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Noelia García Noguera Noelia García Noguera
Abogados Portaley, especialistas en soluciones legales en estafas, dentro de nuestros servicios en derecho Penal.



Nos hemos encontrado con un tipo de estafa que se produce en Internet, donde el caso más común es aquella oferta de empleo falsa consistente en ejercer de intermediario para trasladar una determinada cantidad de dinero de un lugar a otro. En estos casos, la persona que ha aceptado el trabajo recibe en su cuenta bancaria el importe total el cual deberá extraer en su totalidad (a excepción de la cantidad que le ha sido prometida en concepto de comisión) para más tarde enviar a una tercera persona a través de sistemas de envío de dinero como por ejemplo Western Union u otros. Esta cantidad tiene un origen ilícito pues ha sido obtenida de forma fraudulenta a través de otras técnicas de phising por ejemplo, enviando un falso correo electrónico con apariencia real, supuestamente emitido por la entidad bancaria de la víctima, en el que se le solicita, bajo diferentes argumentos, actualizar sus datos de acceso y bancarios; una vez que esta persona accede al link suministrado en dicho correo y comienza a introducir los datos solicitados, lo que está haciendo realmente es suministrarlos a los delincuentes que ahora, podrán extraer todo el dinero que haya disponible en la cuenta bancaria. Este dinero es que el posteriormente será transferido por una segunda víctima de una cuenta a otra, tal y como antes hemos explicado.

En estos casos en los que la víctima actúa como “mulero”, si bien también habría sido autor de un delito de estafa, resulta fundamental desde el punto de vista legal y judicial, si existía o no desconocimiento de lo que realmente estaba haciendo. En este sentido, en Abogados Portaley somos especialistas en todo tipo de delitos informáticos y hemos logrado en numerosas ocasiones la libre absolución de la víctima en base a que ésta tenía in desconocimiento absoluto de que estuviese siendo partícipe de un delito, pues estaba siendo engañada y utilizada. Es el caso de la Sentencia nº 241/13, de 27 de Mayo de 2013, del Juzgado Penal número 16 de Madrid según la cual el tribunal concluyó que no era posible demostrar que los acusados (víctimas de esta modalidad de phishing) fuesen conscientes de que estaban colaborando en un delito de estafa, “no quedando acreditada la existencia del elemento subjetivo del delito, requisito necesario para que se produzca la estafa”.

Otra variante del phising vinculada a las falsas ofertas de empleo son aún más directas de tal forma que un mínimo despiste puede suponernos una importante pérdida de dinero.

Son muchas las personas que ya han denunciado haber recibido, ya sea a través de SMS, ya sea a través de sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp, una falsa invitación para realizar una entrevista de trabajo. En dicho mensaje se indica que, en caso de seguir interesado, deberá responder a dicho mensaje o bien realizar una llamada telefónica a número de teléfono indicado. El problema es que se trata de números de tarificación especial de muy elevado coste, o incluso de servicios de suscripción Premium, que nos supondrán un enorme gasto.

En la actualidad, aún son muchas las personas víctimas de delitos de phishing en cualquiera de sus variantes que no denuncian los hechos sucedidos, bien por creer que no servirá de nada, bien porque la cantidad defraudada apenas supone unas decenas de euros sin embargo, esto es un grave error. En primer lugar porque de esta manera los ciberdelincuentes podrán continuar con sus fechorías a su antojo. Y en segundo lugar porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado disponen de las herramientas necesarias para poder identificar, localizar, detener y juzgar y castigar a los autores del delito.

En Abogados Portaley apostamos por una dedicación completa a nuestros clientes; disponemos de un amplio abanico de abogados expertos en este tipo de delitos informáticos caracterizados por una amplia trayectoria de éxitos, profesionalidad y honestidad.

