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El delito de abandono de familia por impago de la pensión de alimentos: necesidad de demostrar el incumplimiento del pago de la pensión y diferencias entre las resoluciones civiles y penales.

Aunque un Juez de lo Civil haya impuesto en el procedimiento de divorcio de un matrimonio la obligación de que uno de ellos pague mensualmente una pensión en favor de sus hijos, las vicisitudes del procedimiento penal en el que se reclame el incumplimiento de dicho deber pueden provocar la absolución del deudor.

Es interesante, por ejemplo, un caso que acabó en la Audiencia Provincial de Barcelona. A finales del año 2008 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Blanes acordó, en la resolución que ponía fin a un proceso de divorcio, que el ex marido pagase 300 euros al mes a su ex mujer para destinarlos a los gastos generados por la hija que habían tenido en común.

Recurrida en apelación la cuantía de la pensión ante la Audiencia Provincial de Gerona, ésta rebajó la cantidad a 225 euros mensuales. Según la Audiencia, el recurrente poseía medios económicos suficientes como afrontar el pago de dicha cantidad.

A pesar de ambas resoluciones judiciales, el obligado incumplió su obligación durante casi 4 años. Denunciado por su ex mujer, el Juzgado de lo Penal nº 3 de Granollers le condenó por un delito de abandono de familia (previsto en el artículo 227 del Código Penal) en su modalidad de incumplimiento del pago de la pensión de alimentos. El Juez le impuso una pena de multa (debía pagar 3 euros diarios durante 6 meses) y la obligación de indemnizar a su ex mujer con 9.000 euros.

La Procuradora del condenado (Dña. Mireia Carreras Triola) presentó en su nombre un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Los Magistrados de su Sección 5ª, Dña. Elena Guindulain Oliveras, D. José María Assalit Vives y D. Enrique Rovira del Canto, tuvieron que discutir acerca de los siguientes puntos:

- La denunciante no se personó en la vista del recurso, por lo que no pudo justificar el impago por parte de su ex marido.

- El ex marido afirmó que le había entregado a su ex mujer 2.500 euros, tratándose de un dinero de procedencia dudosa, pues no había declarado los correspondientes impuestos tras la venta de un inmueble.

- Aunque la Audiencia de Gerona consideró que el hombre contaba con recursos suficientes para asumir el pago de la pensión, después de esa sentencia se quedó en el paro (había cerrado la Inmobiliaria que regentaba).

Se trataba de varias circunstancias que, valoradas en su conjunto, no permitían asegurar que el hombre hubiese incumplido su obligación voluntariamente. La acusación no consiguió demostrar que la falta de pago de la pensión no se debía a su mala situación económica. Teniendo esto en cuenta, la Audiencia le absolvió de responsabilidad por el delito que se le imputaba y la sentencia de primera instancia fue revocada.

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Análisis de los elementos que, relacionados con el incumplimiento de la pensión de alimentos a favor de los hijos, pueden excluir la responsabilidad por un delito de abandono de familia.

El Código Penal castiga, en su artículo 227, al progenitor que deje de cumplir el pago de la pensión de alimentos que un Juez haya establecido a favor de sus hijos, así como el incumplimiento de cualquier otra prestación análoga. El delito se denomina, concretamente, de abandono de familia. Es así porque, aunque ya no exista relación conyugal alguna entre los progenitores, ambos siguen unidos a sus hijos por vínculos inextinguibles.

Veamos los requisitos necesarios que deben darse para que pueda hablarse del delito de abandono de familia:

- En primer lugar, es necesaria una resolución judicial que imponga a uno de los progenitores la obligación de pagar mensualmente una cantidad determinada en beneficio de sus hijos. Se trata de proporcionarles a éstos los medios económicos necesarios para que sus necesidades se vean satisfechas.

- En segundo lugar, no basta, para cometer el delito, con faltar un mes a la obligación. El incumplimiento deberá ser de dos meses consecutivos o de cuatro meses no consecutivos.

