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MIRIAM PARDO ARRIBAS MIRIAM
Abogada
Los delitos contra la seguridad vial en la Memoria de la Fiscalía del año 2015.

España es, según el último cómputo de víctimas realizado a nivel europeo, el quinto país en muertes relacionadas con la siniestralidad vial: 36 por cada millón de habitantes. Si bien las cifras siempre son susceptibles de ser mejoradas, durante los tres últimos años ha descendido, en términos generales, el número de muertos y heridos en nuestras carreteras. El hecho de ir dejando atrás, poco a poco, la crisis económica no es algo baladí, sobre todo teniendo en cuenta que el año 2011 supuso el fin de la escalada en siniestralidad. Desde entonces las cifras son mejores cada año, aunque no cabe relajarse.


Todas las campañas y medidas que se han adoptado en España para mejorar las circunstancias relacionadas con la circulación automovilística, incluyendo no sólo a los conductores y a los pasajeros de los vehículos a motor, sino también a los peatones y a los ciclistas, deben enmarcarse en el compromiso europeo de reducción de accidentalidad, que ya se encuentra en su segunda fase (2010-2020).


Criterios fundamentales


Si bien no se desdeña la importancia de otras medidas, la Fiscalía considera cruciales dos aspectos en la lucha por disminuir la siniestralidad vial: la unificación de criterios entre los profesionales del derecho y la educación. El uso de criterios claros y uniformes a la hora de aplicar las normas relacionadas con la circulación es un elemento esencial para los operadores jurídicos, pues sólo de esa forma se conseguirá una pretendida equidad en las resoluciones judiciales, tanto penales como civiles.


Tampoco podemos olvidar, como decíamos, la educación. La mejor manera de prevenir los accidentes de tráfico y otros incidentes es educar y concienciar a toda la población, es decir, a los usuarios de las vías. Señala la Fiscalía que hay dos grupos de riesgo especialmente sensibles: los menores y los ancianos. Los accidentes de tráfico son la primera causa de mortalidad en el tramo de edad de 15 a 24 años. De ahí la importancia de adoptar las siguientes medidas:


. Integrar la formación vial en toda la etapa de enseñanza y aprendizaje de los jóvenes, esto es, dotarle de un carácter continuado.

. Implicar en dicha formación a los padres, a los profesores, a los agentes de policía y, en definitiva, a todas las Administraciones Públicas.


. Concienciar a la gente, haciendo hincapié en los adolescentes, de los peligros asociados a conducir bajo los efectos del alcohol y/o las drogas.


. Incrementar la exigencia de las pruebas físico/psíquicas de todos los conductores, especialmente de los de la tercera edad (más de 64 años), que representan el 29 % de los fallecidos en siniestros viarios. La renovación del carné de conducir no debe ser un mero trámite. Es preciso asegurarse de que el interesado aún posee las capacidades necesarias para circular por las vías públicas.


Por su parte, el carné por puntos se ha consolidado como una medida que sirve, no sólo para sensibilizar a los conductores, sino también para reeducarles cuando han incurrido en un comportamiento inapropiado, delictivo o no.
Ilícitos cometidos por profesionales relacionados, de una u otra manera, con la circulación


Se detiene la Memoria en analizar algunas conductas delictivas conexas con la circulación. Entre ellas podríamos destacar: la falsificación del carné de conducir o del resultado de los exámenes médicos; las exploraciones que no son practicadas por los médicos acreditados, sino por empleados sin la debida cualificación; las falsificación de las pruebas relativas a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), haciendo pasar por aptos para la circulación vehículos que se encuentran en malas condiciones, etc…



Se trata de delitos que, sin cometerse al conducir un vehículo, generan consecuencias negativas en la circulación: personas sin las aptitudes necesarias para conducir, vehículos en mal estado o, incluso, conductores que no han superado las pruebas obligatorias para obtener el carné. Todo ello supone un incremento del riesgo y el peligro inherentes a la conducción.


Reformas legales


Dos modificaciones legislativas atraen el interés de la Fiscalía en la Memoria que estamos comentando: de un lado, la supresión de las faltas del Código Penal (operada en julio de 2015) conlleva la eliminación de dicho ámbito de las imprudencias leves, cuyo enjuiciamiento quedará relegado a la jurisdicción civil; del otro, el 1 de enero de 2016 entrará en vigor el nuevo baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico.


