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¿Cuándo se comete un delito de receptación y qué penas lleva aparejadas?



Seguro que en más de una ocasión has escuchado en los informativos o has leído en la prensa la expresión delito de receptación. Por desgracia, es bastante habitual en los actuales tiempos en los que los corrupción política, financiera, empresarial, etcétera ocupa las portadas de los periódicos, tanto impresos como digitales, y abre cada día los informativos de radio y televisión pero, ¿a qué se refieren cuando hablan de receptación?

El delito de receptación esta muy relacionado con el blanqueo de capitales, derecho, ambos ocupan un mismo capítulo del Código Penal español, estando integrados dentro de los llamados “delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico” (Título XIII C.P.).

La receptación consiste en ocultar a personas o a cosas, sabiendo que se ha cometido un delito de los recogidos en el Título XIII del Código Penal, y con dos finalidades: por un lado, el enriquecimiento propio; por otro lado, que los responsables del delito se puedan beneficiar de sus efectos.

Para que exista delito de receptación es fundamental, además de las circunstancias anteriores, que no se haya formado parte de ninguna manera en la comisión de aquel delito.

Para ser más exactos, el artículo 298 C.P. establece que será considerado autor materia de un delito de receptación todo aquel que “con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos”.

El delito de receptación es aún bastante desconocido para muchos ciudadanos y, lejos de lo que pueda parecer, cualquiera de nosotros podríamos vernos envueltos en su comisión si no actuamos con ética suficiente. Grandes políticos o empresarios pueden tratar de ocultar dinero y/o propiedades obtenidas de forma ilícita entregándolas a terceras personas a cambio de un beneficio para éstas, las cuales estarían cometiendo un delito de receptación, pero también adquirir cualquier objeto del cual conocemos su procedencia ilícita es causa de este delito.

Sirva como ejemplo la sentencia dictada en 2011 por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real según la cual se condenó a un joven de 33 años a la pena de multa de 500 euros que, en caso de no ser abonada, sería sustituida por dos meses de cárcel. El motivo fue que este hombre adquirió y posteriormente instaló en su coche dos espejos retrovisores y dos embellecedores que tres días antes habían sido robados de otro coche por las personas que se lo vendieron.

El condenado conocía el origen ilícito de lo que estaba adquiriendo y se estaba beneficiando de ello al comprarlo a un precio más bajo; a su vez, no había participado en modo alguno en la comisión del delito de robo inicial pero estaba favoreciendo que los ladrones obtuviesen también un beneficio vendiendo tales productos robados. Así, esta persona cometió un delito de receptación por el cual fue condenado.

Como norma general, la pena contemplada en el nuevo Código Penal (en vigor desde el pasado 1 de julio de 2015) para un delito de receptación es de seis meses a dos años de cárcel si bien podrá verse incrementada hasta un período de uno a tres años de prisión cuando se trate de bienes de primera necesidad o necesarios para el suministro de servicios como luz, agua, etcétera, cuando las cosas objeto de delito revistan un “valor artístico, histórico, cultural o científico” o cuando los hechos “revistan especial gravedad” por el valor de los objetos o por el daño causado.

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Incluso se contempla una “pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria, por tiempo de dos a cinco años y acordar la medida de clausura temporal [no superior a cinco años] o definitiva del establecimiento o local” y una multa de 12 a 24 meses cuando el delito de receptación se haya cometido con la intención de traficar con tales objetos.

La pertenencia a organización, la condición del autor de los hechos como “empresario, intermediario en el sector financiero, facultativo, funcionario público, trabajador social, docente o educador, en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio”, ostentar la condición de autoridad o que las cosas objeto de ese delito de receptación sean drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, constituyen otras circunstancias agravantes que elevarán considerablemente las penas, las cuales podrán alcanzar la inhabilitación absoluta de entre diez y veinte años, multa del triple del valor de los bienes y penas de prisión de hasta seis años.

Peo ¡ojo!, porque no sólo cometer un delito de receptación está severamente castigado por la actual legislación española, también “la provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos”, tal y como reza el artículo 304 del Código Penal, está sancionado, si bien en este caso la condena será más indulgente pues se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.



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J. Alfocea

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