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Estafas en trabajo falso: El día en que estuve a punto de ser 'trader' y ganar 8.000 euros al mes. En muchos casos recibimos emails con ofertas de trabajo. Suenan suculentas, trabaja desde casa y podrás obtener un buen sueldo.

Abogados Portaley se ha especializado en este tipo de estafas, defendiendo a sus clientes al ser víctimas de estafadores, en la mayoría de casos, redes internacionales especializadas en conseguir engañar por diferentes medios a navegantes poco cautos.

La oferta de empleo puede ser "maquillada" y utilizar diferentes textos para hacer creer que se trata de una oferta real.

Una de estas estafas consistente en recibir a través de correo electrónico información sobre un puesto de empleo como intermediario financiero para trasladar una determinada cantidad de dinero de un lugar a otro.

En estos casos, la persona que ha aceptado el trabajo recibe en su cuenta bancaria el importe total el cual deberá extraer en su totalidad (a excepción de la cantidad que le ha sido prometida en concepto de comisión) para más tarde enviar a una tercera persona a través de sistemas de envío de dinero que no dejan rastro como por ejemplo Western Union u otros.

Esta cantidad tiene un origen ilícito pues ha sido obtenida de forma fraudulenta a través de otras técnicas de phishing por ejemplo, enviando un falso correo electrónico con apariencia real, supuestamente emitido por la entidad bancaria de la víctima, en el que se le solicita, bajo diferentes argumentos, actualizar sus datos de acceso y bancarios; una vez que esta persona accede al link suministrado en dicho correo y comienza a introducir los datos solicitados, lo que está haciendo realmente es suministrarlos a los delincuentes que ahora, podrán extraer todo el dinero que haya disponible en la cuenta bancaria. Este dinero es que el posteriormente será transferido por una segunda víctima de una cuenta a otra, tal y como antes hemos explicado.

Trabajo: El día en que estuve a punto de ser trader y ganar 8.000 euros al mes. Noticias de Alma, Co
Trabajo: El día en que estuve a punto de ser trader y ganar 8.000 euros al mes. Noticias de Alma, Corazón, Vida. Las ofertas de trabajo en internet, algunas muy sospechosas, son una de las maneras de timar a los incautos en las redes, según la Guardia Civil y los abogados especializados

Legadoo Legadoo
Los timos en Internet son frecuentes y detectarlos es una manera de protección. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se utiliza el nombre de grandes marcas para intentar hacer pensar al usuario que la campaña o el servicio que se promociona es verídico.

Ni Zara, ni Lidl, ni Mercadona: los cupones de regalo de 150 euros son un timo
La Policía Nacional y la cadena de Inditex admiten de una falsa campaña para obtener datos personales de los usuarios para venderlos o suscribirlos a terceros"Solo quieren tus datos, colarte malware o sms premium", advierte la Policía

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El delito de estafa y la clonación de tarjetas de crédito. Las víctimas de los fraudes relacionados con las tarjetas de crédito pueden ser comercios (mediante la presentación de una tarjeta ajena obtenida ilícitamente para el pago de un bien o servicio), a través de redes telemáticas (mediante la realización de operaciones de pago en internet por quien no es titular de la tarjeta utilizando los datos obrantes en ella) o en cajeros automáticos (empleando una tarjeta ajena para extraer de manera no consentida cantidades de dinero en cajeros automáticos).



Para realizar estos fraudes se suele realizar la “clonación de tarjetas”, que consiste en realizar una copia o almacenamiento de datos de nuestra tarjeta para después usarla de manera fraudulenta suplantando nuestra identidad. Para llevar a cabo el clonado de tarjeta se utiliza un pequeño aparato llamado Skimmer



En caso de ser víctima de un uso fraudulento de nuestras tarjetas los consumidores estamos protegidos, pues la Ley de Servicios de Pago limita la responsabilidad del titular y, en concreto, para los supuestos de copia o duplicado de la tarjeta, como el usuario no pierde en ningún momento su posesión y no tiene forma de conocer que se está produciendo el fraude, el banco le deberá devolver de inmediato el importe total de las operaciones no autorizadas, sin que el usuario deba responsabilizarse de ninguna cantidad.




