La solución a tus necesidades legales
  • Últimas publicaciones de usuario

Publicaciones recientes de los usuarios

Añade una publicación

Indica el tema de tu publicación:
  Cerrar
  Cerrar
  Cerrar

Abogados Portaley.com Abogados Portaley.com
Abogados Expertos en Penal, Civil y Nuevas Tecnologías
Los ciberdelitos en España se han ido multiplicando con fuerza en los últimos tiempos. De hecho, el año pasado se registraron cerca de 70.000 casos de delitos informáticos en España. Una cifra que asusta y que merece la pena su atención y precaución. Este año, más del 20% de los españoles sufrirá algún tipo de ataque de este tipo.

Andalucía es la comunidad con mayor crecimiento, con cerca de los 12.000 casos anuales. Bueno, suponemos que a todo delincuente le gusta el microclima ya que pueden actuar desde cualquier punto. Aunque, bromas aparte, desde el año 2012 hasta hoy, el porcentaje de la ciberdelincuencia ha aumentado un 42%.

Aumentan los ciberdelitos en España | JuicioPenal.com información penal y jurídica
Los ciberdelitos en España se han ido multiplicando con fuerza en los últimos tiempos. De hecho, el año pasado se registraron cerca de 70.000 casos de delitos informáticos en España. Desde el año 2012 hasta hoy, el porcentaje de la ciberdelincuencia ha aumentado un 42%.

ALONSO ROMÁN & ASOCIADOS ALONSO ROMÁN & ASOCIADOS
Abogado
ACCIDENTE LABORAL/ACCIDENTES DE TRABAJO.
Los profesionales del Departamento Laboral de ALONSO ROMÁN Y ASOCIADOS consiguen una indemnización de 150.000 € en favor de un trabajador que sufrió accidente de trabajo mientras trabajaba en las obras de ampliación de la línea de CERCANIAS a la T4 del aeropuerto de Barajas. La reclamación se presentó contra las contratistas y subcontratistas.
91.544.56.12 http://www.araabogados.es/

ALONSO ROMÁN & ASOCIADOS consigue una indemnización de 150.000 € por accidente de trabajo en las obras de ampliación de cercanías a la T4 del aeropuerto... - ALONSO ROMÁN & ASOCIADOS ABOGADOS - Google+

Agm Abogados Agm Abogados
El reconocido portal francés “Décideurs” ha divulgado hace unas semanas su publicación anual “Leaders League Intelligence Report & Directory Series” en el que se incluye un ranking de abogados recomendados, en esta ocasión del área “Commercial Litigation”.

AGM Abogados y Julio Rocafull Rodríguez, socio del área Mercantil de AGM, han aparecido como firma y abogados recomendados por el portal.
Desde su creación, AGM Abogados se ha centrado en ofrecer a sus clientes un servicio de muy alta calidad y adaptado a la necesidad de cada quien. Nuestras áreas de derecho Mercantil y Procesal tienen como objetivo proteger a empresas de cualquier naturaleza, incluyendo desde pymes a grandes corporaciones multinacionales, tanto en nuestro territorio como en el extranjero, y la defensa ante los Tribunales en todo tipo de litigios y ante todas las instancias judiciales o arbitrales, tanto nacionales como internacionales.

En los últimos años AGM Abogados ha tenido un crecimiento constante, posicionándose como una de las firmas más importantes del país, ocupando el puesto 34 en facturación de despachos españoles, siendo la única firma de España con un despacho propio en Francia y ahora sumando a sus reconocimientos el de este influyente portal francés.

Grupo Afectados Por La Remodelacion Del Bon Pastor Grupo Afectados Por La
SI NECESITAIS UN ABOGADO EN BARCELONA, JAMAS, JAMAS CONTRATEIS A LA SRA. SARA TRINIDAD MMEDA SALA, A NO SER QUERAIS PERDER EL DINERO Y ALGO MAS, NO NOTIFICA LAS SENTENCIAS A SUS CLIENTES PARA QUE PALMEIS,

Grupo Afectados Por La Remodelacion Del Bon Pastor Grupo Afectados Por La
SI NECESITAIS UN ABOGADO EN BARCELONA, JAMAS, JAMAS CONTRATEIS A LA SRA. SARA TRINIDAD MMEDA SALA, A NO SER QUERAIS PERDER EL DINERO Y ALGO MAS, NO NOTIFICA LAS SENTENCIAS A SUS CLIENTES PARA QUE PALMEIS,

Agm Abogados Agm Abogados
Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva

Los interlocutores sociales alcanzaron el pasado 25 de junio de 2018 un preacuerdo en las negociaciones que venían manteniendo sobre el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva (AENC).Dado que es un preacuerdo deberá ser ratificado por los órganos de gobierno de dichas organizaciones.

