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Recurso de apelación interpuesto contra una sentencia que condenaba a un hombre por haber agredido y amenazado a otro, al que presuntamente le había causado lesiones permanentes en su mano derecha.

El denunciante se encontraba tranquilamente en su casa cuando, de repente, su mujer llegó afirmando que un vecino la había llamado “hija de puta”. El hombre, bastante extrañado, salió al rellano de la escalera, donde el referido vecino se encontraba discutiendo con su yerno. Entonces se desentendió de la discusión y se abalanzó contra el marido de la ofendida, que cayó al suelo como consecuencia de un empujón. El agresor también empujó a la hija del agredido.

Eso ocurrió el 20 de julio de 2007. Pues bien, varios días después, el 12 de octubre, cuando el hombre se encontraba en la calle charlando con dos conocidos -su cuñado y otro vecino-, el agresor se le acercó y le dijo “te voy a abrir la cabeza, hijo de puta”.

No fue hasta que tuvieron lugar esas amenazas cuando el hombre se decidió a denunciar los hechos, aunque la sentencia tardó bastante en dictarse (hasta el 18 de febrero de 2014) por el Juzgado de lo Penal nº 5 de Getafe.

En ella se le consideraba autor de un delito de lesiones (artículo 147 del Código Penal), por el que le impuso la pena de 6 meses de prisión, así como de dos faltas, una de maltrato de obra (por el empujón a la hija del denunciante) y otra de amenazas (por el comentario que realizó en la calle en presencia de dos testigos), por las que se le condenó a sendas penas de multa. Además, le obligaban a indemnizar a la víctima con 9.600€.

Sin embargo, la representación procesal del condenado presentó un recurso de apelación contra la sentencia. El recurso se fundamentaba en dos argumentos: de un lado, que las lesiones en la mano del denunciante no habían sido causadas por el acusado; del otro, que las faltas habían prescrito antes de que se dirigiera el procedimiento contra ellas.

Los Magistrados de la Sección nº 30 de la Audiencia Provincial de Madrid, Don Carlos Agueda Holgueras, Doña Pilar Oliván Lacasta y Don Carlos Martín Meizoso, tenían dudas con respecto a la causa de los problemas en la mano del agredido, ya que los informes médicos que había presentado eran de fecha muy posterior a los hechos (unos dos meses). ¿Tanto había tardado en acudir al médico?

Por lo tanto, si no apreciaban la existencia del delito de lesiones, que era el que marcaba el plazo para estimar prescritas las faltas (al ser el que mayor pena tenía prevista), tenían que atender a la prescripción de estas últimas, hecho que consideraban incontrovertible. Así que el 26 de enero de 2015 resolvieron el recurso. En él se absolvía al acusado del delito de lesiones, mientras que las dos faltas que se le imputaban se declararon prescritas.

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Apelación de un hombre que había sido condenado por proferir algunas amenazas por WhatsApp a su mujer, de la que se estaba divorciando.

La pareja protagonista de este procedimiento judicial se encontraba en trámites de divorcio, en noviembre del año 2014, cuando el hombre, movido ciertamente por la frustración de la situación que estaba viviendo, le hizo llegar a su mujer, a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, determinados comentarios de carácter ofensivo.

Además, los hechos se completaron el 2 de diciembre de 2014. Aquel día la mujer del acusado se encontraba en el interior de su vehículo acompañada de los dos hijos del matrimonio. Él se acercó y le hizo algunos comentarios hirientes. Sin embargo, no consta que la agrediese ni que le causase ningún tipo de lesión.

Los comentarios a los que nos referimos eran del siguiente tenor: “a todo el mundo le llega su hora”, “tu padre tiene los días contados”, “se sale de la cárcel, pero no del hoyo”, “eres una puta”, etc…

La mujer decidió denunciar los hechos, que fueron enjuiciados por el Juzgado de lo Penal nº 33 de Madrid. Le consideraron responsable de un delito continuado de amenazas en el ámbito familiar (artículo 171 del Código Penal), por el que le impusieron las penas de 70 días de trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 3 años y prohibición de acercarse a su mujer (a menos de 500 metros) o de comunicarse con ella durante 2 años.