- Por último, y aunque no aparezca expresamente previsto en el Código Penal, es imprescindible que el obligado al pago de la pensión posea los medios suficientes (un sueldo; un patrimonio que le permita hacerlo y, al mismo tiempo, subsistir; etc…) para afrontarla. Se trata de un requisito consolidado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Son muy habituales los procedimientos judiciales penales en los que se discuten estos extremos, normalmente por la denuncia interpuesta por el cónyuge a cuyo cargo han quedado los hijos como consecuencia del impago de la pensión por parte del otro. La Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Madrid, por ejemplo, resolvió un caso de estas características el 15 de julio de 2015.

Integrada la Audiencia por los siguientes Magistrados: Dña. María Teresa García Quesada, Dña. María Luisa Aparicio Carril y Dña. María Teresa Rubio Cabrero, éstos debían conocer del recurso de apelación interpuesto por un hombre que había sido condenado, por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Móstoles, por no pagar la pensión de alimentos impuesta por el Juez.

Si bien la pensión se había fijado en un primer momento en 600 euros, posteriormente se rebajó a 250, teniendo en cuenta los problemas económicos del hombre. Sin embargo, su mujer le denunció por impago, explicando ante el Juez de lo Penal que, si no podía hacer frente a su obligación, era porque había abandonado voluntariamente su trabajo.

De modo que fue condenado a pagar una multa diaria de 3 euros durante 9 meses. Frente a esta resolución, los Magistrados de la Audiencia se percataron de que, en realidad, la mujer había recibido varios pagos mensuales, si bien es cierto que de distintas cantidades.

Por lo tanto, llegaron a la conclusión (ya que la denunciante no pudo probar lo contrario) de que el hombre pagaba cada mes lo que podía, y en esas condiciones no se le podía considerar responsable de un delito de abandono de familia. Por eso se revocó la sentencia condenatoria y se le eximió de responsabilidad.

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El impago de la pensión de alimentos a favor de los hijos no constituye delito cuando el incumplimiento se debe a la mala situación económica del progenitor obligado a ello.

El impago de la pensión de alimentos establecida por un Juez a favor de los hijos constituye un delito de abandono de familia, tipificado en el artículo 227 del Código Penal. La ley presume que quien incumple una obligación tan ineludible está contraviniendo los principios más elementales de las relaciones de familia y de parentesco.

Tanto los Tribunales españoles como los profesionales del Derecho han mantenido, a lo largo de los últimos años, un profundo debate acerca de quién está obligado a probar que el deudor de la pensión de alimentos de los hijos no tiene medios suficientes para afrontar su pago. Unos sostienen que debe ser la parte acusadora. Otros, en cambio, afirman que el deudor debe demostrar, si quiere evitar una condena, que no puede pagar aquello a lo que está obligado.

Quizá un caso real nos ilustre mucho mejor acerca de lo que estamos hablando. Un hombre había sido condenado por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Zaragoza, como autor de un delito de abandono de familia, a pagar una multa de 5 euros diarios durante 14 meses.

Posteriormente, y como consecuencia de otro incumplimiento reiterado de su obligación de abonar una pensión mensual de 350 euros para sus dos hijos (175 euros por cada uno), el Juzgado de lo Penal nº 4 de la misma localidad le condenó por el mismo delito, en este caso a razón de 3 euros diarios durante 15 meses y 1 día (concurría la circunstancia agravante de reincidencia).

El hombre consideraba injusta esta segunda sentencia, pues carecía de recursos económicos para afrontar el pago de la pensión. Así que, a través de su procuradora, Dña. María Luisa Hueto Sáenz, interpuso un recurso de apelación frente a aquélla. Los Magistrados encargados de resolver el recurso fueron D. José Ruiz Ramo, Dña. Mª Josefa Gil Corredera y D. Mauricio Murillo y García Atance (Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza).

Realmente, el hombre no había cumplido su obligación -el pago de la pensión a favor de sus hijos- porque estaba en el paro y carecía de ingresos fijos, al margen de algunas chapuzas aquí y allá. Así que, en cumplimiento de la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, lo justo era eximirle de responsabilidad por el delito de abandono de familia del que estaba siendo acusado. Para ello fue necesario revocar la sentencia recurrida y declarar expresamente su absolución.

