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Dentro del delito de daños nos podemos encontrar los delitos relacionados con la alteración y destrucción de documentos, equipos informáticos y programas software.

En caso de ser víctima de este tipo de delito, se deberá poner en contacto con un abogados penalista, especializado en los delitos de daños informáticos.

En este tipo de delitos se pueden causar un perjuicio económico a las personas y el Código Penal español ha recogido estos tipos de delitos.

Estos delitos se pueden dar tanto contra personas como empresas, pero es especialmente relevante que contra empresas o instituciones jurídicas es cuando contar con un abogados especialista para ser asesorado se hace más importante.

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Ejemplo de un caso en el que se aprecia cómo la falta de pruebas en el proceso y las disposiciones legales pueden dejar sin sanción unos hechos (destrozo de un vehículo) que, en apariencia, eran claramente delictivos.

A pesar de que los indicios y las declaraciones testificales apunten en un sentido concreto, las resoluciones judiciales penales están enormemente influidas por múltiples requisitos, tanto de los delitos en sí como de carácter procesal. Ambas circunstancias motivaron que los hechos que van a verse a continuación quedaran, en última instancia, desprovistos de sanción.

Tres individuos se encontraban en el interior del vehículo de uno de ellos, que estaba aparcado en el aparcamiento de la plaza de toros de Leganés. En un momento dado, los tres se acercaron a otro vehículo que estaba allí estacionado y comenzaron a darle golpes y a arrancarle sus elementos exteriores: antena de radio, espejos retrovisores, alerón trasero, taloneras laterales, etc... Cuando los sujetos fueron sorprendidos por los encargados de la seguridad del aparcamiento, huyeron del lugar.

A los tres se les imputó un delito de daños (artículo 263 del Código Penal), del que fueron juzgados por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Getafe. Como uno de ellos indemnizó al propietario del vehículo afectado con 1.000 euros, se le impuso una pena inferior (4 meses de multa) a la de los otros dos (7 meses de multa). Todos se beneficiaron de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas (los hechos tuvieron lugar en 2005 y la sentencia condenatoria recayó el 5 de noviembre de 2013).

Los tres condenados optaron por recurrir la sentencia en apelación. Fue aquí, en la segunda instancia, donde el proceso cobró un mayor interés. Los Magistrados de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial de Madrid, Dña. Ana Mercedes del Molino Romera, Dña. María Luisa Aparicio Carril y Dña. Teresa García Quesada, estimaron que no era aceptable el fallo de la sentencia dictada en primera instancia.

Por un lado, en el juicio no se demostró, por parte de ningún perito, que los daños en el vehículo excedieran de 400 euros (límite a partir del cual la conducta constituye delito, no falta), y eso que, presumiblemente, la reparación le había costado al perjudicado 1666 euros.

Por otra parte, si los hechos tenían que calificarse de falta, los acusados podían beneficiarse de la prescripción de la misma, pues el proceso había estado detenido más de 6 meses (plazo para la prescripción de las faltas) en más de una ocasión. En la actualidad la situación ha cambiado, teniendo en cuenta la última reforma del Código Penal afectante a las faltas.

Esas vicisitudes legales llevaron a los Magistrados de la Audiencia a revocar la sentencia inicial, decretando la absolución de los acusados el 16 de marzo de 2015. A nada que la acusación hubiese sido más exhaustiva, los tres habrían sido finalmente condenados. Sin embargo, ninguna pena se les impuso.

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Recurso interpuesto contra la sanción impuesta a un menor por una falta de daños.

Antes de analizar la sentencia correspondiente, convendría recordar que los menores de edad no pueden ser declarados criminalmente responsables de un delito o falta según el Código Penal. A los adolescentes que tengan más de 14 años y menos de 18 se les aplica la Ley de responsabilidad penal del menor, cuya finalidad es prodominantemente reeducadora y resocializadora.

Las medidas privativas de libertad sólo se aplican en casos extremos de menores realmente peligrosos. En los demás casos las medidas son mucho más benignas: tratamientos educativos, asistencia a centros de día, convivencia con una familia, trabajos comunitarios, etc...

