras y así enriquecerse de forma ilícita.

En el momento de la detención y registro de la vivienda del principal acusado, se intervino numero material, físico y software, para la elaboración de estas tarjetas falsas así como un listado integrado por los datos de 1084 tarjetas de crédito que, remitido al sistema 4B, se comprobó que había sido utilizado de forma ilícita.

A la sentencia previa, el principal acusado interpuso un recurso sobre el que ahora se ha pronunciado la Audiencia Nacional condenándolo a un año de prisión y a una multa de cinco meses a razón de 6 euros diarios así como a la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago proporcional de las costas. También le considera responsable civil solidario respecto de las indemnizaciones a las que todos los acusados deberán hacer frente ante la Sociedad Española de Medios de Pago, cantidades que van desde los 325 euros hasta los 62.000 euros según el acusado de que se trate.

Jose A.G.
EL LÍDER DE UNA MACRO-ORGANIZACIÓN DE ESTAFADORES ES CONDENADO Y PUESTO EN LIBERTAD

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a dos años de prisión al líder de una banda organizada dedicada al fraude y la estafa.

Esta macro - organización estaba integrada de forma mayoritaria por ciudadanos rumanos y "dedicada a la clonación y fabricación de tarjetas de crédito para utilizarlas posteriormente y obtener un beneficio con ello". Su grado de organización era absoluto. Sus integrantes se articulaban en dos niveles jerárquicos fundamentales. Las llamadas "Brigadas", repartidas territorialmente, estaban integradas por "equipo", integrados a su vez por "pasadores", es decir, las personas encargadas de realizar las compras fraudulentas previas indicaciones. Mientras, su líder y acusado, contaba con colaboradores a nivel internacional en, al menos, Alemania, Italia y Rumanía de los que obtenía las numeraciones de las tarjetas a clonar y todos los datos necesarios. Además, "también ejercía la dirección en el uso de las tarjetas de crédito previamente falsificadas [dando] instrucciones telefónicas a los "pasadores" sobre los productos que debían adquirir, siendo estos fundamentalmente de perfumería, telefonía móvil, joyería e informática", según reza el auto de sentencia.
Pero su actividad delictiva no se detenía ahí. También era un habitual del phishing que le permitía obtener números de cuentas bancarias, de tarjetas de crédito, contraseñas y datos personales con el mismo fin. Y por último, dirigía la última fase de todo el proceso estafador: la negociación de la venta de todos los productos ilícitamente obtenidos.

Considerados probados todos los hechos, en gran medida, gracias al registro de las viviendas de los acusados donde se encontró todo tipo de material encaminado a la falsificación de tarjetas y documentos así como tarjetas de crédito y/o débito ya falsificadas, dinero, teléfonos móviles, documentos de identidad falsos, etcétera, y habiendo llegado a un acuerdo tanto con la fiscalía como con las partes demandantes, SERVIRED y Viajes Eroski, el acusado ha sido condenado por la Audiencia Nacional a dos años de prisión en base a un delito de fabricación de tarjetas de crédito falsas, a 6 meses de prisión que se sustituye por 12 meses multa a razón de 3 euros día como autor de un delito de estafa continuada, a inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo así como al pagos de las costas y a indemnizar a Servired con 14.185 euros.

El mismo auto de sentencia recoge la inmediata puesta en libertad del condenado que ya había permanecido algo más de seis meses en prisión provisional aunque posteriormente huyó a Rumanía donde fue detenido y extraditado a España para esta causa.

Jose A.G.
CONDENADO A TRES AÑOS DE CÁRCEL POR ASOCIACIÓN ILÍCITA, FALSIFICAR TARJETAS Y POSEER ARMAS

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a un ciudadano de nacionalidad española que carecía de antecedentes penales a una pena total de tres años de prisión por considerarlo culpable de los delitos de fabricación de moneda falsa en su modalidad de tarjetas de crédito, delito de asociación ilícita y delito de tenencia ilícita de armas.

El tribunal ha considerado probado que entre los meses de Noviembre de 2008 y abril de 2009 el ya condenado, en colaboración con otras cinco personal, se dedicaron a la clonación de tarjetas de crédito y/o débito para su posterior uso fraudulento. Su "modus operandi" no era otro que el de introducirse como trabajadores en diferentes establecimientos de la comunidad de Madrid para obtener así datos de tarjetas que después copiaban y utilizaban para realizar compras fraudulentas a través de internet utilizando, además, documentación falsa. En otras ocasiones, también contaban con la colaboración de algunos integrantes de estos establecimientos mercantiles para obtener los datos.