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Importancia de demostrar la verdadera autoría de los mensajes electrónicos para utilizarlos como prueba en un procedimiento penal.

Aunque la autoría o procedencia de los mensajes que escribimos a través del móvil (utilizando programas de mensajería instantánea: sms, Whatsapp, etc…) o del ordenador (Facebook, Skype, Twenti, Twitter, etc…) pueda parecer que está clara, sin embargo, si queremos emplear dichos mensajes en un procedimiento penal para demostrar los hechos que acompañen a nuestras pretensiones, es necesario probar que, sin ningún género de dudas, dichos mensajes han sido escritos y enviados por el titular de la cuenta desde la que se nos han remitido.

Por ejemplo: el hecho de que recibamos un mensaje de WhatsApp desde el teléfono móvil de Fulanito no quiere decir que él haya sido el autor de dicho mensaje. Puede haber utilizado el teléfono un amigo suyo o, incluso, puede que alguien haya suplantado su identidad de un modo más complejo.

El aspecto que estamos tratando ha generado controversia en los Tribunales españoles, pues algunos abogados utilizan estos mensajes como si de pruebas fehacientes se tratara, y no es el caso. Para desvirtuar la presunción de inocencia hay que demostrar quién ha sido el verdadero autor del mensaje, lo que no siempre es sencillo.

La Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Madrid, siendo sus componentes D. Julián Abad Crespo, D. José Manuel Fernández Prieto González y Dña. María de la Almudena Álvarez Tejero, resolvió en apelación un caso de estas características.

Un hombre había sido condenado, como autor de un delito de quebrantamiento de condena, a varios meses de prisión, aunque se le suspendió la pena durante 2 años (plazo en el que no podía delinquir si no quería ingresar en la cárcel). Pero también tenía que respetar una medida de alejamiento de su anterior pareja, sin que pudiera acercarse a menos de 500 metros ni establecer contacto de ningún tipo, ni físico ni utilizando ningún dispositivo (teléfono, ordenador, etc…).

La mujer, ex pareja del condenado, le denunció porque se había puesto en contacto con ella a través de Facebook. El Juzgado de lo Penal nº 2 de Alcalá de Henares le consideró culpable, condenándole por un delito continuado de quebrantamiento de condena a un año de prisión.

Como decíamos, el asunto acabó en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. El Ponente de su sentencia afirmó en el fallo que los Magistrados no podían estar seguros de la autoría de los mensajes que la denunciante había recibido por Facebook, de manera que no podían condenar a su ex novio, que resultó finalmente absuelto.

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Un hombre recurre tras ser condenado por incumplir la condena que se le había impuesto en relación con un delito contra la seguridad vial.

Efectivamente, el protagonista de los procesos que vamos a analizar fue condenado por el Juzgado de lo Penal nº 16 de Barcelona, como autor de un delito contra la seguridad vial, a las penas de 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad y de multa. Eso tuvo lugar el 22 de septiembre de 2010. Posteriormente, el 8 de noviembre de 2012, el mismo Juzgado declaró extinguida la pena de multa, por lo que sólo tendría que cumplir la de trabajos comunitarios.

El 27 de febrero 2012 el condenado se mostró conforme con el calendario de cumplimiento de los trabajos, que desarrollaría entre el 29 de marzo y el 14 de mayo de ese mismo año, quedando citado para esos días. Sin embargo, no llegó a presentarse para desempeñarlos.

En consecuencia, la Fiscalía le imputó un delito de quebrantamiento de condena (artículo 468.1 del Código Penal). Solicitó que se le impusiera una multa de 12 meses (6 euros al día), así como el pago de las costas procesales. De ese tenor fue la sentencia que dictó el Juzgado de lo Penal nº 7 de Barcelona el 11 de diciembre de 2014.

