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Recurso de apelación en el que el acusado, por dos delitos contra la propiedad intelectual, impugnó la sentencia que le condenaba, alegando falta de legitimidad en la denuncia.

El Código Penal establece que la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial requiere la existencia de una previa denuncia del perjudicado (titular de los referidos derechos) o de sus representantes legales. En el caso que analizamos, este requisito fue puesto en duda por el acusado, hallándose ya en sede de apelación.

Cuando comenzó el proceso, los acusados eran dos, un hombre y una mujer. En su domicilio se les incautó numeroso material que vulneraba el derecho a la propiedad intelectual de terceros: copias ilegales de videojuegos y consolas modificadas (con un chip) para poder leer dichas copias. Además, la Policía creía que se dedicaban a vender estos artículos.

Tras las oportunas investigaciones del Juzgado de Instrucción de El Burgo de Osma, el Juzgado de lo Penal nº 1 de Soria absolvió a la mujer y condenó al hombre. A éste le consideraron responsable de dos delitos contra la propiedad intelectual (artículo 270, apartados 1 y 3, del Código Penal), correspondiéndole por cada uno de ellos la pena de 6 meses de prisión.

Pero el abogado del condenado supo platear bien el recurso de su defendido, que fue presentado por la Procuradora Sra. Alcalde Ruiz. El recurso de apelación se fundamentaba en el incumplimiento de una de las disposiciones del Código Penal, aquélla a la que hacíamos referencia al comienzo de este artículo: es necesario que el perjudicado o su representante legal presenten la denuncia que dé origen al proceso para perseguir esta clase de delitos.

La denuncia la formuló ADESE (Asociación de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento), entidad encargada de la gestión de los derechos de propiedad intelectual de sus clientes. Sin embargo, a la hora de hacerlo incumplió dos requisitos legales: carecía de una autorización del Ministerio de Cultura para actuar en juicio en beneficio de sus representados y no había presentado una copia de sus estatutos.

Los Magistrados de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Soria (que era la encargada de resolver el recurso), D. José Ruiz Ramo, D. José Miguel García Moreno y D. Rafael María Carnicero Giménez de Azcarate, a pesar de las pruebas que habían sido encontradas en el domicilio del acusado, tenían que ceñirse a la aplicación de las disposiciones del Código Penal. Y, en virtud de lo explicado, el inicialmente condenado tuvo que ser absuelto, revocándose la primera sentencia el 2 de abril de 2004.

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Recurso presentado por un ciudadano extranjero que había sido condenado por un delito contra la propiedad intelectual, al vender en el metro de Madrid copias ilegales de cd´s y dvd´s.

El 7 de diciembre de 2009 fue condenado por el Juzgado de lo Penal nº 10 de Madrid un hombre de origen senegalés, que se encontraba en situación irregular en España, al haberle detenido la Policía mientras ofrecía en una de las estaciones del metro de la capital la venta de copias de cd´s y dvd´s que no respetaban los correspondientes derechos de autor. Los agentes que detuvieron al presunto delincuente no presenciaron personalmente los hechos, pues habían sido avisados por los guardias de seguridad del metro.

En virtud de las disposiciones del Código Penal para estos casos, la condena que se le impuso, a las penas de prisión de 2 años y de multa durante 24 meses (con una cuota de 6 euros diarios), fue sustituida por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de regresar a él durante 10 años.

Sin embargo, la representación procesal del condenado, encarnada por la Procuradora Dña. María Lourdes Cano Ochoa, recurrió la sentencia en apelación. El recurso debía ser resuelto por la Sección 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid. Los Magistrados que componían dicha Sala de Justicia eran: D. José Luis Sánchez Trujillano, Dña. Manuela Carmena Rastrillo y Dña. María Jesús Coronado Buitrago.

La Audiencia, que acabó absolviendo al acusado de responsabilidad, basó su decisión en dos argumentos, uno de carácter principal y otro secundario. Comenzaremos por este último. Ni los agentes de Policía habían presenciado personalmente el intento de venta del material ilegal por parte del acusado ni otro de los testigos del juicio pudo identificarle, ya que no compareció en sede judicial.

Por otra parte, la razón fundamental para la revocación de la sentencia residió en que no se había comprobado, por parte de la Fiscalía, la vigencia de los derechos de autor correspondientes a las obras que se le habían incautado al acusado. De ahí que el 13 de mayo de 2010 éste resultara absuelto con todos los pronunciamientos favorables.

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Juicio contra varias personas de nacionalidad china acusadas de introducir ilegalmente en territorio español a otros compatriotas.

Los acusados tenían toda una red de falsificación de documentos de identidad, contaban con un pequeño comercio de teléfonos móviles, cuyo fax utilizaban para el envío y recepción de documentación y, en definitiva, estaba muy bien organizados. Operaban en las ciudades de Barcelona, Badalona y Santa Coloma de Gramanet.

Alertada de tales conductas, la Policía comenzó a investigar a cuatro sujetos, dos hombres y dos mujeres. De manera que solicitaron autorización para comenzar a interceptar las comunicaciones de los investigados al titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Santa Coloma de Gramanet, que se la concedió, así como sucesivas prórrogas.

Cuando los agentes se habían hecho una idea de la amplitud de la trama delictiva y de su modus operandi, pidieron autorización al Juez para efectuar varios registros domiciliarios. Con los indicios obtenidos a través de las escuchas telefónicas y de los registros concluyó el sumario. Los autos pasaron entonces a la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

Los Magistrados competentes para juzgar la responsabilidad de los acusados eran tres: Don José Antonio Rodríguez Sáez, Doña Angels Vivas Larruy y Don Eduardo Navarro Blasco. Actuando el primero de ellos como Ponente, la resolución del recurso se dio a conocer el 25 de mayo de 2015, con un resultado favorable a los acusados.

Las principales pruebas del juicio, obtenidas escuchando las llamadas de los investigados y accediendo a diversos domicilios pertenecientes a los mismos, tenían que ser declaradas nulas, pues se habían autorizado sin cumplir con los requisitos legales que impone la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

De modo que, a falta de cualquier otra prueba de cargo, los cuatro sujetos fueron absueltos de los delitos de los que se les acusaba: contra la propiedad intelectual (artículos 270 a 272 del Código Penal) y falsedad documental (artículos 390 a 394 CP), ambos en concurso con un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (artículo 318 bis CP).

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