Si has respondido a una oferta de empleo de este tipo, si has hecho lo requerido en un mensaje de correo electrónico de tu banco del que más tarde te has dado cuenta que era falso, si has recibido y contestado a una supuesta entrevista de trabajo que recibiste mediante un mensaje SMS o, en general, sientes que has podido ser víctima de cualquier delito de estafa similar a los citados aquí, en Abogados Portaley nos encontramos a tu disposición, ya sea para resolver cualquier duda que tengas al respecto, ya sea para defender sus intereseres e integridad antes los tribunales actuando como tu representante legal desde el momento de denunciar los hechos, hasta que la sentencia a tu favor sea firme.

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Requisitos para que la falsificación de un documento privado tenga consecuencias penales.

Cuando se falsifica un documento privado, muchas veces el autor busca conseguir con ese artificio un beneficio económico, que normalmente llevará aparejado el perjuicio de un tercero. Por eso las acusaciones y las condenas por el delito de falsedad en documento privado suelen ir acompañadas del delito de estafa.

De todas formas, y en contra de lo que pudiera parecer, no toda alteración de un documento constituirá un delito de falsedad. Ya se trate de un documento público o privado (o de un certificado), la modificación del mismo no podrá ser considerada como delictiva sino cuando sea esencial, esto es, cuando la alteración sea de tal entidad que pueda llevar a otras personas al error acerca de su autenticidad.

El Tribunal Supremo tiene tajantemente establecido en sus resoluciones que las modificaciones burdas, evidentes o poco sutiles no son suficientes para imputar a su autor por un delito de falsedad. El artificio ha de ser susceptible de engañar a otro, especialmente a aquél de quien se pretende obtener algo: dinero, un contrato, etc…

Un buen ejemplo de estos delitos cometidos conjuntamente es el de una empleada del hogar, extranjera, que falsificó su contrato de trabajo para conseguir que su despido fuera considerado improcedente. Lo logró cambiando la fecha del contrato (encima del 5, del año 2005, escribió un 8, como si su contrato hubiera expirado en 2008) para que en el juicio civil su anterior jefa fuera condenada a readmitirla.

El Juzgado de Instrucción nº 49 de Madrid, tras denuncia interpuesta por la persona que había contratado a la denunciada como empleada interna en su domicilio, instruyó la causa contra ésta por los dos delitos antes vistos: falsedad en documento privado y estafa procesal.

Sin embargo, la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia favorable a la acusada. En efecto, los Magistrados de la Audiencia, Dña. María Luz Almeida Castro, D. Francisco Jesús Serrano Gassent y D. José Manuel Fernández Prieto González, estimaron sus pretensiones.

El contrato falsificado no había sido decisivo para que el Juzgado de lo Civil dictara una sentencia a su favor, sino que los criterios habían sido otros (pruebas que demostraban las horas que había trabajado para la demandada). El hecho de que la falsificación fuera muy simple, pues saltaba a la vista el tachón, impidió que fuese condenada, de manera que la absolvieron de los dos delitos.

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Enjuiciamiento de una presunta falta de estafa cometida a través de una página web de compraventa de artículos de segunda mano.

El incremento que las transacciones electrónicas han experimentado durante el último lustro no ha estado siempre acompañado de las medidas de seguridad necesarias para garantizar la identidad y los derechos de los usuarios de las páginas en las que se compran y venden artículos de segunda mano. Los contratos relativos a esta clase de objetos suponen un porcentaje muy alto de todos los que se celebran a nivel mundial.

Sin embargo, como decíamos, el progreso no ha proporcionado aún los medios adecuados para que los usuarios de internet puedan gozar de un comercio libre de injerencias delictivas. Las suplantaciones de identidad y las estafas están a la orden del día, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de estos artículos son vendidos a personas que residen en una localidad distinta de la del vendedor, con la dificultad añadida del momento en el que haya de pagarse el precio.

En este sentido, el precio puede abonarse en cualquiera de estos tres momentos: antes de entregar (o enviar) el artículo; una vez que éste ya esté en manos del comprador (que podría entonces negarse a pagarlo); o, por último, entregar una señal antes de recibirlo y pagar el resto después.

