La solución a tus necesidades legales

José

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José
CONTINÚAN LAS CONDENAS A BANKIA POR LOS CASOS DE PREFERENTES

La Audiencia Provincial de Granada condena a Bankia a reembolsar los 27.000 euros más sus correspondientes intereses que una ama de casa dedicada a la limpieza de viviendas y su hija minusválida, sin conocimientos financieros algunos, creían haber depositado en la entidad bajo la forma de un plazo fijo a cinco años.

Si hace tan sólo un par de años o tres alguien nos hubiese preguntado qué son las preferentes, no habríamos sabido qué responder; aún a día de hoy pocos alcanzan a comprender ese concepto de "preferentes" pero la gran mayoría coincide en calificarlo como estafa. Un producto financiero para el que se requieren considerables conocimientos financieros y bancarios y que, sin embargo, fue vendido en la inmensa mayoría de casos a personas con escasa, e incluso nula, cultura en finanzas.

Pero estas personas, sintiéndose engañadas y estafadas, no han cesado su lucha y las condenas en contra de las entidades que ejercieron esta práctica continúan sucediéndose. El último caso lo encontramos en Granada. Allí, una madre y su hija, también sin conocimientos financieros, contrataron en 2004 un depósito a cinco años con capital garantizado por un importe de 27.000 euros en la que por aquel entonces se llamaba Caja Madrid. Cinco años más tarde la directora de la oficina les ofreció renovar ese "depósito" sin embargo, no fue hasta que estalló el caso de las preferentes y las asociaciones de consumidores comenzaron a difundir sus riesgos, cuando esta ama de casa acudió temiendo lo peor a Ausbanc, la Asociación de Usuarios de Banca, para acabar descubriendo que lo que ella creía un simple depósito a plazo no era sino un complejo y extraño producto bancario que ya no podría volver a transformar en su dinero.

Así, más de una década después de aquello, esta afectada y su hija por fin podrán recuperar el dinero que habían ahorrado, además de los intereses que legalmente les corresponden, tras esta sentencia de la Audiencia Provincial de Granada que no hace si no continuar la tendencia de otros tribunales ante casos similares.

José
CONDENADO A DOS AÑOS DE PRISIÓN POR GRABAR A MENORES DESNUDOS

El Juzgado de lo Penal número 5 de San Sebastián ha condenado a dos años de prisión a un hombre que, provisto de una microcámara que externamente parecía un pequeño mando a distancia, acudía cada semana al Club Atlético de San Sebastián para observar y grabar desnudos en los vestuarios a los integrantes del equipo de piragüismo.

Tal y como reza el documento de sentencia del tribunal, los hechos ocurrieron durante un período de tiempo indeterminado pero siempre anterior al tercer día de septiembre de 2012, día en que el acusado fue detenido.
El ya condenado se hizo con un "dispositivo de grabación de audio y video (microcámara USB) camuflado bajo el aspecto de un mando a distancia de los usados en automóviles y puertas de garaje" y, con una frecuencia semanal, acudía al Club Atlético de San Sebastián donde esperaba pacientemente hasta que los integrantes del equipo de piragüismo pasaban a las duchas, momento en que el acusado colocaba el dispositivo apuntando a las éstas para grabar la secuencia de los menores desnudos. Descubierto, miembros del club intentaron sin éxito que cesase su actividad delictiva hasta que finalmente lograron arrebatarle el dispositivo el cual fue entregado a agentes de la Ertzaintza por el responsable del club. Denunciados los hechos, se efectuó el registro de la vivienda del acusado donde se encontraron más grabaciones de este tipo.

Dados por demostrados los hechos, la juez del Juzgado número 5 de lo Penal de San Sebastián, en base a un delito continuado contra la intimidad según el artículo 197.1º y 6ª del código penal, ha condenado al acusado a una pena de dos años de prisión, inhabilitación para el ejercicio del derecho a sufragio pasivo durante el tiempo que dura la condena, así como a una multa de 6 euros diarios durante 10 meses con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago además de la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros del Club Atlético San Sebastián y "de sus respectivas personas, domicilios, lugares de trabajo o cualquier otro en el que se encuentren, así como comunicarse con ellos por
cualquier medio o procedimiento" durante cinco años más allá de la pena de prisión impuesta la cual, sin embargo, ha sido suspendida bajo la condición de que el acusado no delinca durante los próximos tres años.

