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Si usted es empresario, no tiene por qué perder necesariamente una demanda por daños derivados de responsabilidad extracontractual.

Aunque a veces pueda parecer lo contrario, los empresarios no siempre son responsables de los daños y perjuicios sufridos por los clientes o usuarios en sus instalaciones. En este sentido, hay dos principios que no pueden obviarse:

- El empresario o titular de un establecimiento debe adoptar las medidas legal y reglamentariamente establecidas de cara a garantizar la seguridad de los clientes.

- El que sufra un daño o perjuicio en un establecimiento abierto al público está obligado a demostrar, si quiere cobrar una indemnización, que el empresario fue responsable del mismo.

La culpa o responsabilidad del empresario puede ser, a grandes rasgos, de tres tipos:

- Directa: cuando una acción u omisión han causado el daño y no existen dudas sobre el nexo causal entre ambos.

- Derivada de un riesgo acrecentado: cuando una actividad inicialmente segura se convierte en peligrosa por el actuar incompetente o negligente del titular.

- Por omisión de las medidas comprendidas en la ley o en los reglamentos administrativos (no se ha hecho lo necesario para impedir el riesgo de que trata el apartado precedente).

Si valoramos todo lo anterior, tendremos clara una cosa: el empresario demandado no tiene por qué ser forzosamente responsable; es el demandante el que tiene la obligación de demostrar que aquél tuvo la culpa del daño que ha sufrido. Las famosas caídas por culpa del agua que hay acumulada en el suelo de un establecimiento han dado lugar a una copiosa jurisprudencia del Tribunal Supremo.

En uno de esos casos, dos padres demandaron a los dueños de un restaurante italiano por el daño que su hija se hizo por culpa de un resbalón en el parque de juegos anexo al restaurante. La niña se partió dos dientes y sufrió daños en la boca y en la cara. Los padres reclamaban 47.840 euros en concepto de daños y perjuicios (rotura de las piezas dentales, daños en la mandíbula y daños morales). El perito de la demandada rebajó considerablemente dicha cantidad en el escrito de contestación.

La defensa de la parte demandada se basó en todo momento en que ésta había cumplido todas las medidas que estaban en su mano: había un cartel en el que se advertía que la responsabilidad de la vigilancia de los niños correspondía a los padres; se recomendaba que los niños estuviesen acompañados de un adulto; según un cartel, se prohibía comer y beber en el recinto de juegos; desde la mesa en la que estaban sentados los padres se podía ver claramente a la niña.

Tanto el titular del Juzgado Mixto nº 2 de Navalcarnero como los Magistrados de la Sección 13ª de la Audiencia Provincial de Madrid, D. José González Olleros, D. Modesto de Bustos Gómez Rico y D. Carlos Cezón González, le dieron la razón a la parte demandada, desestimando en ambas instancias las pretensiones de la actora.

Tremendamente exhaustivo resultó el análisis de la Audiencia acerca de la regulación en nuestro ordenamiento de la responsabilidad extracontractual. A pesar de que ésta se haya acercado mucho a la objetivación durante los últimos años (el que obtiene un beneficio a través de una actividad tiene que responder de los daños que ésta ocasione), sin embargo, no puede obviarse la prueba de la culpa o negligencia del demandado.

Los padres de la niña no consiguieron demostrar, ni con su testimonio ni con el de otros padres (de compañeras de colegio de la afectada), que los propietarios del restaurante tuviesen ninguna culpa de la caída. Los carteles advertían claramente de los posibles riesgos y de las medidas necesarias para utilizar adecuadamente la zona de juegos.

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El comprador de un vehículo demandó al vendedor porque consideraba que el vehículo adquirido apenas podía utilizarse.

Para apreciar bien las diferencias entre la responsabilidad extracontractual y la contractual, qué mejor que ofrecer un ejemplo de esta última. A través de él podrán comprenderse los elementos que las diferencian, cuyo punto de partida está claro: en un caso existe una relación jurídica previa entre las partes; en el otro, la causa del daño es, precisamente, la circunstancia que llegará a vincular a los implicados.

