La solución a tus necesidades legales

Publicaciones sobre Penalista

Añade una publicación

  Cerrar
  Cerrar
  Cerrar

Abogados Portaley.com Abogados Portaley.com
Abogados Expertos en Penal, Civil y Nuevas Tecnologías
Procedimiento abreviado en el que se trató de demostrar, por parte de la Fiscalía, que dos hombres habían llevado a cabo la compraventa de una pequeña cantidad de droga.

Cuando los agentes de la autoridad, en el curso de una investigación por tráfico de drogas, tratan de proporcionar al Ministerio Fiscal pruebas fehacientes relativas a transacciones de este tipo de sustancias, muchas veces encuentran el escollo de no poder apreciar el momento exacto de la entrega de la droga a cambio del dinero. Aunque todas las circunstancias apunten en esa dirección, es un hecho innegable que los policías no siempre presencian la transacción, sino los momentos anteriores y posteriores a la misma.

Esa falta de conocimiento impide a los jueces y magistrados afirmar, con la rotundidad que exigen tanto la Constitución como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que un determinado sujeto ha sido autor de una conducta concreta penalmente relevante. Eso genera, en la práctica, multitud de sentencias absolutorias, respetuosas con el derecho a la presunción de inocencia.

Ese aspecto garantista de nuestro ordenamiento jurídico se evidenció en la sentencia dictada por los Magistrados de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, D. Enrique Rovira del Canto, Dña. María Magdalena Jiménez Jiménez y Dña. Isabel Massigoge Galbis.

Los autos los habían recibido del Juzgado de Instrucción nº 3 de Arenys de Mar, que se había encargado del sumario de los hechos que tuvieron lugar el 14 de enero de 2014. Presuntamente todo ocurrió de la siguiente manera: un hombre, con la intención de comprar heroína, permitió que otro subiera a su furgoneta. Cuando finalizó la transacción, el vendedor se apeó del vehículo, momento en el que fue sorprendido por un Mosso vestido de paisano. El comprador fue detenido unos minutos después por otros agentes encubiertos.

Mientras que al presunto vendedor le aprehendieron una papelina con heroína, el presunto comprador no tenía ningún tipo de droga en su poder. Por ese motivo los Magistrados de la Audiencia absolvieron al vendedor, al no poder demostrar que hubiera vendido droga al otro hombre (a pesar de que éste afirmaba que le había comprado heroína y que la había arrojado por la ventanilla de la furgoneta).

El 16 de junio de 2015 se le notificó la sentencia al acusado, que estaba representado por la Procuradora Dña. Roser Castelló Lasauca. Aunque se le declaró inocente, la droga fue destruida, según marca la ley. Sin embargo, se le devolvió el dinero que le habían decomisado (17 euros).

Abogados Portaley.com Abogados Portaley.com
Abogados Expertos en Penal, Civil y Nuevas Tecnologías
Recurso de apelación interpuesto por un matrimonio que había sido condenado por amenazar a las familias de acogida de sus hijos y por sustraer a uno de ellos incumpliendo un mandato judicial.

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Santander condenó el 19 de octubre de 1999 a un hombre y una mujer, que estaban casados, por haber amenazado reiteradamente a los miembros de las familias de acogida con las que vivían sus dos hijos, un niño y una niña, cuya patria potestad había sido suspendida. Además, también habían sustraído a la niña cuando salía del circo con la madre de la mujer que la tenía acogida, aunque la menor fue recuperada cinco días después.

Los condenados, que actuaban representados por la Procuradora Dña. Carmen Martínez García, interpusieron un recurso de apelación contra la sentencia. Si bien era difícil que consiguieran librarse de la condena por el delito de amenazas, tenían todo de su parte para que les absolvieran del delito de desobediencia por haber incumplido el mandato judicial que les privaba de la custodia de sus hijos.

Del recurso tenía que conocer la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Santander. Los Magistrados que componían dicho Tribunal eran D. Marcial Helguera Martínez, D. Joaquín Tafur López de Lemus y D. Ignacio Mateos Espeso. Todos ellos estaban de acuerdo en mantener la condena por las amenazas, pero también coincidían en absolver a los acusados del delito de desobediencia.

