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Dentro del derecho a la protección del honor, nos encontramos los delitos de calumnias e injurias. Abogados Portaley, especialistas en Derecho Penal asesora a sus clientes en este tipo de delitos. Vemos como ha crecido este tipo de delitos debido al uso de las nuevas tecnologías y herramientas de comunciación a través de Internet, como pueden ser las redes sociales, blogs, etc...

En caso de encontrarse en la necesidad de contactar con una abogado especializado en el tema, no dude en consultar con Abogados Portaley

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La derogación de las faltas del Código Penal deja sin castigo las injurias de carácter leve.

Durante los últimos meses se han dictado numerosas sentencias relativas a esta cuestión. La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (que entró en vigor el pasado 1 de julio), ha destipificado del Código Penal las faltas. Eso significa que las conductas menos graves previstas en el mismo han de quedar, a partir de ahora, sin castigo. Algunas se han transformado en delitos leves y otras, en cambio, directamente han desaparecido.

Sería conveniente analizar una sentencia a este respecto. Un hombre había sido denunciado por los comentarios vertidos en una página web. La acusación solicitaba para él que fuera condenado por la falta de injurias (antes tipificada en el artículo 620.2 del Código Penal). Sin embargo, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Mérida le absolvió el 11 de junio de 2015, no considerando injuriosas sus manifestaciones.

Descontenta con la sentencia, la denunciante presentó un recurso de apelación contra la misma ante la Audiencia Provincial de Mérida, correspondiéndole su conocimiento a la Sección 3ª. Su Magistrada titular, Dña. María Dolores Fernández Gallardo, ratificó la primera sentencia el 9 de septiembre de 2015, pues la conducta ha sido despenalizada por la citada reforma. La alusión en el recurso a los artículos relativos al delito de injurias no tenía ningún fundamento, pues los hechos habían sido tipificados como falta, no como delito.

A partir de ahora, los procesos que haya pendientes por faltas se resolverán del siguiente modo: si la conducta ha pasado a ser delito leve, se seguirá el procedimiento para sancionarla; si, por el contrario, la conducta ha desaparecido por completo del Código, únicamente podría continuarse el procedimiento para exigir la responsabilidad civil oportuna (si no la hubiera o el interesado renunciase a reclamarla, se archivará lo actuado).

Todo lo anterior es consecuencia del principio de la retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables o positivas para el reo. El Derecho Penal nunca se aplica retroactivamente en perjuicio del acusado o del condenado, pero sí lo hace a su favor. Por lo tanto, en lo sucesivo las injurias leves tendrán que resolverse ante los Tribunales de la jurisdicción civil, a través de la reclamación de la indemnización a que pudiera haber lugar.

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Absolución del acusado, en un juicio por calumnias, motivada porque la única prueba de cargo contra él fue su declaración durante la instrucción del procedimiento.

El protagonista de este proceso era un hombre que padecía graves problemas mentales. Tenía ideas delirantes y paranoicas relacionadas con la autoridad judicial y con los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dicha situación, además de impedirle trabajar, le llevó a presentar una denuncia en los Juzgados de Granada acusando a dos jueces y a un teniente de conspirar contra él. Se trataba, claramente, de una acusación calumniosa.

Así que el Ministerio Fiscal se personó contra el calumniador. Después de la instrucción del sumario por el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, fue el Juzgado de lo Penal número 2 el que dictó sentencia. El 26 de junio de 2014 le condenó a pagar una multa de 2 euros diarios durante tres meses, y eso que le aplicaron la eximente incompleta de alteración psíquica (lo que actúa como una atenuante).

A continuación, a través de la Procuradora de los Tribunales del condenado, Dña. Socorro Salgado Anguita, su defensa interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada. Su Sección Segunda, integrada por Dña. Aurora María Fernández García, D. José Juan Sáenz Soubrier y D. Juan Carlos Cuenca Sánchez, fue la encargada de resolverlo.

Argumentaba el recurrente, en primer lugar, que la valoración de sus declaraciones en sede sumarial, al basarse únicamente en ello su condena, no se había hecho de manera contradictoria, impidiéndole defenderse. Por otra parte, además, interesaba la aplicación de la eximente completa de alteración psíquica (lo que evita la imposición de la pena).

