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Los delitos de daños informáticos van en aumento y se producen por diferentes motivos, desde trabajadores insatisfechos, empresas que han tenido algún tipo de relación con nuestra empresa y un largo etcétera, por ello os dejamos este artículo donde se trata este tipo de delito de daños informáticos como ejemplo de este tipo de delitos penales que se encuentran recogido en el Código Penal Español. Tanto si ha sido víctima como denunciado por este tipo de delitos, puede necesitar asesoramiento legal, por ello puede contar con Abogados Portaley, un despacho de abogados especializado en este tipo de delitos.

Recientemente se ha detenido a un hombre que, tras su despido, decidió vengarse de la empresa para la que trabajaba. Esta persona era quien gestionaba la página web, las redes sociales y la publicidad online. ¿Y cuál era la forma más sencilla para este hombre de llevar a cabo su plan? Pues a través de sus conocimientos, saboteando a la empresa a través de los delitos de daños informáticos.

Según el artículo 264 del Código Penal, podrá ser castigado con pena de cárcel de hasta 3 años aquel que borre, altere, deteriore, obstaculice o dañe programas o datos informáticos ajenos y sin consentimiento.

Los delitos de daños informáticos, una infracción que va en aumento - Abogados Portaley penal, civil
Esta persona era quien gestionaba la página web, las redes sociales y la publicidad online. ¿Y cuál era la forma más sencilla para este hombre de llevar a cabo su plan? Pues a través de sus conocimientos, saboteando a la empresa a través de los delitos de daños informáticos.

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Dentro del delito de daños nos podemos encontrar los delitos relacionados con la alteración y destrucción de documentos, equipos informáticos y programas software.

En caso de ser víctima de este tipo de delito, se deberá poner en contacto con un abogados penalista, especializado en los delitos de daños informáticos.

En este tipo de delitos se pueden causar un perjuicio económico a las personas y el Código Penal español ha recogido estos tipos de delitos.

Estos delitos se pueden dar tanto contra personas como empresas, pero es especialmente relevante que contra empresas o instituciones jurídicas es cuando contar con un abogados especialista para ser asesorado se hace más importante.

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Ejemplo de un caso en el que se aprecia cómo la falta de pruebas en el proceso y las disposiciones legales pueden dejar sin sanción unos hechos (destrozo de un vehículo) que, en apariencia, eran claramente delictivos.

A pesar de que los indicios y las declaraciones testificales apunten en un sentido concreto, las resoluciones judiciales penales están enormemente influidas por múltiples requisitos, tanto de los delitos en sí como de carácter procesal. Ambas circunstancias motivaron que los hechos que van a verse a continuación quedaran, en última instancia, desprovistos de sanción.

Tres individuos se encontraban en el interior del vehículo de uno de ellos, que estaba aparcado en el aparcamiento de la plaza de toros de Leganés. En un momento dado, los tres se acercaron a otro vehículo que estaba allí estacionado y comenzaron a darle golpes y a arrancarle sus elementos exteriores: antena de radio, espejos retrovisores, alerón trasero, taloneras laterales, etc... Cuando los sujetos fueron sorprendidos por los encargados de la seguridad del aparcamiento, huyeron del lugar.

A los tres se les imputó un delito de daños (artículo 263 del Código Penal), del que fueron juzgados por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Getafe. Como uno de ellos indemnizó al propietario del vehículo afectado con 1.000 euros, se le impuso una pena inferior (4 meses de multa) a la de los otros dos (7 meses de multa). Todos se beneficiaron de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas (los hechos tuvieron lugar en 2005 y la sentencia condenatoria recayó el 5 de noviembre de 2013).

Los tres condenados optaron por recurrir la sentencia en apelación. Fue aquí, en la segunda instancia, donde el proceso cobró un mayor interés. Los Magistrados de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Madrid, Dña. Ana Mercedes del Molino Romera, Dña. María Luisa Aparicio Carril y Dña. Teresa García Quesada, estimaron que no era aceptable el fallo de la sentencia dictada en primera instancia.

Por un lado, en el juicio no se demostró, por parte de ningún perito, que los daños en el vehículo excedieran de 400 euros (límite a partir del cual la conducta constituye delito, no falta), y eso que, presumiblemente, la reparación le había costado al perjudicado 1666 euros.

Por otra parte, si los hechos tenían que calificarse de falta, los acusados podían beneficiarse de la prescripción de la misma, pues el proceso había estado detenido más de 6 meses (plazo para la prescripción de las faltas) en más de una ocasión. En la actualidad la situación ha cambiado, teniendo en cuenta la última reforma del Código Penal afectante a las faltas.

Esas vicisitudes legales llevaron a los Magistrados de la Audiencia a revocar la sentencia inicial, decretando la absolución de los acusados el 16 de marzo de 2015. A nada que la acusación hubiese sido más exhaustiva, los tres habrían sido finalmente condenados. Sin embargo, ninguna pena se les impuso.

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