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El desacato como delito en el Código Penal



El delito de desacato como tal, bajo esta denominación, desapareció con la entrada en vigor de la reforma de Código Penal de 1995 sin embargo, continúa presente en sus modalidades leve y más grave, y sin hacer mención alguna a la palabra o término “desacato”.

La Real Academia Española de la Lengua define el concepto “desacato” en su tercera acepción (vinculada al ámbito del Derecho”, como aquel “delito que se comete calumniando, injuriando, insultando o amenazando a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, ya de hecho o de palabra, o ya en escrito que se dirija”, al tiempo que señala que su existencia se encuentra “En algunos ordenamientos”.

De ello deducimos que la acción del desacato se puede efectuar de múltiples maneras (de palabra, por los hechos, o por escrito), y que el desacato no se dirige contra el ciudadano común, si no que para que exista, la persona a la que va dirigido debe ser “una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas”.

Esta definición también nos pone en antecedentes acerca de que el desacato no es una simple desobediencia como habitualmente se suele creer, si no una injuria, una calumnia, un insulto o una amenaza.

Con todo ello, ya podemos comprender más fácilmente lo que es el desacato aunque, como ya adelantábamos al comienzo, el delito de desacato no existe ya como tal. Pero existe en su naturaleza.

Haciendo un poco de historia, el delito de desacato estuvo vigente en España hasta la entrada en vigor de la reforma del Código Penal del año 1995. En su anterior versión, de 1973, aparecía de la siguiente manera:

Cometen desacato los que, hallándose un Ministro o una Autoridad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, los calumniaren, injuriaren, insultaren o amenazaren de hecho o de palabra, en su presencia o en escrito que les dirijan. Si la calumnia, la injuria, el insulto o la amenaza fueren graves, se impondrán las penas de prisión menor y multa de 100.000 a 500.000 pesetas, y si no lo fueren, las de arresto mayor y multa de 100.000 a 200.000 pesetas. (art. 240 C.P. 1973)

Es decir, el delito de desacato ya no se entendía como un ataque “personal” al honor del ofendido, si no como un ataque directo al principio de autoridad que éste representaba. Por tanto, era condición indispensable que la persona ofendida ostentase la condición de autoridad, que la ofensa estuviese relacionada con ello, y que se encontrase ejerciendo sus funciones.

Con la Transición, el delito de desacato comenzó a ser puesto en duda debido a la democratización de la vida política y en el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Ya antes de la reforma de 1995 los jueces lo aplicaban de una forma muy limitada: cuando la ofensa tenía una clara intencionalidad de daño o menoscabo de la autoridad que la persona ofendida representaba.

Así, la propia evolución de la sociedad y la jurisprudencia, condujo a la supresión del delito de desacato en la reforma del Código Penal de 1995 igualándolo a las injurias, calumnias o cualquier otra ofensa recibidas por un ciudadano particular, es decir, los delitos de injuria y calumnia. Pero tan sólo de manera parcial.

Desapareció el delito como tal, pero se mantuvo su naturaleza en sus representaciones más leve y más grave. En el extremo inferior, las faltas (ahora delitos leves) de injurias y calumnias contra una autoridad en el ejercicio de sus funciones; en el extremo superior, cuando se dirige a las más altas autoridades del Estado.



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J. Alfocea

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