Los hechos que aquí nos interesan (falta de daños) fueron enjuiciados por el Juzgado de Menores de Valladolid, que declaró la responsabilidad de un chico por los daños causados a una farola de su localidad (Encinas de Esgueva) cuando regresaba por la noche a casa en compañía de unos amigos.

Tendría que cumplir 30 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad, pagar los daños causados en la farola (ascendían a 181´50€; sus padres eran responsables solidarios, esto es, los que tienen que pagar los daños si el menor no cuenta con recursos suficientes; se les presume una culpa in vigilando e in educando) y las costas pocesales.

Las prestaciones a las que nos referimos suelen estar relacionadas con actividades vinculadas al delito o falta cometido, o bien con víctimas de los mismos. Muchas veces se intenta que el menor entre en contacto con las consecuencias de sus actos y se haga consciente de las mismas.

De modo que su abogado presentó recurso de apelación ante la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Valladolid. Lo fundamentó en una deficiente apreciación de la prueba por parte del Juez de Menores. El Ponente de la sentencia de la Audiencia, Don Fernando Pizarro García, explica que, aunque un vecino vio a los chicos tirando piedras, no puede afirmarse con total rotundidad que el recurrente causara los daños esa misma noche, puesto que muchas de las farolas ya habían sido deterioradas con anterioridad.

Y es que estamos ante una de los elementos fundamentales de los procesos penales: sólo cuando no haya dudas acerca de la conducta de un individuo, se le podrán imputar las consecuencias de sus actos. El principio de presunción de inocencia (artículo 24.2 de la Constitución) así lo exige. El vecino que denunció a los chavales pudo haberse equivocado de chico o de farola. Ese es el motivo que llevó a la Audiencia a retirar la sanción al menor.

Legadoo Legadoo
Juicio por un pequeño incendio causado por un enfermo mental.

Si bien la Fiscalía, en un primer momento, calificó los hechos como un delito de incendio con peligro para la vida, sin embargo, la acusación final versó sobre un delito de daños (artículos 263 y 266 del Código Penal). Este último fue el delito que motivó la Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de Pamplona el 14 de octubre de 2014, siendo Ponente de la misma Don Francisco García Romo.

Al acusado se le había diagnosticado una enfermedad metal -esquizofrenia paranoide- y tenía numerosos antecedentes, aunque ninguno apropiado para fundamentar un incremento de la pena a través de la circunstancia agravante de reincidencia.

El 20 de noviembre de 2012, alrededor de las 5 de la mañana, en pleno brote de su enfermedad, pegó fuego a varias mantas y prendas de ropa, lo que dio lugar a un incendio en el descansillo de su piso. Los vecinos llamaron a la Policía y entonces el acusado trató de extinguir el incendio utilizando un extintor de la vivienda. El fuego provocó daños en el suelo, las paredes y el techo del descansillo, así como en la puerta y el felpudo de su vecino de enfrente. Los daños ascendieron a 1.153´51€.

El acusado se encontraba mejor en el momento del juicio y, seguramente por intermediación de su abogado, aceptó por conformidad la pena propuesta por el Ministerio Fiscal, 6 meses de prisión -además de la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo-.

No obstante es preciso tener en cuenta cómo influyó la enfermedad del condenado a la hora de establecer la pena:

- Por un lado, se le aplicó la circunstancia eximente incompleta de anomalía psíquica (o, lo que es lo mismo, una atenuante del artículo 21.1 del Código Penal). El legislador español considera que las personas aquejadas de enfermedades mentales graves no pueden, o bien comprender la ilicitud de los hechos que realizan, o bien controlar los impulsos que les incitan a cometerlos.

- Por el otro, se acordó que el sujeto cumpliese, antes de ingresar en prisión, un periodo de 3 años -como máximo- de internamiento en un centro médico adecuado a su situación psicológica. En el hipotético caso de que saliese del centro antes de haber transcurrido 6 meses, tendría que ingresar en prisión por el tiempo que faltase hasta cumplirlos.

Al dictarse con la conformidad del acusado, la Sentencia era firme (no podía recurrirse). Además, se le impusieron las costas procesales y la indemnización de la responsabilidad civil derivada de los daños causados.

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