Se trata de un acuerdo previsto en el Estatuto de los Trabajadores (ET): es un instrumento de regulación colectivo, fruto de la autonomía colectiva, que más que un convenio colectivo regulador de condiciones de trabajo es “un convenio para convenir”, ya que establece las condiciones de la negociación colectiva, por lo tanto su regulación es más de carácter formal que no sustantiva.

El preacuerdo alcanzado con referencia al Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva aborda el tratamiento de un conjunto de materias con el objetivo de orientar la negociación de los convenios colectivos durante los años 2018, 2019 y 2020.

Se establecen los siguientes criterios en materia de:

Incrementos salariales (para cada uno de los años de vigencia):

Una parte fija de entorno a un 2%.
Una parte variable del 1% (conceptos a determinar en cada convenio).
Salario mínimo de convenio: 14.000€/año (a alcanzar progresivamente a lo largo del acuerdo).
Revisión salarial:

A establecer por los propios convenios.
Según los indicadores que se pacten.
Ultraactividad:

A mantener la vigencia de los convenios una vez finalizada su vigencia, durante los procesos de negociación, por acuerdo mutuo.
Respetando la autonomía de la voluntad de las unidades de negociación (primando la buena fe negocial).
En los casos de agotamiento/bloqueo de la negociación:

Mediación obligatoria.
Arbitraje voluntario.
Sistemas de solución autónoma de conflictos a nivel estatal (SIMA) o autonómico (TLC en Cataluña).
El preacuerdo recoge también aquellos aspectos sobre los que existe consenso entre los interlocutores sociales y que deben ser desarrollados por el gobierno de España.

Tales temas son:

Subcontratación: la modificación del art. 42 del ET orientada a que en los procesos de subcontratación se prime ella especialización productiva, no se incentive la competencia desleal entre las empresas ni el deterioro de las condiciones de trabajo.
Empleo: en materia de mantenimiento de empleo: medidas alternativas al despido propiciando las reducciones de jornada, ajustando los costes laborales y promoviendo modelos de flexibilidad interna.
Formación profesional: orientarla a la mejora de la cualificación profesional según las necesidades productivas y favoreciendo la productividad y competitividad de las empresas. Impulsar una reforma del marco legal regulador de la formación profesional, teniendo en cuenta que son las empresas y trabajadores los que financian el sistema a través de la cuota de formación.
Absentismo no deseado: mejorar todas las situaciones de absentismo no deseado.
Jubilación: posibilitarla para los trabajadores que cumplan la edad ordinaria y tenga derecho a la pensión completa por dicha contingencia.
Convenios colectivos: regulación del Consejo Nacional de Negociación Colectiva: observatorio y formación de negociadores de convenios colectivos.
Economía sumergida: elaborar un plan para su reducción.
Contrato de relevo: recuperación.
Igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres: mediante un sistema de atención a la dependencia y a la infancia; equiparación de los permisos de paternidad/maternidad y reducción de jornada. Estudio cualitativo del impacto de género en materia de pluses y complementos salariales.
Finalización del contrato de mutuo acuerdo: procedimiento arbitral para el inicio de prestaciones en la finalización de contrato de común acuerdo entre las partes.
Cabe recordar, finalmente, que los acuerdos interprofesionales no son directamente aplicables a las relaciones individuales de trabajo existentes entre empresarios y trabajadores, ya que sus previsiones sólo obligan a las partes negociadoras de los futuros convenios colectivos. En consecuencia, la eficacia normativa y personal general del acuerdo va dirigida a los negociadores situados en el ámbito del acuerdo, y no opera automáticamente sobre las relaciones individuales de trabajo comprendidas en dicho ámbito.

Antonio Martínez del Hoyo Clemente
Abogado of Counsel – Área Derecho del Trabajo
AGM Abogados

Miriam Martín Miriam
Despacho de abogados expertos en Derecho Civil y Penal

DelitosInformaticos.com DelitosInformaticos.com
¿Habéis recibido algún correo sospechoso donde indican realizar una serie de pasos para recopilar vuestros datos personales? Las excusas pueden ser distintas. Para reactivar una cuenta que ha caducado, para valorar un producto que nunca hemos comprado, para solicitar un premio que nunca llegará, y muchas más. Podríamos estar hablando de un delito de “phishing” o de estafas.