Centrándonos en esta segunda reforma, el baremo de la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor va a sufrir importantes modificaciones. Hay que tener en cuenta, además, que no se actualiza desde el año 2014. Sin embargo, frente a dicha renovación del sistema indemnizatorio la Fiscalía tiene algunas cosas que decir.



Sostiene que no se han tenido en cuenta sus objeciones al Proyecto de Ley que le presentó el Gobierno, critican la celeridad que se le dio a su aprobación y considera que ha primado la opinión de algún sector implicado directamente en la causa -las aseguradoras- sobre los criterios del Consejo General del Poder Judicial y de la propia Fiscalía.
En la Memoria se afirma que corre peligro el equilibrio alcanzado en el complejo proceso de indemnización a las víctimas de accidentes de tráfico, pues hasta ahora se había conseguido que las indemnizaciones fueran justas (en la medida de lo posible) y que se pagaran con relativa rapidez. Tampoco olvida a las personas que, debido a la crisis económica, se encuentran en situación de exclusión social ni de aquellas que por culpa de una condena pueden perder el trabajo del que depende toda su familia.


Algunos datos estadísticos


Sin perjuicio de alguna variación estadística posterior a la publicación de la Memoria, en el año 2014 fallecieron en España 1.131 personas en accidentes de tráfico, frente a las 1.134 del año anterior. Hay que tener en cuenta que se incrementaron los desplazamientos por carretera de largo recorrido, alcanzando un total de 359.789.623.
En cuanto a los delitos, desde el año 2011 se observa una disminución de los asuntos incoados (140.650 en 2011, 118.186 en 2012, 114.854 en 2013 y 108.843 en 2014), incrementándose, por otra parte, el número de sentencias recaídas.



De los conductores fallecidos en accidentes de tráfico a lo largo del año 2014 (614), el 39,09 % dio positivo por alcohol y/o drogas, un 4 % menos que en 2013. Y de los que dieron positivo el 77,63 % lo hicieron con una tasa de alcohol superior a 1,2 g/L. El aumento de los resultados positivos pos drogas está directamente relacionado con el incremento de las pruebas realizadas para su detección: frente a las 4.563 que se hicieron en 2013, en el año 2014 alcanzaron las 29.643.


Para terminar, lamenta la Fiscalía la imposibilidad de ofrecer datos estadísticos fiables sobre los ingresos en prisión por delitos relacionados con la seguridad vial. Sigue trabajando estrechamente con las Instituciones penitenciarias para corregir esta desafortunada falta de coordinación.

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La Audiencia Provincial de Madrid analiza, dentro de un procedimiento por un delito contra la seguridad vial, dónde se encuentra el límite para que la conducción temeraria se transforme de infracción administrativa en delito.

La conducción temeraria, entendida como aquella que implica un desprecio manifiesto contra las reglas de la circulación y la seguridad del tráfico rodado, constituye en principio una infracción de carácter administrativo. Sin embargo, cuando la conducta del infractor ponga, además, en riesgo la vida o la integridad física de otros usuarios de la vía (otros conductores, pasajeros o peatones), los hechos se tipificarán como delito, con el consiguiente agravamiento de las sanciones a imponer, pues éstas adquirirán la condición de penas.

El límite existente, por lo tanto, entre el delito y la infracción de la normativa administrativa circulatoria constituyó el aspecto central del procedimiento que se pasa a exponer. El 28 de diciembre de 2009 un individuo, contra el que había una orden de detención policial en el marco de la investigación de un delito, fue identificado por una dotación policial mientras conducía por las calles de Madrid. En ese momento se inició una breve persecución que finalizó con la evasión del sospechoso.

A partir de la matrícula del vehículo se pudo dar con el evadido, que fue juzgado por un delito contra la seguridad vial: conducción temeraria. El Juzgado de lo Penal nº 3 de Madrid le consideró culpable, por lo que le impuso las penas de 3 meses y 1 día de prisión y 6 meses y 1 día de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores (concurría la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas).

El condenado recurrió la sentencia en apelación. Los autos llegaron, respetando las normas del reparto de asuntos, a la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Madrid, constituida en aquel momento por los Ilustrísimos Magistrados D. Alberto Molinari López-Recuero, D. Alejandro María Benito López y D. Carlos Águeda Holgueras.

El recurso pretendía la absolución del recurrente. Según él, los cristales del vehículo en el que presuntamente circulaba estaban tintados, de manera que los agentes difícilmente pudieron identificar al conductor. Éstos, por su parte, mostraron total seguridad en el juicio en el sentido de afirmar que era el acusado quien conducía el vehículo que se dio a la fuga, al que conocían por ser un delincuente habitual de la zona.