Descubierta la trama, se procedió al registro de la vivienda habitual del acusado donde las autoridades encontraron numerosos documentos falsificados o en proceso de falsificación tales como tarjetas bancarias de crédito y/o débito, pasaportes, tarjetas de identidad, etcétera así como el instrumental necesario para dichas falsificaciones, incluido un lector grabador de tarjetas y un pendrive con el software "MSR406 Setup.exe" plenamente operativo. Además, en la vivienda de otro de los integrantes de la banda se encontró "un arma de fuego, en perfecto estado de funcionamiento y sin guía ni licencia de pertenencia".

Durante la celebración del juicio el acusado ha reconocido todos los hechos y, tal y como se expresa en la sentencia, ha mostrado una actitud colaboradora con la justicia, aunque tardía, motivo que le ha valido como atenuante en las penas finalmente recibidas.

La Audiencia Nacional finalmente ha condenado al acusado a dos años de cárcel por falsificar tarjetas de crédito, seis meses por asociación ilícita y otros seis meses por tenencia de armas además de multa de doces meses a razón de dos euros diarios, inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y pago de las costas judiciales.

Si tiene cualquier duda legal, puede consultar con abogados de Madrid
Jose A.G.
TRAS DESCUBRIR QUE NO ES SU HIJA INTENTA, SIN ÉXITO, RECUPERAR LA PENSIÓN ABONADA

El Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo ha tumbado la sentencia previa del Juzgado de Primera Instancia de Tarancón (Cuenca) según la cual se condenaba a la madre de una niña a devolver todas las mensualidades que, en concepto de pensión alimenticia, había abona su ex pareja durante años después de demostrarse que el hombre en cuestión no era el padre biológico de la menor.

Domingo y Natalia eran un matrimonio que como otros tantos optaron en un momento determinado por emprender nuevas vidas en separado. Ambos tenían un común una hija, en esos momentos aún menor de edad por lo que el convenio regulador del divorcio estableció, entre otros términos, que Domingo pasaría una pensión alimentaria para su hija.
Así lo vino haciendo desde diciembre de 2002 sin embargo, sus dudas en torno a la paternidad de la que creía su hija se vieron confirmadas legalmente el el 23 de marzo de 2009, momento en que dejó de pasar esta pensión.

Ante estos hechos Domingo interpuso una demanda contra Natalia a la que reclamó los 17.852 euros que había abonado en concepto de pensión de alimentos durante esos años.

Un Juzgado de Primera Instancia de Tarancón (Cuenca) estimó que efectivamente Natalia debía devolver esa cantidad sin embargo Domingo, no conforme, apeló ante la Audiencia Provincial de Cuenca la cual revocó dicha sentencia argumentando que los supuestos de retroactividad recogidos en el Código Civil español únicamente son aplicables cuando actúan en beneficio del menor, nunca con la consecuencia de perjudicarle, por lo que la madre de la niña ya no tenía que devolver la pensión de alimentos que durante años recibió para su hija.

Fue entonces Domingo quien recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo por considerarla injusta sin embargo ahora este tribunal ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial en los mismos términos y ya sin posibilidad de interponer recurso alguno.

Abogados especialista en Derecho de Familia
Jose A.G.
DELITOS EN INTERNET: ¿CÓMO ESTAMOS PROTEGIDOS Y CÓMO DEBEMOS ACTUAR?

Los delitos que encontramos en internet mayoritariamente pueden ser agrupados en tres grandes tipos que, en ocasiones, también se pueden presentar combinados: estafas y fraudes en general, usurpación de identidad y delitos de injurias y/o calumnias.

Suplantación o usurpación de identidad en Internet

Al igual que el resto de delitos en la red de redes, este delito no es si no una adaptación del mismo delito a los medios digitales pero, a diferencia del resto, el delito de usurpación de la identidad en internet no se encuentra regulado de una forma concreta y específica en nuestro Código Penal si no que es juzgado como un delito de usurpación del estado civil recogido por el artículo 401 del Código Penal el cual fija que “el que usurpare el estado civil de otro será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años”.