La sentencia ya es firme y no da lugar a recurso alguno.

José
AUMENTAN LOS DIVORCIOS EN ESPAÑA

A tenor de los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial, las parejas españolas cada vez se aman menos y optan por emprender nuevas vidas por separado. De hecho, en todas las comunidades autónomas sin excepción se ha producido un incremento de las demandas de disolución matrimonial.

La Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ya ha hecho públicos los datos relativos al año 2014 en lo referente a contenciosos matrimoniales revelando que el número de demandas de disolución matrimonial se elevó durante el pasado año en un 6,9% pasando de las 124.797 registradas en 2013 a las 133.441 de 2014.

Dentro del total, fueron las demandas de divorcio las que han experimentado un mayor crecimiento situado en el 7,2% respecto al año anterior. Como aspecto positivo podemos señalar que las consensuadas se incrementaron más que las no consensuadas con el 7,8% frente al 6,3% respectivamente.

Por lo que respecta a las demandas de separación, que no divorcio, también aquí se ha experimentado un incremento, en este caso, del 2,6% durante 2014, si bien la diferencia entre demandas consensuadas y no consensuadas ha sido en este caso más acusada (3,7% y 0,4% respectivamente).

También el volumen de nulidades matrimoniales creció pasando de un total de 178 en 2013 a 202 en 2014.

Con todos estos datos en la mano, la media nacional de demandas de disolución matrimonial (incluyendo separaciones, divorcios y nulidades) se sitúa en 2,9 por cada mil habitantes abarcando desde los mínimos registrados por Castilla y León (2,2) y las comunidades autónomas de Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja (2,3), hasta el máximo registrado por Canarias con 3,3 demandas por cada mil habitantes seguido de la Comunidad Valenciana (3,2) Cataluña (3,1) y Andalucía, Asturias y Baleares (3,0).

Como antes indicábamos, a pesar de este incremento generalizado en todos los territorios españoles de las demandas de disolución matrimonial, el lado positivo es que crecen más las demandas de mutuo acuerdo que aquellas que carecen de consenso entre las partes, lo que indica una mayor capacidad para el diálogo, o bien una mayor prisa por acabar con el proceso.

José
POR VEZ PRIMERA TRAS CUATRO AÑOS, SE ELEVA LA TASA DE LITIGIOSIDAD

Tras cuatro años mostrando una tendencia a la baja, 2014 experimentó un repunte de los asuntos ingresados en los tribunales españoles a nivel global si bien, se han mantenido a la baja en lo social y lo penal.

El Consejo General del Poder Judicial ha emitido un comunicado en el que ya muestra las estadísticas referidas a litigiosidad durante el último años natural de 2014. Estos resultados ponen de manifiesto que la tendencia a la baja experimenta en los tribunales españoles durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013 se ha visto interrumpida en 2014 con un repunte del 02% más que en el año inmediatamente anterior correspondiente a un total de 8.653.160 de nuevos asuntos ingresados.
Esta noticia contrasta con el número de asuntos pendientes al finalizar el año ya que se ha producido una reducción del 4,5% respecto a los que quedaron en trámite al finalizar el año 2013. Es decir, a pesar del incremento total de la litigiosidad, también se han resuelto un mayor número de litigios.

Sin embargo, si nos adentramos en las estadísticas, podemos comprobar como, si bien el número de nuevos asuntos ingresados se ha elevado en las jurisdicciones civil y contenciosa, ésto sí que se han visto reducidos en lo penal y lo civil. Así, es la jurisdicción civil la que presenta un mayor incremento de nuevos asuntos ingresados con un 10,5% respecto a 2013 mientras que en el extremo contrario hallamos la jurisdicción social con una reducción del 8,8 por ciento.

A nivel nacional, la tasa de litigiosidad se ha situado en 185 por cada mil habitantes sin embargo, por comunidades autónomas, Andalucía, Madrid y Baleares se encuentran a la cabeza con unas tasas de 218,2, 203,8 y 198,5 respectivamente frente al mínimo logrado por La Rioja con 117,4 nuevos asuntos registrados por cada mil habitantes.

Otro aspecto que el CGPJ ha querido destacar en su comunicado ha sido la reducción del tiempo de respuesta de los tribunales españoles que, de media, se ha reducido de los 3,9 a los 3,7 meses en primera instancia, y de los 5,2 a los 4,6 en segunda instancia.

