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Según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forenses, El 43,10% de los conductores fallecidos en 2015 dio positivo en sangre por alcohol, drogas o psicofármacos

El informe recoge los resultados de los análisis toxicológicos realizados a 900 fallecidos (638 conductores, 179 peatones y 83 acompañantes) en accidente de tráfico a través de una muestra de sangre, con el objeto de determinar la presencia de alcohol, drogas o psicofármacos cuando tuvo lugar el accidente. Un número que no se corresponde con el balance de víctimas mortales en carretera en 2015 elaborado por la Dirección General de Tráfico (cuando fallecieron 1126 personas), ya que algunas comunidades autónomas realizan sus propios análisis toxicológicos.


En caso de necesitar asesoramiento legal no dude en consultar con Abogados especialistas en Derecho de tráfico y circulación

Entre los delitos de tráfico que nos podemos encontrar:



Alcoholemias
Exceso de velocidad
Conducción sin carné
Desobediencia a la autoridad
Conducción temeraria
Omisión del deber de socorro.

El 43,10% de los conductores fallecidos en 2015 dio positivo en sangre por alcohol, drogas o psicofá
El 43,10% de los conductores fallecidos en accidente de tráfico en carretera durante el pasado año y que fueron analizados por el Instituto Nacional de

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Los delitos contra la seguridad vial se regulan en el Capítulo IV del Título XVII, dentro de los denominados “Delitos contra la seguridad colectiva”, en concreto, entre los artículos 379 y 385.

Puede contar con los servicios de Abogados Portaley, en caso de que necesite asesoramiento sobre este tipo de delitos tipificados en el Código Penal.

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Los errores de medición en los instrumentos que emplean los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para detectar los excesos de velocidad de los vehículos.


Los cinemómetros, que son aquellos aparatos que miden la velocidad a la que circulan los vehículos, no son absolutamente precisos en sus mediciones. Siempre existe un pequeño porcentaje de error que ha de ser tenido en cuenta por las autoridades -los Jueces, Los Fiscales y la Administración- a la hora de sancionar a un conductor por conducir a una velocidad excesiva.
Los cinemómetros que se utilizan en la actualidad tienen reconocida la posibilidad de error en un ± 5 % para velocidades superiores a 100 Km/h. Eso quiere decir que, en beneficio del acusado (si se trata de un procedimiento penal) o del infractor (en las faltas administrativas), siempre se considerará que la velocidad a la que conducía era algo inferior a la que detectó el aparato al realizar la medición.
Esta circunstancia, que se tiene en cuenta habitualmente por los Tribunales, cobra una mayor importancia en las acusaciones por delito. En nuestro país está tipificada (castigada penalmente) la conducción a una velocidad excesiva cuando se supera la reglamentariamente establecida en más de 60 Km/h en las vías urbanas y en más de 80 Km/h en las interurbanas.
La Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Murcia dictó una sentencia interesante a este respecto, resolviendo un recurso de apelación, el 26 de enero de 2015. Los Magistrados que la dictaron, D. Álvaro Castaño Penalva, D. José Luis García Fernández y D. Juan del Olmo Gálvez, precisaron en su resolución los elementos que intervienen para aplicar la reducción del 5 % en la velocidad y, al mismo tiempo, las posibilidades de defensa del conductor cuando, aun con tal disminución, su conducta siga siendo delictiva.
El apelante era un hombre que había sido condenado -a una multa de 1.080 euros y a la privación del carné de conducir durante 366 días- por circular a 144´4 Km/h por una carretera interurbana en la que la velocidad estaba limitada a 60 Km/h. Aunque el cinemómetro había detectado una velocidad de 152 Km/h, se tuvo en cuenta la de 144´4 Km/h en función de la aplicación del porcentaje de error mencionado.
A pesar de las alegaciones del condenado en contra de la sentencia, ésta fue confirmada por la Audiencia. En primer lugar, la señal vertical que limitaba la velocidad a 60 Km/h en el tramo por el que circulaba el condenado estaba a 400 metros del punto en el que el cinemómetro detectó su exceso. Por lo tanto, tuvo tiempo suficiente para aminorar la velocidad a la que conducía.
Por otra parte, el abogado del recurrente pretendía que se aplicara un porcentaje de error más elevado (añadiéndole al 5 % el porcentaje de error máximo admisible en los cinemómetros para la aprobación del modelo), pues si la velocidad se fijaba por debajo de los 140 Km/h la conducta no sería delictiva. El límite para el delito se fijaría en este caso en esa velocidad, resultante de sumar a la reglamentaria de la vía (60 Km/h) un exceso de 80 Km/h, como señala el artículo 379 del Código Penal.
La sentencia fue confirmada a pesar de que el conductor asegurada desconocer que conducía a tan elevada velocidad. Sin embargo, los Magistrados consideraban irrisorio dicho planteamiento, teniendo en cuenta que circulaba con un coche de gama alta y que excedía en mucho la velocidad permitida en esa carretera. Además, tampoco pudo probar que el cuentakilómetros estuviese averiado, tal y como había afirmado en la vista del primer juicio.