Los Magistrados respetaron el testimonio de los policías. Sin embargo, llevaron a cabo un análisis detallado del límite que existe entre la infracción administrativa de conducción temeraria y el delito del mismo tenor. Para condenar por este último se requiere un peligro efectivo para otros usuarios de la vía, peligro que no se llegó a producir en el caso enjuiciado. Así se podía deducir, al menos, de las declaraciones de los agentes: sólo se había saltado dos semáforos en rojo, superado la velocidad máxima permitida y zigzagueado entre otros vehículos.

En conclusión, la conducta del sospechoso no podía considerarse delictiva. Eso suponía que la sentencia recurrida tenía que ser revocada, absolviendo al acusado de responsabilidad criminal por los hechos que se le habían imputado.

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Desarrollo de un proceso en el que se le imputaban a un chico joven dos delitos (contra la seguridad vial y lesiones imprudentes), todo ello como consecuencia de haber volcado el vehículo que él conducía y en el que también viajaba un amigo suyo.

Efectivamente, los dos adolescentes viajaban, durante la madrugada del 21 de junio de 2009, en el vehículo perteneciente al padre del conductor. Cuando se hallaban a unos escasos cientos de metros de sus respectivas viviendas el conductor perdió el control del vehículo, que acabó en un prado cercano después de dar varias vueltas de campana.

El acusado pudo salir del coche, en el que quedó atrapado su amigo, y se dirigió directamente a su casa. Su padre se encargó de avisar a los padres del amigo, que seguía en el interior del coche. El conductor y su padre se dirigieron al hospital más cercano para recibir asistencia médica. Su amigo sufrió graves lesiones como consecuencia del accidente, requiriendo tres intervenciones quirúrgicas y padeciendo diversas secuelas permanentes.

Los hechos se pusieron en conocimiento del Juzgado de Instrucción nº 2 de Villalba por los agentes de la Guardia Civil que habían investigado el suceso. Concluso el sumario, los autos se elevaron al Juzgado de lo Penal nº 1 de Lugo, encargado del enjuiciamiento.

La sentencia se dictó el 23 de enero del año 2014, fallando en contra del acusado, que fue castigado, como autor de un delito de lesiones imprudentes y de otro contra la seguridad vial (por conducción temeraria y bajo los efectos del alcohol), a las penas de 3 meses de prisión y de 2 años y 6 meses de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores (se aplicó la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas). Por el contrario, se le absolvió del delito tipificado en el artículo 382 del Código Penal: negativa a someterse a la prueba de alcoholemia.

No contento con la resolución del Juzgado de instancia, el acusado recurrió la sentencia frente a la Audiencia Provincial de Lugo. El conocimiento del recurso correspondió a su Sección 2ª, integrada por los Ilustres Magistrados Dña. María Luisa Sandar Picado, D. Edgar Amando Fernández Cloos y Dña. María Purificación Prieto Picos.

El recurso se resolvió el 5 de junio de 2014 en sentido positivo para el recurrente. A pesar de que el padre del menor afirmó ante la Guardia Civil que era él el que conducía, en un intento de exculpar a su hijo, las pruebas demostraron que no era así. Sin embargo, los Magistrados apreciaron cierta animadversión de los Guardias Civiles hacia el acusado. Además, el médico que le atendió en el hospital no detectó que el joven se encontrara bajo el influjo del alcohol. En caso contrario, afirmó, le habría extraído sangre.

Dichas circunstancias, unida al testimonio del amigo del acusado, que dijo que no apreció nada raro en éste ni que estuviera bebido, llevaron a la Audiencia a revocar la sentencia recurrida y a absolver al chico, ya que no había ninguna prueba en la que basarse para considerar que el conductor conducía de forma agresiva o irresponsable.

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Recurso de apelación interpuesto por un condenado por un delito contra la seguridad vial, que le habían imputado al volcar dos contenedores de basura en la carretera.

Dentro de la regulación que el Código Penal realiza de los delitos contra la seguridad vial (artículos 379 y siguientes), el artículo 385 tipifica la conducta del que genere un grave riesgo para la circulación, ya sea colocando obstáculos en la calzada o dañando las señales de circulación, o bien no procediendo a restablecer la seguridad de la vía cuando ello sea posible.