Cuando lo que se ha adquirido en un contrato de compraventa no reúne las condiciones esperadas por el comprador, el Código Civil reconoce a su favor diversas acciones de reclamación. Así, no es lo mismo que la cosa sea absolutamente inservible a que tenga un valor inferior al pagado. Dependiendo del perjuicio del que el comprador se sienta víctima, empleará una u otra acción: rescisión del contrato, saneamiento por vicios o defectos ocultos, nulidad, etc…

Si, por ejemplo, alguien compra un coche y, después de comenzar a utilizarlo, se da cuenta de que está en peores condiciones de las prometidas, lo normal es que solicite el reintegro de la diferencia entre lo que pagó y el valor que en realidad tiene el vehículo. Si, por otra parte, el coche no funciona y, por lo tanto, no sirve para cumplir la función pretendida (desplazarse), se podrá acudir al artículo 1101 del Código Civil y reclamar por incumplimiento contractual.

En un caso que se desarrolló ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Picassent, con posterior recurso de apelación ante la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Valencia, el adquirente de un coche de gama media se sintió gravemente perjudicado por el estado del vehículo que había comprado.

Según él, había pagado cerca de 8.000 euros por el coche y éste tenía numerosos defectos: no funcionaban los elevalunas eléctricos ni el aire acondicionado, el asiento del copiloto estaba hecho polvo y el embrague y el turbocompresor estaban a punto de romperse. Sin embargo, el vendedor afirmaba que la venta del coche se había cerrado en torno a los 3.000 euros y que el comprador conocía -o debería haber advertido- los desperfectos que presentaba.

Los Magistrados que resolvieron la apelación del comprador (cuya demanda había sido desestimada en primera instancia), Dña. María Pilar Eugenia Cerdán Villalba, D. José Antonio Lahoz Rodrigo y Dña. María Ibáñez Solaz, tuvieron en cuenta que:

- El vehículo se ofrecía en internet por 8.800 euros, así que a lo mejor se había vendido por la cantidad que sostenía el comprador.

- En el impuesto de transmisiones se hizo el pago en virtud de una compra por valor de 3.000 euros.

- El vehículo había pasado la ITV dos días antes de la compraventa.

- El coche funcionaba, aunque no perfectamente, sino con muchas taras.

En vista de lo expuesto, los Magistrados consideraron que habría sido más conveniente ejercer la acción de saneamiento por vicios o defectos ocultos, incluso a pesar de que cualquier comprador de objetos de segunda mano siempre asume cierto riesgo al adquirir el bien. Por lo tanto, la apelación también fue desestimada, confirmando la primera sentencia.

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Reclamación por daños derivada de una lesión presuntamente provocada en el marco de la violencia doméstica.

Después de que el procedimiento penal que la denunciante había iniciado fuese sobreseído, interpuso una demanda, esta vez ante los Tribunales civiles, en la que pretendía que su ex pareja (un varón) le indemnizase por los daños que le había causado en la espalda por un empujón.

La falta de pruebas motivó que el proceso penal no acabase con una sentencia condenatoria en contra del acusado. El titular del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Lugo, sin embargo, sí estimó la pretensión de la demandante, aunque sólo en parte, condenando al demandado a indemnizarle con 1.049 euros.

Tanto la demandante como el demandado recurrieron la sentencia en apelación. Ella no se conformaba con una indemnización inferior a la solicitada y él abogaba por no tener que indemnizarle en absoluto. El recurso fue trasladado a la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Lugo, competente para resolverlo. Estaba integrada la Sala, por aquel entonces (finales de 2010, comienzos de 2011), por los Magistrados Dña. María Josefa Ruiz Tovar, D. José Rafael Pedrosa López y D. José Antonio Varela Agrelo.

Siguiendo la línea del Tribunal Supremo, era preciso resolver, en primer lugar, las pretensiones del recurrente/condenado. Aunque su abogado alegó la excepción de cosa juzgada (pretendiendo que el sobreseimiento de la causa penal le absolviese de su presunta responsabilidad civil), ésta no tenía aplicación, ya que el sobreseimiento no produce tal efecto.

Por otra parte, los elementos probatorios aportados al juicio no podían llevar a los Magistrados a imputarle a él la responsabilidad por las lesiones de la mujer. Vamos por qué:

- Ella tenía problemas en la espalda desde una caída que sufrió en el trabajo unos meses antes.