Hay que tener en cuenta que el hombre, dados sus problemas mentales, negó en el juicio que él hubiera presentado la denuncia y que su firma fuera la que constaba en la misma. También aseguró, al mismo tiempo, que el juicio era una farsa y que le estaban persiguiendo. Por el contrario, mientras le interrogaban durante la instrucción se había confesado culpable de todo.

Los Magistrados de la Audiencia atendieron la primera de las pretensiones de la defensa. Explican en su resolución (dictada el 4 de mayo de 2015) que el Juez puede, perfectamente, tener en cuenta el testimonio del acusado durante la instrucción del procedimiento para condenarle, especialmente cuando aquél difiera de lo manifestado en la vista del juicio oral.

Sin embargo, para poder hacerlo, y para que la prueba de cargo resida únicamente en dichas declaraciones, es necesario que el testimonio en sede sumarial se traiga a colación en el juicio oral. Puede hacerse directamente, leyendo el sumario en el juicio a instancia de las partes o del Juez, o de forma indirecta, haciendo mención a él.

Esa simple circunstancia bastó para que el hombre fuera absuelto de la condena. En el juicio no se habían confrontado sus dos declaraciones contradictorias, incumpliendo así la consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto.

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Recurso de apelación presentado por una mujer contra la sentencia que la condenaba como autora de un delito contra la intimidad y de una falta de injurias, cometidos al publicar diversos anuncios en internet a nombre de otra persona.

Aunque en el recurso de apelación sólo intervino la mujer, sin embargo, en el procedimiento anterior los acusados eran dos, ella y su novio. Llevaban saliendo unos cinco años cuando él tuvo una aventura con otra mujer, a la que conoció en Alicante cuando había ido a visitar a su novia por las Fiestas de las Hogueras de dicha localidad (él residía en Mataró).

Esa otra mujer puso término a su efímera relación, pero pocos días después se publicaron dos anuncios, en sendas páginas webs, en las que se ofrecían servicios de prostitución con fotografías suyas y sus datos personales. Más tarde apareció un anuncio en otra página en la que se mostraba dispuesta a concertar un matrimonio de conveniencia a cambio de dinero.

Después de recibir un correo electrónico muy ofensivo para ella, en el que se la tachaba de puta, entre otras cosas, decidió denunciar los hechos. El Juzgado de Instrucción nº 3 de Alicante abrió el correspondiente procedimiento abreviado, del que conoció el Juzgado de lo Penal nº 1 de la misma ciudad.

La Fiscalía, representada por el Ilmo. Sr. M. T. Vadell Mercadal, y la acusación particular solicitaban una condena para la mujer y su novio por un delito continuado contra la intimidad (15 meses de prisión y 9 de multa) y por una falta de injurias (40€ de multa).

El Juzgado estimó culpable sólo a la mujer, declarando absuelto al varón. Aquélla decidió interponer un recurso de apelación contra la sentencia, de cuyo conocimiento resultó competente la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Ilustres Magistrados Doña Francisca Bru Azuar (Ponente), Doña María Dolores Ojeda Domínguez (Presidente de la Sala) y Don César Martínez Díaz.

Había varios argumentos en su contra: la cuenta de correo electrónico desde la que se habían publicado los anuncios había sido creada y se había utilizado exclusivamente desde su ordenador; la IP desde la que se había hecho todo correspondía a la del domicilio de sus padres; ella era la novia del hombre que había mantenido una relación con la víctima.

Sin embargo, también contaba con algunos elementos a favor: su novio tenía conocimientos informáticos y le había instalado el ordenador; éste tenía los puertos abiertos, por lo que no se descartaba la posibilidad de que hubiese sido manipulado por personas desconocidas; ella no había tenido acceso al ordenador (y a las fotos que en él había) de la víctima, pero su novio sí.

Teniendo en cuenta el principio in dubio pro reo en la interpretación de las pruebas y el derecho a la presunción de inocencia del artículo 24 de la Constitución, la Audiencia revocó la sentencia condenatoria el día 12 de mayo de 2014. La mujer quedaba así absuelta de toda responsabilidad por los hechos enjuiciados.

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Recurso interpuesto por un hombre que había sido condenado por injuriar a su ex mujer delante de uno de los hijos que habían tenido cuando estaban casados.