Cuando los padres sustrajeron a su hija todavía no habían recibido la comunicación del mandato judicial, de manera que difícilmente podían haberlo incumplido, más todavía si nos encontramos ante una acusación penal al respecto. Teniendo todo lo anterior en cuenta, los Magistrados optaron por mantener las penas por el primer delito (amenazas), dos meses de arresto mayor y 120.000 euros de multa, y, al mismo tiempo, absolverles del de desobediencia.

Hay que tener en cuenta que esta sentencia, la que resolvía el recurso, fue dictada el 9 de junio del año 2000. Como los hechos enjuiciados y recurridos tuvieron lugar en el año 1990, la sentencia aplicó el Código Penal anterior al actual. Si el de hoy en día data de 1995 (con numerosas reformas posteriores), el que se aplicó en el presente caso fue el de 1973, que también fue merecedor de múltiples modificaciones. De ahí que las cifras mencionadas aparezcan en pesetas, y no en euros.

Abogados Portaley.com Abogados Portaley.com
Abogados Expertos en Penal, Civil y Nuevas Tecnologías
Proceso relativo a la caza prohibida de pájaros en un entorno natural. ¿Delito o infracción administrativa?

Esa fue la pregunta que se formularon los Magistrados D. Francisco de Paula Sánchez Zamorano, D. Félix Degayón Rojo y D. José Francisco Yarza Sanz, integrantes de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Córdoba, cuando el acusado presentó un recurso de apelación contra la sentencia que le había condenado, como autor de un delito contra la flora y la fauna (artículo 336 del Código Penal), a las penas de multa (20 meses a razón de 18 euros diarios) y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar y pescar durante 24 meses.

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Córdoba, después de las primeras diligencias -urgentes- instruidas por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Posadas, había considerado responsable al sujeto, encargado de la conservación del lugar, de cazar dos pájaros con trampas, un colirrojo tizón y una curruca cabecinegra. La caza de dichos pájaros, que se realizó con trampas de alambre (también conocidas como costillas), está prohibida.

Como decíamos, la Procuradora del acusado, Dña. María Dolores Enríquez Sánchez, interpuso un recurso de apelación frente a la sentencia. Su abogado basaba el recurso en dos fundamentos: en primer lugar, consideraba que no se habían valorado adecuadamente las pruebas, en el sentido de que no se había demostrado que su defendido hubiese colocado las trampas; en segundo lugar, los medios utilizados para cazar a los dos pájaros no podían considerarse especialmente destructivos o no selectivos.

El primer argumento era muy endeble, pues del conjunto de las pruebas aportadas al procedimiento podía deducirse con relativa facilidad que el acusado había sido el responsable de los hechos (sólo él tenía acceso al lugar en cuestión). Sin embargo, la Audiencia sí estimó el segundo, pues efectivamente las trampas empleadas no podían equipararse ni con el veneno ni con explosivos, mucho más perjudiciales para el entorno natural.

La conducta del sujeto no tenía, por lo tanto, encuadre en el artículo 336 del Código Penal. Tampoco en el 334, ya que no se trataba de especies en peligro de extinción. La sentencia, dictada el 13 de marzo de 2015, después de absolver al acusado, señalaba que los hechos podrían, en todo caso, ser sancionados como infracción administrativa.

Abogados Portaley.com Abogados Portaley.com
Abogados Expertos en Penal, Civil y Nuevas Tecnologías
Juicio relacionado con un posible delito de apropiación indebida cometido por la presidenta y por la tesorera de una asociación sin ánimo de lucro de Asturias.

El delito presuntamente cometido en el caso que va a analizarse a continuación estaba relacionado con la gestión económica llevada a cabo en la Sociedad Canina del Principado de Asturias. Había serios indicios delictivos contra su presidenta (años 1996-2011) y contra su tesorera (hasta el año 2011).

Sin ninguna duda, la administración que ambas habían llevado a cabo al frente de la mencionada asociación adolecía de múltiples ilegalidades y errores. Por otra parte, era preciso tener en cuenta que hasta el año 2015 el régimen fiscal de la asociación era de carácter especial, pues no tributaba ni por IVA ni por el impuesto de sociedades. Únicamente debían dejar constancia en los libros de sus asientos contables, así como de los inventarios y balances.

El sumario corrió a cargo del Juzgado de Instrucción nº 4 de Gijón hasta su conclusión, momento en el que las acusaciones fueron elevadas a la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Gijón, a la que le correspondía el proceso por turno de reparto. Los Ilustres Magistrados integrantes de dicha Sala de Justicia fueron: Dña. María Paz Fernández-Rivera González, D. Bernardo Donapetry Camacho y Dña. Alicia Martínez Serrano. La Procuradora del acusado era Dña. María Pilar Cancio Sánchez.