Sin embargo, le absolvieron del delito de malos tratos familiares (artículo 153 del Código Penal), pues, como ya se ha mencionado, no se pudo acreditar que agrediera a la víctima.

El condenado recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid, siendo competente la Sección 27ª de la misma. Tres eran las Magistradas encargadas de resolver el recurso: Doña María Tardón Olmos, que actuaba en calidad de Ponente, Doña Consuelo Romera Vaquero y Doña María Teresa Chacón Alonso.

El abogado del recurrente esgrimía, en favor de su defendido, que los comentarios que había hecho a su mujer no podían considerarse constitutivos de un delito de amenazas. Éstas tienen que ser graves, serias, susceptibles de intimidar a la víctima con la comisión de un delito… y no se daban todas esas circunstancias exigidas por el Tribunal Supremo.

La Audiencia revocó la primera sentencia y declaró absuelto al hombre de toda responsabilidad penal por los hechos enjuiciados. Así quedó establecido el 23 de marzo de 2015. Las costas del recurso se decretaron de oficio (ninguna de las partes tenía que abonarlas).

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Recurso de apelación presentado por un hombre que fue condenado por amenazar a su ex mujer con divulgar un vídeo íntimo en internet.

El delito de amenazas se da cuando una persona trata de coartar la libertad o la voluntad de otra, utilizando para ello la intimidación de cometer contra ella algún delito u otra conducta no aceptable. Teniendo esto en cuenta, el Juzgado de lo Penal nº 5 de Pamplona condenó a un hombre por haber amenazado a su ex mujer con publicar en internet un vídeo en el que ella aparecía masturbándose.

Consideraba el Juez que tales hechos eran muy graves, teniendo en cuenta el perjuicio que podría haberse causado a la mujer de haber cumplido su ex marido las amenazas. Por eso las penas que se le impusieron eran considerables: 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 1 año y 1 día y, además, prohibición de acercarse (a menos de 300 metros) o de comunicarse con ella durante 1 año y 6 meses.

El condenado, obviamente insatisfecho con dicha resolución, interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Pamplona el 18 de julio del año 2014. La Audiencia no aceptó como probados los hechos que así habían sido declarados en la sentencia condenatoria. Y ello, explica el Ponente, Don Francisco José Goyena Salgado, por las siguientes dos circunstancias:

- En primer lugar, porque no pudo demostrarse que el hombre amenazara a su ex mujer con divulgar el supuesto vídeo (ahora veremos por qué lo llamamos supuesto). La única prueba que había en ese sentido era la declaración de la víctima, lo que, a juicio de la Audiencia, era demasiado poco como para condenar al ex marido.

- En segundo lugar, y casi tan importante como el punto anterior, de ninguna de las maneras había quedado acreditada la existencia del vídeo. No es que éste no se hubiera aportado a la causa, es que ni siquiera se había probado que se hubiese grabado a la mujer en una actitud tan íntima.

Aceptando que para que exista delito de amenazas es necesario que éstas sean reales, es decir, que tengan la entidad suficiente como para coartar a la víctima, y dada la práctica ausencia de pruebas, la Audiencia no entendía cómo había sido condenado el acusado. No tuvo más remedio que dictar sentencia absolutoria y revocatoria de la primera.

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Recurso frente a una sentencia absolutoria por un delito de coacciones contra la exmujer del acusado.

El punto de partida de la sentencia que vamos a ver lo marca el divorcio de un matrimonio en el año 2008. En el convenio regulador del divorcio se dispuso que la mujer se quedaría, previo pago de la mitad que correspondía a su marido, con la vivienda que pertenecía a ambos, para vivir en ella con sus hijos, y también que asumiría el resto del pago de la hipoteca.