Este delito de usurpación o suplantación de identidad digital presenta diversas manifestaciones: cuando alguien se hace pasar por nosotros en internet mediante la creación de un falso perfil, cuando lo hace utilizando nuestros datos personales reales, cuando accede sin permiso a nuestro perfil y realiza, por ejemplo, publicaciones en la red, cuando publica comentarios, anuncios, etcétera utilizando nuestro nombre, cuando se identifica como nosotros frente a terceras personas a través de correo electrónico, chats, Skype, Whatsapp, etcétera.

Las motivaciones también son diversas y, en gran medida, tienen que ver mucho con la edad. Así, los más jóvenes y adolescentes suelen perseguir gastar una “broma” o una pequeña venganza por alguna discusión o desencuentro mientras que entre los delincuentes adultos las causas son más serias y las motivaciones, más graves, con ánimo de perjudicar la imagen, fama y reputación online del suplantado o de adjudicarle la autoría de la comisión de un hecho delictivo para evitar ser identificado.

Cuando seamos víctimas de un delito de suplantación de identidad en internet, el primer paso es acudir a la policía o a los juzgados e interponer una denuncia. No debemos sentir vergüenza ni temor a que el caso no sea resuelto pues, si no acudimos a los cuerpos de seguridad, la situación se podría prolongar indefinidamente con el agravante de que la capacidad de difusión de los medios sociales aumenta el daño sobre la imagen que tiene la persona de cara a la comunidad internauta. Así, la denuncia es la única forma de frenar el impacto de esta difícil y desagradable situación.

Delitos de fraude y estafa en Internet

Otro de los delitos a los que hacíamos alusión al comienzo es el delito de fraude y estafa en Internet que, a su vez, es uno de los que más variantes presenta y, por tanto, uno de los más complejos.

En la actualidad, el Código Penal español regula con claridad el delito de estafa tal y como reflejan los siguientes artículos:
¥ Artículo 248.1 CP – tipo básico: «1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno».
¥ Artículo 248.2 CP – estafa informática: «2. También se considerarán reos de estafa:
◦ a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro;
◦ b) los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo;
◦ c) los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero».
También la sentencia número 1033/2007 dictada por el Tribunal Supremo con fecha 4 diciembre, que fija jurisprudencia al respecto, definen con suficiente exactitud el delito de estafa:
¥ el engaño antecedente o concurrente (verdadero elemento nuclear de este tipo penal);
¥ el acto de disposición patrimonial del engañado;
¥ el perjuicio patrimonial de éste o de tercera persona;
¥ el nexo causal que vincula el engaño, el error, el acto de disposición y el perjuicio; y,
¥ el ánimo de lucro o propósito de enriquecimiento injusto del agente, que constituye el elemento subjetivo del injusto.
1 Se considera mayoritariamente por la doctrina que el bien jurídico protegido por este delito es el patrimonio del sujeto pasivo (el patrimonio en su conjunto, según unos autores, y cualquiera de los elementos que lo integran, según otros). La importancia del elemento subjetivo del injusto se desprende claramente de la misma descripción legal de esta figura penal. En cuanto al engaño, ya hemos puesto de relieve que constituye el elemento más característico de este delito, y va referido al sujeto activo del delito (que es el que se sirve de la maquinación, el ardid, la falacia o la mendacidad para viciar la voluntad del sujeto pasivo, provocándole el error determinante de la disposición patrimonial causante del perjuicio patrimonial, bien en la persona del engañado bien en una tercera persona). Por lo demás, existirá perjuicio cuando con el acto dispositivo el sujeto pasivo no obtiene el equivalente debido, de modo que no percibe nada o el valor de lo que le entrega el sujeto activo es menor de lo que, sin mediar el engaño, hubiera debido recibir como contraprestación».

A partir del próximo 1 de julio de 2015, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el Código Penal será modificado y esta modificación también afecta directamente al delito de estafa:
1. Desaparece la “falta de estafa” (artículo 249 C.P. actual) al borrar el límite de 400 euros para que se considerada delito.
2. En su lugar, la actual falta pasará a ser un delito de estafa con atenuante
3. En consecuencia, la pena actualmente establecida de localización permanente de cuatro a doce días o multa de uno a dos meses pasará a ser una pena de multa de entre uno y tres meses.
4. La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal también se verá modificada como consecuencia de los cambios anteriores en lo que respecta al Libro VI denominado “Del procedimiento para el juicio sobre faltas” que, dada la desaparición de estas faltas,  pasará a denominarse “Del procedimiento para el juicio sobre delitos leves”.