En la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid se presentó un caso de estas características, en las que la compradora aceptó pagar un anticipo, en concepto de señal, de 100 euros a cambio de que el vendedor le enviara una videoconsola PlayStation 4. Pero la compradora en ningún momento recibió la consola.

Se presentó una denuncia contra el vendedor, incoándose las primeras diligencias ante el Juzgado de Instrucción nº 52 de Madrid. El vendedor fue condenado, como autor de una falta de estafa (artículo 623.4 del Código Penal), a pagar una multa de 180 euros y a indemnizar a la compradora con otros 100. El condenado, sin embargo, alegó en su recurso de apelación que un tercero había suplantado su identidad, pues él nunca había publicado dicho anuncio en la página “milanuncios”.

El Ponente de la sentencia de la Audiencia, D. Luis Carlos Pelluz Robles, explica en su resolución que el derecho a la presunción de inocencia debe prevalecer en este caso, pues no se demostró que la identidad del vendedor no hubiese sido suplantada. Para triunfar en el procedimiento la parte demandante tendría que haber desvirtuado esa idea. Como no lo hizo, el vendedor fue absuelto de responsabilidad.

Además, la falta había prescrito porque transcurrió un año entre que se produjeron los hechos y se presentó la denuncia, y las faltas prescribían a los 6 meses (decimos prescribían porque actualmente se han transformado en delitos leves tras la última reforma del Código Penal).

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Una mujer fue condenada en primera instancia por haberle sustraído la tarjeta de crédito a una señora, utilizándola posteriormente para sacar dinero de dos cajeros. Sin embargo, impugnó la sentencia, alegando falta de pruebas en su contra.

El 16 de febrero del año 2013, alrededor de las 15:30 horas, una señora compró un billete para el metro de Barcelona con su tarjeta de crédito. Al parecer, la acusada estuvo pendiente de la operación, consiguiendo así ver su código secreto, que memorizó. Posteriormente, ya en el interior de un vagón, le sustrajo la cartera.

Cuando abandonó el tren en la siguiente estación se dirigió a un cajero automático, en el que realizó tres reintegros, de 300 euros cada uno. Después fue a otro cajero, donde sacó otros 300 euros.

A la presunta responsable se le imputaron un delito de estafa y una falta de hurto (pues en la cartera sólo había 150 euros en efectivo, estando fijado el límite entre el delito y la falta de hurto en 400 euros; de todas formas, hay que tener presente que en la actualidad, y desde el 1 de julio de 2015, han desaparecido las faltas del Código Penal).

El Juzgado de lo Penal nº 28 de Barcelona la consideró culpable, imponiéndole, por el delito, la pena de prisión de 1 año, 9 meses y 1 día y, por la falta, 1 mes de multa con una cuota diaria de 6 euros (un total de 180 euros).

Frente a la sentencia condenatoria la acusada presentó un recurso de apelación, del que conoció la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Los Magistrados que constituían dicha Sección, Dña. Carmen Sánchez-Albornoz Bernabé, Dña. Montserrat Comas Argemir Cendra y D. Santiago Vidal I Marsal, se enfrentaban a un recurso basado en la falta de pruebas incriminatorias.

En realidad, sólo había dos pruebas contra ella: sus antecedentes penales (había sido condenada anteriormente por un delito intentado de hurto y por una tentativa de robo con violencia en las personas) y el testimonio de la perjudicada. El reconocimiento fotográfico de la culpable no tenía validez judicial, pues no se había reproducido, después de haberse hecho en sede policial, ni ante el Juez de Instrucción ni ante el Juez de lo Penal.