El Ministerio Fiscal solicitaba, amparándose en los artículos 250 y 252 del Código Penal (delito de apropiación indebida), tres años de prisión para cada una de las acusadas y una pena de multa de 9 meses a razón de 12€ diarios. La acusación particular, por su parte, sólo consideraba responsable a la presidenta, no a la tesorera.

La conducta de las mujeres había sido del todo punto inaceptable: habían inflado los gastos de los eventos que habían organizado, pagaban parte de las nóminas y de las pagas extras en negro, etc… Incluso recibieron ciertas cantidades cuando cesaron en sus cargos.

Sin embargo, a raíz de la jurisprudencia el Tribunal Supremo al respecto, los Magistrados de la Audiencia Provincial destacaron dos circunstancias esenciales: de un lado, para acusar por un delito de apropiación indebida, cuando concurran las circunstancias mencionadas, es preciso que se haya practicado una liquidación de cuentas; del otro, las irregularidades fiscales no formaban parte del proceso.

De manera que, sin perjuicio de perseguir los hechos adoptando otro enfoque o en la jurisdicción civil, procedía absolver a ambas acusadas. Así se les comunicó y se hizo público el 1 de julio de 2015.

Abogados Portaley.com Abogados Portaley.com
Abogados Expertos en Penal, Civil y Nuevas Tecnologías
Procedimiento incoado por un delito de robo en dos bares en el que el aspecto central del caso está relacionado con la validez del reconocimiento fotográfico del presunto culpable.

La identificación visual del autor de un delito, ya sea por la víctima del mismo o por un testigo, es uno de los elementos probatorios que pueden incorporarse al juicio. Sin embargo, el mero reconocimiento fotográfico en sede policial debe ser completado por el que se realice ante una rueda de reconocimiento, en la que previamente habrá sido incluido el sospechoso.

Los Magistrados de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Soria, Dña. María Belén Pérez-Flecha Díaz, D. José Manuel Sánchez Siscart y D. José Luis Rodríguez Greciano realizaron un exhaustivo análisis de esta cuestión en la resolución de un recurso de apelación contra una sentencia que dictó el Juzgado de lo Penal nº 1 de Soria.

Este último había condenado a un sujeto, y absuelto a otros dos, hombre y mujer, por un delito continuado de robo con fuerza en las cosas (artículos 237 y siguientes del Código Penal). Tres personas habían forzado, empleando puntales de obra, la entrada a dos locales en los que había sendas máquinas tragaperras, de las que sustrajeron casi 25.000€.

Como decíamos, sólo uno de los tres acusados había sido condenado, concretamente a una pena de prisión de 2 años. Así que presentó, a través de su Procuradora, Dña. Pilar Alfageme Liso, un recurso de apelación contra la sentencia, que fue resuelto el 11 de junio de 2015.

La acusación de la Fiscalía se basaba en dos pruebas. De un lado, el atestado y la declaración testifical de dos Guardias Civiles que habían multado a los sospechosos. Sin embargo, eso tuvo lugar una noche antes de que se produjeran los robos. Por otra parte, resultaba también muy importante el testimonio de una testigo, hija del dueño de uno de los locales, que había reconocido a uno de los ladrones.

La cuestión fundamental residía en que la testigo sólo había identificado al sospechoso en unas fotografías que le habían enseñado los agentes, sin que posteriormente se hubiera ratificado en una rueda de reconocimiento. De ese modo, las versiones del acusado y de la testigo se oponían, por lo que, ante la falta de otros medios de prueba, debía prevalecer el derecho a la presunción de inocencia. Eso fue lo que motivó la revocación de la sentencia y la absolución del acusado.

Abogados Portaley.com Abogados Portaley.com
Abogados Expertos en Penal, Civil y Nuevas Tecnologías
Juicio en el que los Magistrados de la Audiencia Nacional tuvieron que decidir acerca de si la asistencia y participación al funeral de un etarra constituyó un delito de enaltecimiento del terrorismo.