El acusado, por su parte, solicitaba su libre absolución, pues argumentaba que había pensado que los servicios de la Generalidad (de medidas penales alternativas) se pondrían en contacto nuevamente con él para confirmar las fechas. Lo mismo reclamó en el recurso de apelación que interpuso, del que conoció la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Los Magistrados de la Audiencia, D. Jesús María Barrientos Pacho, D. Jesús Navarro Morales y Dña. Mercedes Armas Galve, manifestaron en su resolución que el delito de quebrantamiento de condena requiere, para su punición, que haya dado comienzo el cumplimiento de aquélla. En el caso que nos ocupa, el recurrente no empezó a desempeñar los trabajos en beneficio de la comunidad a los que había sido condenado.

En virtud de lo expuesto en el párrafo anterior, la Audiencia revocó la sentencia que le condenaba por incumplimiento y declaró su libre absolución, lo que se hizo público el 26 de junio de 2015.

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Procedimiento por un delito contra la ordenación el territorio. El acusado recurrió la sentencia que le condenaba por haber construido dentro de la zona protegida del río que discurría junto a su parcela.

El acusado había construido una vivienda en una finca de su propiedad, elevándola sobre un antiguo aserradero. Completó las obras construyendo una barbacoa y una piscina. En el año 2006, a consecuencia de unas tremendas lluvias, el río Broi se desbordó, afectando a las construcciones referidas.

El hecho de que las edificaciones se encontraran a escasos metros del río provocó que se le juzgara en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Pontevedra, que el 14 de noviembre de 2007 le absolvió de un delito contra la ordenación del territorio. Ahora se encontraba de nuevo en una situación parecida, pues se le imputaba otro delito de la misma naturaleza en función de las obras de reparación que realizó tras la riada.

En este caso sí fue condenado, tal y como sentenció el Juzgado de lo Penal nº 1 de Pontevedra. Las penas fueron: 1 año de prisión, 2.700 euros de multa, inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con la construcción durante 1 año y la obligación de demoler lo ilegalmente destruido.

Frente a esa sentencia impuso la representación procesal del condenado un recurso de apelación. Los autos se elevaron a la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que estaba integrada por los Ilustres Magistrados Dña. María Nelida Cid Guede, Dña. Cristina Navares Villar y D. Celso Joaquín Montenegro Vieitez.

A pesar de la cercanía de las construcciones respecto del río, la propia arquitecta técnica municipal que declaró en el juicio dijo que no se podía afirmar que estuvieran invadiendo la zona de protección correspondiente. Para ello sería necesario efectuar un levantamiento topográfico y ciertas operaciones de deslinde.

Estando así las cosas, los Magistrados no podían confirmar la condena del recurrente. Era preceptivo darle aplicación al derecho a la presunción de inocencia (artículo 24 de la Constitución Española). El fallo que dictaron, el 9 de septiembre de 2014, fue de carácter absolutorio.

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Proceso penal por un delito continuado de violación a un menor, de unos ocho años de edad, presuntamente cometido por su padrino, un varón adulto.

Para comprender bien los hechos que motivaron este proceso habría que retrotraerse a cuando la madre del niño llegó a España. Aquí empezó a trabajar en una urbanización, donde conoció al que llegaría a ser el acusado, que siempre le ayudó económicamente. Antes de que pendiera frente a él un proceso penal, la relación entre ambos se hizo más estrecha. La mujer del acusado también se convirtió en íntima amiga de ella, que les eligió para que fueran los padrinos del niño y, posteriormente, de su boda.

Había tan buena sintonía entre ellos que la mujer dejaba que su hijo pasara algunos fines de semana con su padrino. Hasta que un día el niño le refirió a su madre una serie de conductas a las que, supuestamente, le sometía aquél. Le relató una serie de actos sexuales muy explícitos, constitutivos sin ninguna duda de un delito de agresión sexual.

La mujer denunció los hechos, instruyéndose el sumario por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Alicante. Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular solicitaron una condena de 15 años de prisión por un delito continuado de violación (artículos 178 a 180 del Código Penal), concurriendo la circunstancia agravante de abuso de confianza. Con las acusaciones firmes, los autos pasaron a la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Alicante, compuesta por D. Antonio Gil Martínez, D. José Antonio Dura Carrillo y Dña. Virtudes López Lorenzo.