Los antecedentes penales de la acusada no servían para dudar de su testimonio en el presente caso, pues, como señalaron los Magistrados, el derecho penal español juzga los hechos, no las conductas, y mucho menos las pasadas. Por otra parte, el testimonio de la víctima no fue muy claro: no sabía exactamente cuándo le habían sustraído la cartera; dijo que la culpable era sudamericana, cuando la juzgada era rumana, etc…

Ante la ausencia de auténticas pruebas de cargo que sirvieran para imputarle el hecho a la acusada, la Audiencia tuvo que declarar su inocencia y revocar la sentencia anterior. El 29 de abril de 2014 alcanzó firmeza la resolución del Tribunal.

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Análisis del recurso de apelación presentado por tres individuos que habían sido condenados como autores de un delito continuado de estafa, al haberse considerado probado que habían engañado a varias personas con la venta de artículos por internet.

El recurso de apelación se presentó contra la sentencia que había condenado a tres sujetos por un delito continuado de estafa. A dos de ellos se les impuso la pena de 1 año de prisión. El otro, dada su situación de trastorno mental, únicamente fue castigado a 3 meses y 1 día de privación de libertad.

El Juez del Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid les consideró responsables de una estafa realizada a través de internet. Según él, los tres acusados se dedicaban a ofrecer en diversas páginas webs (milanuncios y segundamano) artículos a un precio muy bajo. Exigían un primer pago a los compradores para enviarles su adquisición, pero el envío nunca se producía.

Una de las víctimas tenía la intención de comprar un guacamayo; la otra, un televisor. Un tercero, interesado en un loro, no consiguió, sin embargo, que el Juez estimara su pretensión.

Como decíamos, frente a la sentencia de condena, dictada el 5 de marzo de 2015, se presentó un recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Madrid. Los Magistrados que componían en aquel momento dicha sala de justicia eran D. José Manuel Clemente Fernández-Prieto González, D. Pedro Javier Rodríguez González Palacios y Dña. María Almudena Álvarez Tejero.

El acusado aquejado de trastornos mentales no declaró. Los otros dos, por su parte, negaron haber cometido la estafa que se les imputaba. Reconocieron haber realizado un encargo a cambio de una pequeña contraprestación: uno, en provecho del coacusado; el otro, de uno de los perjudicados.

La acusación presentó el informe de un perito informático. Pero éste únicamente acreditó que desde el ordenador de la novia de uno de los acusados se había accedido a las páginas desde las que se había cometido la estafa (segundamano y milanuncios). No comprobó que se hubiera utilizado el ordenador para publicar los anuncios fraudulentos.

Aunque los Magistrados de la Audiencia tenían algunas sospechas con respecto a los procesados, ellos mismos señalaron en la sentencia que la única presunción que cabe en el ámbito jurisdiccional penal es la de inocencia, en ningún caso la de culpabilidad. De ahí que el tenor de su resolución, dictada el 15 de julio de 2015, fuese de carácter favorable a los recurrentes. Los tres fueron declarados inocentes.

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Juicio en el que los querellantes consideraban a los acusados como autores de un delito continuado de apropiación indebida (o, en su caso, de estafa), el cual habrían cometido presuntamente al gestionar el negocio de aquéllos.

Los acusados, que estaban casados entre sí, tenían un negocio que no marchaba bien. Con la finalidad de ayudarles y de aprovechar su ayuda en beneficio propio, los querellantes, que también estaban casados (además, él era primo de la acusada), decidieron contar con sus servicios para que llevaran las cuentas y la representación de su empresa. Sin embargo, y para evitar mayores gastos, pactaron algunas condiciones especiales:

- Ella cobraría una cantidad fija, pero él no.

- No habría un contrato por escrito; todos los acuerdos serían verbales.

- Él podría utilizar la tarjeta de crédito de la empresa para costear gastos inherentes a sus funciones.

- Los pagos que les efectuasen, sobre todo en concepto de remuneración, se harían a través de su antigua sociedad (la que tenía problemas).

Cuando pasaron unos años los propietarios del negocio vieron que algo no iba bien, por lo que decidieron prescindir de los servicios de sus familiares y contratar a un nuevo gestor. Éste les informó de ciertas irregularidades, de manera que interpusieron una querella contra aquéllos.