Tres años después del divorcio ella aún no había procedido a cambiar el contrato del suministro de agua, que todavía seguía a nombre de su exmarido. Éste, indignado por la situación, intentó dar de baja el contrato, enviándole un mensaje de texto a su exmujer en el que le decía que, si no quería que le cortaran el agua, debía acudir a las oficinas de la empresa suministradora y dar de alta un nuevo contrato, esta vez a su nombre.

Ella se sintió intimidada y presentó denuncia por un delito de coacciones (artículo 172 del Código Penal). Sin embargo, la Magistrada del Juzgado de lo Penal nº 7 de Sevilla no estimó las pretensiones de la acusación, absolviendo al acusado. Entonces el abogado de la denunciante presentó recurso de apelación contra la sentencia, fundamentado en el error en la apreciación de la prueba.

Del recurso conoció la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, que dictó sentencia el día 27 de enero de 2015. Según el Ponente de la misma, Don José Manuel de Paul Velasco, el razonamiento de la Magistrada que había juzgado los hechos en Primera Instancia era el adecuado.

Los hechos probados no podían ser, en ningún caso, constitutivos de un delito de coacciones, pues éstas requieren un elemento de violencia que aquí brillaba por su ausencia. Tampoco podían ser considerados como falta de coacciones (artículo 620 CP). Quizá los hechos fuesen recriminables desde el punto de vista ético, pero nunca desde el prisma penal. Por otra parte, también es verdad que la mujer había dispuesto de varios años para poner a su nombre el contrato del agua.

Por eso la Audiencia Provincial confirmó la primera sentencia, ratificando la absolución del acusado. A pesar de ello, no observaron mala fe en la presentación del recurso, de modo que declararon el pago de oficio de las costas procesales.

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Recurso interpuesto contra una condena por delito de amenazas en el ámbito familiar.

El Juzgado de lo Penal nº 3 Albacete dictó sentencia contra un hombre acusado de haber amenazado a su expareja. El sujeto en cuestión había sido condenado anteriormente a la pena de prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de ella durante 1 año y 6 meses. Estando vigente aún esta pena, una tarde empezó a seguirla por las calles de su localidad. En dos ocasiones ella le pidió que se marchara, a lo que él respondió diciéndole que se iba a enterar de quién era él.

El Juzgado le condenó como autor de un delito de amenazas en el ámbito familiar (artículo 171 del Código Penal) a las penas de prisión de 10 meses, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por 3 años, prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de ella -con independencia del lugar donde se encontrase- o de establecer contacto de cualquier tipo -en ambos casos durante 3 años- y al pago de las costas procesales.

El condenado interpuso recurso de apelación ante la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Albacete. La resolución del mismo fue redactada por la Ponente, Doña María de los Ángeles Montalvá Sempere. En la Sentencia de la Audiencia se hace referencia a otras anteriores de carácter similar. En ellas se consideró que expresiones tales como "te acordarás de mí" o "te voy a enseñar quién soy yo", a pesar de ser desafortunadas y algo inquietantes en ocasiones, sin embargo, no son lo suficientemente graves como para fundamentar una condena por amenazas.

El delito de amenazas requiere la intención, en el autor del delito, de intimidar al receptor de sus palabras o gestos, pero también que éstos tengan, desde un punto de vista objetivo, entidad suficiente para amilanar el ánimo de la víctima. Las palabras o mensajes han de anunciar un mal inminente, grave, injusto y determinado.

No todas las expresiones presentan estas características, lo que se evidencia en el caso analizado, pues la Audiencia dictó sentencia absolutoria del inicialmente condenado, declarando de oficio el pago de las costas procesales.

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Recurso en el que la Audiencia analiza la posible concurrencia de la eximente de intoxicación plena.