Vamos a ver un caso en el que la interpretación de las pruebas presentadas en el juicio fue el criterio determinante para, primero, condenar a un hombre por una falta de injurias y, después, para absolverle de aquella pena.

Todo comenzó cuando se interpuso una denuncia por una mujer contra su ex marido. Según la mujer, éste hacía comentarios vejatorios contra ella ante a uno de los hijos que habían tenido durante su matrimonio (que ha se había disuelto). Expresiones tales como “no sirve para nada”, “es una puta”, etc…

La Magistrada titular del Juzgado de violencia sobre la mujer nº 1 de Cádiz consideró suficientes las declaraciones de la mujer y de su actual pareja para condenar al ex marido. En virtud del artículo 620.2 del Código Penal, le castigó, como autor de una falta de injurias, a la pena de 4 días de localización permanente en un domicilio distinto al de la víctima (no es que viviesen juntos, sino que así designa el Código Penal esta pena).

La reacción del condenado no se hizo esperar; interpuso un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz, que en turno de reparto correspondió a la Sección 3ª, representada por Don Miguel Ángel Ruiz Lazaga, como Magistrado único en este caso.

Para resolver el recurso el Titular de la Sección 3ª se planteó cuáles habían sido las pruebas que habían llevado a la condena del hombre. Entonces vio claro que se trataba de dos testigos de referencia (la ex mujer del condenado y su pareja actual), lo que significaba que no habían presenciado directamente los hechos, sino que hablaban de oídas.

Si esta clase de testimonios no sirven, con carácter general, para dictar sentencias de condena, mucho menos lo harán en las injurias, en las que el castigo se impone por proferir una expresión que lesione “la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”, términos literales del artículo 208, que es el que define las injurias.

El Magistrado de la Audiencia Provincial dictó sentencia el 20 de marzo de 2014. En su opinión, los hechos no habían llegado a demostrarse, pues las pruebas que se tuvieron en cuenta para la condena no eran suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del ex marido de la denunciante. Revocó la sentencia anterior y falló a favor de la libre absolución del recurrente.

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Recurso de apelación interpuesto contra una sentencia que condenaba a un hombre por calumnias e injurias, por segunda vez, por difundir panfletos ofensivos contra algunos de sus vecinos.

No fue un proceso sencillo el que quiere comentarse en este artículo. Un vecino de una localidad segoviana fue condenado por difundir varios panfletos en los que atribuía al alcalde una serie de conductas delictivas, constitutivas del delito de cohecho, por ejemplo. También aparecían mencionados otros convecinos suyos, empresarios que tenían tratos con el Ayuntamiento.

Después de esa primera condena, el hombre volvió a las andadas, siendo condenado nuevamente, esta vez no sólo por el delito de calumnias, sino también por el de injurias. Se le impusieron dos penas de multa (1.080€ y 540€, respectivamente), además de la obligación de desdecirse de sus afirmaciones por el mismo medio que había utilizado para divulgarlas.

Si bien la primera condena fue ratificada por la Audiencia Provincial, el sujeto decidió recurrir también la segunda, siendo competente la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Segovia. A la hora de resolver el recurso los Magistrados realizaron un interesante análisis del principio non bis in ídem, que significa que nadie puede ser condenado dos veces por unos mismos hechos, siempre que se trate de la misma conducta y ésta implique a los mismos individuos.

Los Magistrados en cuestión eran Don Andrés Palomo del Arco, Doña María Felisa Herrero Pinilla y Don Javier García Encinar. Tras un exhaustivo estudio del principio mencionado, llegaron a la conclusión de que la segunda condena lo conculcaba, pues se trataba esencialmente de los mismos hechos.

Hizo el Tribunal alusión a algún tratado internacional, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como a la Sentencia Oliveira contra Suiza, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todos estos documentos hacen hincapié en la necesidad de salvaguardar el principio non bis in ídem para la buena salud del sistema democrático de los estados.

Además, a pesar de que el Tribunal decretó la absolución del recurrente, también explicó que, en todo caso, el hombre habría cometido un delito de calumnias, pero no de injurias, pues éstas se subsumen dentro de aquellas (las primeras comprenden todos los actos de las segundas y, además, los amplían).

El 19 de marzo de 2014 fue el día que se resolvió el recurso, revocando la segunda sentencia condenatoria.

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