Después de recibir los autos, el Juzgado de Instrucción nº 20 de Barcelona inició un procedimiento abreviado que remitió a la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. Los Magistrados que estaban destinados en la misma, D. Carlos Mir Puig, D. Jesús María Barrientos Pacho y Dña. María Mercedes Otero Abrodos, tenían ante sí una acusación, tanto de la Fiscalía como de los perjudicados, por un delito continuado de apropiación indebida o, para el caso de que no se aceptase dicha calificación, por un delito de estafa.

Era cierto que la acusada había recibido más dinero del que los querellantes afirmaban que le correspondía en concepto de sueldo; también lo era que el acusado había gastado altas sumas con la tarjeta de crédito. Dichas circunstancias, a pesar de que en un sentido objetivo podrían ser constitutivas de un delito de apropiación indebida, sin embargo, no lo eran en el caso concreto. Veamos por qué.

Los querellantes habían confiado en los acusados: les habían dado la tarjeta de crédito y las claves para operar con sus bancos por internet. Éstos no habían empleado ningún fraude malicioso para conseguirlas. Por otra parte, la falta de un contrato por escrito impedía a los Magistrados comprobar la veracidad de las afirmaciones de los querellantes.

Lejos de contar con pruebas incriminatorias contra los acusados, la Audiencia optó por la única solución posible en el caso analizado: absolver a ambos. Así se les notificó el 12 de diciembre de 2014.

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Procedimiento en el que se acaba absolviendo de responsabilidad a un hombre que podría haber actuado como intermediario para transmitir a terceros el dinero obtenido de transferencias bancarias fraudulentas.

Se vienen detectando últimamente muchos casos en los que coincide el modus operandi de ciertos delincuentes económicos: sujetos extranjeros contactan a través de internet con residentes en España, ofreciéndoles pingües beneficios por una conducta muy sencilla, consistente en recibir ingresos en sus cuentas bancarias y transferir posteriormente parte de ese dinero a las personas que se les diga (lo que se conoce como phishing).

En el caso que ahora nos interesa, el hombre que iba a actuar como intermediario acudió a la Guardia Civil el día que recibió dos transferencias (12 de noviembre de 2010), alertando a los agentes acerca de lo sospechoso que era el acuerdo al que había llegado con personas con las que sólo había contactado por internet. El hombre, que había recibido unos 2.700 euros, entregó voluntariamente 1.500. El resto se lo gastó, presumiblemente, en sí mismo.

A pesar de su comportamiento, tanto la Fiscalía, representada por D. Francisco Ceacero, como la entidad BBVA, representada por D. Jesús Rivaya Carol, acusaron al sujeto de haber cometido un delito de estafa informática o, subsidiariamente, uno de blanqueo de capitales por imprudencia. El Juzgado de Instrucción nº 3 de Carlet elevó los autos al Juzgado de lo Penal nº 3 de Valencia, que dictó una sentencia favorable al acusado (21 de febrero de 2014).

Sin embargo, ni el Ministerio Fiscal ni el banco BBVA (que había devuelto al perjudicado la cantidad sustraída en su totalidad) estaban conformes con dicha resolución, por lo que procedieron a recurrirla en apelación. El conocimiento del recurso recayó en la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por los Magistrados D. Lamberto Juan Rodríguez Martínez, Dña. Lucía Sanz Díaz y Dña. Mª Carmen Melero Villacañas Lagranja.

Como el procedimiento se había desarrollado sin la presencia del acusado, ninguna de las declaraciones del mismo en sede policial pudieron aportarse al proceso (al no estar justificada la incomparecencia de aquél). Por lo tanto, tampoco la Audiencia podía valorar ninguna de esas pruebas, dada su inexistencia procesal. Esas circunstancias, unidas al hecho de que no podía demostrarse que el acusado hubiera actuado como intermediario de una red de estafas informáticas, a lo que ayudó la restitución voluntaria de parte del dinero, motivó que la resolución del recurso confirmara la sentencia absolutoria, lo que se hizo efectivo el 22 de julio de 2014.