Sea cual sea la excusa, siempre te pedirán tus datos personales. Algunas páginas incluso se hacen pasar por webs como Ikea, Mercado Libre, entre otras. Utilizan su logotipo, el mismo estilo de letra y colores para no levantar sospechas.

RH Abogados RH Abogados
Abogado
¿Qué sucede con el arrendamiento cuando los inquilinos se divorcian?
Cuando un matrimonio que está viviendo de alquiler se separa debe comunicar la nueva situación al propietario del inmueble, ya que de lo contrario puede conllevar la resolución o extinción del contrato de arrendamiento.

Información de interés en materia de derecho civil, penal, internacional, laboral, extranjería y tributario.

Agm Abogados Agm Abogados
Ley 5/2018, de 11 de junio: ¿fin de la ocupación ilegal de viviendas?

Hace escasos días, concretamente el pasado día 12 de junio de 2018, se publicaba en el BOE la Ley 5/2018, de 11 de junio, mediante la cual se modificaban algunos aspectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con la ocupación ilegal de viviendas. Esta, bienintencionada, pero insuficiente reforma, trata de poner, en opinión de quien suscribe estas líneas, freno a dos situaciones que se repiten en los últimos años:

La proliferación de grupos organizados que se dedican sistemáticamente a ocupar inmuebles para, posteriormente, obtener réditos económicos, ya sea transmitiendo ese “derecho ilegítimo de uso a terceros” o forzando a sus legítimos propietarios a indemnizarles si quieren recuperar, en poco tiempo, la posesión de sus viviendas.
El auge de empresas dedicadas a recuperar la posesión de viviendas o, como la prensa las ha bautizado, de “desocupación”.
Para contrarrestar las (malas) tendencias que azotan a nuestro mercado inmobiliario, el legislador ha puesto sobre la mesa la Ley 5/2018, de 11 de junio, con una prioridad muy clara: agilizar los tempos para la recuperación de las viviendas.

No obstante, esta reforma tiene un ámbito de aplicación limitado que podemos analizar desde dos perspectivas:

Objetiva: únicamente se beneficiarán los inmuebles que tengan consideración de vivienda (primera o segunda), excluyendo los locales de negocio o similares.
Subjetiva: únicamente se beneficiarán las personas físicas o poseedores legítimos por título, las entidades sin ánimo de lucro y las entidades públicas propietarias o poseedores de vivienda social (por lo tanto, no entrarían en esta categoría, entre otras, Comunidades de Bienes o entidades financieras y sus inmobiliarias).
Esta limitación deja por el camino numerosos activos inmobiliarios y agentes económicos que forman parte de nuestro mercado, los cuales no se beneficiarán de esta reforma.

En cuanto a la tramitación de la recuperación de la vivienda, la Ley 5/2018, de 11 de junio, introduce las siguientes modificaciones:

La demanda podrá dirigirse genéricamente contra los ignorados ocupantes de la vivienda.
El demandante podrá solicitar la inmediata recuperación de la vivienda. En este sentido, se requerirá a los ocupantes para que, en el plazo de 5 días, aporten título suficiente para justificar la situación posesoria de la vivienda. En ausencia de repuesta, o siendo la misma insuficiente, el Juzgado ordenará inmediatamente la entrega de la vivienda a su titular.
En caso de que los ocupantes no contesten la demanda en el plazo legalmente previsto, el Juzgado dictará sentencia sin más trámite.
Esta reforma no supone, en ningún caso, un cambio drástico en la forma en la que se venían tramitando las recuperaciones de inmuebles (vía juicio verbal), más bien se trata de una sub-reforma dirigida a un perfil concreto de propietario y de inmueble, dejando por el camino numerosos titulares de viviendas que no dan con un perfil predeterminado o, cumpliendo dicho perfil, son titulares de inmuebles excluidos.

Asimismo, y pese a que la reforma se plantea, en buena parte, debido al auge de grupos organizados, cuya actuación es innegablemente delictiva, se echa en falta una solución para aquellos vecinos o comunidades de propietarios que sufren diariamente las actividades desarrolladas por estas organizaciones delictivas, por ejemplo, la proliferación de narco-pisos.

Una cosa está clara, toda reforma, por mínima que sea, tiende, en general, a mejorar el marco normativo vigente, aunque en este caso podemos augurar una temprana caducidad que deberá ser sucedida por una reforma más ambiciosa y que dé cabida a la pluralidad de objetos y de sujetos que existen en nuestro mercado inmobiliario.

< anterior    1     2     3     4     5     6     7     8    ...   10    siguiente >
Publicidad
Publicidad
-




¿Tiénes dudas legales?
Click aquí para plantear tu pregunta