La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de La Coruña tuvo que estudiar, en la sentencia que vamos a ver a continuación, si absolvía al condenado en base a la concurrencia de la eximente completa de intoxicación plena. Recordemos que el Código Penal excluye de responsabilidad criminal a los sujetos que se hallen bajo el influjo de sustancias que alteren su voluntad o capacidad de discernimiento, concretamente el alcohol, las drogas tóxicas, los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas.

El recurrente fue condenado por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Ferrol por haber amenazado con matar a los camareros de un bar y a varios agentes de Policía mientras estaba en estado de embriaguez. Cuando los camareros se negaron a servirle más alcohol, el sujeto comenzó a proferir amenazas blandiendo una navaja. Cuando llegó la Policía, también les amenazó, dirigiéndose a uno de los agentes en particular. Además de la navaja, le incautaron un bote de pastillas.

El Juez de lo Penal le condenó por un delito de amenazas graves (artículo 169 del Código Penal) y por una falta de respeto a los agentes de la autoridad (artículo 634 CP), aplicando solamente la eximente incompleta de intoxicación semiplena por la ingesta de alcohol y drogas.

Las penas fueron las de 3 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufrario pasivo por el mismo tiempo y prohibición de acercarse a menos de 200 metros de la discoteca donde habían ocurrido los hechos durante 9 meses, así como una multa de 60 euros y una medida de seguridad de libertad vigilada, consistente en acudir a un centro de desahabituación de las sustancias a las que era adicto, para ser sometido a controles periódicos, durante un plazo de 9 meses.

El condenado recurrió la Sentencia frente a la Audiencia Provincial. En palabras del Ponente, Don Juan Luis Pía Iglesias, aunque los hechos declarados probados por la primera sentencia eran correctos, sin embargo, el fallo tendría que haber sido absolutorio para el denunciado, ya que la intoxicación que sufría no era semiplena, sino plena, merecedora, por lo tanto, de la aplicación de la eximente completa por introxicación.

El sujeto no sabía ni lo que estaba haciendo ni tenía capacidad para controlarlo. Ese es el motivo por el que el Código Penal opta por no imponerle la pena que se merecería. Por el contrario, sí se le mantuvo la medida se seguridad de libertad vigilada, expresamente revista para este tipo de casos.

Legadoo Legadoo
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

CAPÍTULO II

De las amenazas

Artículo 169

El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado:

1.º Con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito. De no conseguirlo, se impondrá la pena de prisión de seis meses a tres años.
Las penas señaladas en el párrafo anterior se impondrán en su mitad superior si las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o de reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos.

2.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido condicional.
Artículo 170

1. Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas superiores en grado a las previstas en el artículo anterior.

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años, los que, con la misma finalidad y gravedad, reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de organizaciones o grupos terroristas.


Artículo 171

1. Las amenazas de un mal que no constituya delito serán castigadas con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, atendidas la gravedad y circunstancia del hecho, cuando la amenaza fuere condicional y la condición no consistiere en una conducta debida. Si el culpable hubiere conseguido su propósito se le impondrá la pena en su mitad superior.

2. Si alguien exigiere de otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar o difundir hechos referentes a su vida privada o relaciones familiares que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su fama, crédito o interés, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años, si ha conseguido la entrega de todo o parte de lo exigido, y con la de cuatro meses a dos años, si no lo consiguiere.

3. Si el hecho descrito en el apartado anterior consistiere en la amenaza de revelar o denunciar la comisión de algún delito el ministerio fiscal podrá, para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de acusar por el delito cuya revelación se hubiere amenazado, salvo que éste estuviere castigado con pena de prisión superior a dos años. En este último caso, el juez o tribunal podrá rebajar la sanción en uno o dos grados.

4. El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.


5. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las contempladas en el apartado anterior de este artículo, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de seis meses a tres años.

Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5, en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.


6. No obstante lo previsto en los apartados 4 y 5, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.


CAPÍTULO III

De las coacciones

Artículo 172

1. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.

Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código.

También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.

2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.

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