El niño mostró un desarrollo psicológico muy avanzado para su edad. Sin embargo, incurrió en algunas contradicciones en sus declaraciones. Varió, por ejemplo, el número de encuentros sexuales que habrían tenido lugar entre él y su padrino (pasó de 15 a 30). Además, afirmó que a veces le recogía del colegio, extremo que fue desmentido por su madre. Por otra parte, no fue capaz de describir el miembro sexual del supuesto agresor.

Aunque los informes psicológicos que le efectuaron al niño concluyeron que podía estar diciendo la verdad, explicaron los Magistrados en su sentencia que su labor era valorar dichos informes, sin tener que aceptar forzosamente todo lo que contenían (lo que, por otra parte, sucede con todas las pruebas periciales que se aportan a cualquier proceso).

Los médicos no detectaron ningún tipo de lesión en el menor, a pesar de que éste había mencionado algunas prácticas ciertamente lesivas para su integridad física. Tampoco se apreciaron en el niño cambios de comportamiento ni alteraciones en su rendimiento escolar. En un momento dado, los Magistrados expresaron sus sospechas de que todo se debiera al hecho de que el acusado y su mujer habían dejado de prestarle dinero a la madre del chico. Todas las dudas mencionadas tenían que conducir a una sentencia de carácter absolutorio, que fue hecha pública el 23 de enero de 2013.

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Procedimiento por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, presuntamente cometido al tratar de introducir ilegalmente en España a catorce personas de origen subsahariano.

La mañana del 5 de abril de 2014 una patrullera de la Guardia Civil avistó una pequeña embarcación atestada de personas. Se trataba de inmigrantes procedentes de Marruecos que pretendían alcanzar las costas de Ceuta. Dado el tamaño y el mal estado de la embarcación, los agentes tuvieron que ayudar a algunas personas a ponerse a salvo en la playa.

Había quince personas, una de las cuales fue acusada de orquestarlo todo y de dirigir a las demás. Por eso se le imputó un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (artículo 318 bis del Código Penal). El Ministerio Fiscal solicitó que se le condenara a 7 años de prisión.

El enjuiciamiento de los hechos se atribuyó a la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Ceuta, a la que le correspondía según el turno de reparto establecido. Dicha Sección se encontraba integrada por los siguientes Ilustres Magistrados: D. Emilio José Martín Salinas, D. Fernando Tesón Martín y D. Jesús Lucena González.

Independientemente de quién hubiese sido el responsable de los hechos, todos los ocupantes de la embarcación habían puesto su vida en peligro, ya que se había desinflado demasiado y no tenían ningún recurso de seguridad. Uno de los pasajeros, que testificó en el juicio, dijo que no sabía quién estaba al mando.

El acusado, por su parte, afirmó que el responsable de todo les había acompañado al comienzo del trayecto, arrojándose posteriormente al mar. Los Magistrados, a pesar de que esa versión era poco probable, no podían descartarla por completo. Los agentes de la Guardia Civil, que también declararon como testigos en el juicio, tampoco estaban seguros de quién pilotaba la nave. No podían afirmar que fuese el acusado.

A pesar de que los hechos estaban claros y de que había múltiples indicios, los Magistrados, teniendo en cuenta las pruebas que se habían aportado al proceso, no podían castigar al acusado sin disponer de otras fuentes probatorias. La única solución realista del caso era la de decretar su absolución. Así, la sentencia que se dictó el 18 de diciembre de 2014 fue favorable al mismo, que fue declarado exento de responsabilidad.

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Enjuiciamiento de un hombre que fue sorprendido en un control de la policía con cocaína y cannabis. Se trataba de dilucidar si las drogas decomisadas estaban destinadas al tráfico o al autoconsumo.

El acusado fue sorprendido en un control rutinario de la policía en las inmediaciones del Rocío, donde había ido con unos amigos para disfrutar de las fiestas de la Candelaria. Portaba alrededor de 15 gramos de cocaína y 5 de cannabis. Él afirmaba que las sustancias eran para su propio consumo y que no tenía intención de venderlas a terceros.

Los autos del procedimiento llegaron a la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Huelva remitidos por el Juzgado de Instrucción nº 1 de la Palma del Condado. Los Magistrados de la Audiencia, D. José María Méndez Burguillo, D. Santiago García García y D. Florentino G. Ruíz Yamuza, tenían que dilucidar si el acusado decía la verdad.

