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El delito de allanamiento: concepto, circunstancias y penas



El delito de allanamiento constituye una de las acciones delictivas definidas por el Capítulo II, “Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio”, del Título X del actual Código Penal español.

Lejos de lo que en un principio muchas personas puedan considerar, el allanamiento puede afectar tanto a viviendas particulares como a establecimientos que se encuentran abiertos al público (tiendas de comercio al por menor, despachos profesionales, cines, teatros, bibliotecas, etcétera), y contempla penas tanto de privación de libertad como de multa e incluso, penas de inhabilitación profesional.

El allanamiento de establecimientos públicos

Comenzaremos analizando el delito de allanamiento cuando este se produce en establecimientos que se encuentran abiertos al público (establecimientos profesionales o locales de acceso público).

Para que se produzca un delito de allanamiento en estos casos será condición esencial que el delito sea cometido fuera del horario de apertura al público. En estos casos, el autor será castigado con pena de cárcel de seis meses a un año y multa de seis a diez meses, tal y como dicta el artículo 203.1 del Código Penal:

Será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a diez meses el que entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura. (Art. 203.1)

Cuando la comisión de un delito de allanamiento se limite a permanecer en el local fuera del horario de apertura y en contra de la voluntad de su titular, aún habiendo accedido a él de manera totalmente legítima, la pena contemplada es una multa de uno a tres meses.

 

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Ahora bien, en los casos en que, tanto para acceder como para permanecer “en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura”, se haga uso de la violencia y/o la intimidación, la pena de prisión se verá elevada hasta un período de entre seis meses y tres años.

Además, si el autor del delito de allanamiento ostenta la condición de autoridad o funcionario público, ante cualquiera de los casos anteriores, “será castigado con la pena prevista respectivamente en los mismos, en su mitad superior, e inhabilitación absoluta de seis a doce años.”

El allanamiento de viviendas

Estos casos son los que estamos más habituados a escuchar tanto a nuestro alrededor como en el cine o la televisión y por ello, son los más conocidos. Por ejemplo, todo robo en una vivienda lleva aparejado un delito de allanamiento en tanto que el ladrón ha accedido y/o permanecido en ella contra la voluntad de quienes habitan en ella.

“El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador”, será considerado autor de un delito de allanamiento, según el artículo 202.1 del C.P. De este texto debemos hacer especial hincapié en el uso del concepto “morador”, en tanto que se refiere a toda persona con derecho a habitar una vivienda, más allá de que ostente o no la titularidad de la propiedad de la misma.

Para estos casos, el Código Penal español contempla una “pena de prisión de seis meses a dos años” que se elevará a un período de uno a cuatro años, a lo que habría que añadir una multa de seis a doce meses, cuando además se hubiese hecho uso de la violencia o cualquier acción de  intimidación.



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J. Alfocea

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