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La trata de personas o trata de seres humanos



La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional define la trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una personas que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

Esta definición ha sido consensuada, aceptada y aplicada por todos los países que integran este organismo supranacional de tal manera que todos ellos han basado las definiciones formuladas en sus respectivos cuerpos legislativos en esta definición de la ONU.

En este sentido, el Código Penal español también recoge como trata de personas toda aquella acción de trasladar, acoger, recibir o captar personas haciendo uso de amenazas, engaños, coacciones, u otras formas de intimidación y/o violencia a partir de una situación que confiere cierta superioridad al delincuente sobre la víctima, posibilitando que la explote, ya sea con fines sexuales, de trabajo, etcétera.

En concreto, el artículo 177 bis del Código Penal recoge que será considerado como autor de un delito de trata de personas, y condenado a una pena de prisión de entre cinco y ocho años todo aquel que:

en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes:

a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad.

b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía.

c) La explotación para realizar actividades delictivas.

d) La extracción de sus órganos corporales.

e) La celebración de matrimonios forzados.

La ley actual recoge, además, algunas interesantes observaciones que no debemos dejar pasar desapercibidas:

  • El simple hecho de proponer, conspirar o provocar con la intención de cometer el delito de trata de seres humanos también es un delito castigado “con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente”.
  • Cualquiera de las acciones antes citadas y realizadas con fines de explotación, siempre será considerado con un delito de trata de personas cuando la víctima sea menor de edad, al margen de los métodos que se hayan utilizado para tal fin.
  • Aún cuando la víctima haya dado su consentimiento expreso, éste será considerado irrelevante, y el autor podrá ser juzgado igualmente por un delito de trata de personas.
  • Las condenas impuestas en el extranjero por un delito de trata de seres humanos, en España serán tenidas en cuenta a efectos de reincidencia.
  • Una persona se encuentra en situación de “necesidad” y/o “vulnerabilidad” cuando “no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso”.
  • Toda víctima de un delito de trata de personas quedará exenta de toda responsabilidad por las posibles delitos que hubiese podido cometer bajo estas circunstancias, bajo la condición de que “exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado”.

En cuanto a las penas contempladas por la ley actual, la condena a prisión entre cinco y ocho años constituye la pena base a partir de la cual existen diferentes situaciones y circunstancias que podrán agravarla, por ejemplo:

  • En los casos de víctimas especialmente vulnerables como menores de edad, mujeres en situación de embarazo, personas enfermas tanto física como psíquicamente…
  • Cuando el culpable haya hecho uso de “su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público” para cometer los hechos.
  • En aquellos casos en los que el culpable es parte de una organización o asociación dedicada a la práctica de este tipo de delitos.
  • Los jefes, administradores o encargados de esas organizaciones o asociaciones también serán sometidos a penas más severas.
  • Cuando el culpable es una persona jurídica (empresa), “se le impondrá la pena de multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido”.


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J. Alfocea

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