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Fraude y prestaciones ilícitas: los delitos contra la Seguridad Social



Los delitos contra la Seguridad Social ostentan un tratamiento penal diferenciado dentro de la legislación española. Tras la reforma del Código Penal, en vigor desde el primero de julio del pasado año de 2015, el fraude a la Seguridad Social ya no es sancionado simplemente por la vía administrativa, si no que conlleva penas de prisión y de multa.

Cuando hablamos de delitos contra la Seguridad Social nos estamos refiriendo a dos modalidades diferenciadas de acciones delictivas: la defraudación y la obtención ilícita de prestaciones.

El fraude a la Seguridad Social viene contemplado en el artículo 307 del Código Penal y a su vez, contempla dos tipos de acciones que lo hacen posible, la acción y la omisión, siempre y cuando la cantidad defraudada supere los 50.000 euros.

En base a ello, será considerado culpable de un delito contra la Seguridad Social todo sujeto que “por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros”.

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El castigo contemplado para todo aquel que incurra en un delito de defraudación a la Seguridad Social es pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía.

Un ejemplo a estos delitos de fraude contra la Seguridad Social lo encontramos en la sentencia emitido por el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca que el pasado año condenaba a penas de entre seis y ocho meses de cárcel a dos empresarios y a una veintena de trabajadores, previo acuerdo entre el ministerio fiscal y la defensa.

Los acusados admitieron la responsabilidad de los hechos reconociendo que entre 2009 y 2011 se beneficiaron de contrataciones falsas que permitía a los trabajadores obtener prestaciones por desempleo y otras ayudas y/o subsidios. Los empresarios recibían de estos “trabajadores” la cantidad de 400 euros iniciales más otra cantidad mensual mientras duraba su situación a cambio de darles de alta en la Seguridad Social el tiempo necesario para que tuviesen derecho a tales beneficios.

Aún así, las penas finalmente impuestas han resultado menores a las inicialmente solicitadas por el ministerio fiscal que pedía tres años de cárcel para los dos empresarios por un delito de falsificación de documentos oficiales, multas de 2160 euros y una indemnización conjunta de de 83000 euros a la Seguridad Social por presunto fraude. Esto es debido a que el delito de fraude a la Seguridad Social contempla ciertas circunstancias o actuaciones que pueden actuar como atenuantes a la pena.

Así, el reconocimiento de los hechos, como ha sido este caso, permitió un acuerdo entre las partes y la rebaja de las penas originalmente solicitadas.

Del lado contrario, también existen circunstancias agravantes que podrían suponer penas de dos a seis años de cárcel, mayores multas e imposibilidad de obtener ““subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años”, por ejemplo, cuando la cantidad defraudada supera los 120.000 euros o cuando el fraude se comete al amparo de una organización criminal, entre otros.

La segunda modalidad de delitos contra la Seguridad Social es, como ya avanzábamos al comienzo, la obtención ilícita de prestaciones, un delito en el que incurrieron los “trabajadores” del caso anterior al percibir ayudas, subsidios o prestaciones por desempleo a las que no tenían legalmente derecho, siendo además plenamente conscientes de ello dado que pagaban para obtener la situación que les daría derecho a tablet beneficios.

El Código Penal establece que será autor de un delito de obtención ilícita de prestaciones de la Seguridad Social todo aquel sujeto que “obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública”.

Como vemos por esta definición, también los dos empresarios condenados en el caso expuesto cometieron este delito dado que facilitaron a los trabajadores la obtención ilícita de prestaciones simulando los hechos, es decir, fingiendo que eran empleados de la empresa.

La pena para este delito también establece la cantidad de 50.000 euros como límite para la severidad de la condena. Si la cantidad es inferior a ésta, el castigo será de seis meses a tres años de cárcel y la imposibilidad de obtener subvenciones, beneficios o incentivos fiscales entre tres y seis años.

En caso de que el importe sea superior a 50.000 euros, la pena de cárcel se incrementará a un período entre dos y seis años, una multa seis veces superior al importe defraudado, y la pérdida del derecho a percibir beneficios, subvenciones o incentivos fiscales entre cuatro y ocho años.

Los delitos contra la Seguridad Social implican una gravedad mayor que el acto en sí mismo pues afectan, perjudicando, al total de la sociedad; la obtención ilícita de prestaciones o similares, o el hecho de que se dejen de pagar cuotas, etcétera, reduce los recursos disponibles para otros ciudadanos que sí tienen derecho legítimo a tales beneficios, por lo que es un acto que cada vez se persigue con mayor conciencia.



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J. Alfocea

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