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Un joven es condenado por instalar en el móvil de su exnovia un software llamado "Cerberus". Este software le permitía mantener controlado y vigilado el terminal móvil. La sentencia ha sido dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería,

Espía el móvil de su exnovia, y le caen dos años de cárcel 0:26
Un vecino de Almería ha sido condenado al ser considerado autor responsable de un delito de descubrimiento y revelación de secretos después de haber instalado en el teléfono móvil de su exnovia un software con el que podía espiar prácticamente toda su actividad.

Más información: http://www.delitos-informaticos.net/delitos/espionaje/espia-el-movil-de-su-exnovia-y-le-caen-dos-anos-de-carcel

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Ejemplo de delito de calumnias que se produce en Internet. Condenado por un delito de calumnias después de haber colgado en YouTube un vídeo imputando falsamente a un sujeto un delito de violencia en el ámbito doméstico.

En el caso que se comenta, se trata de una sentencia que falla condenando al autor de un vídeo subido a youtube por calumnias cometidas a través de internet.

Se trataba de un hombre que había instalado una cámara junto a una ventana de su domicilio para grabar lo que tenía pensado hacer en la calle que se veía desde la misma: acercarse a un vecino del edificio de enfrente, arrastrarle hasta el centro de la calzada y manifestar, en presencia de los viandantes, que era autor de una serie de hechos supuestamente constitutivos de un delito de maltrato en el ámbito familiar.

Condena por un delito de calumnias después de haber colgado en YouTube un vídeo imputando falsamente a un sujeto un delito de violencia en el ámbito doméstico

MIRIAM PARDO ARRIBAS MIRIAM
Abogada
La supresión de las faltas del Código Penal y su conversión, en algunos casos, en delitos leves.

La tradicional distinción que recogía el Código Penal de 1995 entre delitos graves, menos graves y faltas ha sido transformada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, que ha venido a suprimir su Libro III (“Faltas y sus penas”). Para aquellos que no estén familiarizados con estos términos, podríamos decir que las faltas eran las conductas penales de menor importancia, de ahí que fuesen sancionadas con penas tales como la multa, los trabajos en beneficio de la comunidad, etc…, y nunca con la pena de prisión.


Cambios de regulación


Algunas de las conductas que antes se tipificaban como faltas han pasado a considerarse delitos leves; otras, sin embargo, ya no constituyen un ilícito penal; y un tercer grupo, las menos, pasan a constituir delitos menos graves (con el consiguiente aumento de la pena).


Los delitos leves ya no están regulados en un Libro aparte, sino que se integran a lo largo de todo el Libro II junto con el resto de los delitos, constituyendo normalmente la forma más benigna o privilegiada de algunos de éstos, castigados con una pena leve.


Derecho Administrativo y Civil


Veamos a continuación algunas conductas que, tras el cambio, pasan a regularse como infracciones administrativas:


. Los daños causados a los inmuebles de dominio público o privado sin el consentimiento de la Administración o de su propietario.


. El abandono en la vía pública de jeringuillas u otros instrumentos peligrosos.


. Llevar sueltos animales feroces o dañinos susceptibles de atacar a las personas.


. Desobediencia leve a los agentes de la autoridad.


. Carecer del seguro obligatorio en el ejercicio de determinadas actividades (conducta de la que se exceptuaba la conducción de un vehículo a motor sin tener suscrito un seguro de responsabilidad civil).


Algunas conductas, como acabamos de ver, están ahora en la órbita del Derecho Administrativo. Otras, en cambio, al quedar destipificadas del Código Penal podrán perseguirse a través de la jurisdicción civil. Eso significa que quien se considere perjudicado por la acción de un tercero puede presentar una demanda ante los Tribunales de lo Civil reclamando daños y perjuicios. Pondremos algunos ejemplos de ello:

. El homicidio por imprudencia leve.

. Denegación de auxilio o asistencia a menores abandonados, ancianos o discapacitados, sin perjuicio de que la conducta reúna los elementos necesarios para constituir otro delito.

. El incumplimiento de algunas de las obligaciones establecidas por el Juez en los convenios reguladores de separación o divorcio. La falta de pago de las pensiones alimenticias sigue constituyendo delito de abandono de familia.

. Causar desórdenes leves en un evento deportivo, juzgado o reunión numerosa.