El artículo 399 bis del Código Penal, se recoge el delito de clonación de tarjetas de crédito:





“1. El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los anteriores delitos, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

La tenencia de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados destinados a la distribución o tráfico será castigada con la pena señalada a la falsificación.
El que sin haber intervenido en la falsificación usare, en perjuicio de otro y a sabiendas de la falsedad, tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años.”.

Noelia García Noguera Noelia García Noguera
Abogados Portaley, especialistas en soluciones legales en estafas, dentro de nuestros servicios en derecho Penal.



Nos hemos encontrado con un tipo de estafa que se produce en Internet, donde el caso más común es aquella oferta de empleo falsa consistente en ejercer de intermediario para trasladar una determinada cantidad de dinero de un lugar a otro. En estos casos, la persona que ha aceptado el trabajo recibe en su cuenta bancaria el importe total el cual deberá extraer en su totalidad (a excepción de la cantidad que le ha sido prometida en concepto de comisión) para más tarde enviar a una tercera persona a través de sistemas de envío de dinero como por ejemplo Western Union u otros. Esta cantidad tiene un origen ilícito pues ha sido obtenida de forma fraudulenta a través de otras técnicas de phising por ejemplo, enviando un falso correo electrónico con apariencia real, supuestamente emitido por la entidad bancaria de la víctima, en el que se le solicita, bajo diferentes argumentos, actualizar sus datos de acceso y bancarios; una vez que esta persona accede al link suministrado en dicho correo y comienza a introducir los datos solicitados, lo que está haciendo realmente es suministrarlos a los delincuentes que ahora, podrán extraer todo el dinero que haya disponible en la cuenta bancaria. Este dinero es que el posteriormente será transferido por una segunda víctima de una cuenta a otra, tal y como antes hemos explicado.

En estos casos en los que la víctima actúa como “mulero”, si bien también habría sido autor de un delito de estafa, resulta fundamental desde el punto de vista legal y judicial, si existía o no desconocimiento de lo que realmente estaba haciendo. En este sentido, en Abogados Portaley somos especialistas en todo tipo de delitos informáticos y hemos logrado en numerosas ocasiones la libre absolución de la víctima en base a que ésta tenía in desconocimiento absoluto de que estuviese siendo partícipe de un delito, pues estaba siendo engañada y utilizada. Es el caso de la Sentencia nº 241/13, de 27 de Mayo de 2013, del Juzgado Penal número 16 de Madrid según la cual el tribunal concluyó que no era posible demostrar que los acusados (víctimas de esta modalidad de phishing) fuesen conscientes de que estaban colaborando en un delito de estafa, “no quedando acreditada la existencia del elemento subjetivo del delito, requisito necesario para que se produzca la estafa”.

Otra variante del phising vinculada a las falsas ofertas de empleo son aún más directas de tal forma que un mínimo despiste puede suponernos una importante pérdida de dinero.

Son muchas las personas que ya han denunciado haber recibido, ya sea a través de SMS, ya sea a través de sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp, una falsa invitación para realizar una entrevista de trabajo. En dicho mensaje se indica que, en caso de seguir interesado, deberá responder a dicho mensaje o bien realizar una llamada telefónica a número de teléfono indicado. El problema es que se trata de números de tarificación especial de muy elevado coste, o incluso de servicios de suscripción Premium, que nos supondrán un enorme gasto.

En la actualidad, aún son muchas las personas víctimas de delitos de phishing en cualquiera de sus variantes que no denuncian los hechos sucedidos, bien por creer que no servirá de nada, bien porque la cantidad defraudada apenas supone unas decenas de euros sin embargo, esto es un grave error. En primer lugar porque de esta manera los ciberdelincuentes podrán continuar con sus fechorías a su antojo. Y en segundo lugar porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado disponen de las herramientas necesarias para poder identificar, localizar, detener y juzgar y castigar a los autores del delito.

En Abogados Portaley apostamos por una dedicación completa a nuestros clientes; disponemos de un amplio abanico de abogados expertos en este tipo de delitos informáticos caracterizados por una amplia trayectoria de éxitos, profesionalidad y honestidad.

Si has respondido a una oferta de empleo de este tipo, si has hecho lo requerido en un mensaje de correo electrónico de tu banco del que más tarde te has dado cuenta que era falso, si has recibido y contestado a una supuesta entrevista de trabajo que recibiste mediante un mensaje SMS o, en general, sientes que has podido ser víctima de cualquier delito de estafa similar a los citados aquí, en Abogados Portaley nos encontramos a tu disposición, ya sea para resolver cualquier duda que tengas al respecto, ya sea para defender sus intereseres e integridad antes los tribunales actuando como tu representante legal desde el momento de denunciar los hechos, hasta que la sentencia a tu favor sea firme.