La comisión de fraudes y estafas online en nuestro país se ha incrementado en lo últimos años al amparo del auge del comercio electrónico, su principal campo de actuación.
El Estudio sobre la Ciberseguridad y Confianza de los hogares españoles, realizado por el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Ontsi) en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) revela que las principales medidas de seguridad automatizadas, las que no requieren intervención directa por parte del usuario,  implantadas por los usuarios en sus hogares son el software antivirus (81,7%) y sus actualizaciones (80,5%). Pero también pone de manifiesto que un elevado volumen de usuarios no toma las medidas preventivas adecuadas pues:
¥ Más del 40% de los usuarios no utiliza medidas de seguridad activas
¥ El 54% de los usuarios no utiliza contraseñas para proteger el equipos y documentos por considerarlas innecesarias.
¥ El 53,1% de los usuarios de redes sociales configura su perfil para que solo sea accesible/visible por sus amigos y contactos
¥ El 26,4%  expone sus datos y publicaciones de sus perfiles sociales a terceras personas y/o desconocidos
¥ El 4,6% de los consultados desconoce el nivel de privacidad de su perfil.

De forma general, las operaciones de compra y venta a través de internet son el principal foco de actuación para la comisión de fraudes y estafas; ofertas “sorprendentes”, pago por adelantado mediante tarjeta o transferencia son claros indicios de posible fraude. También falsas ofertas de empleo que llegar a través de email mediante la práctica conocida como Phishing.

Si consideramos que hemos sido víctimas de un delito de estafa o fraude a través de internet deberemos seguir los siguientes pasos:
1 Recopilar inmediatamente y mantener a buen recaudo absolutamente todas las pruebas del delito: el anuncio que dio pie a la estafa, el email o sms recibido como gancho, el resguardo del pago efectuado, los emails intercambiados con el estafador, etc.
2 De ser posible, levantar acta notarial de todo lo sucedido incluyendo tales pruebas recopiladas.
3 Denunciar lo acontecido en comisaría adjuntando toda la documentación recopilada con el fin de facilitar y agilizar la investigación conducente a la identificación del o los autores.
Concluido el atestado policial, éste será remitido al Decanato de los Juzgados de Instrucción correspondiente para su reparto, por lo que el denunciante ha de acudir, pasados unos días, al Decanato para averiguar el juzgado en el que ha recaído. Una vez personado en dicho juzgado, le comunicarán el número de diligencias previas asignado al mismo.
A partir de este momento, el denunciante podrá personarse en la causa como acusación particular, designando abogado y procurador para que le defienda y represente.

Calumnias e injurias
Muy común en internet es también el delito de injurias y calumnias, especialmente en redes sociales como FaceBook, Twitter y similares sin embargo, al igual que el delito de estafa y fraude, también éste se halla regulado con claridad en el Código Penal español como sigue:
¥ Artículo 205 CP: «Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad».
¥ Artículo 206 CP: «Las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a doce meses».
¥ Artículo 207 CP: «El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiera imputado».
¥ Artículo 208 CP: «Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad».
¥ Artículo 209 CP: «Las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con la pena de multa de seis a catorce meses y, en otro caso, con la de tres a siete meses».
La proliferación del delito de injurias y calumnias en internet viene favorecida por ser percibido éste como un lugar donde es posible mantener el anonimato emitiendo comentarios ofensivos, insultantes así como imputación injuriosa o calumniosa bajo la excusa de la libertad de expresión y escondidos tras un Nick o pseudónimo sin embargo, esta libertad de expresión no otorga en modo alguno derecho a vulnerar el derecho al honor de terceras personas por lo que, cuando se producen, pasan directamente del ámbito de la libertad de expresión al ámbito del delito.

Este delito injurias y calumnias en internet cuenta además con el agravante de “publicidad”, lo que los hace aún más graves, ya que el daño ocasionado a la víctima es mayor que si se llevan a cabo de forma privada o en una esfera reducida.

Si has sido objeto de injurias y calumnias en internet, la Ley de Enjuiciamiento Criminal fija que no podrás presentar denuncia ante la policía sino una querella criminal en los Juzgados aunque, si tienes la condición de funcionario de la administración pública, basta con presentar una denuncia tras la que se celebrará un acto de conciliación previo a la admisión a trámite de la querella.