Antecedentes delictivos, prescripción de los delitos leves y perdón del ofendido


Aquí se observa otro cambio importante en la regulación del Código Penal, pues a diferencia de las faltas, los delitos leves sí generan antecedentes (hasta que transcurran 6 meses desde la extinción de las penas). Bien es cierto que no producirán todos los efectos habituales de los mismos -no se computan a efectos de reincidencia ni de suspensión de las penas-, aunque sí se tendrán en cuenta para apreciar la habitualidad en los delitos de hurto y apropiación indebida.


Los delitos leves prescribirán al año -las faltas lo hacían a los 6 meses-. Por otra parte, el perdón del ofendido extinguirá la responsabilidad penal cuando sólo puedan ser perseguidos a instancia de la víctima.


Enjuiciamiento de los delitos leves



Serán competentes para su enjuiciamiento los Juzgados de Instrucción y, en determinados casos, los Juzgados de violencia sobre la mujer (artículo 173.2 CP). Se prevén dos tipos de procedimientos, uno para los delitos leves de lesiones, hurto flagrante, amenazas, coacciones e injurias y otro para los demás. En el primero de ellos la propia Policía Judicial citará ante el Juzgado de Instrucción a los ofendidos y perjudicados.


Normas de Derecho Transitorio


Puede que se pregunte, lógicamente, ¿qué sucederá con los procedimientos que ya se habían iniciado al entrar en vigor la reforma? A partir del 1 de julio de 2015 se aplicarán las reglas siguientes:


. Se seguirán aplicando las reglas propias del juicio de faltas si la conducta pasa a tipificarse como delito leve.


. Se continuará con el procedimiento, aunque la conducta se haya despenalizado, si en la sentencia ha de resolverse sobre cuestiones relativas a la responsabilidad civil del enjuiciado. Si el Juez no ha de entrar a valorar estas cuestiones o el perjudicado renuncia a exigir dicha responsabilidad, se archivará el procedimiento.


Finalidad de la reforma


Los cambios legislativos que hemos analizado tienen una finalidad clara: aligerar la carga de trabajo de los Juzgados de lo Penal. Dos medidas, aparte de la destipificación de determinadas conductas, van a contribuir a ello: la necesidad, en algunos casos, de que medie denuncia del perjudicado para perseguir determinados delitos leves y, por otra parte, las funciones que se le han otorgado a la Fiscalía de cara a solicitar el sobreseimiento del proceso.


El Ministerio Fiscal podrá pedir el sobreseimiento, además de por las circunstancias ya contempladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en dos casos:


- Cuando el delito revista una escasa gravedad. Para considerarlo así tendrán que valorarse las circunstancias del hecho y del autor.


- Que no exista realmente un interés público en perseguir el hecho delictivo. Si se trata de un delito patrimonial, por ejemplo, se solicitará el sobreseimiento si el perjudicado no ha denunciado y el responsable ha reparado el daño.

El Derecho Penal no se ocupa únicamente de establecer que conductas son consideradas delito y que pena les corresponde, sino que trata de ...

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Criterios que utilizan los Magistrados de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Gijón para valorar la capacidad de un hombre para hacer frente a la pensión de alimentos establecida a favor de su hija.

Nuevamente los Magistrados de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Gijón han dictado una sentencia que establece criterios interesantes de cara a considerar si un padre tiene capacidad económica o no para pagar a su ex mujer una pensión de alimentos en favor de su hija.

Pongámonos en antecedentes: el 3 de diciembre de 2008 la resolución que puso fin al procedimiento de divorcio entre el acusado y su hasta entonces mujer establecía una pensión de alimentos de 375 euros mensuales para hacer frente a los gastos de la hija que tenían en común. Aunque él solicitó la reducción de la cuantía de la pensión, ésta le fue denegada en 2012 (en primera instancia) y en 2013 (tras recurrir en apelación).

El obligado al pago incumple su deber durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2013. Denunciado por su ex mujer, el 30 de marzo de 2015 es condenado por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Gijón, como responsable de un delito de abandono de familia (por impago de la pensión alimenticia durante más de dos meses), a la pena de 8 meses de prisión, así como a pagar las costas procesales y a indemnizar a su ex mujer.