En el artículo mencionado se basó la imputación del acusado, un hombre que había procedido a volcar unos contenedores de basura en la vía pública. Los hechos fueron enjuiciados por el titular del Juzgado de lo Penal nº 5 de Gerona, que consideró al acusado responsable de dicho delito y le impuso la pena de 5 meses de prisión.

Se trataba de una pena más baja por la concurrencia de dos circunstancias atenuantes (aquellas que, por sus características, permiten al juzgador rebajar la pena): dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento y la analógica de alcoholemia (se consideró que, en el caso concreto, el sujeto no era del todo responsable de sus actos).

Frente a dicha sentencia, dictada el 22 de octubre de 2013, el condenado, a través de su Procuradora, la Sra. Dora Riera, recurrió en apelación ante la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Gerona. Los Magistrados de la misma, Dña. Fátima Ramírez Souto, Dña. Sonia Losada Jaén y D. Ildefonso Carol Grau, llevaron a cabo un interesante análisis de las circunstancias que deben concurrir para poder sancionar por un delito contra la seguridad vial por colocar obstáculos en la vía.

Además del hecho objetivo de obstaculizar la circulación automovilística, la conducta del acusado debe generar un riesgo para los ocupantes de los vehículos que transiten por el lugar donde se encuentren los obstáculos. En el supuesto que era objeto del recurso no se había podido demostrar que los contenedores hubieran puesto en peligro la integridad de ninguna persona, y ello a pesar de que agentes de la Policía afirmaron que un vehículo tuvo que frenar y cambiar de carril para no colisionar con uno de los contenedores.

Los Magistrados de la Audiencia decidieron, por lo tanto, que la resolución del Juez de instancia no se ajustaba al espíritu del artículo 385 del Código Penal, de modo que optaron por revocar su sentencia, absolviendo al acusado. El 6 de marzo de 2015 resolvieron el recurso y confirmaron la firmeza de su fallo.

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La Audiencia Provincial revoca una sentencia condenatoria al considerar que la identificación ocular de los agentes de la Guardia Civil se había hecho sin respetar los requisitos legalmente establecidos.

Dos agentes de la Guardia Civil, que habían establecido un control rutinario, tuvieron que apartarse de la trayectoria que seguía un vehículo para que éste no les atropellase. Tomaron nota de la matrícula y pusieron los hechos en conocimiento del Juzgado de Instrucción nº 1 de Fraga. Allí se dio a los agentes de la Policía Judicial orden de detener al propietario del vehículo, cuya identidad habían descubierto gracias a la matrícula y a la información de la Dirección General de Tráfico.

A pesar de lo que, en un primer momento, afirmaron los agentes, en el coche viajaban dos personas, el propietario y un amigo suyo. Para complicar el caso, cada uno de ellos aseguraba que era el otro el que conducía. Si bien al principio ambos fueron coimputados, un Juzgado de lo Penal de Huesca sólo condenó al titular del vehículo.

Éste fue condenado, el 9 de febrero de 2015, como autor de dos delitos: atentado contra agentes de la autoridad y conducción temeraria. Las penas no eran baladíes: 4 años y 1 día de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 6 meses (6 euros al día) y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de 6 años.

El representante procesal del condenado, el Sr. Procurador Laguarta Valero, fue el encargado de interponer el recurso de apelación en favor de su cliente. En él, el condenado suplicaba su libre absolución. El Ministerio Fiscal, por su parte, solicitó que la condena fuese ratificada.

Los Magistrados integrantes de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huesca, D. José Tomás García Castillo, D. Gonzalo Gutiérrez Celma y D. Antonio Angós Ullate, pusieron en duda los hechos declarados probados en la sentencia apelada: los agentes se equivocaron sobre el número de pasajeros del vehículo; por otra parte, el reconocimiento del sospechoso únicamente se hizo a partir de unas fotografías, sin una identificación en rueda posterior que corroborase esa diligencia preprocesal de investigación (así la denominó el Tribunal).

Esas dos circunstancias fueron suficientes para que la Audiencia revocase la sentencia inicial y declarase la libre absolución del acusado. El 30 de abril de 2015 se hizo público el fallo y se notificó la firmeza de la sentencia.

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Cuando no existan pruebas absolutamente irrefutables acerca de la culpabilidad del acusado, éste deberá ser absuelto del delito que se le impute. Así lo consideró la Audiencia Nacional respecto a un militar que había sido condenado por conducir bajo los efectos del alcohol.