- No presentaba hematomas cuando fue reconocida por el médico dos días después de la presunta agresión (un empujón).

- Se mostró dubitativa e incoherente en sus declaraciones.

- Su ex pareja, sin embargo, declaró lo mismo en todas las ocasiones.

- Uno de los testigos que declaró no presenció el presunto empujón. Los policías que testificaron sólo eran testigos de referencia (aquellos que relatan hechos que otros les han contado).

- Aunque existían antecedentes de maltrato psicológico, éstos no eran suficientes para probar que el empujón se hubiese producido.

Con todos estos elementos presentes, la Audiencia revocó la sentencia recurrida y falló a favor del inicialmente condenado, que no tendría que abonar indemnización alguna a su ex novia. Así se hizo público el 26 de enero de 2011.

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La responsabilidad extracontractual garantiza, a aquellas personas que hayan sufrido un daño, la posibilidad de reclamar contra el culpable una indemnización por los daños y perjuicios experimentados.

Esa es la finalidad de la responsabilidad extracontractual o aquiliana: reconocer a los que hayan sido perjudicados por otro una acción jurídica para reclamar ante los Tribunales el resarcimiento de los perjuicios experimentados. Esta clase de responsabilidad sólo podrá aplicarse cuando entre el demandante y el demandado no existiese, antes de haberse causado el daño, ningún vínculo ni relación jurídica que cubriera el ámbito en el que aquel se produjo.

Pongamos un ejemplo: si una persona deja en manos de una inmobiliaria el alquiler de una vivienda de su propiedad y ésta, en cumplimiento de su obligación, se la alquila a un tercero, en ese caso existirán dos relaciones contractuales y una extracontractual. Serán del primer tenor los contratos de mandato (para que la inmobiliaria alquile el inmueble) y de alquiler (entre la inmobiliaria y el inquilino). Como entre la propietaria de la vivienda y el inquilino no habría una relación jurídica directa, los problemas que pudieran surgir entre ellos se resolverían en sede de responsabilidad extracontractual.

Eso le pasó a una mujer que había alquilado una vivienda a través de la intermediación de una promotora. Cuando llegó el momento de que el inquilino abandonara el inmueble, éste se negó, retraso que ocasionó un perjuicio económico a la propietaria, que no podía volver a alquilarlo mientras el inquilino actual no se fuese.

El Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander estimó la pretensión de la demandante, que reclamaba 4.763 euros en concepto de daños y perjuicios. La sentencia impuso a la promotora y al inquilino la obligación de indemnizar a la demandante, de forma solidaria, con la cantidad que había solicitado.

Aunque posteriormente la promotora intentó que la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Santander revocara la sentencia, no lo consiguió, porque los Magistrados de la Audiencia (D. Marcial Helguera Martínez, Dña. María José Arroyo García y D. Joaquín Tafur López de Lemus) confirmaron la sentencia recurrida.

El asunto, en realidad, no ofrecía demasiadas complicaciones: el perjuicio era claro y manifiesto y la responsabilidad de los demandados también. La perjudicada consiguió que le compensaran los daños que había sufrido.

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Cualquier persona que tenga un animal, con independencia de cuál, será responsable de los daños y perjuicios que ocasione.

Es cierto, todo aquel que posee un animal ha de adoptar las medidas necesarias para evitar que cause daños a terceros. Esto es así con independencia del animal de que se trate, ya sea éste doméstico (un perro, un gato, etc…) o domesticado (un caballo, por ejemplo).

El Código Civil establece en su artículo 1905, en relación con los animales, una presunción de responsabilidad por parte del dueño. Esto, que en la técnica jurídica se conoce como “responsabilidad objetiva”, implica una inversión de la carga de la prueba: el demandante sólo tendrá que demostrar la realidad del daño y la intervención del animal en su causación; el demandado, sin embargo, tendrá la obligación de probar que los daños se produjeron por culpa del que los sufrió o por un suceso de fuerza mayor (terremotos, inundaciones, etc…).