Recurre dicha sentencia en apelación frente a la Audiencia Provincial. Del recurso conoce la Sección 8ª, cuyos Magistrados, Dña. Alicia Martínez Serrano, D. Bernardo Donapetry Camacho y D. Santiago Veiga Martínez, ya han dictado múltiples sentencias en este tipo de procesos.

El abogado del recurrente pretendía la revocación de la sentencia en base a dos argumentos: vulneración de la presunción de inocencia de su defendido y error en la valoración de la prueba. Los Magistrados de la Audiencia explican, en primer lugar, que esos dos argumentos son incompatibles, por cuanto que si hay error en cuanto a una prueba, existe la misma y, por lo tanto, ya no se vulnera la presunción de inocencia. Así lo han dispuesto reiteradamente el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Por otra parte, partiendo de que el recurrente no niega haber incumplido el pago durante los tres meses denunciados, falta comprobar si no pagó por imposibilidad económica o por la mera voluntad de no hacerlo. Así razonó el Tribunal:

1- El recurrente no prueba que su madre le costee todos sus gastos.

2- Utiliza su vehículo de forma normal, con los gastos que ello conlleva (gasolina, ITV, etc…).

3- Lleva siempre en el vehículo las herramientas de su profesión (es pintor).

4- Como ya se ha mencionado, por dos veces le denegaron una rebaja en la cuantía de la pensión (trabajaba como pintor autónomo).

5- El hombre fuma, lo que implica un gasto no indispensable.

6- Aunque alega que está enfermo, no prueba que sufra ninguna incapacidad para trabajar.

7- Se ofrece a pagar 200 euros al mes y alguna actividad extraescolar para la niña (que no desarrolla ninguna en ese momento).

Por lo tanto, aunque el recurrente se encuentra en situación de desempleo, las circunstancias antedichas acreditan que posee cierta capacidad económica, en todo caso suficiente para pagarle la pensión a su hija. El 1 de octubre de 2015 fue confirmada la sentencia condenatoria dictada por el Juez de lo Penal.

Legadoo Legadoo
Los delitos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes y prohibidas pertenecen a los denominados “Delitos contra la Salud Pública” y se encuadran entre los artículos 368 y 372 del Código Penal.



Cabe destacar que el Código Penal no penaliza el autoconsumo ya que no castiga a quien pueda producirse un daño a sí mismo si no a quien produce un peligro para el resto de ciudadanos o bienes que le rodean. Por ello, el consumo de drogas, la utilización de sustancias dopantes o el intento de suicidio no se castigan en el Derecho Penal.



Tráfico y elaboración de drogas



En el artículo 368 del C.P., señala que “los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.”




Extrema gravedad en el delito de tráfico de drogas



El artículo 370 aclara este concepto diciendo que se considerarán como tal los “casos en que la cantidad de las sustancias a que se refiere el artículo 368 excediere notablemente de la considerada como de notoria importancia, o se hayan utilizado buques, embarcaciones o aeronaves como medio de transporte específico, o se hayan llevado a cabo las conductas indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre empresas, o se trate de redes internacionales dedicadas a este tipo de actividades, o cuando concurrieren tres o más de las circunstancias previstas en el artículo 369.1.”

Consulta legal: En el año 2009 nos detuvieron a mí y a unos amigos por posesión de drogas. Estuve en prisión 9 meses y después salí bajo fianza. Actualmente el procedimiento se encuentra suspendido, pues estamos a la espera de que se determine qué Juzgado es competente. A mí me han comentado que, en principio, me impondrán la pena más baja posible, ya que no tengo antecedentes ni me sorprendieron con la droga encima. ¿Podríamos estar hablando de una condena de prisión de 3 a 6 años?

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Nueva sentencia de la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Gijón relativa al delito de abandono de familia en su modalidad de impago de pensión alimenticia.

En una entrada anterior hicimos referencia a una sentencia de la Audiencia Provincial de Gijón (Sección 8ª) que, como en este caso, resolvía un recurso de apelación. En aquella ocasión el citado Tribunal ratificó la condena, dictada por un Juez de lo Penal (titular del Juzgado de lo Penal nº 2 de Gijón), a un progenitor por incumplir su deber de pagar mensualmente una pensión alimenticia a favor de sus dos hijos.

En la sentencia que se analiza ahora, dictada el 17 de septiembre de 2015, la Audiencia revocó la resolución del Juez de instancia y absolvió al recurrente. En este caso se trataba de un hombre que no pagó los 600 euros de la pensión de alimentos, establecida a favor de sus dos hijos menores de edad, durante el periodo de tiempo comprendido entre enero y mayo del año 2012.