Abogados especializados en tratar casos de tráfico, como reclamaciones legales por haber sufrido un accidente de circulación, ...

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La acusación enfrentada de dos hermanos propició que ambos fueran exonerados de una condena por conducir en estado de ebriedad.

Cuando los Mossos d´Esquadra llegaron al punto kilométrico 11 de la carretera C-245, a su paso por Sant Boi de Llobregat, la noche del 17 de abril de 2005, dos hombres, hermanos, se hallaban junto a un vehículo siniestrado que había chocado contra la barrera de seguridad.

Como ambos parecían estar intoxicados por la ingesta de alcohol, los agentes intentaron practicarles la prueba para detectar su nivel de alcohol por litro de aire espirado. El que se encontraba más bebido de los dos se negó a someterse a ella. El otro, que estaba más sobrio, dio positivo. Este último, propietario del vehículo, afirmó a los agentes que era su hermano el que conducía cuando tuvieron el accidente.

Los hechos fueron juzgados por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Barcelona, que consideró al hermano que había arrojado un mayor índice de alcoholemia responsable de dos delitos contra la seguridad vial: uno por conducir bajo el influjo de bebidas alcohólicas y el otro por desobedecer a los agentes. Se le impuso una multa de 9 meses y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 7 meses.

El condenado apeló la sentencia ante la Audiencia Provincial de Barcelona. El conocimiento del asunto recayó en su Sección 3ª, cuyos Magistrados, Dña. Carmen Guil Román, D. Josep Grau Gassó y D. Josep Niubò I Clavería, no se mostraron muy conformes con la sentencia apelada.

Para empezar, los Mossos no habían presenciado el accidente, de manera que no podían estar seguros de qué hermano conducía el vehículo. Ni ellos ni el Juez de lo Penal podían aceptar, sin ningún género de dudas, lo que había afirmado el hermano que se encontraba más sobrio. Además, el otro hermano declaró no recordar nada de lo sucedido, ni siquiera su encuentro con los agentes.

Por otra parte, como los agentes se habían creído la versión de un hermano, el que acusó al otro, obraron incorrectamente al realizarle a él la prueba de alcoholemia (si no conducía, no tenía por qué practicársele). En este sentido hay que destacar que los Magistrados de la Audiencia debían ser muy prudentes a la hora de volver a valorar las pruebas del primer procedimiento, pero sí que podían discrepar de la interpretación realizada por el Juez.

A pesar de tener la certeza casi absoluta de que uno de los dos hermanos conducía el vehículo cuando tuvieron el accidente, fue imposible determinar quién de los dos lo hacía. La Audiencia revocó la sentencia apelada, adquiriendo firmeza su resolución el 8 de abril de 2015: el acusado fue absuelto de ambos delitos.

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Recurso de apelación con ocasión del cual la Audiencia Provincial de Huesca puede analizar en profundidad los elementos integrantes del delito de conducción temeraria.

Tanto la utilización que ciertos usuarios de las vías públicas han dado a éstas empleando sus vehículos, como las víctimas que la circulación automovilística ha generado durante los últimos años, han provocado un endurecimiento de las conductas relacionadas con la seguridad vial, pasando algunas de éstas de simples infracciones administrativas a delitos, con las consecuencias que ello conlleva.

En relación con estas circunstancias vamos a analizar la condena y posterior recurso de un hombre que había sido declarado responsable de un delito contra la seguridad vial, específicamente de uno de conducción temeraria (artículo 380 del Código Penal). Con la intermediación de la Fiscalía, el Juzgado de lo Penal de Huesca impuso al conductor las siguientes penas: 1 año y 3 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por 3 años y 6 meses.

Poco conforme con la sentencia (dictada el 26 de febrero de 2015), el condenado, a través de su Procuradora, Doña Esther del Amo Lacambra, interpuso un recurso de apelación contra la misma. Su conocimiento pasaría a manos de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Huesca, presidida por D. Gonzalo Gutiérrez Celma e integrada por D. José Tomás García Castillo y por D. Antonio Angós Ullate.

