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Los cónyuges del mismo sexo pueden residir en cualquier país de la Unión Europea

Como ciudadanos de la Unión Europea tenemos derecho a residir en cualquier otro Estado miembro por un periodo de tiempo superior a tres meses tanto si decidimos trabajar en el país de acogida como si disponemos (tanto para nosotros como para los miembros de nuestra familia) de recursos suficientes para no convertirnos en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante el tiempo de nuestra estancia.

Se habla de un derecho de residencia porque todo ciudadano de la Unión puede hacer uso de su libertad de circulación, desplazamiento y por lo tanto, también de residencia de forma efectiva en cualquier Estado miembro de conformidad con el artículo 7 de la Directiva 2004/38/ CE.

La misma Directiva dispone que este derecho de residencia se amplíe a los miembros de la familia aunque no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea cuando estos le acompañen o se reúnan con él en el Estado miembro de acogida.

¿Qué personas entrarían dentro del término “miembros de la familia”?

Se entiende que son miembros de la familia: el cónyuge, la pareja registrada y cualquier otro miembro de la unidad familiar, que esté a cargo o viva con el ciudadano de la Unión (por ejemplo, hijos o padres).

En este sentido, no todos los Estados miembros de la Unión reconocen el matrimonio homosexual en su derecho interno por lo que, ¿es posible conceder el derecho de residencia en su territorio por un periodo superior a tres meses al cónyuge del mismo sexo de un ciudadano de la Unión?

La respuesta es afirmativa. El pasado 5 de junio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció interpretando en el sentido de que, el cónyuge nacional de un tercer Estado (no miembro de la Unión) del mismo sexo que el ciudadano de la Unión, que ha contraído matrimonio con este en otro Estado miembro tiene igualmente el derecho a residir en el otro Estado aunque éste no reconozca el matrimonio homosexual en su legislación nacional. Actualmente son seis los países de la UE que no contemplan ninguna forma de unión legal entre personas del mismo sexo (sea matrimonio o sea pareja registrada): Bulgaria, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Letonia y Rumanía).

Supongamos que nos encontramos ante el siguiente supuesto: una persona española se casa con una nacional colombiana en España y con posterioridad deciden irse a vivir a Polonia por trabajo. ¿Se podría solicitar un permiso de residencia para la persona colombiana bajo la condición de familiar cónyuge de la persona de nacionalidad española?

Después de la interpretación dada por el Tribunal, la persona nacional colombiana tendrá el derecho de residencia por ser cónyuge de una persona nacional española puesto que el término es neutro y denegar la concesión de un derecho de residencia a la persona colombiana se opondría al artículo 7 de la Directiva y 21 del TFUE, apartado 1, sobre el libre ejercicio del derecho de un ciudadano europeo de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros puesto que de lo contrario tendría como consecuencia que a la persona española se le pudiera ver privado el derecho de libertad de circulación ya que se vería forzada a abandonar Polonia por no poder residir acompañada de su cónyuge.

Dado que España reconoce tanto el matrimonio como el Registro de Uniones Estables del mismo sexo, no existe ningún impedimento para tramitar aquí tarjetas de residencia para esos cónyuges, no obstante deberá velarse por el respeto del criterio marcado por el TJUE cuando estas parejas se desplacen a algunos de los países indicados que no reconocen su unión.

En AGM Abogados podemos asesorar tanto en la preparación de los expedientes prematrimoniales, como en la inscripción de Uniones Libres y en la posterior tramitación de tarjetas de residencia como familiares de ciudadano/a comunitario/a.

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¿Cómo funciona la remuneración de los consejeros ejecutivos tras la sentencia 98/2018 del Tribunal Supremo?

La reciente Sentencia 98/2018, de 26 de febrero, dictada por el Tribunal Supremo (STS 98/2018), cambia la postura que se había impuesto respecto al sistema de remuneración de los consejeros con funciones ejecutivas.
Hasta la STS 98/2018, la DGRN, distintos Juzgados de lo mercantil y gran parte de la doctrina, interpretaron que los artículos 217 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), no se aplican de forma cumulativa, sino alternativa. Sin embargo, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de la postura que se había impuesto, de modo que las compañías deberán adaptar su política de remuneraciones a esta nueva tesitura.