José
EL TRIBUNAL SUPREMO "IGNORA" LA REFORMA LABORAL Y AUMENTA LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO

En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo ha elevado el tope de la indemnización por despido desde los 33 días por mes trabajado con un máximo de 24 meses actual, a los 45 días con un límite de 42 mensualidades vigente antes de la reforma con un fallo que supone un nuevo desencuentro entre leyes y judicatura y que podría sentar jurisprudencia.

La última reforma laboral, como suele suceder siempre, generó un fuerte desacuerdo entre todos los sectores implicados pero fue especialmente uno de sus puntos el que más controversia generó. Hablamos de la indemnización por despido que, hasta el 12 de febrero de 2012, momento de su entrada en vigor, estaba establecida en 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades pero que la nueva ley redujo a 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades.
La sentencia del Tribunal Supremo hace referencia a una trabajadora de una empresa radicada en Burgos bajo la denominación "Ángel Santiesteban Negrete" que, despedida de forma posterior a la entrada en vigor de la nueva reforma laboral, tan sólo había cotizado en dicha empresa 22 años y cinco meses, muy por debajo de los 28 años exigidos en la legislación actual. A pesar de ello el tribunal ha obviado la disposición transitoria quinta de la reforma laboral y le ha reconocido a esta empleada los 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades por lo que su indemnización final se ha visto elevada desde los 14.363 euros iniciales hasta los 40.530 euros.
Sin embargo, según los expertos, aún es pronto para valorar las repercusiones de esta sentencia ya que, al ser única, no queda claro si sentará jurisprudencia y si otros tribunales de menor rango podrán acogerse a la misma. Lo que sí parece evidente es que este fallo, de gran importancia económica para aquellos trabajadores que gozan de una mayor antigüedad en su empresa, generará un incremento de actividad judicial a corto plazo.

José
Condenados los padres de tres menores que mataron a un hombre al lanzar una piedra a la autovía

La Audiencia Provincial de Murcia confirma la sentencia contra los padres de unos menores que provocaron la muerte de un conductor al lanzar una "piedra de grandes dimensiones" desde uno de los puentes de la autovía.



El pasado mes de julio de 2012 un conductor fallecía en un accidente mientras circulaba por la autovía de Murcia sin embargo, dicho accidente no fue tal dado que su muerte estuvo motivada por un grupo de tres menores de edad que previamente lanzaron una piedra desde lo alto de un puente.


El Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Murcia) ya había emitido su dictamen condenando a los padres de los tres chavales a indemnizar a la viuda e hija del fallecido con una cantidad de 178.000 euros sin embargo, los acusados recurrieron la sentencia con diversas alegaciones.


Una de estas alegaciones solicitaba que la culpa recayese única y exclusivamente sobre el menor autor material del lanzamiento de la piedra mientras que en otra alegación se pedía que la indemnización fuera establecida de forma proporcional dado que uno de los chicos era discapacitado psíquico.


Es precisamente esta segunda alegación la que resulta más llamativa no tanto por la petición en sí misma si no por la "reprimenda" que la sentencia ha expresado la cual afirma que, dada precisamente dicha deficiencia, los padres de este chico, como responsables legales, debían ejercer una mayor vigilancia, control y educación sobre el menor.


Finalmente la Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado todas estas alegaciones y simplemente se ha limitado a rebajar la indemnización impuesta desde los 178.000 euros a los 142.600 euros dado que, si bien la viuda del fallecido tenía planeado emprender un negocio con éste que nunca pudo ser, no resulta justo establecer un montante considerando unos rendimientos proyectados y, por tanto, no reales.

José
ABSUELTO TRAS DECLARAR QUE EL SOBRE DE LA NOTIFICACIÓN LE LLEGÓ VACÍO

A pesar de que conducía sin el correspondiente carné ya que éste le había sido retirado con anterioridad por pérdida de todos los puntos, un conductor se ha librado finalmente de la multa de 2700 euros que solicitaba la fiscalía y de ser hallado culpable de un delito contra la seguridad vial tras declarar que, el sobre en el que se le comunicaba dicha pérdida del carné, le llegó vacío.