Pero existe un problema y es que para presentar esa denuncia es necesario la identidad y localización la persona que ha publicado el mensaje injurioso o calumnioso, y esto, en muchos casos, no es conocido por los motivos antes citados. Así, si bien el Código Penal regula a la perfección estas conductas delictivas, resulta muy difícil dirigir el procedimiento contra sus autores.
Otro gran obstáculo deriva de que muchas  de estas redes sociales radican fuera de las fronteras españolas lo que dificulta en gran medida la investigación dirigida a la identificación de los autores de los hechos. Es el juez quien debe autorizar el requerimiento a los propietarios de las redes sociales y webmasters para que informen de la dirección IP desde la que se ha cometido el delito. Más tarde, serán los proveedores de servicios los que aporten los datos sobre las comunicaciones llevadas a cabo a través dicha IP, lo que permitirá localizar geográficamente al titular de la línea de teléfono desde la cual se llevó a cabo la conexión, pero esto no significa que éste haya sido el autor del delito, antes habrá que ponerlo en relación con el resto de pruebas.

Jose A.G.
Las Indemnizaciones por accidente experimentarán una notable subida. Se modifica el baremo de daños y perjuicios causados en accidentes de circulación

Las asociaciones de conductores y víctimas de tráfico por fin han recibido respuesta a sus demandas después de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde a un proyecto de ley que modificará sustancialmente la valoración de los daños provocados a consecuencia de un accidente de tráfico tanto en caso de fallecimiento como en sus secuelas.

Este nuevo proyecto de ley, aprobado a instancias del Ministerio de Justicia y en cuya elaboración han participado numerosas asociaciones, pretende como objetivo último reducir la estandarización de este tipo de indemnizaciones individualizando los daños percibidos por las víctimas en función de sus circunstancias personales, económicas y también familiares lo que supondrá un incremento medio de las indemnizaciones del 50% en los casos de muerte por accidente y del 35% en el caso de las indemnizaciones por secuelas.

Así, para lograr ese objetivo de individualizar las indemnizaciones y adaptarlas de forma más efectiva a cada caso en particular, ya no se tendrán en cuenta sólo los ingresos de la víctima si no también otros aspectos de su vida como la pérdida de capacidades futuras en menores y/o estudiantes e incluso las tareas del hogar. Para ello el cálculo ya no dependerá de tramos fijos si no de coeficientes que tendrán en cuenta circunstancias como la duración de las lesiones o el riesgo de fallecimiento de la víctima entre otros.

Otra de las mejoras perseguidas con esta reforma es la de reducir la judicialización de los accidentes así como estabilizar las relaciones entre compañías aseguradoras a la vez que se evitará el incremento de primas.

La nueva reforma también recoge que serán las compañías de seguros las que tendrán que hacer frente al pago de los gastos de tratamiento de lesiones así como a "todos aquellos gastos necesarios y razonables que genere la lesión en el desarrollo ordinario de la vida diaria del lesionado".

El proyecto de ley, que cuenta con la colaboración y apoyo de numerosos colectivos afectados, recoge por último el establecimiento de cinco categorías de perjudicados más allá de la propia víctima (cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados) reconociendo que todos ellos "sufren siempre un perjuicio resarcible y de la misma cuantía, con independencia de que concurran o no con otras categorías de perjudicados". En caso de cualquier problema legal puede consultar con abogados especialistas en tráfico





· El objetivo es adecuar las normas a la realidad social actual y fomentar la resolución rápida de conflictos



· Se revisa el baremo médico de secuelas para adaptarlo al estado actual de la ciencia



· Las indemnizaciones de lucro cesante tendrán en cuenta por vez primera las tareas del hogar y la capacidad de trabajo futura de estudiantes y menores.



Entre los colectivos que han aportado sugerencias durante la elaboración del Proyecto de Ley se encuentran el CERMI, Federación Española de Daño Cerebral, Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos, Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico y STOP ACCIDENTES, además de la Fiscalía de Sala Coordinadora de Seguridad Vial y numerosos facultativos sanitarios expertos en patologías provocadas por accidentes de tráfico.



El nuevo texto actualiza la norma adaptándola a la realidad social actual de manera que se fomenta la rápida resolución de los conflictos y se potencian los acuerdos extrajudiciales.