Los hechos habían sido los siguientes: el acusado había conducido de forma temeraria por varias calles, siendo perseguido por agentes de la Policía. Sin embargo, los agentes, que habían incidido en las características de la conducción, no vieron a ningún usuario de la vía cuya vida o integridad física hubiese sido puesta en peligro.

Entonces, los Magistrados de la Audiencia, empleando para ello una amplia referencia jurisprudencial, trataron de resolver el recurso realizando un exhaustivo análisis de los elementos que integran el delito de conducción temeraria: de un lado se requiere, en primer lugar, que la conducción en sí sea apta para generar un peligro para la vida o integridad física de otros conductores, pasajeros o peatones (incluso de la persona o personas que acompañen al reo, siempre que no hayan prestado su consentimiento a esa forma de conducir).

El segundo elemento, cuya importancia no debe desdeñarse, es el hecho de que exista un concreto peligro para alguna persona. No basta, por lo tanto, con la potencialidad lesiva, sino que se requiere una concreción del peligro, aunque finalmente no llegue a producirse ningún daño o lesión.

Como en el caso del hombre condenado no se puso en peligro a ningún otro vehículo o peatón, los Magistrados optaron por admitir el recurso y absolverle de responsabilidad. El 29 de mayo de 2015 la resolución quedó firme.

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Un hombre resultó condenado por conducir sin tener carné, a pesar de que él afirmaba que tenía el de Inglaterra. Por eso recurrió en apelación frente a la sentencia.

El artículo 384 del Código Penal castiga, entre otras conductas, al que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción. El hombre condenado al que se ha hecho referencia en el título, efectivamente, carecía del carné de conducir español, tal y como acreditaron los agentes que detuvieron el vehículo que conducía.

Sin embargo, el tipo penal del artículo mencionado no exige que el carné que habilite para la conducción sea español. Un carné de la Unión Europea, por ejemplo, permite conducir en los países que la integran y, por lo tanto, es igualmente válido para conducir en España.

Por eso el acusado presentó, después de incoarse la causa en el Juzgado de lo Penal nº 16 de Barcelona, copia de una denuncia por hurto, que había sufrido unos días antes, y por el cual se había visto privado de su driving license inglesa. También explicó que en Inglaterra no es posible asegurar un vehículo sin poseer dicha licencia.

A pesar de lo anterior, la Juez no confirmó con las autoridades británicas si el acusado tenía o no, realmente, carné de su país. De hecho, le condenó como autor de un delito contra la seguridad vial el 16 de enero de 2015. A continuación, el Procurador del condenado, el Sr. Suárez Nart, interpuso el correspondiente recurso de apelación contra la sentencia.

Los autos se remitieron, en virtud de las normas de reparto oportunas, a la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, presidida por D. Pedro Martín García. Completaban la Sección Dña. María José Magaldi Paternostro, que actuaba como Ponente en el caso analizado, y D. Javier Arzua Arrugaeta.

Destacan los Magistrados en su resolución que, una vez que el acusado había presentado copia de la denuncia y que afirmaba que era poseedor de un carné de conducir inglés, la acusación tendría que haber investigado dicha circunstancia para enervar la presunción de inocencia a la que todo acusado tiene derecho.

Como dicho extremo no se comprobó, no podía afirmarse que el acusado nunca hubiera obtenido ninguna licencia o permiso de conducción. Por lo tanto, lo procedente era absolverle de responsabilidad. Así que el 29 de mayo de 2015 la Audiencia revocó la sentencia condenatoria.

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Apelación frente a una condena por conducir ebrio. La defensa consideraba que no existían pruebas suficientes contra el acusado.

El Juzgado de lo Penal nº 2 de Albacete consideró al acusado responsable de un delito contra la seguridad vial. Concretamente del tipificado en el apartado 2º del artículo 379, en el que se castiga al que condujere un vehículo a motor (o un ciclomotor) bajo la influencia del alcohol o de las drogas (en su triple vertiente de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas).

El abogado del condenado estaba convencido de que las pruebas que habían servido para condenar a su cliente no eran suficientes. No existía ningún resultado derivado de habérsele practicado una prueba de alcoholemia. La única prueba de cargo de carácter concluyente había sido la suposición de que, al realizar un adelantamiento prohibido, el acusado conducía bajo los efectos del alcohol.

La defensa procedió a presentar un recurso de apelación a través del Procurador D. Antonio Ruiz-Morote Aragón. Los autos se derivaron a la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Albacete. Los Ilustres Magistrados que la componían, D. Antonio Jesús Nebot de la Concha, D. Juan Manuel Sánchez Purificación y D. José Baldomero Losada Fernández, no podían estar de acuerdo con el fallo dictado por el Juez de lo Penal.