Para ver las consecuencias de esta disposición legal, pondremos un ejemplo. El 31 de marzo de 2012 un menor circulaba con su bicicleta por la localidad de Petín (Orense) cuando un perro comenzó a perseguirle. El niño se puso muy nervioso y se calló de la bicicleta. Sufrió daños importantes, hasta el punto de que su padre reclamó 17.558 euros.

La demanda se presentó, contra la propietaria del animal y su aseguradora (Mapfre S.A.), en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de O Barco de Valdeorras. El asunto se repartió al nº 2, que dictó una sentencia desestimatoria de las pretensiones del demandante. Según el Juez, no se habían presentado pruebas suficientes para condenar a las demandadas.

A través de su abogado y procurador, el demandante recurrió la sentencia frente a la Audiencia Provincial de Orense. Su Sección 1º estaba constituida por tres Ilustres Magistrados: Dña. Josefa Otero Seivane, Dña. Ángela Domínguez Viguera Fernández y Dña. María José González Movilla.

Su razonamiento fue distinto al del Juez de instancia. El hermano del chico relató que el perro comenzó a perseguirle, siendo ése el motivo de la caída. Más o menos la misma versión ofreció una vecina de la demandada. Ésta, por su parte, le había facilitado a la familia del accidentado los datos de su compañía de seguros, lo que, según los Magistrados, era un indicio evidente de que reconocía su responsabilidad en los hechos acaecidos.

Por lo tanto, la Audiencia revocó la sentencia recurrida el 12 de mayo de 2015. Tanto la dueña del animal como la aseguradora fueron declaradas responsables solidarias del pago de la indemnización reclamada (17.558 euros), ya que no pudieron demostrar que la caída fuese culpa del menor.

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Reclamación de los daños sufridos por un menor de edad en una atracción de feria.

Aunque cuenten con las preceptivas autorizaciones legales y hayan pasado con éxito las revisiones periódicas a las que han de someterse, muchas atracciones de feria conllevan un riesgo inherente a su propio funcionamiento. Cuando uno de sus usuarios sufre un accidente, es necesario analizar en profundidad cuáles fueron las circunstancias que lo produjeron. Dicho extremo es esencial para determinar a quién es achacable la responsabilidad de lo ocurrido.

El uso inadecuado de la atracción por parte del cliente o el manejo brusco o poco preciso realizado por el encargado pueden inclinar la balanza de la responsabilidad en perjuicio de uno o del otro. A continuación vamos a ver un caso en el que todos estos elementos entraron en juego.

En la Feria de Lugo un niño de diez años se subió al toro mecánico, atracción cuya finalidad reside en aguantar las sacudidas violentas del aparato encima de la cabalgadura. La corta edad del menor, unida a la falta de moderación del feriante, provocó que aquél cayera y se lastimara.

La madre del niño presentó una demanda civil de reclamación de daños, amparándose en la responsabilidad extracontractual regulada en los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Lugo. La mujer reclamaba al propietario de la atracción y a su compañía de seguros (Santa Lucía S.A.) 20.000 euros en concepto de daños y perjuicios. Sin embargo, la sentencia, dictada el 8 de abril de 2015, desestimó sus pretensiones.

Según el Juez, las secuelas que había sufrido el menor debían encuadrarse en un uso normal de la atracción, que, además, contaba con todos los permisos en regla. En todo caso, la culpa la tendría la madre por haber consentido que su hijo se subiera a ella. Frente a dicho fallo interpusieron un recurso de apelación. El turno de reparto correspondiente determinó que los autos se trasladaran a la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Lugo.

Los Magistrados de la Audiencia, D. José Rafael Pedrosa López, D. José Antonio Varela Agrelo y Dña. María Zulema Gento Castro, llegaron a una interpretación diferente de los hechos. En primer lugar, aunque la madre se encontraba en las inmediaciones del toro mecánico, no había podido probarse que hubiera consentido en que su hijo se subiera a la atracción.

Por otra parte, y en segundo lugar, el encargado de la misma debería haber tenido en cuenta que el niño sólo tenía diez años y, en consecuencia, podría haber manejado el aparato con algo más de suavidad. De todas formas, ya que el responsable tampoco se había sobrepasado en sus funciones, se les reconocería una indemnización inferior a la solicitada.