Antes de continuar, cabe destacar el contenido de estos dos artículos (el art. 217 LSC referido a la remuneración de los administradores en general y el art. 249 LSC referido a los administradores con funciones ejecutivas), cuyo tenor literal es el siguiente:

“Artículo 217. Remuneración de los administradores.

El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el sistema de remuneración.
El sistema de remuneración establecido determinará el concepto o conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales y que podrán consistir, entre otros, en uno o varios de los siguientes:
a) una asignación fija,
b) dietas de asistencia,
c) participación en beneficios,
d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia,
e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución,
f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador y
g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos.

3. El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. Salvo que la junta general determine otra cosa, la distribución de la retribución entre los distintos administradores se establecerá por acuerdo de éstos y, en el caso del consejo de administración, por decisión del mismo, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.

4. La remuneración de los administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables.”

“Artículo 249. Delegación de facultades del consejo de administración.

Cuando los estatutos de la sociedad no dispusieran lo contrario y sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, el consejo de administración podrá designar de entre sus miembros a uno o varios consejeros delegados o comisiones ejecutivas, estableciendo el contenido, los límites y las modalidades de delegación.
La delegación permanente de alguna facultad del consejo de administración en la comisión ejecutiva o en el consejero delegado y la designación de los administradores que hayan de ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión.
En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato.
El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general.”

Si bien hasta la STS 98/2018, se había impuesto la idea de que el art. 249 LSC se aplica respecto a los consejeros con funciones ejecutivas, de forma alternativa al art. 217 LSC y, por lo tanto, cuando a un consejero se le delegan funciones ejecutivas, la remuneración por este concepto no queda vinculada al régimen del art. 217 LSC; con la STS 98/2018, el Tribunal Supremo se pronuncia en contra de esta interpretación.

En consecuencia, de ahora en adelante la remuneración de los consejeros por sus funciones ejecutivas quedará también afectada por la llamada “reserva estautaria” de la remuneración de los administradores (contenida en el art. 217 LSC). Es decir, el Tribunal Supremo entiende que el art. 217 y 249 LSC se aplican de forma cumulativa. Ello se debe, principalmente, a que la anterior interpretación permitía que el órgano de administración se saltara los límites fijados en los Estatutos sociales y por la Junta General de socios.

De forma resumida, a partir de ahora la remuneración de los consejeros por sus funciones ejecutivas deberá superar los tres niveles siguientes:

Los Estatutos sociales permitan la remuneración de los administradores/consejeros;
la Junta General de socios apruebe el máximo de la remuneración a percibir por los administradores/consejeros y, en su caso, la política detallada de remuneraciones; y
el Consejo apruebe la delegación de funciones ejecutivas y la remuneración a percibir por las mismas, respetando los límites estatutarios y los fijados en la Junta General de socios.

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Todo los que debe saber sobre el control fiscal de las sociedades españolas en Francia

Si es una sociedad española que opera en Francia y es objeto de un procedimiento de control fiscal en este país, a continuación le presentamos algunos principios claves para comprender el desarrollo de este procedimiento.
1. ¿Cuál es el elemento detonante de un control fiscal de sociedades extranjeras en Francia?

Las empresas extranjeras pueden ser objeto de diversos controles administrativos en Francia, aun operando allí de forma temporal (ej. obras o trabajos de construcción) o “a distancia” (ej. ventas a distancia por internet).

Para las obras realizadas en Francia, un control de la inspección de trabajo sobre las condiciones y autorización del personal que opera sobre el territorio francés puede conllevar un control de la URSSAF (cobros de las cotizaciones sociales) y posteriormente un control fiscal (una “revisión de la contabilidad”) para asegurarse que la sociedad extranjera cumple debidamente con el pago de los impuestos en Francia.