En términos generales, la nueva ley permite incrementar la protección a las víctimas de accidentes de circulación mediante la garantía de una indemnización suficiente, lo que sitúa a España a la altura de las reformas que en el ámbito comunitario se han emprendido en relación con el seguro del automóvil. Mejora el tratamiento resarcitorio de los perjudicados por los accidentes de tráfico y establece un sistema indemnizatorio activo, actualizado y adaptado a la realidad.



El sistema también afecta a la sanidad pública porque las aseguradoras indemnizarán a los servicios públicos de salud de las diferentes Comunidades Autónomas los gastos derivados de nuevos perjuicios cubiertos, como los importes médicos futuros, ciertos gastos de rehabilitación o necesidades de recambio de prótesis de lesionados graves.



Modificación de los daños patrimoniales



En relación con el tratamiento de los daños patrimoniales, la nueva norma clarifica y regula con detalle las medidas de resarcimiento en concepto de gastos. También se racionaliza el método de cálculo del lucro cesante (pérdida de ganancia legítima por parte de la víctima).



De esta manera, en los supuestos de fallecimiento, consigue una mejora de la percepción de las indemnizaciones mediante su individualización, teniendo en cuenta las nuevas estructuras familiares. También distingue entre ‘perjuicio patrimonial básico’ o gastos razonables derivados del fallecimiento, -compensados con una cantidad mínima de 400 euros-, y los ‘gastos específicos’, que incluyen el traslado del fallecido, repatriación, entierro y funeral.



En los supuestos de secuelas, refuerza especialmente la reparación del gran lesionado que queda con discapacidades que requieren de apoyos intensos para su autonomía personal, indemnizando los perjuicios y los daños emergentes relacionados con las diferentes partidas de gastos asistenciales futuros. Revisa, además, el baremo médico de secuelas para adaptarlo al estado actual de la ciencia.



En relación a las lesiones temporales, la norma distingue entre ‘gastos de asistencia sanitaria’ y otros ‘gastos diversos resarcibles’, es decir, todos aquellos gastos necesarios y razonables que genere la lesión en el desarrollo ordinario de la vida diaria del lesionado, como por ejemplo: el incremento de costes de movilidad del lesionado, los desplazamientos de familiares para atenderle, gastos para atender a los familiares menores o especialmente vulnerables de los que se ocupaba el lesionado, etc…



En la valoración del lucro cesante (pérdida de ganancia legítima por parte de la víctima), se sustituye el sistema actual por otro modelo procedente del ámbito de los seguros que determinará la indemnización correspondiente. Contempla los ingresos netos de la víctima, pero también valora el trabajo no remunerado, como las tareas del hogar o la pérdida de capacidad de trabajo futura de menores y estudiantes. Además, se introduce un coeficiente específico para cada perjudicado que combina factores diversos, como la duración del perjuicio, el riesgo de fallecimiento del perjudicado y la deducción de las pensiones públicas, entre otros.



Perjuicios extra-patrimoniales



El Proyecto de Ley incluye como novedad en este apartado la reestructuración del perjuicio personal básico en las indemnizaciones por causa de muerte y de su relación con los perjuicios particulares, que ahora se amplían. Así, la nueva norma configura los perjudicados en accidentes de tráfico en cinco categorías autónomas (cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados). Considera que estos sufren siempre un perjuicio resarcible y de la misma cuantía, con independencia de que concurran o no con otras categorías de perjudicados.



Modificación de indemnizaciones



Respecto a la media del periodo 2005 a 2011, según los daños causados en cada accidente de circulación, las indemnizaciones correspondientes se modifican de la siguiente manera:



• Indemnizaciones por muerte: se incrementan un 50% de media

• Indemnizaciones por secuelas: se incrementan un 35% de media



El criterio de actualización anual del sistema indemnizatorio se establece en relación al índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, por ser el que más se aproxima a sus principios y características.



Por último, la ley establece la creación de una Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración, de la que formarán parte también las asociaciones de víctimas y las entidades aseguradoras, con el objeto de analizar su puesta en marcha, sus repercusiones jurídicas y económicas y el sistema de actualización, pudiendo hacer sugerencias y promover modificaciones al mismo para la mejora del sistema.



El Ministerio de Justicia prevé que el Proyecto de Ley esté aprobado por las Cortes en este periodo de sesiones.



Ejemplos para algunos supuestos representativos:



ACCIDENTES:

Doctora, mujer médico otorrinolaringóloga, de renta de más de 60.000 Eur/año.

Sufre amputación parcial de la pierna.