El hombre alegó, en su defensa, que durante el periodo que no pagó estaba preso y, además, no percibía ninguna prestación por desempleo. Sin embargo, durante el año anterior, a pesar de sólo ingresar 4.300 euros por su trabajo, abonó 3.600. Y durante los primeros meses del año 2012, aunque no satisfizo la pensión por completo, pagó 1.700 euros.

Los mismos Magistrados que, en la ocasión mencionada anteriormente, condenaron al obligado (D. Santiago Veiga Martínez, D. Bernardo Donapetry Camacho y Dña. Alicia Martínez Serrano), esta vez absolvieron al acusado del delito de abandono de familia en su modalidad de impago de la pensión alimenticia.

Conviene recordar que el Tribunal Supremo ha establecido, en numerosas ocasiones, la necesidad de que el impago se derive de la negativa al cumplimiento por parte del obligado para que se dé el delito. Cuando el incumplimiento trae causa de las dificultades económicas del progenitor, entonces no procede considerarle culpable ni, por lo tanto, condenarle.

La pensión a la que hemos hecho referencia tiene como finalidad ayudar al otro progenitor, al cuidado del cual han quedado los hijos menores, con los gastos inherentes a la atención de los hijos: educación, ropa, actividades extraescolares, alimentación, etc…

Por último, no quisiéramos concluir el artículo sin destacar cómo las resoluciones de un mismo Tribunal pueden diferir con relación a un mismo delito, siempre conforme a los hechos planteados y a las pruebas que se aporten al proceso. Eso ha motivado que el acusado, considerado inocente, se haya ahorrado una multa de 10 euros diarios durante 24 meses.

M. López M. López
Pues en mi despacho, ya llevo dos casos, en los que los Jueces han "permitido el impago", en uno de ellos, al recurrir, la Audiencia ha confirmado, y absuelve al obligado. Hay sujetos ( en éste último incluso amistad con un Juez) que tienen patente de corso para incumplir las obligaciones, es más éste sujeto, ha denunciado a la madre, por no dejar ver al menor (no le llevó al punto de encuentro, en donde le habían incluso recomendado, que no lo llevara...bajo cuerda, claro... ) después de estar incumpliendo igualmente él el régimen de visitas por más de 6 meses. Que toman estos jueces por la mañana una tisana de "maría"?
25 de noviembre de 2015

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El incumplimiento de una medida cautelar aparece tipificado en el Código Penal como un delito de quebrantamiento de condena.

Si a una persona se le ha impuesto una medida de seguridad (pensemos en la prohibición de aproximarse a su ex novia) y la incumple, no sólo está perjudicando a la persona a la que no podía acercarse, sino que también está vulnerando las resoluciones judiciales. De ahí que el Código Penal castigue, en su artículo 468, el quebrantamiento de condena, concepto que engloba la prisión, las medidas se seguridad y cautelares, la conducción y la custodia.

Si el culpable estaba privado de libertad, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año. Si era libre, por el contrario, la pena será de multa de 12 a 24 meses. Ahora vamos a ver un caso en el que un hombre debía respetar una medida cautelar de prohibición de aproximación a su ex novia. No podía acercarse a menos de 300 metros del lugar donde ella se encontrase, ya fuese su domicilio, su lugar de trabajo o cualquier otro.

El mismo día que se le comunicó al hombre la obligación de respetar dicha medida -28 de diciembre de 2014-, presuntamente la incumplió, ya que aparcó su coche en la acera que había frente al pub en el que trabajaba su ex novia.

La Fiscalía interesó la condena del hombre. Sin embargo, el Juzgado de lo Penal nº 1 de Vigo lo absolvió (14 de enero de 2015). A pesar de ello, el Ministerio Fiscal seguía estando convencido de su culpabilidad. Por eso presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Vigo, cuyas normas internas lo derivaron a la Sección 5ª.

Sus Ilustres Magistrados, D. José Ramón Sánchez Herrero, D. José Carlos Montero Gamarra y Dña. Mercedes Pérez Martín Esperanza, procedieron a un interesante examen de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que prohíbe que el Tribunal que haya de resolver un recurso reexamine las pruebas del procedimiento sin una audiencia en la que las partes puedan debatir y defender sus intereses.