El 30 de maro de 2013 murió un etarra que estaba cumpliendo condena en Francia. Después de que la hermana de fallecido y una parlamentaria de Sortu fuesen a París a realizar las gestiones necesarias para la repatriación del cadáver, su cuerpo llegó al País Vasco el 12 de abril. En el funeral se gritaron diversas consignas a favor del etarra, de ETA y de la lucha armada. La mayoría de los asistentes portaban ikurriñas y uno de ellos realizó un baile regional.

La Guardia Civil puso los hechos en conocimiento del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. La Fiscalía, representada por Dña. Teresa Sandoval, interesaba la condena, por un delito de enaltecimiento del terrorismo, de uno de los participantes en el funeral-homenaje del etarra fallecido, para el que solicitaba las penas, en virtud de los artículos 578 y 579 del Código Penal, de 1 año y 6 meses de prisión y de 12 años de inhabilitación absoluta.

A raíz de una agenda que habían intervenido en el coche del acusado, la Guardia Civil estimaba que éste no sólo había intervenido en el acto de recibimiento al cuerpo del etarra, sino que él mismo lo había organizado. El acusado, por su parte, negaba que la agenda le perteneciera, aunque se negó a facilitar un cuerpo de letra manuscrita para demostrarlo. La agenda, cuya letra se cotejó con la de una carta que escribió en prisión años atrás, resultó ser suya.

Por otra parte, el acusado había sido visto por la Guardia Civil hablando con el conductor del coche fúnebre, dando indicaciones posteriormente a los asistentes al acto para que le siguieran.

El juicio se desarrolló, ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con los siguientes Ilustres Magistrados: Dña. Manuela Francisca Fernández Prado, D. Nicolás Poveda Peñas y D. Fermín Echarri Casi. El Procurador del acusado fue D. Javier Cuevas Rivas.

Los Magistrados de la Audiencia Nacional consideraron que no era posible atribuir al acusado la autoría de un delito de enaltecimiento del terrorismo: las anotaciones de la agenda no permitían afirmar que él hubiera organizado el homenaje y, por otra parte, no se llegó a acreditar, a través de las grabaciones del acto, que hubiera proferido gritos a favor de ETA.

Según los Magistrados, todo se desarrolló como en el funeral de cualquier otra persona, con la carga sentimental propia de un acto de esas características. Así que el 22 de junio de 2015 el acusado quedó absuelto de responsabilidad por su conducta.

Abogados Portaley.com Abogados Portaley.com
Abogados Expertos en Penal, Civil y Nuevas Tecnologías
No siempre la vía penal es la más adecuada cuando de reclamar un perjuicio patrimonial se trata. Veremos a continuación un proceso, con el propietario de una parcela y un constructor implicados, en el que la responsabilidad civil estaba mucho más clara que la penal.

Las dos partes de este proceso celebraron un contrato de permuta, en virtud del cual un hombre entregaba una parcela y el otro se comprometía a darle una vivienda de futura construcción, edificada precisamente sobre el terreno cedido (ambas propiedades fueron valoradas en 122.000€). Sin embargo, transcurridos los 36 meses que los contratantes se habían dado para que el constructor cumpliera con su parte, las obras seguían sin comenzar.

Llegó a obtenerse la licencia de obra, pero las dificultades económicas del sector de la construcción impidieron al empresario afrontar sus obligaciones. Tras diversos requerimientos verbales, durante los cuales el constructor había hipotecado el inmueble, el transmitente de la parcela presentó una denuncia contra aquél. El propietario de la parcela y su mujer atravesaban una mala situación económica, subsistiendo ambos con una pensión de 500€.

Después de la incoación de un procedimiento abreviado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cáceres, éste remitió los autos a la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Cáceres, que dictó una sentencia condenatoria contra el acusado por un delito de apropiación indebida (artículo 252 del Código Penal).

Se le impusieron las penas de 2 años y 6 meses de prisión y una multa de 9 meses con una cuota diaria de 6€, además de las costas procesales. Tendría que indemnizar a la víctima con 122.000€, el valor que las partes le habían atribuido a la parcela.

El Procurador del condenado, D. Francisco J. Milán Rentero, presentó un recurso de casación contra la sentencia. Era competente para resolverlo la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, correspondiéndole la Ponencia de su sentencia a D. José Ramón Soriano Soriano.