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Requisitos para que la falsificación de un documento privado tenga consecuencias penales.

Cuando se falsifica un documento privado, muchas veces el autor busca conseguir con ese artificio un beneficio económico, que normalmente llevará aparejado el perjuicio de un tercero. Por eso las acusaciones y las condenas por el delito de falsedad en documento privado suelen ir acompañadas del delito de estafa.

De todas formas, y en contra de lo que pudiera parecer, no toda alteración de un documento constituirá un delito de falsedad. Ya se trate de un documento público o privado (o de un certificado), la modificación del mismo no podrá ser considerada como delictiva sino cuando sea esencial, esto es, cuando la alteración sea de tal entidad que pueda llevar a otras personas al error acerca de su autenticidad.

El Tribunal Supremo tiene tajantemente establecido en sus resoluciones que las modificaciones burdas, evidentes o poco sutiles no son suficientes para imputar a su autor por un delito de falsedad. El artificio ha de ser susceptible de engañar a otro, especialmente a aquél de quien se pretende obtener algo: dinero, un contrato, etc…

Un buen ejemplo de estos delitos cometidos conjuntamente es el de una empleada del hogar, extranjera, que falsificó su contrato de trabajo para conseguir que su despido fuera considerado improcedente. Lo logró cambiando la fecha del contrato (encima del 5, del año 2005, escribió un 8, como si su contrato hubiera expirado en 2008) para que en el juicio civil su anterior jefa fuera condenada a readmitirla.

El Juzgado de Instrucción nº 49 de Madrid, tras denuncia interpuesta por la persona que había contratado a la denunciada como empleada interna en su domicilio, instruyó la causa contra ésta por los dos delitos antes vistos: falsedad en documento privado y estafa procesal.

Sin embargo, la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia favorable a la acusada. En efecto, los Magistrados de la Audiencia, Dña. María Luz Almeida Castro, D. Francisco Jesús Serrano Gassent y D. José Manuel Fernández Prieto González, estimaron sus pretensiones.

El contrato falsificado no había sido decisivo para que el Juzgado de lo Civil dictara una sentencia a su favor, sino que los criterios habían sido otros (pruebas que demostraban las horas que había trabajado para la demandada). El hecho de que la falsificación fuera muy simple, pues saltaba a la vista el tachón, impidió que fuese condenada, de manera que la absolvieron de los dos delitos.

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Enjuiciamiento de una presunta falta de estafa cometida a través de una página web de compraventa de artículos de segunda mano.

El incremento que las transacciones electrónicas han experimentado durante el último lustro no ha estado siempre acompañado de las medidas de seguridad necesarias para garantizar la identidad y los derechos de los usuarios de las páginas en las que se compran y venden artículos de segunda mano. Los contratos relativos a esta clase de objetos suponen un porcentaje muy alto de todos los que se celebran a nivel mundial.

Sin embargo, como decíamos, el progreso no ha proporcionado aún los medios adecuados para que los usuarios de internet puedan gozar de un comercio libre de injerencias delictivas. Las suplantaciones de identidad y las estafas están a la orden del día, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de estos artículos son vendidos a personas que residen en una localidad distinta de la del vendedor, con la dificultad añadida del momento en el que haya de pagarse el precio.

En este sentido, el precio puede abonarse en cualquiera de estos tres momentos: antes de entregar (o enviar) el artículo; una vez que éste ya esté en manos del comprador (que podría entonces negarse a pagarlo); o, por último, entregar una señal antes de recibirlo y pagar el resto después.

En la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid se presentó un caso de estas características, en las que la compradora aceptó pagar un anticipo, en concepto de señal, de 100 euros a cambio de que el vendedor le enviara una videoconsola PlayStation 4. Pero la compradora en ningún momento recibió la consola.

Se presentó una denuncia contra el vendedor, incoándose las primeras diligencias ante el Juzgado de Instrucción nº 52 de Madrid. El vendedor fue condenado, como autor de una falta de estafa (artículo 623.4 del Código Penal), a pagar una multa de 180 euros y a indemnizar a la compradora con otros 100. El condenado, sin embargo, alegó en su recurso de apelación que un tercero había suplantado su identidad, pues él nunca había publicado dicho anuncio en la página “milanuncios”.

