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Si usted es empresario, no tiene por qué perder necesariamente una demanda por daños derivados de responsabilidad extracontractual.

Aunque a veces pueda parecer lo contrario, los empresarios no siempre son responsables de los daños y perjuicios sufridos por los clientes o usuarios en sus instalaciones. En este sentido, hay dos principios que no pueden obviarse:

- El empresario o titular de un establecimiento debe adoptar las medidas legal y reglamentariamente establecidas de cara a garantizar la seguridad de los clientes.

- El que sufra un daño o perjuicio en un establecimiento abierto al público está obligado a demostrar, si quiere cobrar una indemnización, que el empresario fue responsable del mismo.

La culpa o responsabilidad del empresario puede ser, a grandes rasgos, de tres tipos:

- Directa: cuando una acción u omisión han causado el daño y no existen dudas sobre el nexo causal entre ambos.

- Derivada de un riesgo acrecentado: cuando una actividad inicialmente segura se convierte en peligrosa por el actuar incompetente o negligente del titular.

- Por omisión de las medidas comprendidas en la ley o en los reglamentos administrativos (no se ha hecho lo necesario para impedir el riesgo de que trata el apartado precedente).

Si valoramos todo lo anterior, tendremos clara una cosa: el empresario demandado no tiene por qué ser forzosamente responsable; es el demandante el que tiene la obligación de demostrar que aquél tuvo la culpa del daño que ha sufrido. Las famosas caídas por culpa del agua que hay acumulada en el suelo de un establecimiento han dado lugar a una copiosa jurisprudencia del Tribunal Supremo.

En uno de esos casos, dos padres demandaron a los dueños de un restaurante italiano por el daño que su hija se hizo por culpa de un resbalón en el parque de juegos anexo al restaurante. La niña se partió dos dientes y sufrió daños en la boca y en la cara. Los padres reclamaban 47.840 euros en concepto de daños y perjuicios (rotura de las piezas dentales, daños en la mandíbula y daños morales). El perito de la demandada rebajó considerablemente dicha cantidad en el escrito de contestación.

La defensa de la parte demandada se basó en todo momento en que ésta había cumplido todas las medidas que estaban en su mano: había un cartel en el que se advertía que la responsabilidad de la vigilancia de los niños correspondía a los padres; se recomendaba que los niños estuviesen acompañados de un adulto; según un cartel, se prohibía comer y beber en el recinto de juegos; desde la mesa en la que estaban sentados los padres se podía ver claramente a la niña.

Tanto el titular del Juzgado Mixto nº 2 de Navalcarnero como los Magistrados de la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Madrid, D. José González Olleros, D. Modesto de Bustos Gómez Rico y D. Carlos Cezón González, le dieron la razón a la parte demandada, desestimando en ambas instancias las pretensiones de la actora.

Tremendamente exhaustivo resultó el análisis de la Audiencia acerca de la regulación en nuestro ordenamiento de la responsabilidad extracontractual. A pesar de que ésta se haya acercado mucho a la objetivación durante los últimos años (el que obtiene un beneficio a través de una actividad tiene que responder de los daños que ésta ocasione), sin embargo, no puede obviarse la prueba de la culpa o negligencia del demandado.

Los padres de la niña no consiguieron demostrar, ni con su testimonio ni con el de otros padres (de compañeras de colegio de la afectada), que los propietarios del restaurante tuviesen ninguna culpa de la caída. Los carteles advertían claramente de los posibles riesgos y de las medidas necesarias para utilizar adecuadamente la zona de juegos.

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El comprador de un vehículo demandó al vendedor porque consideraba que el vehículo adquirido apenas podía utilizarse.

Para apreciar bien las diferencias entre la responsabilidad extracontractual y la contractual, qué mejor que ofrecer un ejemplo de esta última. A través de él podrán comprenderse los elementos que las diferencian, cuyo punto de partida está claro: en un caso existe una relación jurídica previa entre las partes; en el otro, la causa del daño es, precisamente, la circunstancia que llegará a vincular a los implicados.

Cuando lo que se ha adquirido en un contrato de compraventa no reúne las condiciones esperadas por el comprador, el Código Civil reconoce a su favor diversas acciones de reclamación. Así, no es lo mismo que la cosa sea absolutamente inservible a que tenga un valor inferior al pagado. Dependiendo del perjuicio del que el comprador se sienta víctima, empleará una u otra acción: rescisión del contrato, saneamiento por vicios o defectos ocultos, nulidad, etc…

Si, por ejemplo, alguien compra un coche y, después de comenzar a utilizarlo, se da cuenta de que está en peores condiciones de las prometidas, lo normal es que solicite el reintegro de la diferencia entre lo que pagó y el valor que en realidad tiene el vehículo. Si, por otra parte, el coche no funciona y, por lo tanto, no sirve para cumplir la función pretendida (desplazarse), se podrá acudir al artículo 1101 del Código Civil y reclamar por incumplimiento contractual.

En un caso que se desarrolló ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Picassent, con posterior recurso de apelación ante la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Valencia, el adquirente de un coche de gama media se sintió gravemente perjudicado por el estado del vehículo que había comprado.

Según él, había pagado cerca de 8.000 euros por el coche y éste tenía numerosos defectos: no funcionaban los elevalunas eléctricos ni el aire acondicionado, el asiento del copiloto estaba hecho polvo y el embrague y el turbocompresor estaban a punto de romperse. Sin embargo, el vendedor afirmaba que la venta del coche se había cerrado en torno a los 3.000 euros y que el comprador conocía -o debería haber advertido- los desperfectos que presentaba.

Los Magistrados que resolvieron la apelación del comprador (cuya demanda había sido desestimada en primera instancia), Dña. María Pilar Eugenia Cerdán Villalba, D. José Antonio Lahoz Rodrigo y Dña. María Ibáñez Solaz, tuvieron en cuenta que:

- El vehículo se ofrecía en internet por 8.800 euros, así que a lo mejor se había vendido por la cantidad que sostenía el comprador.

- En el impuesto de transmisiones se hizo el pago en virtud de una compra por valor de 3.000 euros.

- El vehículo había pasado la ITV dos días antes de la compraventa.

- El coche funcionaba, aunque no perfectamente, sino con muchas taras.

En vista de lo expuesto, los Magistrados consideraron que habría sido más conveniente ejercer la acción de saneamiento por vicios o defectos ocultos, incluso a pesar de que cualquier comprador de objetos de segunda mano siempre asume cierto riesgo al adquirir el bien. Por lo tanto, la apelación también fue desestimada, confirmando la primera sentencia.

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