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Recurso relacionado con una condena por phishing, delito consistente en sustraer ilegalmente cantidades de cuentas bancarias utilizando como intermediarios a personas que no participan en la comisión del delito, aunque después tengan que transferir lo recibido a terceros.

A pesar de que la conducta a la que hemos hecho referencia en el título de este artículo, el phishing, sea normalmente constitutiva de un delito de blanqueo de capitales, en el caso que nos ocupa la Fiscalía y la acusación particular (banco BBVA) solicitaron una condena por estafa o, subsidiariamente (en el caso de que la estafa no fuera estimada), por un delito de apropiación indebida.

El perjudicado por los hechos que se enjuiciaron fue un particular, propietario de una empresa, al que la mañana del 4 de marzo del año 2010 le sustrajeron de sus cuentas bancarias casi 6.000 euros mediante dos transferencias ordenadas por internet. Los autores del delito, después de obtener ilícitamente sus claves de banca electrónica, realizaron las transferencias a favor de dos personas, presuntamente colaboradores suyos, que retiraron la mayor parte del dinero ese mismo día.

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Valladolid no consideró que los destinatarios de las transferencias tuvieran conocimiento del origen ilícito del dinero, de manera que declaró la absolución de ambos, un hombre y una mujer, el 19 de junio de 2014. Sin embargo, tanto el Ministerio Fiscal como el representante del BBVA decidieron interponer un recurso de apelación contra la resolución.

Aunque los Ilustres Magistrados de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Valladolid, D. Ángel Santiago Martínez García, Dña. María Teresa González Cuartero y D. Javier de Blas García, estaban plenamente convencidos de la culpabilidad de los dos acusados, a los que consideraban auténticos destinatarios del dinero, tenían que aplicar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo relativa a la valoración del elemento subjetivo del injusto.

El Tribunal que ha de resolver un recurso no puede corregir al que dictó la sentencia recurrida, al menos en lo que al elemento subjetivo del injusto se refiere (la consciencia del acusado de estar realizando una actividad ilegal), sin presenciar directamente la práctica de las pruebas procesales de carácter personal (declaración de las partes y de los testigos).

En base a esa reiterada doctrina de los dos Tribunales, el 27 de noviembre de 2014 la Audiencia tuvo que confirmar la sentencia recurrida y proclamar la inocencia de los acusados, y ello con independencia del convencimiento íntimo de los Magistrados, que creían a ambos responsables.

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Juicio relativo a la posible implicación de un sujeto en las estafas y falsificaciones realizadas por otro, que utilizaba el nombre de aquél, todo ello relacionado con la adquisición de artículos de lujo.

A lo largo del año 1993 un hombre se dedicó a estafar a varios comercios madrileños, la mayoría de ellos dedicados a los artículos de lujo: antigüedades, joyas, relojes de oro, piezas de marfil, etc… El delincuente pagaba sus adquisiciones con cheques falsamente conformados, haciéndose pasar por otras personas. Las cuentas contra las que se giraban los cheques no tenían fondos. Pertenecían al Banco Popular Español, al Banco de Alicante y al Banco Bilbao-Vizcaya.

Si bien el responsable fue condenado, por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Madrid, por los delitos continuados de falsificación y estafa, ahora la acusación se dirigía contra una de las personas cuya identidad había suplantado aquél. La Fiscalía, representada por D. Antonio Colmenarejo Frutos, sostenía que el suplantado había actuado concertado con el autor de los delitos. Por eso solicitaba que se le castigara, por los mismos delitos, con las penas de 4 años de prisión, multa de 1.500 euros y una indemnización cercana a los 50 millones de pesetas a los establecimientos perjudicados.