El Ponente de la sentencia de la Audiencia, D. Luis Carlos Pelluz Robles, explica en su resolución que el derecho a la presunción de inocencia debe prevalecer en este caso, pues no se demostró que la identidad del vendedor no hubiese sido suplantada. Para triunfar en el procedimiento la parte demandante tendría que haber desvirtuado esa idea. Como no lo hizo, el vendedor fue absuelto de responsabilidad.

Además, la falta había prescrito porque transcurrió un año entre que se produjeron los hechos y se presentó la denuncia, y las faltas prescribían a los 6 meses (decimos prescribían porque actualmente se han transformado en delitos leves tras la última reforma del Código Penal).

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Una mujer fue condenada en primera instancia por haberle sustraído la tarjeta de crédito a una señora, utilizándola posteriormente para sacar dinero de dos cajeros. Sin embargo, impugnó la sentencia, alegando falta de pruebas en su contra.

El 16 de febrero del año 2013, alrededor de las 15:30 horas, una señora compró un billete para el metro de Barcelona con su tarjeta de crédito. Al parecer, la acusada estuvo pendiente de la operación, consiguiendo así ver su código secreto, que memorizó. Posteriormente, ya en el interior de un vagón, le sustrajo la cartera.

Cuando abandonó el tren en la siguiente estación se dirigió a un cajero automático, en el que realizó tres reintegros, de 300 euros cada uno. Después fue a otro cajero, donde sacó otros 300 euros.

A la presunta responsable se le imputaron un delito de estafa y una falta de hurto (pues en la cartera sólo había 150 euros en efectivo, estando fijado el límite entre el delito y la falta de hurto en 400 euros; de todas formas, hay que tener presente que en la actualidad, y desde el 1 de julio de 2015, han desaparecido las faltas del Código Penal).

El Juzgado de lo Penal nº 28 de Barcelona la consideró culpable, imponiéndole, por el delito, la pena de prisión de 1 año, 9 meses y 1 día y, por la falta, 1 mes de multa con una cuota diaria de 6 euros (un total de 180 euros).

Frente a la sentencia condenatoria la acusada presentó un recurso de apelación, del que conoció la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Los Magistrados que constituían dicha Sección, Dña. Carmen Sánchez-Albornoz Bernabé, Dña. Montserrat Comas Argemir Cendra y D. Santiago Vidal I Marsal, se enfrentaban a un recurso basado en la falta de pruebas incriminatorias.

En realidad, sólo había dos pruebas contra ella: sus antecedentes penales (había sido condenada anteriormente por un delito intentado de hurto y por una tentativa de robo con violencia en las personas) y el testimonio de la perjudicada. El reconocimiento fotográfico de la culpable no tenía validez judicial, pues no se había reproducido, después de haberse hecho en sede policial, ni ante el Juez de Instrucción ni ante el Juez de lo Penal.

Los antecedentes penales de la acusada no servían para dudar de su testimonio en el presente caso, pues, como señalaron los Magistrados, el derecho penal español juzga los hechos, no las conductas, y mucho menos las pasadas. Por otra parte, el testimonio de la víctima no fue muy claro: no sabía exactamente cuándo le habían sustraído la cartera; dijo que la culpable era sudamericana, cuando la juzgada era rumana, etc…

Ante la ausencia de auténticas pruebas de cargo que sirvieran para imputarle el hecho a la acusada, la Audiencia tuvo que declarar su inocencia y revocar la sentencia anterior. El 29 de abril de 2014 alcanzó firmeza la resolución del Tribunal.

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Análisis del recurso de apelación presentado por tres individuos que habían sido condenados como autores de un delito continuado de estafa, al haberse considerado probado que habían engañado a varias personas con la venta de artículos por internet.

El recurso de apelación se presentó contra la sentencia que había condenado a tres sujetos por un delito continuado de estafa. A dos de ellos se les impuso la pena de 1 año de prisión. El otro, dada su situación de trastorno mental, únicamente fue castigado a 3 meses y 1 día de privación de libertad.

El Juez del Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid les consideró responsables de una estafa realizada a través de internet. Según él, los tres acusados se dedicaban a ofrecer en diversas páginas webs (milanuncios y segundamano) artículos a un precio muy bajo. Exigían un primer pago a los compradores para enviarles su adquisición, pero el envío nunca se producía.