Es igualmente frecuente, para las ventas a distancia por internet (especialmente vía plataformas “market place”) que un control fiscal de la sociedad extranjera sea activado por comprobación cruzada de las declaraciones fiscales de los clientes franceses de los “market place” franceses, o debido a los controles fiscales de estos últimos.

2. ¿Es objeto de una inspección fiscal en Francia?

Los inspectores tributarios disponen, en aplicación del art. L 16 B del Libro de Procedimientos Fiscales francés, de un derecho de visita y de embargo (o inspección fiscal) en cualquier lugar, incluso privado, para la búsqueda de infracciones en materia fiscal.

Bajo requerimiento, la administración solicita al juez autorizar el procedimiento de visita y de embargo. El juez sólo concede la autorización si existe presunción de que la sociedad extranjera presente irregularidades en el establecimiento o en el pago de los impuestos sobre la renta o sobre los beneficios, o del impuesto sobre el valor añadido.

La inspección sólo podrá llevarse a cabo entre las 6 horas de la mañana y las 21 horas. Los inspectores de la administración tendrán que estar acompañados por un oficial de la policía judicial. Podrán buscar en todas partes (locales profesionales, obras, domicilios privados, etc.) las piezas y documentos relacionadas con las actuaciones fraudulentas, sea cual sea el soporte.

A raíz de la inspección, un procedimiento verbal constatando el procedimiento seguido y la integralidad de las piezas incautadas será remitido al contribuyente.

Dos vías de recursos contra este procedimiento de visita e incautación están a vuestra disposición:

Uno contra el desarrollo de las operaciones en un plazo de 15 días a contar desde la remisión o de la recepción del procedimiento verbal.
El otro contra la ordenanza del juez habiendo autorizado la inspección, en un plazo de 15 días a contar desde la notificación de la ordenanza.
En todo caso, y sin importar el carácter perjudicial de las piezas incautadas, se aconseja encarecidamente poner en marcha dichas vías de recursos con el objetivo de impugnar las presunciones de fraude de la administración y, en general, presentar la posición de la sociedad (producción de piezas y argumentos de defensa) anticipando la probable aplicación de un procedimiento más completo en su contra.

3. ¿Es objeto de una revisión de contabilidad y acaba de recibir una proposición de rectificación?

La administración fiscal francesa puede, en aplicación del art. L 13 del LPF, realizar una revisión de la contabilidad de su empresa (materializada mediante notificación de un aviso de revisión a la cual va adjunta una carta de los derechos y obligaciones del contribuyente).

Normalmente el control se realiza in situ, es decir en la sede de la empresa, pero en el caso de empresas extranjeras sin presencia física en Francia, el control se realiza principalmente por el ejercicio del derecho de comunicación de la administración con la empresa o terceros (clientes, entidades financieras, etc.), o incluso por la aplicación de la asistencia administrativa de las autoridades fiscales en el Estado de la sede de la empresa, si fuera necesario.

Tanto España, como Francia, responden eficazmente a las peticiones de comunicación de información que les son hechas por la vía de la asistencia administrativa internacional.

Cuando considera aplicar incrementos, la administración le envía una “proposición de rectificación”.

Usted dispone entonces de 30 días (plazo prolongado a 60 días bajo petición) para comunicarle sus observaciones. La administración notifica entonces su “respuesta a las observaciones del contribuyente” transmitiendo el mantenimiento o no de las rectificaciones propuestas.
En caso de desacuerdo entre usted y la administración fiscal, usted podrá igualmente solicitar una entrevista con el superior jerárquico del inspector, y acudir a la comisión departamental si vuestro desacuerdo persiste a pesar de las conversaciones. No se demore, estos recursos deberán ser ejercidos antes de la recepción de una notificación de recaudación.
Al término del procedimiento de control se emitirá (si las rectificaciones se mantienen) una notificación de recaudación (AMR) que podrá recurrir en el marco de un procedimiento contencioso (véase a continuación).
4. ¿La administración aplica el procedimiento de tasación de oficio?

El procedimiento de rectificación en principio es contradictorio y se caracteriza por un dialogo entre la administración y el contribuyente.