El Jugado de lo Penal nº 10 de Madrid condenó a un militar por conducir bebido y haber provocado un accidente. Le impuso las penas de multa (4 meses a razón de 5€ diarios) y de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 7 meses. Tendría, además, que indemnizar a la compañía aseguradora del vehículo con 247€.

La pena no fue demasiado elevada, y a eso contribuyeron dos factores atenuantes: en primer lugar, que el acusado había procedido voluntariamente a pagar la indemnización; y, en segundo lugar, el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos (28 de noviembre de 2009) hasta que se dictó la sentencia (18 de diciembre de 2014). A esto último se lo conoce como dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento.

El Juzgado de lo Penal estaba convencido de la culpabilidad del acusado, que se había personado en el lugar donde estaba el coche accidentado, al que ya había acudido la Policía, con la propietaria del mismo, que se lo había prestado unas horas antes. Los agentes le realizaron la prueba de alcoholemia, que dio un resultado positivo (0´69 miligramos de alcohol por litro de aire espirado).

Él afirmaba que el vehículo lo conducía otro compañero suyo (al que quería evitarle problemas profesionales, pues también era militar), que él sólo había acudido al lugar del accidente para acompañar a la dueña del coche y que se había hecho cargo de la indemnización porque se lo había prestado. Pero el Juez no se creyó esa versión de los hechos.

La Procuradora del condenado, Dña. María del Pilar Crespo Núñez, interpuso en nombre de su cliente un recurso de apelación contra la sentencia. Los autos fueron trasladados a la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Madrid, que en aquel momento estaba compuesta por los siguientes Magistrados: Dña. María del Rosario Esteban Meilán, Dña. Carmen Compaired Plo y D. Valentín Javier Sanz Altozano.

Éstos, si bien no tenían por qué dar crédito a las declaraciones del condenado, sí que tenían ciertas dudas acerca de lo que verdaderamente ocurrió. Eso, en el ámbito penal, es suficiente para absolver a cualquier acusado o condenado. De manera que, haciendo una interpretación favorable al reo de las pruebas expuestas en el procedimiento, revocaron la sentencia condenatoria y le absolvieron de responsabilidad, lo que le fue comunicado el día 12 de mayo del año 2015.

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Recurso de apelación contra una sentencia que condenó a un hombre por, presuntamente, conducir una motocicleta en estado de ebriedad.

En la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Almería recayó la competencia para resolver acerca del recurso de apelación interpuesto por el condenado contra la sentencia impuesta por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Almería, que le había considerado culpable de dos delitos contra la seguridad vial.

En primer lugar, estimaban que era responsable de haber conducido bajo los efectos del alcohol, conculcando de ese modo el artículo 379 del Código Penal. También le imputaron el delito de negarse a someterse a la prueba de alcoholemia (artículo 383 del mismo Código).

Como culpable de ambos delitos le impusieron las siguientes penas: por el primero de ellos, 7 meses de multa, a razón de 10€ diarios (un total de 2.100€) y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 1 año y 3 meses; por el segundo, 6 meses de prisión, privación del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 1 año y 1 mes. Además de las costas procesales.

La Audiencia se encontraba por entonces (el recurso se resolvió el 8 de julio de 2014) integrada por tres Magistrados: Doña María Lourdes Molina Romero, en calidad de Presidenta y Ponente, Don Juan Antonio Lozano López y Don Juan José Romero Román.

Explica la Ponente que la sentencia dictada en primera instancia debía ser revocada, y decretarse la absolución. Para ello se basaba en los siguientes fundamentos:

- En primer lugar, cuando la Policía acudió al lugar de los hechos el acusado se encontraba sentado en la acera con heridas en las piernas. La moto que supuestamente conducía se encontraba por allí, aunque los Policías no pudieron confirmar en el juicio el lugar exacto. Por lo tanto, los miembros del Tribunal no pueden estar absolutamente seguros del hecho de que el hombre condujese la motocicleta, y mucho menos de que lo hiciera bajo los efectos del alcohol. Su aturdimiento podía deberse a los golpes que había sufrido.

- Por otra parte, respecto del delito de negarse a realizar las pruebas, no consta en el atestado policial la firma del sujeto, de modo que no se probó si había sido informado de sus derechos.

Explica la sentencia que resuelve el recurso que, en virtud del principio in dubio pro reo, cuando los Magistrados albergan dudas acerca de la culpabilidad del procesado, cualquier interpretación que realicen deberá ser favorable a sus intereses o, cuando menos, la menos gravosa de todas las posibles.