Los hechos se remontan al pasado mes de septiembre de 2014 cuando al protagonista de nuestra noticia le fue dado el alto en San Sebastián por unos agentes de la Ertzaintza tras observar que transportaba un mueble de grandes dimensiones en el asiento del copiloto. Después de solicitarle el carné y de que el acusado afirmase que no lo llevaba consigo, los agentes descubrieron que carecía de él puesto que le había sido retirado al perder todos los puntos.
Sin embargo, una vez llegó el momento del juicio, este conductor declaró que, si bien era cierto que había recogido una notificación en su oficina de Correos, al abrir el sobre no encontró nada en su interior y que, de hecho, se enteró de que carecía de carné justo en el momento en que los agentes de la Ertzaintza se lo comunicaron.
Finalmente el juez ha tenido que dar la razón al acusado el cual ha salido absuelto por una cuestión de forma y es que, tal y como se señala en la sentencia, en el acuse de recibo que el conductor tuvo que firmar, "no consta ni la palabra 'notificación', ni el acto al que se refiere" motivo por el cual no puede entenderse que la notificación se haya efectuado de forma correcta lo cual, a su vez, impide demostrar que el sobre no fuese vacío, tal y como ha argumentado el conductor.

José
¿CUÁNTO TE DEBE TU BANCO POR LA CLÁUSULA SUELO?

En base a la sentencia dictada el pasado 22 de febrero de 2015 por el Tribunal Supremo, las entidades están obligadas a devolver a los clientes las cantidades que les han estado cobrando de más como consecuencia de estas cláusulas suelo, aunque no en todos los casos pues dicho fallo sólo es aplicable a partir del 9 de mayo de 2013, momento en que también el Tribunal Supremo dictaminó que los bancos estaban obligados a informar de forma expresa a los clientes que contratasen hipotecas con este tipo de cláusula de que no podrían beneficiarse de determinadas bajadas del euríbor, así como en los casos en que se demuestre una clara falta de transparencia en la información precontractual.
Por tanto, ahora estas entidades deberán devolver a los clientes afectados todo ese dinero que, desde entonces, hayan cobrado de más pero, ¿cuánto deberán devolver?

La respuesta a esta pregunta depende de dos factores fundamentales. Por un lado el tipo de diferencial pactado en el momento de contratar la hipoteca (esa parte que siempre hay que sumar al euríbor) y, de otra parte, el "suelo" fijado en la misma.

Para poder recuperar tu dinero el primer paso es comprobar que efectivamente tu hipoteca presenta ese "suelo" o mínimo de interés que deberás pagar aún cuando los intereses estén oficialmente en un nivel más bajo. A continuación, contacta con tu entidad remitiéndole un escrito con todos los datos de la hipoteca y solicitando de forma clara y expresa la supresión de la cláusula suelo, citando como jurisprudencia las dos sentencias dictadas por el Supremo que hemos citado antes Pero la lucha no acaba ahí: si el banco se niega, deberás buscar ayuda legal aunque recuerda que para salir victorioso será imprescindible demostrar la existencia de una falta de transparencia en la información que te aportó tu banco antes de firmar.

José
SIETE AÑOS DESPUÉS SON INDEMNIZADOS POR LA MUERTE DE SU BEBÉ

Efectivamente, nada más y nada menos que más de siete años han tenido que pasar para que la familia de un bebé fallecido en un hospital de Castilla La Mancha como consecuencia de una mala praxis médica sea finalmente indemnizada.

Los hechos ocurrieron en el año 2007 cuando el bebé, de apenas seis meses de edad, fue ingresado en el Hospital Virgen de la Salud ubicado en la ciudad de Toledo para que le fuese practicada una endoscopia digestiva. Durante su estancia, el pequeño contrajo una enfermedad infecciosa que claramente no presentaba en el momento de su ingreso y que acabó constituyendo su causa de fallecimiento, tal y como viene reflejado en el informe médico pericial del cual se desprende además que en dicho centro sanitario no fueron tomadas "las medidas adecuadas" ni antes de contraer la infección como medidas preventivas ni tampoco después con el fin de tratar la enfermedad de la forma más adecuada y beneficiosa para el bebé.
Ahora, cuando han pasado más de siete años del desafortunado hecho, el abogado de la familia y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) han llegado finalmente a un acuerdo de índole económica por la vía de lo Contencioso-Administrativo según el cual la familia de P.C. (iniciales que se corresponden con la identidad del pequeño fallecido) será indemnizada con un total de cien mil euros, tal y como recoge la diligencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Toledo y que ha sido facilitada a los medios por los servicios jurídicos del despacho de abogados que responde a la denominación de "El Defensor del Paciente", del cual forma parte el abogado de la familia afectada.