El fallo de la sentencia que resolvía el recurso (de 2 de julio de 2015) revocó la sentencia de instancia y acordó que el demandado y la aseguradora indemnizaran a la demandante con 10.000 euros.

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Reclamaciones interpuestas por los daños causados por caídas en establecimientos abiertos al público.

Son muchos los procedimientos que cada año tienen como objeto las reclamaciones relacionadas con los daños derivados de caídas en establecimientos abiertos al público, tanto de la Administración como de empresas privadas. En primer lugar, hay que señalar que este tipo de procesos se enmarcan en el ámbito de la responsabilidad extracontractual o aquiliana.

Efectivamente, el artículo 1902 del Código Civil precisa que el causante de un perjuicio a otra persona, siempre que por parte de aquél concurra culpa o negligencia, está obligado a repararlo. En este sentido, los establecimientos cuyas puertas están abiertas a la entrada de cualquier persona tienen la obligación de garantizar, en la medida de lo posible, su seguridad y de evitar la posibilidad de que sufra cualquier tipo de daño.

Por otra parte, los Tribunales destacan en sus resoluciones que existen situaciones que derivan del riesgo normal de la vida. Por supuesto, no todas las circunstancias pueden ser previstas y evitadas por los titulares de un establecimiento. Por eso no siempre se reconoce a los reclamantes de indemnizaciones su derecho a cobrarlas.

En el marco del proceso que se verá a continuación, los Magistrados de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Almería, D. Juan Antonio Lozano López, Dña. María Lourdes Molina Romero y Dña. Ana de Pedro Puertas, realizaron un exhaustivo repaso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las sentencias de las Audiencias Provinciales con relación a las caídas en espacios abiertos al público.

De un lado, los titulares de los establecimientos deben adoptar las medidas que minimicen el riesgo de transitar por el interior de los mismos. Del otro, también se exige a los clientes o usuarios un mínimo de cuidado con sus acciones. Esto último provoca que a veces no se le pueda achacar la responsabilidad al empresario o a la Administración: cuando un cliente tropieza con un escalón, claramente visible, del restaurante; la caída en la escalera de un hotel o de un centro comercial; el caso del cliente que se pilló la mano con la puerta giratoria de un hotel; la caída a la salida de un supermercado, etc…

Veamos el ejemplo de un caso real. El 28 de agosto de 2008 una mujer de 57 años, que estaba haciendo la compra en Mercadona, resbaló en un pequeño charco de agua y se cayó contra el carro de la compra de otra clienta. Se hizo daño en la cabeza y en un brazo, por lo que estuvo 5 meses de baja (era autónoma).

Demandó a la cadena de supermercados, reclamando 27.235 euros. Sin embargo, la titular del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Berja desestimó la demanda. Según su parecer, la demandante no había probado que la culpa de la existencia del pequeño charco fuese de la demandada (Mercadona). Esta resolución se publicó en 2011.

La demandante presentó, a continuación, un recurso de apelación contra la sentencia desestimatoria de su pretensión. Como mencionamos más arriba, del recurso conoció la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Almería. Dentro del análisis que los Magistrados realizaron de otras sentencias que habían resuelto casos parecidos, se hacía imprescindible estudiar las circunstancias que rodearon a la caída.

La demandante, así como diversos testigos del juicio, aseguraron que el agua procedía del refrigerador de los yogures, que estaba a escasos metros del lugar donde se había formado el charco. Ese testimonio sólo fue puesto en duda por una empleada del supermercado, quien dijo que, aunque no podía estar segura, el agua quizá había sido vertida allí por un niño al que instantes antes había visto bebiendo agua.

Los Magistrados llegaron a la conclusión de que la responsabilidad del resbalón (y sus consecuencias perjudiciales) debía ser atribuida al supermercado. Para ello siguieron este razonamiento: si el agua se había acumulado allí por alguna pérdida del refrigerador, la responsabilidad del establecimiento estaba clara, ya que debían haberlo evitado; si el agua, sin embargo, había sido derramada por un niño, también sería responsable el supermercado, pues las normas del establecimiento prohíben que en su interior se beba agua (aunque con los niños, según la empleada, suele hacerse una excepción).