No obstante, en ausencia de aclaraciones en los plazos, o de respuesta de la sociedad extranjera a las peticiones de aclaración y de justificación, la administración puede aplicar el procedimiento de “tasación de oficio” que le permite evaluar las imposiciones debidas sobre la base de los únicos elementos de los que disponga. Sobre el plano procesal, la imposición de oficio tiene por efecto privar al contribuyente de su derecho a acceder al superior jerárquico o al interlocutor del departamento.

Por último, la empresa que se niegue a responder a las peticiones de la administración se expone igualmente a las consecuencias de la oposición al control fiscal (especialmente, incremento del 100%).

Se aconseja cooperar con las peticiones de la administración fiscal y de instaurar un dialogo constructivo con ésta (si fuera necesario haciéndose acompañar de su asesor).
5. ¿La administración le aplica un incremento del 80% por actividad oculta?

En el marco del control fiscal de las sociedades extranjeras, la administración tiende a aplicar un incremento del 80% (art. 1728-1.c del CGI) por actividad oculta motivando que la sociedad no ha dado a conocer su actividad en un centro de formalidades de las empresas o en la secretaría del tribunal de comercio francés, o (si procede) se ha dedicado a una actividad ilícita y no ha cumplido con sus obligaciones de declarar en los plazos legales.

En ciertas situaciones este incremento del 80% es recurrible. Esto ocurre especialmente en el caso de procedimientos llevados a cabo contra una sociedad española debidamente registrada en España y que haya pagado sus impuestos sobre la parte de los ingresos que la administración francesa desea someter al impuesto en Francia durante el procedimiento de rectificación. Por consiguiente, es oportuno recurrir esta calificación de actividad oculta y la aplicación del incremento del 80%.
6. ¿Es posible negociar un escalonamiento o una transacción de la deuda fiscal?

Si lo solicita, puede obtener un escalonamiento excepcional por parte de la administración fiscal. La concesión de un escalonamiento no es sistemática. De hecho, la empresa extranjera, para obtener este escalonamiento, debe demostrar la existencia de dificultades financieras y dar a la administración fiscal suficientes garantías de pago. El compromiso debe describir las modalidades de desarrollo del escalonamiento: la duración (no debe exceder 2 años), el importe de los vencimientos y el pago de un anticipo significativo.

Además, puede negociar una transacción con la administración fiscal. En este caso, la administración fiscal solo puede disminuir el monto de las sanciones o impuestos directos, pero en contrapartida, deberá pagar la cantidad fijada por la administración fiscal y renunciar a todo procedimiento litigioso.

7. La administración rechaza vuestros argumentos y mantiene las rectificaciones. ¿Cómo recurrir la imposición de la notificación de recaudación?

Cuando la administración mantiene les rectificaciones y emite una notificación de recaudación (AMR), usted dispone de 3 años (hasta el 31 de diciembre del tercer año siguiente al que la regularización ha sido notificada) para recurrir.

Para impugnar las cantidades a recaudar, tendrá que dirigir a la administración una reclamación previa motivada, llamada “contenciosa”, solicitando la deducción de las cantidades recurridas. En caso de respuesta negativa, dispone entonces de un plazo de 2 meses para interponer un recurso ante el Tribunal Administrativo competente. Pasado este plazo de 6 meses, la ausencia de respuestas por parte de la administración significa la desestimación de su reclamación. Este rechazo implícito no hace correr el plazo del recurso contencioso de 2 meses.
El procedimiento contencioso es bastante largo. De media, hay que contar por lo menos un año para obtener una decisión del Tribunal Administrativo, después uno o dos años suplementarios en caso de apelación, y finalmente un año adicional para obtener una resolución del Consejo de Estado.

8. En caso de impugnar la imposición ante el Juez, ¿estoy exento del pago de las cantidades en causa hasta la resolución del litigio?

Las reclamaciones contenciosas no son, por ellas mismas, suspensivas del pago. En caso de impugnación, usted tendrá, en principio, que pagar el importe de principal así como las sanciones o penalizaciones aplicadas en el plazo legal.