BAREMO ACTUAL: 350.000 Euros (máximo)

FUTURO BAREMO: 750.000 Euros (Máximo. Incluyendo nuevos conceptos: lucro cesante, gastos sanitarios futuros, etc.)

DIFERENCIA: + 400.000 Euros

PORCENTAJE DIFERENCIA: +114 %



Bebe de un año queda tetrapléjico.

BAREMO ACTUAL: 1.300.000 Euros (máximo)

FUTURO BAREMO: 3.500.000 Euros (Máximo. Incluyendo nuevos conceptos: PÉRDIDA DE CALIDAD DE VIDA, tercera persona, readaptación de la vivienda, lucro cesante, gastos sanitarios futuros, etc.)

DIFERENCIA: + 2.200.000 Euros

PORCENTAJE DIFERENCIA: + 169%



Atropello a 1 peatón de 21 años de edad, con antecedentes psiquiátricos.

Sufre diversas fracturas y la amputación parcial de la pierna izquierda.

BAREMO ACTUAL: 1.361.974,47 Euros

FUTURO BAREMO: 1.554.845,72 Euros

DIFERENCIA: + 192.871,25 Euros

PORCENTAJE DIFERENCIA: + 15%





FALLECIMIENTOS:

Fallece oficinista de 32 años, casada hace 5 años con cónyuge de 35 años, con ingresos netos de 16.800 Euros con una hija de 2 años. Solo madre y sin hermanos.

BAREMO ACTUAL: 192.203 Euros

FUTURO BAREMO: 342.037 Euros

DIFERENCIA: + 149.834 Euros

PORCENTAJE DIFERENCIA: + 78%



Fallece padre de familia de 40 años, con ingresos netos de 38.000 Euros. Deja viuda de 30, un hijo de 3, otro de 6 y otro de 12. Deja padre y hermano (no dependientes económicamente ni convivientes)

BAREMO ACTUAL: 335.519,31 Euros

FUTURO BAREMO: 671.480,94 Euros

DIFERENCIA: + 335.961,63* Euros

PORCENTAJE DIFERENCIA: +100,13%.

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Jose A.G.
LA AUTOPSIA A UNO DE LOS ESPELEÓLOGOS REVELA QUE NO MURIÓ POR LOS GOLPES DE LA CAÍDA

La segunda autopsia practicada al cadáver del espeleólogo español fallecido en Marruecos José Antonio Martínez, pone cada vez más en evidencia que su muerte pudo ser evitada ya que el resultado concluye que Martínez no murió como consecuencia de los impactos recibidos en una pierna y en la cabeza durante la caída al barranco donde permaneció con vida cinco días hasta que, en el momento de efectuarse el rescate, cayó al río. Éste habría sido el auténtico detonante de tan triste final pues los resultados preliminares de esta segunda autopsia practicada en Granada apuntan hacia la hipotermia o la sumersión como las causas directas de su muerte.

Con ello, la polémica en torno a lo que parece ser un rescate negligente no hace si no acentuarse. Juan Bolívar, único superviviente de la expedición, calificó el rescate de "chapuza" mientras que el tío del fallecido y portavoz de la familia, Antonio Martín, ha cargado directamente contra “los que no dejaron que entraran los expertos” pero también contra el propio gobierno de España preguntándose públicamente si “presionó lo suficiente para asistir como se debía”.

Hay que recordar que el propio Felipe VI telefoneó a su homólogo marroquí el rey Mohamed VI ofreciéndole toda la ayuda necesaria sin embargo éste declinó la oferta y optó por actuar unilateralmente.

A ello hay que sumar la petición de denuncia para que se investiguen los hechos que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha hecho a la Fiscalía General del Estado.

La llama de la polémica ahora la avivan los propios compañeros del club de expedición de José Antonio Martínez quienes hablan directamente de “un asesinato por la negligencia de Marruecos, por su prepotencia de querer presumir ante el mundo entero de que ellos podían hacer el rescate y por la torpeza del Gobierno de España de creerse lo que le decían no poner los medios necesarios”.

Por el momento, aún será necesario esperar en torno a dos meses hasta que los resultados de esta segunda autopsia sean definitivos y esclarezcan si la causa real de la muerte fue hipotermia o sumersión tras la caída de José Antonio al río Uandras mientras trataba de ser rescatado por los gendarmes marroquíes.