El argumento del recurso consistía en que los hechos enjuiciados no eran constitutivos de un delito de apropiación indebida, pues para que éste exista es necesario que el título jurídico en cuya virtud se haya entregado el bien (en este caso, la finca) genere en el receptor la obligación de devolverlo. Reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo excluye de esta obligación a la compraventa, el mutuo, el préstamo, la donación y, lo que aquí nos interesa, la permuta.

El caso tenía muchas posibilidades de éxito en la vía civil, donde el dueño de la parcela podría reclamar los daños y perjuicios causados, pero no penalmente. A pesar del injusto comportamiento del acusado, el 8 de julio de 2015 el Tribunal Supremo le absolvió de toda responsabilidad penal.

Abogados Portaley.com Abogados Portaley.com
Abogados Expertos en Penal, Civil y Nuevas Tecnologías
Recurso de apelación en un proceso por delitos de robo con violencia y de lesiones, en cuyo fallo resultó fundamental la circunstancia de que los testigos no hubieran presenciado personalmente los hechos.

El denunciante fue agredido en plena calle la madrugada del 20 de enero de 2012. Al parecer dos personas habían intentado robarle por la fuerza, para lo que le habían golpeado en el rostro. La proximidad de dos barrenderos en la zona hizo que los dos asaltantes huyeran. El agredido fue tratado en un centro médico cercano, donde le dieron dos puntos de sutura. Después fue a la comisaría a denunciar la agresión.

Dos chicos jóvenes, de nacionalidad marroquí, fueron detenidos dos horas después de interponer la denuncia. Fueron juzgados por separado, de manera que nos centraremos en la evolución del caso de uno de ellos. El Juzgado de lo Penal nº 3 de Bilbao le condenó por los delitos de robo con violencia y de lesiones, imponiéndole 1 año y 6 meses de prisión, además de la obligación de indemnizar a la víctima con 100€ por las lesiones causadas.

El condenado optó por recurrir la sentencia, de lo que se encargó su Procuradora, Dña. Verónica Blanco Cuende. La revisión de la condena correspondió a la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Bilbao, en la que estaban destinados D. Miren Nekane San Miguel Bergareche, D. Ángel Gil Hernández y D. José Ignacio Arévalo Lassa.

Había demasiadas incoherencias en el caso: el hombre estaba borracho cuando le agredieron, por lo que no podía conservar un buen recuerdo de los hechos; los barrenderos no declararon en el juicio; los dos testigos que sí lo hicieron no habían presenciado la agresión, únicamente habían hablado con los barrenderos; el detenido había sido aprehendido por la policía un poco lejos de donde se situó la acción; no existían pruebas de que la finalidad de la agresión fuera el robo de lo que la víctima portase en ese momento.

Todas estas circunstancias, siendo quizá la principal que los testigos no habían visto cómo pegaban a la víctima, no podían tener otro efecto que el de mover a los Magistrados a revocar la sentencia condenatoria. Por lo tanto, el 18 de noviembre de 2014 el recurrente fue declarado absuelto de responsabilidad penal por los hechos que se le imputaban.

Abogados Portaley.com Abogados Portaley.com
Abogados Expertos en Penal, Civil y Nuevas Tecnologías
Procedimiento en el que se evidencia, una vez más, la dificultad de obtener pruebas en los delitos contra la libertad sexual, de los que no suele haber testigos. En este caso, el cuidador de un chico y un amigo suyo eran acusados de un delito continuado de abuso sexual a un menor.

Tras el atestado de los Mossos d’Esquadra, las actuaciones dieron comienzo el 25 de diciembre de 2010. El Juzgado de Instrucción nº 3 de Granollers, después de instruir el sumario correspondiente, dictó auto de enjuiciamiento, siendo atribuida la competencia para conocer del mismo a la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, integrada por los Ilustres Magistrados D. Fernando Jerónimo Valle Esqués, D. José Grau Gassó y D. Josep Niubò I Claveria.

Había dos hombres acusados de haber abusado sexualmente de un menor, que tenía una discapacidad psíquica del 75%. Uno de ellos era su cuidador: le recogía del colegio y estaba con él en casa hasta que llegaba su madre. El otro era un amigo del primero, con el que convivía y que había ido en dos ocasiones a la vivienda, una para arreglar un ordenador y la otra para ver un partido de fútbol.

Un día el niño le dijo a su madre que el amigo del cuidador le había hecho “cosas malas”. Pero sus versiones no siempre eran las mismas, unas veces atribuía los hechos al cuidador y otras a “un amigo suyo”. Para complicarlo todo, el menor tenía tendencia a autolesionarse, lo que podía ofrecer otra interpretación de las heridas que presentaba.