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Recurso interpuesto por un conductor contra la sentencia que le condenaba por conducir bebido y causar imprudentemente la muerte de un peatón.

El 7 de mayo de 2014 el Juzgado de lo Penal nº 1 de Ferrol condenó a un hombre por haber matado de forma imprudente a un peatón mientras conducía bajo los efectos del alcohol. Los hechos habían tenido lugar el 10 de mayo de 2009: alrededor de las 2:45 de la madrugada el conductor circulaba por la carretera de Cerdido (una población gallega) cuando, sin poder evitarlo, atropelló a un hombre que iba andando por su mismo carril. La Guardia Civil tardó dos horas en dar con el responsable, practicándole inmediatamente la prueba de alcoholemia. Dio positivo, con una tasa de 0´53 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Las pruebas realizadas al cadáver también arrojaron una gran presencia de alcohol en su sangre.

La Magistrada-Juez de Ferrol le condenó, por un delito del artículo 379 del Código Penal (conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas) y por una falta de muerte imprudente, a las penas de 1.800€ de multa y 2 años y 7 meses de privación del permiso de conducir, que al superar la barrera de los 2 años implicaba la pérdida del permiso.

Como ni la acusación particular (la Fiscalía sí) ni la defensa estaban conformes con la sentencia, ambas interpusieron recurso de apelación ante la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de La Coruña. Es interesante conocer la sentencia que resolvió el recurso, redactada por Doña María Lucía Lamazares López, que fue dictada el 29 de mayo de 2015.

Aunque es cierto que el conductor dio positivo por alcoholemia, no lo es menos que la prueba se le practicó 2 horas después de haber ocurrido el atropello. De modo que no podían estar seguros de que ya hubiese ingerido alcohol cuando estaba conduciendo, elemento imprescindible para castigarle por ese delito. Además, al no poder demostrar ese punto, tampoco se le podía hacer responsable de la muerte del peatón por imprudencia, pues no podía probarse que no hubiese conducido y actuado diligentemente.

A eso hay que sumarle el hecho de que el fallecido fuese con ropa oscura por una carretera sin iluminación y, lo que es más importante, con un importante estado de embriaguez. La Audiencia desestimó el recurso de la acusación particular y estimó el de la defensa, revocando la sentencia condenatoria.

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Recurso interpuesto contra una sentencia de condena por conducir sin carné en vigor.

Los delitos contra la seguridad vial son, seguramente, los que más modificaciones han sufrido durante los últimos años. Su propio nombre también ha sido objeto de cambio (antes eran los delitos contra la seguridad del tráfico). De la mano de estas reformas, la conducta de conducir sin carné ha oscilado entre la tipificación penal y la falta administrativa.

En la actualidad se castiga tanto al que conduce sin carné por haber perdido todos los puntos como al que nunca ha obtenido licencia para conducir. También al que esté privado temporal o definitivamente de ella por resolución judicial.

Unos hechos de este tipo son los que motivaron la sentencia condenatoria, por parte del Juzgado de lo Penal de Vinarós, contra un hombre que tenía que volver a superar la prueba teórica del carné para poder volver a conducir. Le impusieron la pena de multa de 2.160€.

Sin embargo, el condenado no estaba en absoluto de acuerdo con la sentencia, de manera que la recurrió ante la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana. Fundaba su defensa en que no sabía que tuviera que volver a hacer el examen teórico de conducir. En el expediente de suspensión de su carné no le habían comunicado esa circunstancia. Además, llevaba 5 años viviendo en Estados Unidos; sólo venía a España de vacaciones.

Los agentes de la Guardia Civil, que le requirieron la documentación al detener el vehículo, corroboraron que el hombre estaba realmente extrañado de lo que le decían (que tenía que pasar de nuevo el examen teórico). Las declaraciones de los agentes y del propio condenado provocaron que la Audiencia revocara la primera sentencia.

Explica la Ponente, Doña Eloísa Gómez Santana, que faltaba el elemento subjetivo del injusto para poder cometer el delito. Eso quiere decir que para cometer determinados delitos se exige que el sujeto conozca lo ilegal de su conducta y, de todas formas, decida seguir adelante con la misma. En el caso que nos ocupa, el hombre, al no tener ni idea de la situación administrativa de su licencia de conducción, no podía tener el dolo (la intención subjetiva) de cometer este delito contra la seguridad vial.

Por todo lo anterior, el recurso fue resuelto el 27 de abril de 2015 de modo favorable para el recurrente. La primera sentencia fue revocada y se declaró su libre absolución.

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