José
EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS PROHÍBE GRABAR CONVERSACIONES ABOGADO-CLIENTE INCLUSO CON PERMISO JUDICIAL

La Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido que "pinchar" el teléfono de un abogado en sus conversaciones con el cliente constituye una clara vulneración del artículo ocho de la Convención Europea de Derechos Humanos (derecho a la vida privada y familiar) aún cuando exista una autorización judicial de por medio.

Esta resolución, fechada en una sentencia fechada el pasado día tres de febrero de 2015 y que, evidentemente, sienta jurisprudencia en todo el territorio de la Unión Europea, vino motivada a raíz de la demanda interpuesta por un abogado de nacionalidad rumana contra la policía la cual había interceptado sus comunicaciones previa autorización judicial en el marco de una investigación de mayor envergadura en la que se perseguían ciertos delitos relacionados con la delincuencia organizada y el terrorismo.

La base fundamental de esta sentencia radica en el concepto de "confidencialidad" dado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluye que las escuchas de conversaciones entre un abogado y su cliente "afectan a la confidencialidad, que es la base de la relación de confianza y piedra angular del derecho de defensa" lo que, por lo tanto, constituye una clara violación del citado artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos en lo relativo al derecho a la vida privada y familiar el cual señala de forma expresa que "toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia" sin que pueda existir "injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás".

De esta forma, la medida impugnada por este abogado rumano, debe tener una base clara en el derecho interno pero aún así, las conversaciones producidas entre un abogado y su cliente, por afectar a la confidencialidad, "base de la relación de confianza entre estas dos personas", quedarían en cualquier caso al margen.

José
SUPRIMIDAS LAS TASAS JUDICIALES PARA PERSONAS FÍSICAS

El pasado viernes 27 de febrero el gobierno de España aprobó en Consejo de Ministros la supresión de las tasas judiciales "de forma inmediata" para las personas físicas en todos los órdenes e instancias respondiendo así a la fuerte oposición que esta medida despertó tanto entre la ciudadanía como entre el sector profesional.

La llamada Ley Gallardón introdujo una de las reformas de la justicia más polémicas que se recuerdan en democracia, la subida de tasas judiciales e incluso el establecimiento de las mismas para aquellos que antes estaban exentos. La medida recibió una fuerte oposición por parte de todos los sectores implicados, tanto la propia ciudadanías, como colectivos de jueces, abogados y otros profesionales del sector. Así, desde entonces se han producido numerosas manifestaciones en contra a lo largo y ancho de todo el país habiendo sido objeto de división incluso en el seno del Partido Popular que había aprobado esta ley gracias al poder que le otorga la mayoría absoluta que en estos momentos ostenta.

Finalmente, y casualmente en un año electoral clave, el Gobierno d España presidido por Mariano Rajoy ha optado por acordar y aprobar en el Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes 27 de febrero la supresión de estas tasas judiciales para todas las personas físicas.
El anuncio de esta medida que da, parcialmente, marcha atrás a la Ley Gallardón fue efectuada por el propio ministro de justicia Rafael Catalá en la rueda de prensa habitual y posterior al Consejo de Ministros de cada semana.
Sin embargo, esta nueva reforma no nos devuelve a la situación previa a la Ley Gallardón dado que, tal y como ha especificado el propio ministro Rafael Catalá, esta supresión de tasas judiciales no afecta a las pequeñas y medianas empresas las cuales, antes de la entrada en vigor de la anterior ley, también estaban exentas de este pago. Aún así Catalá ha especificado que estas empresas únicamente tendrán que abonar este tributo a partir de los 2.000 euros.

Junto a esta importante medida, también fue aprobada la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en un intento por agilizar la justicia y que incluirá medidas como la racionalización del reparto de asuntos entre juzgados o la prevalencia del criterio de especialización de jueces por encima de otros criterios como la antigüedad; además, se introducen las nuevas tecnologías tanto en las comunicaciones a las partes implicadas en un procedimiento, que se efectuarán a través de SMS y/o correo electrónico, como en las comunicaciones entre profesionales de la Administración de Justicia que a partir de enero de 2016 se realizará única y exclusivamente por vía telemática.

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