A pesar de que la Audiencia Provincial revocó la primera sentencia, no le concedieron a la demandante todo lo que reclamaba. El perito que ella presentó no justificó debidamente la cantidad exigida, cosa que sí hizo, aunque por una cantidad menor, el perito de la oposición, designado de oficio.

Para calcular la indemnización se tomó como referencia el baremo de la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor: 150 días impeditivos multiplicados por 52´47 euros, 7870 euros. A ello había que sumarle lo obtenido de multiplicar 14 puntos de secuelas por 709 euros, 9.938 euros. Esto hacía un total de 17.809 euros (unos 10.000 euros menos de lo reclamado inicialmente).

Aunque la sentencia se dictó el 17 de febrero de 2015, las cantidades anteriores se calcularon conforme a lo establecido en el año 2008, fecha en la que ocurrió el accidente.

La conclusión que puede extraerse del análisis de este caso es que hay que ponderar muy bien tanto la posible negligencia de un establecimiento, como el deber de los clientes o usuarios de mantener cierto cuidado en sus acciones: ver dónde pisan, tener cuidado con los escalones, etc… La inversión de la carga de la prueba (cuando el demandado tiene que probar que no es responsable) no se da en todos los casos, sino sólo cuando existen indicios claros de que la culpa no está de parte del demandante o cuando el propio demandado ha contribuido a incrementar el riesgo (o no lo ha impedido).

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Reclamación a una Comunidad de Propietarios por los daños sufridos por un repartidor debido al mal estado de un desagüe en la zona de los garajes.

La sentencia que va a pasar a examinarse puede encuadrarse en las reclamaciones civiles por responsabilidad aquiliana o extracontractual, cuando el demandante reclama a la parte demandada el resarcimiento de unos daños, pues estima que a ésta es achacable el perjuicio que ha sufrido.

El 8 de enero del año 2004 un repartidor entró en el complejo de la Comunidad de Propietarios para recoger unos paquetes. Aunque había entrado por la puerta y la acera habilitadas a tal fin, sin embargo, decidió salir por la puerta del garaje, que aquel día estaba abierta (tenía estropeado el mecanismo automático de apertura y cierre). Tuvo la mala fortuna de que un imbornal (pequeño desagüe cubierto por una rejilla) no contaba con todas sus piezas, introduciendo un pie en el mismo y lastimándose gravemente la rodilla.

El accidentado estuvo 378 días de baja y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en la rodilla afectada. En consecuencia, decidió presentar una demanda de juicio declarativo ordinario para que la Comunidad, titular del complejo donde se había dañado, le indemnizara con más de 30.000 euros.

El juicio se desarrolló en el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Murcia, del que era titular Dña. María Teresa Rizo Jiménez, estando representado procesalmente el demandante por el Procurador D. Fernando García Morcillo y la demandada por el Procurador D. Francisco Bueno Sánchez.

La Magistrada-Juez tuvo que analizar los elementos constitutivos de la responsabilidad extracontractual: existencia de un daño, de un responsable y nexo causal entre aquél y éste. También analiza la evolución que la responsabilidad aquiliana ha experimentado durante las últimas décadas, tendiéndose progresivamente a una inversión de la carga de la prueba y a una cuasiobjetivización de la responsabilidad, sobre todo cuando existe un riesgo originado por parte del agente demandado.

En su resolución dijo estimar parcialmente la petición del demandante. Según ella, tendría que haber salido por el mismo sitio por el que entró, circunstancia que disminuía en parte la culpa de la Comunidad de Propietarios. No obstante, ya que la puerta del garaje estaba abierta (y que desde dentro no podía observarse el cartel que había fuera, según el cual se trataba de una zona de acceso restringido a los propietarios), la Comunidad tendría que haber adoptado las medidas necesarias para impedir que las personas que transitaran por allí se hicieran daño.

La sentencia, dictada el 6 de junio de 2007, reconoció a favor del demandante una indemnización de 14.899´59 euros (teniendo en cuenta que se repartía la responsabilidad entre el repartidor y la Comunidad), calculada conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, según los importes del año 2005, que fue cuando el perjudicado se recuperó por completo de sus lesiones.

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