Si bien el acusado no había demostrado por qué se había parado enfrente del pub en el que trabajaba su ex novia, también era cierto que la acusación (la Fiscalía) no logró probar que el acusado conociera que ella trabajaba allí. A falta de otras pruebas, pudo tratarse, perfectamente, de una mera casualidad. Por eso el 21 de septiembre de 2015 la Audiencia Provincial ratificó la primera sentencia y absolvió al acusado de toda responsabilidad por el hecho enjuiciado.

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El delito de usurpación de un inmueble: cuando el ocupante de un piso o vivienda disfruta del mismo si poseer ningún título que le habilite para ello.

A pesar de las críticas de gran parte de la sociedad a los desahucios que se han practicado durante los últimos años, el profesional del derecho no puede dejar que le dominen la rabia y las ganas de ayudar a los demás. No todos los desahucios que se han llevado a cabo en nuestro país han afectado a personas económicamente desvalidas. Tampoco los dueños son siempre acreedores sin escrúpulos.

En numerosas ocasiones nos encontramos con propietarios que no pueden acceder a sus inmuebles por culpa de personas que han decidido ocuparlos, es decir, permanecer en su interior sin el consentimiento de su titular y, por lo tanto, de forma ilegítima. Este delito de usurpación tiende a ofrecer una protección penal al derecho de propiedad, constitucionalmente garantizado en el artículo 33 de la Carta Magna.

Podríamos hablar de un caso recientemente sentenciado por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Madrid. Los Magistrados que la integran, D. Eduardo Víctor Bermúdez Ochoa, D. Juan Pelayo García Llamas y D. Agustín Morales Pérez Roldán, dictaron el 11 de septiembre de 2015 una sentencia en resolución del recurso de apelación que una mujer, condenada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Getafe, había presentado con relación al delito comentado.

La mujer había sido condenada a 3 meses de multa, a razón de 3 euros diarios, como autora del delito de usurpación tipificado en el artículo 245.2 del Código Penal. Dicha sentencia fue ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid, pues se daban todos los elementos necesarios para ello:

- Ocupación efectiva de un inmueble ajeno que no constituía morada.

- Falta de consentimiento del propietario.

- Carencia de un título legítimo que habilitase la ocupación.

Frente a los argumentos esgrimidos por la recurrente, que afirmaba que no tenía intención de permanecer indefinidamente en la finca, el Juez de primera instancia y los Magistrados de la Audiencia, después de valorar las declaraciones de los testigos, llegaron a la certeza de que la mujer pretendía lo contrario de lo que afirmaba.

Así, había cambiado la cerradura de la finca y se negó a que unos pintores enviados por el propietario hicieran su trabajo. Tales circunstancias, unidas al testimonio de los agentes que acudieron al lugar de los hechos, restaron credibilidad a las afirmaciones de la acusada. Ésta tuvo, finalmente, que cumplir la sentencia ratificada por la Audiencia Provincial.

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Reincidencia de un padre en el delito de abandono de familia por impago de la pensión de alimentos a sus hijas.

El delito de abandono de familia, en su modalidad de incumplimiento de la pensión alimenticia establecida a favor de los hijos, puede ser cometido repetidamente por la misma persona en base al impago reiterado de una misma pensión. En el caso que vamos a ver a continuación un hombre, divorciado de su ex mujer y con dos hijas, llegó a ser condenado hasta en cuatro ocasiones por este delito.

Los Tribunales de lo Civil de Granada determinaron, en última instancia, que debía abonarle 300 euros al mes a su ex mujer en concepto de pensión compensatoria y 300 euros a la hija mayor y 150 a la menor como pensión de alimentos. Después de que el hombre incumpliera repetidamente sus obligaciones, fue condenado tres veces por el mismo delito.

El cuarto proceso se inició nuevamente a instancias de la ex mujer. Después de la instrucción del procedimiento por el Juzgado de Violencia sobre la mujer nº 2 de Granada, el Juzgado de lo Penal nº 4 de la misma ciudad le condenó, en base al artículo 227.1 y 3 del Código Penal, a la pena de 6 meses de prisión. Concurría, además, la circunstancia agravante de reincidencia contemplada en el artículo 22.8 del citado Código.

