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Preguntas sobre abogados delitos propiedad intelectual

¿Qué es abogados delitos propiedad intelectual?

La propiedad intelectual es el conjunto de derechos que corresponden a los autores y a otros titulares (artistas, productores, organismos de radiodifusión…) respecto de las obras y prestaciones fruto de su creación. Por lo tanto, las creaciones pertenecen al autor y es éste el que tiene los derechos de su obra.

 

En ell artículo 270 del Código Penal se recoge claramente esta condición y su castigo en caso de vulnerarla:

 

“Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses quien con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, facilite el acceso,  distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte una obra literaria, artística o científica o  su transformación, interpretación artística o ejecución fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes  derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.”

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Recurso de apelación en el que el acusado, por dos delitos contra la propiedad intelectual, impugnó la sentencia que le condenaba, alegando falta de legitimidad en la denuncia.

El Código Penal establece que la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial requiere la existencia de una previa denuncia del perjudicado (titular de los referidos derechos) o de sus representantes legales. En el caso que analizamos, este requisito fue puesto en duda por el acusado, hallándose ya en sede de apelación.

Cuando comenzó el proceso, los acusados eran dos, un hombre y una mujer. En su domicilio se les incautó numeroso material que vulneraba el derecho a la propiedad intelectual de terceros: copias ilegales de videojuegos y consolas modificadas (con un chip) para poder leer dichas copias. Además, la Policía creía que se dedicaban a vender estos artículos.

Tras las oportunas investigaciones del Juzgado de Instrucción de El Burgo de Osma, el Juzgado de lo Penal nº 1 de Soria absolvió a la mujer y condenó al hombre. A éste le consideraron responsable de dos delitos contra la propiedad intelectual (artículo 270, apartados 1 y 3, del Código Penal), correspondiéndole por cada uno de ellos la pena de 6 meses de prisión.

Pero el abogado del condenado supo platear bien el recurso de su defendido, que fue presentado por la Procuradora Sra. Alcalde Ruiz. El recurso de apelación se fundamentaba en el incumplimiento de una de las disposiciones del Código Penal, aquélla a la que hacíamos referencia al comienzo de este artículo: es necesario que el perjudicado o su representante legal presenten la denuncia que dé origen al proceso para perseguir esta clase de delitos.

La denuncia la formuló ADESE (Asociación de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento), entidad encargada de la gestión de los derechos de propiedad intelectual de sus clientes. Sin embargo, a la hora de hacerlo incumplió dos requisitos legales: carecía de una autorización del Ministerio de Cultura para actuar en juicio en beneficio de sus representados y no había presentado una copia de sus estatutos.

Los Magistrados de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Soria (que era la encargada de resolver el recurso), D. José Ruiz Ramo, D. José Miguel García Moreno y D. Rafael María Carnicero Giménez de Azcarate, a pesar de las pruebas que habían sido encontradas en el domicilio del acusado, tenían que ceñirse a la aplicación de las disposiciones del Código Penal. Y, en virtud de lo explicado, el inicialmente condenado tuvo que ser absuelto, revocándose la primera sentencia el 2 de abril de 2004.

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Recurso presentado por un ciudadano extranjero que había sido condenado por un delito contra la propiedad intelectual, al vender en el metro de Madrid copias ilegales de cd´s y dvd´s.

El 7 de diciembre de 2009 fue condenado por el Juzgado de lo Penal nº 10 de Madrid un hombre de origen senegalés, que se encontraba en situación irregular en España, al haberle detenido la Policía mientras ofrecía en una de las estaciones del metro de la capital la venta de copias de cd´s y dvd´s que no respetaban los correspondientes derechos de autor. Los agentes que detuvieron al presunto delincuente no presenciaron personalmente los hechos, pues habían sido avisados por los guardias de seguridad del metro.

En virtud de las disposiciones del Código Penal para estos casos, la condena que se le impuso, a las penas de prisión de 2 años y de multa durante 24 meses (con una cuota de 6 euros diarios), fue sustituida por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de regresar a él durante 10 años.

Sin embargo, la representación procesal del condenado, encarnada por la Procuradora Dña. María Lourdes Cano Ochoa, recurrió la sentencia en apelación. El recurso debía ser resuelto por la Sección 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid. Los Magistrados que componían dicha Sala de Justicia eran: D. José Luis Sánchez Trujillano, Dña. Manuela Carmena Rastrillo y Dña. María Jesús Coronado Buitrago.

La Audiencia, que acabó absolviendo al acusado de responsabilidad, basó su decisión en dos argumentos, uno de carácter principal y otro secundario. Comenzaremos por este último. Ni los agentes de Policía habían presenciado personalmente el intento de venta del material ilegal por parte del acusado ni otro de los testigos del juicio pudo identificarle, ya que no compareció en sede judicial.

Por otra parte, la razón fundamental para la revocación de la sentencia residió en que no se había comprobado, por parte de la Fiscalía, la vigencia de los derechos de autor correspondientes a las obras que se le habían incautado al acusado. De ahí que el 13 de mayo de 2010 éste resultara absuelto con todos los pronunciamientos favorables.

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