Como uno de los acusados, el cuidador, estaba en paradero desconocido en la fecha del juicio, éste se desarrolló únicamente con el otro acusado, representado por el Procurador D. Óscar Entrena Lloret.

Hubo muchos testimonios en el juicio, pero ninguno de ellos fue concluyente: el acusado negaba haber abusado del menor; otras personas que le habían cuidado habían corroborado que se autolesionaba y que era difícil comunicarse con él; los médicos dijeron que era difícil determinar la causa de las heridas.

Ante tal falta de pruebas, la Fiscalía, a través de Dña. Carmen Portolés, retiró la acusación, que, sin embargo, fue mantenida por la madre de la víctima. En virtud del artículo 183 del Código Penal, su abogado solicitaba que fuese condenado a 14 años de prisión y a no acercarse (a menos de 1.000 metros) ni comunicarse con la víctima durante 15 años, amén de indemnizar a la madre del menor con 60.000€ por los perjuicios morales y psicológicos causados.

Al igual que el Ministerio Fiscal, los Magistrados de la Audiencia no podían estar seguros de que el acusado hubiese abusado sexualmente del menor. No descartaban dicha posibilidad, pero tenían que respetar su derecho a la presunción de inocencia. Así que el 2 de junio de 2015 declararon su absolución.

Abogados Portaley.com Abogados Portaley.com
Abogados Expertos en Penal, Civil y Nuevas Tecnologías
El hecho de que los hijos menores de edad se nieguen a estar con uno de sus progenitores, aunque a éste se le haya reconocido dicho derecho en sede judicial, no constituye una falta de incumplimiento de las obligaciones familiares.

Cuando los miembros de un matrimonio deciden separarse o divorciarse, han de adoptarse una serie de medidas encaminadas a resolver o a regular aquellos aspectos que les vinculaban, siendo el más importante de ellos el que atañe a los hijos menores de edad, en caso de que existan.

Aunque actualmente se le ha dado un impulso legislativo a la custodia compartida, sin embargo, no es esa la situación en la que a día de hoy se encuentran la mayoría de cónyuges separados o divorciados. En esos casos, el Juez tendrá que aprobar el acuerdo al que hayan llegado los cónyuges o establecer él mismo lo que considere más adecuado para los menores.

Para garantizar el cumplimiento de las medidas relacionadas con los hijos, fundamentalmente las relativas al pago de pensiones y al derecho a visitarles y a estar en su compañía por parte del progenitor que no conviva con ellos, el Código Penal tipifica algunas conductas perjudiciales para las relaciones familiares.

En el caso que nos ocupa, el Juez había dispuesto que el padre tenía derecho a estar con sus hijos los fines de semana alternos, desde las 18:00 del viernes hasta las 20:00 del domingo. A los menores irían a recogerles, al domicilio donde vivían con su madre, su abuelo paterno y otra persona. Sin embargo, ambas partes acordaron, para el día de los hechos enjuiciados, que la recogida se efectuara en un campo de fútbol y fuera el propio padre el que fuera a por ellos. Como los menores se negaron a irse con él, éste interpuso una denuncia contra la madre.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Lalín consideró a la mujer responsable de una falta de incumplimiento de las obligaciones familiares, imponiéndole una pena de multa de 300€. La condenada, a través de su Procuradora, Dña. María Belén Álvarez Sánchez, interpuso entonces un recurso de apelación contra la sentencia, que había sido dictada el 14 de enero de 2015.

El recurso fue estimado, tal y como relata en su resolución la Ponente del mismo, Dña. María Cristina Navares Villar, integrante de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Es cierto que la madre tenía el deber, judicialmente establecido, de permitir que sus hijos pasasen ese fin de semana con su padre. No obstante, el hecho determinante de que eso no se produjera no era atribuible a ella, sino a los hijos, que se habían negado a ir con su padre.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la mujer en ningún momento impidió el cumplimiento de dicha obligación, no podía estimarse que hubiera cometido falta alguna. De modo que el 30 de junio de 2015 se revocó la primera sentencia y se la absolvió de responsabilidad.

< anterior    1   ...    3     4     5     6     7     8     9     10
Publicidad
-




¿Tiénes dudas legales?
Click aquí para plantear tu pregunta