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Los derechos del acusado por un delito contra la propiedad industrial. La necesidad de contar con pruebas suficientes y de analizar los efectos intervenidos.

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los Jueces y Magistrados de lo Penal reside en la dificultad inherente a la carga probatoria de la acusación. Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular y la pública se enfrentan a la obligación de demostrar que los hechos en los que fundan la comisión de un delito se han producido tal y como ellos afirman.

El acusado no tiene que demostrar que no hizo lo que afirma la acusación, pues eso sería una inversión de la carga de la prueba contraria a los principios de nuestro Derecho Penal. Son los acusadores los que tienen que conseguir que el Juez, partiendo de unas pruebas determinadas, alcance la convicción de que el acusado es culpable.

Cuando una acusación es planteada a través de una investigación previa de la Policía, éstos serán los responsables de una eventual falta de pruebas. Ahora vamos a hacer referencia a un procedimiento en el que todos estos elementos entraron en juego.

Un hombre estaba siendo investigado por la Policía Nacional por su posible relación con un delito contra la propiedad industrial. Llevaban varios días vigilando su domicilio cuando, una mañana, el hombre trasladó varias cajas desde su edificio hasta otro cercano, en el que residían algunos familiares suyos.

Como los agentes sospechaban que en las cajas había transportado cosméticos falsificados, una hora y media después de haberlas trasladado él fue detenido y el material aprehendido. La apariencia delictiva fue confirmada por el Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid, que condenó al acusado a 6 meses de prisión y a pagar una multa de 6 euros diarios durante 12 meses. Además, tendría que indemnizar a las empresas titulares de los derechos sobre esas marcas de cosméticos (muy conocidas) con 15.480 euros.

El abogado del condenado estaba convencido de que en el procedimiento se habían producido irregularidades, en lo que a las pruebas se refería, que habían perjudicado a su cliente. Así que la procuradora de éste, Dña. María del Carmen Palomares Quesada, interpuso un recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Madrid, correspondiendo el conocimiento del mismo a su Sección 7ª, integrada por los Ilustres Magistrados Dña. Ana Mercedes del Molino Romera, Dña. María Luisa Aparicio Carril y Dña. Ángela Acevedo Frías.

El recurrente alegó insuficiencia probatoria y vulneración de su derecho a la presunción de inocencia. Hay que decir que la Audiencia se mostró conforme con sus alegaciones:

- Los Policías no podían estar seguros de que los cosméticos encontrados en las cajas habían sido trasladados por el detenido, pues habían aprehendido y abierto las cajas una hora y media después de que el acusado hubiese trasladado unas cajas (¿las mismas?) de un edificio a otro.

- En el atestado policial no coinciden las cantidades de cajas (su número variaba entre 2 y 4) ni de cosméticos con las que posteriormente utilizó el Ministerio Fiscal para la acusación.

- No se habían presentado informes químicos acerca de la composición de los materiales incautados, de manera que los Magistrados de la Audiencia no podían estar seguros de lo que había en los envases intervenidos.

Estas tres circunstancias motivaron que la Audiencia estimara las pretensiones del recurrente, mandando revocar la inicial sentencia condenatoria y absolviéndole del delito contra la propiedad industrial.

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