No obstante, la ley permite solicitar beneficiarse de un aplazamiento del pago. Conviene, entonces, acompañar la reclamación con una demanda de aplazamiento de pago.
La administración, sin embargo, le puede solicitar constituir unas garantías o puede dispensarle de ello. En defecto de constitución de garantías, si no ha sido dispensado, o si las garantías ofrecidas son estimadas insuficientes, la administración puede tomar medidas cautelares para los impuestos impugnados (embargos cautelares…) y aplicar unos intereses de demora (0,2% por mes à contar desde 2018).

Si el aplazamiento del pago es acordado pero usted no consigue que le den la razón ante el tribunal, los intereses de demora deberán ser abonados.

Nuestro equipo de abogados fiscalistas franceses, domiciliados en Barcelona, Madrid y París, con sólida experiencia en materia de asistencia en control fiscal, puede asesorarle en sus procesos de comprobación y regularización en Francia.

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En el Código Penal español se recoge el delito de encubrimiento y se dice que una persona comete el delito de encubrimiento cuando oculta cualquier tipo de información de un delito. Aunque esta persona no haya tenido nada que ver, está ayudando al autor de los hechos. Esto generalmente lo hace con el fin de ayudar al responsable para no ser castigado por la Justicia. Aunque también puede hacerlo por algún tipo de interés.

Encubrir un delito, no significa ser cómplice, sino que se oculta una información que puede resultar vital para esclarecer los hechos. En cualquier caso, quien encubre puede estar cometiendo un quebrantamiento de la Ley.
Castigos por encubrimiento

En los artículos que van del 451 al 454 del Código Penal se regulan estos actos. Las personas que cometen el delito de encubrimiento pueden ser castigados con pena de cárcel de hasta 3 años.

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La persona que comete el delito de encubrimiento es la que oculta cualquier tipo de información de un delito. Aunque esta persona no haya tenido nada que ver, está ayudando al autor de los hechos. Quien encubre puede estar cometiendo un quebrantamiento de la Ley.

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ABOGADO FAMILIA: “Una sentencia da la razón a un padre en paro para que deje de pasar la pensión a su hija de 30 años que sigue estudiando ingeniería” 91.544.56.12 www.araabogados.es

El Tribunal Supremo ha dado la razón a un padre en paro que tuvo que demandar a su hija para dejar de pasarle todos los meses una pensión de 350 euros

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El blanqueo de capitales es un delito socioeconómico, que en la actualidad, no cuenta con límites fronterizos entre los Estados debido a la globalización y al desarrollo de las nuevas tecnologías.

El blanqueo de capitales se encuentra regulado dentro del Capítulo XIV del Código Penal (CP), en los artículos 298 y siguientes. Este delito, también conocido como “lavado de dinero” o “lavado de capitales”, es el conjunto de mecanismos o procedimientos destinados a dotar de apariencia legal aquellos bienes o activos de origen ilícito. El artículo 301 CP exige que esos bienes procedan de una actividad delictiva cometida tanto en España como en el extranjero

La utilización de monedas virtuales o criptomonedas como método para blanquear capitales

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Deep Web y Darknet está vinculado usualmente con la comisión de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, pornografía infantil, venta de armas, blanqueo de capitales a través de Bitcoins o incluso la posibilidad de contratar a un hacker o a un “asesino a sueldo”.

¿Cómo se regula la Deep Web y Darknet en nuestro ordenamiento jurídico?

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En los últimos tiempos, es frecuente escuchar en los medios de comunicación o en la prensa lo que se ha denominado como Deep Web, DarkNet, Web Profunda o Hidden Web. El uso de estos términos está vinculado usualmente con la comisión de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, pornografía infantil, venta de armas

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¿Qué se entiende por "pequeñas reparaciones" en los contratos de arrendamiento de viviendas? La normativa no es clara y son la doctrina y la jurisprudencia quienes se han encargado de desarrollar dicho concepto.

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¿Qué Preguntas se hacen en un Juicio de Divorcio Contencioso?
En el proceso de divorcio contencioso pueden surgir muchas dudas, cuestiones que el juez pregunta a los progenitores para determinar la custodia, pensiones.
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