Por un lado, tenía antecedentes delictivos, concretamente por una tentativa de robo con violencia en las personas, cuya condena estaba suspendida. Sin embargo, dichos antecedentes no podían interpretarse como indicios de su actual culpabilidad. Y, además, correspondían a un tipo delictivo de una naturaleza jurídica muy diferente, de manera que ni siquiera serían constitutivos de la circunstancia agravante de reincidencia.

El acusado, y esto era un elemento importante, era politoxicómano por aquella época, consumidor habitual de cocaína (cerca de un gramo al día) y cannabis. Si a eso le unimos la circunstancia de que se disponía a pasar varios días de fiesta con sus amigos, también consumidores de esas sustancias, no era difícil adivinar que no iba a vender la droga, sino a tomársela él mismo.

La Fiscalía había solicitado que fuera condenado como autor de un delito contra la salud pública cometido con sustancias gravemente perjudiciales para la salud (artículo 368 del Código Penal). Por eso pedía para él las penas de prisión (4 años), inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo (4 años) y multa (2.500 euros).

Pero los integrantes de la Audiencia Provincial no le consideraron culpable de dicho delito, de modo que dictaron una sentencia absolutoria el 16 de febrero de 2015. Su conducta podía ser sancionada desde el punto de vista administrativo, pero no del penal.

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Acusación contra un hombre, educador en un centro de menores desamparados, por haber abusado sexualmente de una chica de 12 años, que presentaba hematomas en los pechos.

En el centro al que nos referimos, una mañana una cuidadora se percató de que una de las chicas tenía cardenales en ambos pechos. Cuando le preguntó cómo se los había hecho, ella respondió que el culpable era un cuidador, varón, que había abusado de ella. La cuidadora lo puso en conocimiento de la Directora del establecimiento, que rápidamente activó el protocolo adecuado para esos casos.

Los hechos se remitieron al Juzgado de Instrucción nº 26 de Barcelona. Una vez concluido el sumario, la Fiscalía solicitaba que el acusado fuera condenado, como autor de un delito continuado de abusos sexuales, a 5 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, inhabilitación especial durante 3 años para la profesión de educador y a una medida de libertad vigilada durante 6 años.

Como en todos los delitos que se cometen en la intimidad, a los Magistrados de la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, Dña. Carmen Sánchez-Albornoz Bernabé, Dña. Montserrat Comas Argemir Cendra y D. José María Planchat Teruel, se les presentaba la circunstancia de encontrarse ante dos testimonios contradictorios: el de la presunta víctima y el del acusado.

El Tribunal Supremo tiene establecido que cuando la única prueba relevante sea el testimonio de la víctima, éste deberá reunir ciertos requisitos: estar respaldado por otros indicios, persistencia en la incriminación por parte de quien acusa e inexistencia de móviles espurios (venganza, resentimiento, interés, enemistad, etc…).

La menor que había acusado a su cuidador no fue ni coherente ni precisa en sus explicaciones. Además, sus familiares, al reunirse con la Directora, le dijeron que la chica tenía tendencia a fantasear y a inventarse cosas. Por otra parte, aunque estaba prohibido, todos los trabajadores e internos del centro sabían que la menor y sus compañeras de habitación jugaban a pellizcarse los pechos y las nalgas. Ésa podría haber sido, sin lugar a dudas, la causa de los moratones que ella presentaba.

Pero ahí no acaba todo, porque el fin de semana previo a la acusación al cuidador la chica había discutido con sus compañeras (por negarse a compartir sus palomitas en el cine), lo que podría haberle costado alguna represalia por su parte.

En definitiva, no había, ni mucho menos, ninguna prueba de cargo que destruyese la presunción de inocencia del acusado. De hecho, la cuidadora que estaba con él el día en que presuntamente todo había ocurrido no recordaba que hubiera estado a solas con la menor (lo que, por otra parte, estaba prohibido en el centro). Así que el 2 de febrero de 2015 el acusado fue declarado inocente.

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