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BUENAVENTURA CUCO JOSA BUENAVENTURA - Baleares
La estancia en prisión o en situación de desempleo, no exime de la obligación de asegurar el bienestar de los hijos

Cuando un matrimonio se disuelve y uno de los progenitores debe pasar la oportuna pensión de alimentos para sus hijos, en ocasiones surgen situaciones que dificultan su cumplimiento como perder el trabajo y carecer de recursos suficientes o, como en este caso que nos ocupa, la entrada en prisión. A menudo, esta situación puede resultar comprensible sin embargo la legislación actual es clara al respecto y no considera este tipo de situaciones como eximentes al obligado cumplimiento de proveer el bienestar de los hijos menores de edad.

En relación a un proceso de divorcio ocurrido en Ibiza, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha sido tajante al respecto, como ahora comprobaremos.

En primera instancia, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Ibiza, donde fue Procurador de los Tribunales Buenaventura Cucó Lujosa, resolvió un divorcio acordando el fin de la convivencia, estableciendo el domicilio habitual de la mujer y sus dos hijos menores de edad, disolviendo el régimen de bienes gananciales, estableciendo un período de vistas y, evidentemente, fijando una distribución de gastos entre ambos progenitores, incluida una pensión de alimentos de 400€ que el padre debería pasar puntualmente cada mes. Aunque con algunas discrepancias respecto a la cuantía, esta mujer recurrió dicha sentencia fundamentalmente porque en ella se establecía que, durante el período de estancia del padre en prisión (y también durante los dos meses posteriores a su salida), los gastos referidos al pago de hipoteca y créditos quedarían suspendidos y del mismo modo, la pensión alimenticia para sus hijos quedaría reducida a sólo 60€ por niño.

Considerando esta cantidad del todo insuficiente y argumentando que a pesar del cambio de situación del padre, las necesidades de los niños son exactamente las mismas, esta mujer interpuso un recurso solicitando que se anulase dicha suspensión y ahora, el tribunal no ha podido ser más claro al expresar en su resolución que “el hecho de estar en prisión no puede ser, por si mismo, una excepción a la obligación de pago de la pensión de alimentos, pues el fin único de estas medidas es el bienestar de los hijos menores, no del padre o de la madre, sino de los hijos menores”. Por tanto, este hombre deberá hacer frente igualmente a sus obligaciones, ya sea en prisión ya sea fuera de ella.

Legadoo Legadoo
Los abogados de Familia son los que se dedican a tratar las siguientes materias:

Matrimonio (celebración, separación, divorcio, nulidad, régimen económico, etc.).
Relaciones paterno-filiales (patria potestad, obligaciones de alimentos, etc.).
Relaciones de parentesco.
Adopción, acogimiento, tutela.
Sucesiones (testamentos, legítimas, legados, herencias, etc.).

Dos de las preguntas más frecuentes que nos podemos encontrar en esta especialidad son las siguientes:

I. ¿Cómo es el proceso de divorcio?

- Mutuo Acuerdo: en los procedimientos de mutuo acuerdo son los propios cónyuges, quienes, con el asesoramiento y la intervención de sus letrados, pactan las medidas que, en el futuro, regularán su nueva situación. Estos acuerdos quedan reflejados en un documento que se llama Convenio Regulador que se presentará al Juzgado para su aprobación, junto con la demanda de separación o divorcio.

- Procedimiento Contencioso: si no se alcanza el acuerdo, será necesario acudir al Tribunal que, fijará las medidas derivadas de la declaración de separación o divorcio, en función de las peticiones que realice y justifique cada cónyuge.

II. ¿Cuáles son las medidas del proceso de separación o divorcio?

Patria Potestad de los hijos e hijas menores: es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres sobre los hijos e hijas y que comprende el deber de cuidarlos, educarlos, alimentarlos, representarlos y administrar sus bienes. El ejercicio de la patria potestad corresponderá, de forma compartida, a ambos progenitores, salvo excepciones contempladas legalmente, lo que significa que todas aquellas decisiones importantes que afecten a la vida de los hijos e hijas comunes deberán ser tomadas de forma conjunta por ambos progenitores.


Guarda y Custodia de los hijos e hijas menores: es una de las facultades comprendidas dentro de la patria potestad que consiste en el deber de convivencia y el cuidado y atención de los hijos e hijas menores, sometidos a custodia. La guarda y custodia puede atribuirse a uno solo de los progenitores o bien puede atribuirse de forma compartida, lo que significa que los hijos e hijas comunes podrán residir, de forma alterna, con uno y otro progenitor.

Régimen de visitas y comunicaciones con los hijos e hijas menores. En todo caso deberá establecerse un régimen de comunicaciones de los hijos e hijas comunes, en relación con el progenitor que no conviva con ellos. Se configura como un derecho-deber que se concretará en cada supuesto, en función de las circunstancias concretas de cada familia.


Uso de la vivienda familiar: el Código Civil establece que el uso de la vivienda familiar y del mobiliario y ajuar doméstico, corresponderá a los hijos e hijas y al cónyuge en cuya compañía queden, salvo acuerdo en contrario.


Pensiones alimenticias: están destinadas a cubrir todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación de los hijos e hijas comunes y se fijarán tanto a favor de los menores, así como de los mayores de edad que convivan en el hogar familiar y no sean independientes económicamente.

Deberá, por tanto, fijarse una cantidad, que será abonada mensualmente, por doce mensualidades al año. La cuantía de la pensión alimenticia se actualizará anualmente. Para fijar la cuantía de la pensión alimenticia se tendrán en cuenta los ingresos de ambos progenitores así como las necesidades de los hijos e hijas. El Código Civil entiende que el cuidado y atención que se presta a los hijos constituye también una forma de contribución.


Gastos extraordinarios: son aquellos gastos necesarios e imprevisibles que se ocasionan en el cuidado, atención y formación de los hijos e hijas y que deberán ser cubiertos por ambos progenitores proporcionalmente a los ingresos de cada uno (p.ej.: tratamientos médicos no cubiertos por los seguros públicos o privados).


Contribución a las cargas: se entienden por cargas las obligaciones económicas que se han contraído durante el matrimonio (ej.: hipoteca). En la resolución judicial deberá fijarse en qué porcentaje deberá contribuir cada cónyuge al pago de dichas obligaciones.


Pensión compensatoria: el cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho al reconocimiento de una pensión compensatoria. Esta pensión podrá ser fijada por un tiempo determinado o establecerse por tiempo indefinido y podrá abonarse en un único pago o de forma mensual.

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