Si el acusado hubiese desarrollado una conducción en zig-zag o en dirección prohibida, quizá se podría haber deducido que lo hacía influido por la ingesta de alcohol. Pero el hecho de que realizara un adelantamiento cuando lo prohibían las señales de circulación no era suficiente.

Los indicios no pueden servir para fundamentar una condena. Han de ser empleados para dar credibilidad a otras fuentes probatorias, como las declaraciones de las partes o de los testigos. Pero basar una sentencia condenatoria en meros indicios supone un atentado evidente al derecho a la presunción de inocencia del acusado (Constitución Española).

La Audiencia de Albacete revocó la sentencia recurrida, declarando la absolución del acusado el 16 de junio de 2015. Quedó, por lo tanto, libre de las penas de multa (6 meses a razón de 6 euros diarios) y de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores (1 año y 1 día).

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Problemas con la compañía de seguros tras un accidente de tráfico.

Cuando alguien sufre un accidente de tráfico tiene derecho a todas aquellas prestaciones e indemnizaciones que sean necesarias para devolverle a las mismas condiciones en que se encontraba antes del mismo. Eso incluye la reparación del vehículo, la recuperación física y la indemnización por las secuelas que persistan.


Por un lado, deberán ser abonados todos los desperfectos que haya experimentado el vehículo. Sin embargo, la cuestión más trascendental es la relativa a la indemnización. Esta se calcula partiendo de un baremo legal, que contiene una serie de tablas que establecen puntos a cada tipo de lesión.


Después hay que multiplicar dichos puntos por los euros en los que están valorados: el valor de cada punto dependerá de la edad del perjudicado. Además, se tienen en cuenta algunos factores de corrección a la hora de calcular la indemnización por accidente, que servirán para adaptar la indemnización a las circunstancias personales del indemnizado:

- La situación familiar del accidentado.

- Sus ingresos anuales.


- Los daños morales derivados del accidente, siempre que revistan especial gravedad.


- La edad, como ya hemos mencionado.



En este sentido, la labor del abogado consiste en que su cliente se someta a las pruebas médicas pertinentes, orientadas a diagnosticar la existencia y el grado de sus lesiones. Hay que tener cuidado, pues normalmente las aseguradoras intentarán calcular los puntos de sus secuelas a la baja.



El afectado por el accidente también tiene derecho a percibir una cantidad por cada día que haya permanecido hospitalizado, de baja laboral o trabajando y recuperándose de sus heridas o lesiones.



El baremo que establece las cantidades se actualiza cada año, para equiparar las indemnizaciones al nivel de vida propio de la sociedad.



Téngase en cuenta que, en caso de fallecimiento, las indemnizaciones a los familiares de los accidentados difuntos no se calcularán a través del sistema de puntos, sino que se establecen cantidades alzadas.



Otro aspecto que plantea múltiples interrogantes y problemas es el de la rehabilitación. Antes era competencia de la Seguridad Social; hoy día ya no. Usted tendrá derecho a recibir sesiones de fisioterapia (o de cualquier otro tipo que pueda necesitar) en aquellas clínicas que tengan un concierto con la entidad aseguradora. La dificultad proviene de que, en muchos casos, se obliga a la clínica a dar muy pocas sesiones o tratamientos, de manera que el afectado no logra recuperarse por completo.


En no pocas ocasiones los abogados de los perjudicados han conseguido que la aseguradora les reembolse de las sesiones que hayan recibido pagándolas de su bolsillo.



Es importante que lea la póliza del seguro, pues normalmente contiene una cláusula de defensa legal (también denominada de orientación legal o de abogado), que implica que tiene derecho a contratar, con cargo a su seguro, al abogado que desee. No tiene por qué aceptar la defensa del abogado o bufete que trabaje para su compañía de seguros.


El último aspecto relevante es que no siempre este tipo de reclamaciones por accidentes de tráfico tendrán que ir a juicio. Los abogados siempre intentarán llegar a un acuerdo amistoso, ratificado en una audiencia previa al juicio, que beneficie a todas las partes.


La finalidad del sistema analizado en este artículo es doble:


- De un lado, fomentar los acuerdos extrajudiciales y liberar a los tribunales de carga de trabajo.


- Del otro, conseguir indemnizaciones más justas para los perjudicados. Si están fijadas por ley, dentro de una horquilla con la que el Juez puede trabajar, serán más o menos las mismas para situaciones parecidas; no ocurrirá lo que antaño, que para unas secuelas del mismo tipo distintos jueces establecían indemnizaciones totalmente diferentes, y por lo tanto injustas para las víctimas de los accidentes.


No dude en consultar con un abogado especialista en Tráfico sobre cualquier problema legal relacionado.

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