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Juicio contra varias personas por un posible delito contra los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores extranjeros.

La Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife conoció de unos hechos, en principio, bastante graves. El Ministerio Fiscal acusaba a cuatro personas por varios delitos contra los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores extranjeros, relacionados con la prostitución de diferentes mujeres de origen brasileño.

Una investigación especial de la Policía (Unidad contra Redes de Inmigración) llevó a que la Fiscalía presentara una denuncia contra cuatro personas, implicadas presuntamente en una red de prostitución. El sumario fue instruido por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Santa Cruz de Tenerife.

Dos de ellos (un hombre y una mujer) eran titulares de dos locales de alterne, en los que también vivían las chicas, presuntas víctimas de los delitos. Otro hombre tenía una agencia de viajes que facilitaba la llegada de aquéllas a España desde Brasil. La última acusada, una mujer, realizaba diferentes actividades administrativas y de mantenimiento de los locales.

Aunque la práctica de la prostitución por parte de las mujeres que vivían y trabajaban en los locales estaba clara (ellas mismas lo habían reconocido), no existían pruebas de peso como para condenar a los cuatro acusados. Las chicas que declararon en el juicio dijeron que pagaban por los servicios que se les prestaban (comida, casa…) y que habían ejercido la actividad libremente. De hecho, casi todas habían vuelto a Brasil después de un tiempo.

La sentencia, dictada el 19 de noviembre de 2014, contuvo un pronunciamiento absolutorio para los cuatro imputados. El Ponente, Don Aurelio Santana Rodríguez, resume los delitos y las penas que pedía la Fiscalía:

- A los dueños de los locales: delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (artículo 318 bis del Código Penal) y delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros (artículo 312 CP). Penas: 10 años de prisión y multa de 1.620€.

- Al dueño de la agencia de viajes: 7 años de prisión por el primero de los delitos (artículo 318 bis CP).

- A la otra mujer: 3 años de prisión y multa de 1.620€.

El Ministerio Fiscal también interesaba la imposición a los acusados de las costas procesales y el pago de una indemnización a cada una de las víctimas de 5.000€, a pagar solidariamente por los cuatro.

Pero, como decíamos más arriba, la falta de pruebas de cargo suficientes motivó que se declarara la falta de responsabilidad criminal de los cuatro sujetos.

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Juicio por un delito contra la seguridad de los trabajadores y lesiones imprudentes.

Vamos a analizar un caso en el que, por culpa de la falta de las medidas de seguridad necesarias, un trabajador sufrió un aparatoso accidente. La víctima había sido contratada como peón para la ejecución de una obra. A pesar de no tener la formación necesaria, había sido advertido de que también ejercería las funciones de gruista. Pero un día, cuando estaba subiendo materiales con la grúa hasta la parte más elevada del edificio, ésta le golpeó, cayendo al vacío.

Como se probó a lo largo del juicio, tres eran las medidas de seguridad con las que no contaba la obra: arneses de seguridad (ni puntos de anclaje), barandillas reforzadas para evitar caídas y plataforma para descargar materiales. Como consecuencia de la caída el trabajador sufrió las siguientes secuelas: temblor de las manos, visión doble, pérdida parcial de la visión, del gusto y del olfato y perjuicio estético, de las que tardó 261 días en recuperarse (22 hospitalizado y 239 impeditivos). Estas lesiones motivaron la discapacidad para seguir desempeñando su oficio.

Los acusados fueron el representante legal de la empresa constructora, que no fue juzgado por su avanzada edad y delicado estado de salud, el encargado de la obra y el coordinador de seguridad y salud de la misma. Mientras que aquél, el encargado, admitió su culpabilidad, el coordinador de seguridad, por su parte, intentó defenderse mediante argumentos nada convincentes. Quedó demostrado que no había anotado en el libro de incidencias ninguna de las omisiones relativas a las medidas de seguridad, así como su negligencia a la hora de prever que un señalista ayudase al peón a realizar las tareas de descarga de la grúa.

Los dos acusados fueron considerados responsables de dos delitos por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Murcia. El Juez, Julio Guerrero Zaplana, les hizo merecedores de las siguientes penas:

- 6 meses de prisión y 6 meses de multa por el delito contra la seguridad de los trabajadores. La multa ascendía a 6€ diarios (total = 1.080€).
- Por las lesiones imprudentes, 1 año de prisión.
- Además, y por todo el tiempo de la condena, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.
- También se les impuso la pena de inhabilitación para el ejercicio de su profesión, por el tiempo de un año.

Como la pena total de prisión era inferior a 2 años, el Juez acordó su suspensión durante un plazo de 2 años, condicionada al pago de la multa impuesta.

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