Una de las víctimas tenía la intención de comprar un guacamayo; la otra, un televisor. Un tercero, interesado en un loro, no consiguió, sin embargo, que el Juez estimara su pretensión.

Como decíamos, frente a la sentencia de condena, dictada el 5 de marzo de 2015, se presentó un recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Madrid. Los Magistrados que componían en aquel momento dicha sala de justicia eran D. José Manuel Clemente Fernández-Prieto González, D. Pedro Javier Rodríguez González Palacios y Dña. María Almudena Álvarez Tejero.

El acusado aquejado de trastornos mentales no declaró. Los otros dos, por su parte, negaron haber cometido la estafa que se les imputaba. Reconocieron haber realizado un encargo a cambio de una pequeña contraprestación: uno, en provecho del coacusado; el otro, de uno de los perjudicados.

La acusación presentó el informe de un perito informático. Pero éste únicamente acreditó que desde el ordenador de la novia de uno de los acusados se había accedido a las páginas desde las que se había cometido la estafa (segundamano y milanuncios). No comprobó que se hubiera utilizado el ordenador para publicar los anuncios fraudulentos.

Aunque los Magistrados de la Audiencia tenían algunas sospechas con respecto a los procesados, ellos mismos señalaron en la sentencia que la única presunción que cabe en el ámbito jurisdiccional penal es la de inocencia, en ningún caso la de culpabilidad. De ahí que el tenor de su resolución, dictada el 15 de julio de 2015, fuese de carácter favorable a los recurrentes. Los tres fueron declarados inocentes.

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Juicio en el que los querellantes consideraban a los acusados como autores de un delito continuado de apropiación indebida (o, en su caso, de estafa), el cual habrían cometido presuntamente al gestionar el negocio de aquéllos.

Los acusados, que estaban casados entre sí, tenían un negocio que no marchaba bien. Con la finalidad de ayudarles y de aprovechar su ayuda en beneficio propio, los querellantes, que también estaban casados (además, él era primo de la acusada), decidieron contar con sus servicios para que llevaran las cuentas y la representación de su empresa. Sin embargo, y para evitar mayores gastos, pactaron algunas condiciones especiales:

- Ella cobraría una cantidad fija, pero él no.

- No habría un contrato por escrito; todos los acuerdos serían verbales.

- Él podría utilizar la tarjeta de crédito de la empresa para costear gastos inherentes a sus funciones.

- Los pagos que les efectuasen, sobre todo en concepto de remuneración, se harían a través de su antigua sociedad (la que tenía problemas).

Cuando pasaron unos años los propietarios del negocio vieron que algo no iba bien, por lo que decidieron prescindir de los servicios de sus familiares y contratar a un nuevo gestor. Éste les informó de ciertas irregularidades, de manera que interpusieron una querella contra aquéllos.

Después de recibir los autos, el Juzgado de Instrucción nº 20 de Barcelona inició un procedimiento abreviado que remitió a la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Los Magistrados que estaban destinados en la misma, D. Carlos Mir Puig, D. Jesús María Barrientos Pacho y Dña. María Mercedes Otero Abrodos, tenían ante sí una acusación, tanto de la Fiscalía como de los perjudicados, por un delito continuado de apropiación indebida o, para el caso de que no se aceptase dicha calificación, por un delito de estafa.

Era cierto que la acusada había recibido más dinero del que los querellantes afirmaban que le correspondía en concepto de sueldo; también lo era que el acusado había gastado altas sumas con la tarjeta de crédito. Dichas circunstancias, a pesar de que en un sentido objetivo podrían ser constitutivas de un delito de apropiación indebida, sin embargo, no lo eran en el caso concreto. Veamos por qué.

Los querellantes habían confiado en los acusados: les habían dado la tarjeta de crédito y las claves para operar con sus bancos por internet. Éstos no habían empleado ningún fraude malicioso para conseguirlas. Por otra parte, la falta de un contrato por escrito impedía a los Magistrados comprobar la veracidad de las afirmaciones de los querellantes.

Lejos de contar con pruebas incriminatorias contra los acusados, la Audiencia optó por la única solución posible en el caso analizado: absolver a ambos. Así se les notificó el 12 de diciembre de 2014.

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