Como suele ser habitual en este tipo de casos, el hombre argumentó que no tenía capacidad económica suficiente para pagar las respectivas pensiones. Así que interpuso un recurso de apelación frente a la cuarta condena. Fue la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Granada la encargada de resolver el recurso.

Sus Magistrados, Dña. Aurora María Fernández García, D. José Juan Sáenz Soubrier y D. Juan Carlos Cuenca Sánchez, analizaron si concurrían los tres requisitos exigidos para condenar por el delito de abandono de familia:

- Resolución judicial de condena al pago de una pensión de alimentos.

- Incumplimiento de la obligación.

- Medios económicos suficientes para hacer frente a la misma.

Los dos primeros requisitos se daban claramente: había varias sentencias que confirmaban las pensiones y el hombre había reconocido el impago. Faltaba por determinar cuál era la causa del mismo. Después de analizar las pruebas presentadas, los Magistrados concluyeron que el hombre había incumplido su obligación voluntariamente, pues disponía de medios suficientes para el pago, al menos de forma parcial.

El 23 de abril de 2015 la ex mujer obtuvo una sentencia favorable a sus intereses. La Audiencia de Granada ratificó la condena a 6 meses de prisión de su ex marido, así como una indemnización de 5.100 euros tanto para la ex mujer como para la hija mayor. Dña. María Jesús de la Cruz Villalta fue la procuradora que representó a la mujer (constituida en acusación particular) a lo largo de todo el procedimiento.

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Si usted ha obtenido la custodia de sus hijos en una sentencia de divorcio y su ex cónyuge no le paga la pensión establecida, no lo dude, denúnciele por el incumplimiento de dicho deber, pues constituye un delito de abandono de familia.

Cuando un deudor no asume su obligación de pagar un crédito, el acreedor tiene a su disposición la jurisdicción civil para reclamar su cumplimiento frente a los Tribunales. Sólo en contadas ocasiones el impago puede llegar a convertirse en un delito. Uno de estos casos se da cuando un progenitor ha sido condenado en la sentencia de separación o de divorcio a pagar una pensión en beneficio de sus hijos y no lo cumple.

De todas formas, no basta con el impago de una sola mensualidad. Deberá faltarse al cumplimiento, por lo menos, durante dos meses seguidos o cuatro no consecutivos. Por otra parte, imagínese que el obligado sufre una variación en su situación económica (se queda en el paro, tiene que hacer frente a una deuda muy cuantiosa, tiene hijos con otra persona, etc…). El Código Civil prevé dichas eventualidades, permitiendo que solicite ante el Juez de lo Civil una revisión de la cuantía de la pensión.

El sentido que tiene dicho pago es el de ayudar al sostenimiento de los hijos comunes. Éstos tienen unas necesidades básicas: estudiar, alimentarse, vestirse decentemente, etc… Por supuesto, la cantidad a pagar cada mes dependerá de los medios económicos del obligado al pago y del progenitor que tenga la custodia. Puede llegar a darse el caso, incluso, de que éste no necesite que aquél pague nada. Será el Juez, en todo caso, el que tendrá la última palabra.

Veamos un ejemplo. El Juzgado de lo Penal nº 1 de Gijón condenó al ex marido de la denunciante porque había incumplido durante tres meses su obligación de pagarle 450 euros mensuales para los gastos que generasen sus dos hijos. La condena fue de 5 meses de prisión, incluyendo una indemnización por valor de 1.393 euros.

Con la intención de que dicha sentencia fuese revisada, la Procuradora del condenado, Dña. Mª Eugenia Castañeira Arias presentó un recurso de apelación ante la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Gijón. Sus Magistrados, D. Santiago Veiga Martínez, D. Bernardo Donapetry Camacho y Dña. Alicia Martínez Serrano, analizaron las pruebas que se habían presentado en el primer proceso:

- El acusado tenía que pagar 450 euros al mes a su ex mujer porque tenían dos hijos en común.

- Durante el último año había cobrado una prestación por desempleo, obteniendo más de 9.000 euros.

- Tenía un coche de gama media con la ITV en vigor y estaba al corriente en el pago de su seguro.

De todos estos elementos se podía extraer la fácil conclusión de que el hombre poseía medios económicos suficientes para ayudar a mantener a sus hijos. De ahí que la Audiencia Provincial confirmara la sentencia y ratificada su condena.

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