Jose A.G.
ESTAFA DE FÓRUM FILATÉLICO: ARRANCA EL JUICIO DESPUÉS DE 9 AÑOS

Nueve años después de que Afinsa y Fórum Filatélico fuesen intervenidas por la Audiencia Nacional a instancia de la Fiscalía Anticorrupción, arrancará el juicio civil que tendrá lugar los próximos días 7, 8 y 9 de abril de 2015 y cuyo objetivo esencial será esclarecer si el concurso de acreedores llevado a cabo por Fórum Filatélico S.A. fue fortuito o, por el contrario, culpable y fruto de la actuación fraudulenta de sus administradores. Por tanto, una vez celebrado el juicio y pronunciada sentencia, dos posibles escenarios se presentan.

Por un lado, si la sentencia dictaminase que el concurso fue fortuito, ésto querría decir que se debió a la propia situación adversa de la compañía lo que libraría de prácticamente toda responsabilidad civil a sus administradores por la situación generada y que, recordamos, supuso un agujero patrimonial de 3.400 millones de euros y que 300.000 pequeños inversores vieran volatilizados sus ahorros.

El otro escenario posible y, sin lugar a dudas,, deseado por los afectados, sería que el tribunal calificase el concurso de acreedores de Fórum Filatélico S.A. como culpable lo que significaría que sus administradores agravaron la insolvencia de la compañía de forma intencionada y con la idea de engañar, por lo que serían responsables de lo sucedido debiendo devolver los bienes obtenidos de forma indebida, negándoseles la opción de recuperar cualquier cantidad en calidad de acreedores e incluso la sanción de tener que indemnizar por daños y perjuicios a todos y cada uno de los afectados.

En cualquier caso, el resultado final de este juicio civil no resulta en modo alguno vinculante respecto de las posibles responsabilidades penales en las que pudiesen haber incurrido sus administradores; un juicio éste, el penal, que aún no tiene fecha de celebración.

Abogados especializados en Civil
Jose A.G.
PIERDE A SU HIJA EN EL PARTO Y EL SESPA DEBERÁ INDEMNIZARLA POR "PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD"

El Servicio de Salud del Principado de Asturias, SESPA, ha sido condenado a indemnizar a una madre que perdió a su hija durante el parto sin presencia de ginecólogo, pediatra ni anestesista alguno y en el que la matrona cortó el cordón umbilical sin las comprobaciones previas y debidas.

La sentencia, emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, no deja lugar a dudas de la negligencia médica sufrida por esta madre y por la cual el Servicio de Salud de esta comunidad autónoma, deberá indemnizarla con una cuantía de 40.000 euros.

Los hechos ocurrieron en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a donde nuestra protagonista acudió para dar a luz a su pequeña. Una vez allí, y a pesar de que la paciente presentaba un embarazo de riesgo por hipertensión, el alumbramiento se produjo sin la presencia ni del ginecólogo, ni del anestesista ni del pediatra. Además, tal y como dicta el documento de sentencia, la matrona que la asistió "sin suficiente competencia" cortó el cordón umbilical de la recién nacida "prematuramente (...) sin comprobar previamente la funcionalidad del sistema respiratorio de la recién nacida" motivo por el cual ésta, tras aspirar parte del líquido amniótico, acabó falleciendo.

Dicha sentencia considera demostrado que no se produjo muerte fetal es decir, la niña nació viva tal y como queda corroborado no sólo por la monitorización previa e inmediatamente anterior al momento de expulsión, si no también por el testimonio de la propia matrona.

En base a todo ello el juez ha estimado que, "si bien es cierto que tampoco existe la certeza de que la niña se hubiese salvado", no resulta menos cierto que, "de haber estado presentes los especialistas precisos, las maniobras de reanimación más complejas hubiesen podido efectuarse de forma inmediata y no transcurridos varios minutos, aumentándose así las probabilidades de supervivencia" de la pequeña. De hecho, en la sentencia se habla hasta de cinco minutos después del parto en la aplicación de algunos de esos actos de reanimación.

En conclusión, el Tribunal Superior establece una horquilla de entre el 30 y el 50% de posibilidades de supervivencia y aplica la doctrina "de pérdida de oportunidad", es decir, la niña habría tenido más posibilidades de sobrevivir si los especialistas necesarios hubiesen estado presentes y actuado tal y como debieran aprovechando así la oportunidad, para condenar al SESPA a indemnizar a esta paciente con 40.000 euros.

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