El condenado había ofrecido diversas versiones de los hechos. La primera vez declaró que actuaba sólo; la segunda, que le ayudaban dos personas, siendo una de ellas contra la que se dirigía la acusación; por último, negó la participación del ahora acusado.

No era un caso sencillo el que se les presentó a las Magistradas Dña. Araceli Perdices López, Dña. Ailatz Aizpurúa Biurrarena y Dña. Teresa Arconada Viguera, integrantes de la misma Sección 1ª, a la que habían llegado los autos después de que el Juzgado de Instrucción nº 2 de Madrid confirmara las acusaciones. El Procurador del acusado era D. Pérez Fernández Turegano.

El estafador tenía en su poder diversos documentos del acusado, entre ellos el DNI. Éste explicó dicha situación afirmando que en una ocasión, mientras estaba de vacaciones, habían entrado en su casa y su negocio y le habían robado. Sin embargo, y esto era lo que hacía sospechar a los Magistrados, no había denunciado el robo.

Por otra parte, si el estafador disponía de la documentación de diversas personas, no tenía mucho sentido que utilizase la correspondiente al acusado si éste, efectivamente, actuaba compinchado con él. Fueron estas dudas las que llevaron al Tribunal a dictar una sentencia favorable al acusado, que fue absuelto de responsabilidad el 29 de octubre de 2004.

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Juicio en el que un hombre acusa a otro de haberle estafado en la compraventa de un inmueble, que pertenecía a otra persona cuando se perfeccionó el contrato.

Todas las circunstancias que rodearon este proceso fueron bastante extrañas para el Tribunal. El 19 de septiembre del año 2011 dos sujetos, el acusado y el que se constituyó en acusador particular, acordaron la compraventa de un inmueble del primero a cambio de 60.000€, cantidad que se entregó en dicho momento, antes del otorgamiento de la escritura pública de compraventa.

El acusado, por su parte, tenía graves problemas con la Administración, pues adeudaba casi 4.000.000€ a los Servicios Tributarios del Principado de Asturias. Según él, había heredado 25 o 26 pisos de su mujer y pretendía deshacerse de algunos de ellos.

El comprador, que no tenía dinero, le había pedido un préstamo a un tercero, que también era conocido del acusado. Éste llegó a perder el piso en cuestión por culpa de unas deudas con otro prestamista, de manera que cuando otorgó la escritura con el comprador, la vivienda ya no le pertenecía. El comprador, al enterarse, interpuso una denuncia contra el vendedor.

El juicio adoptó la forma de procedimiento abreviado, el cual, tras pasar por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Gijón, se desarrolló ante la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Gijón. Sus Magistrados (Don Bernardo Donapetry Camacho, Doña Alicia Martínez Serrano y Don Santiago Veiga Martínez) asistían estupefactos a la sucesión de los testimonios de las partes y de los testigos:

- El acusado no justificó prácticamente nada de lo que dijo: que poseía tantos inmuebles, que había vendido alguno de ellos, que no tenía ánimo de defraudar al comprador, etc…

- No tenía sentido que el comprador comprase un piso sobre el que pesaba una deuda tan grande con la Hacienda de Asturias, ni que el prestamista no le reclamase el dinero que le había dejado para que lo comprara. Además, pretendía 95.000€ en el juicio en concepto de responsabilidad civil, sin probar de dónde procedía esa diferencia de 35.000€ entre lo que entregó al vendedor y lo que ahora reclamaba.

El acusado lo estaba como autor de un delito de estafa (artículos 248 y 249 del Código Penal). El Ministerio Fiscal solicitaba para él las penas de 3 años de prisión y una multa de 10 meses (8€ diarios). La acusación particular, sin embargo, iba más allá, pues pedía 6 meses más de prisión y el doble de la multa.

Después de todos los hechos que salieron a relucir en el juicio, la Audiencia no podía tener por probada la acusación. Por eso la sentencia que se dictó el 7 de julio de 2015 absolvió de responsabilidad al acusado.

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