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La Fiscalía alerta del uso elevado de whatsapp, SMS y redes sociales en delitos de amenazas y hostigamiento

La Fiscalía alerta del uso elevado de whatsapp, SMS y redes sociales en delitos de amenazas y hostig
El correo electrónico, el whatsapp, o RRSS, cauces habituales para coaccionar a las víctimas y canalizan el hostigamiento o persecución.

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El delito de acoso se encuentra recogido en el Código Penal, y ello dentro del capitulo dedicado a los delitos contra la libertad.

Delito de acoso ilegítimo o stalking

En el Juzgado de Instrucción número 3 de Tudela, Navarra, se dictó sentencia, de fecha 23 de marzo de 2016, por delito de acoso reiterado e ilegítimo, también conocido como stalking, que se encuentra regulado en el art. 172 ter del Código Penal.

En el caso juzgado, quedó probado que el acusado, tras conocer a la denunciante, comenzó a hacerla llamadas de teléfono, enviarle mensajes de whatsapp, textos y fotografías, llegando incluso a que dichos contenidos fuesen de índole sexual.

Por ello, fue condenado por un delito de acoso del art. 172 ter CP, a una pena de multa de cuatro meses con una cuota diaria de 4 euros, además de la prohibición de acercarse a menos de 50 menos de la víctima, de su domicilio o de lugares frecuentados por ella, así como de comunicarse por ella de cualquier forma o manera.

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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se ha pronunciado por primera vez en la Sentencia 1647/2017 de 8 de mayo sobre el nuevo delito de acoso ilegítimo o “stalking” introducido por la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015.



El nuevo artículo 172 ter del Código Penal dispone que:



“1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:

1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física.



2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.

3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.

4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.

Si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años.

Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, se impondrá una pena de prisión de uno a dos años, o trabajos en beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días. En este caso no será necesaria la denuncia a que se refiere el apartado 4 de este artículo.
Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso.
Los hechos descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.”

El Tribunal Supremo se pronuncia por sobre el delito de Acoso ilegítimo o “STALKING” | Abogados Port
El Supremo se ha pronunciado por primera vez en la Sentencia 1647/2017 de 8 de mayo sobre el nuevo delito de acoso ilegítimo o “stalking”

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Un nuevo caso de ciberbullyng ha terminado con la detención de una menor de 16 años en Navarra por vejar y humillar a una compañera de clase a través de la red social Ask.fm,

La menor detenida ha sido acusada de malos tratos psicológicos continuados, descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197 CP), usurpación del estado civil (artículo 401 CP), y calumnias e injurias (artículo 205 y siguientes CP).

Jose A.G. Jose A.G.
CONDENADO A TAREAS SOCIOEDUCATIVAS UN MENOR QUE ACOSABA A SU EX NOVIA

La Sala de Lo Penal de la Audiencia Provincial de Burgos ha dictado sentencia contra un menor acusado de acosar a su ex novia tras la ruptura de la relación tanto de forma presencial como a través de otros medios y, tras reconocer los problemas familiares y de adaptación que sufre el acusado, le impone una pena de tareas socioeducativas con la plena intención de lograr su incorporación plena en la sociedad.

Desde que este menor y su pareja pusiesen punto y final a su relación afectiva, él, que por lo visto no aceptaba la nueva situación, comenzó a acosarla. La insultaba tanto por teléfono como a través de las redes sociales, o la esperaba a la salida tanto del propio domicilio de la víctima como del instituto donde estudiaba con la clara intención de "molestarla, impedirla el paso, amenazarla, insultarla."

Pero este joven, de origen colombiano, tal y como recoge la sentencia, vive "dificultades que no favorecen una integración adecuada, se advierten problemas en el ámbito familiar [convive con su madre y la nueva pareja de ésta mientras su padre permanece en Colombia] y en su relación social. A nivel educativo, no ha finalizado la E.S.O. y ha presentado un notable absentismo escolar en los últimos años. A nivel personal, existe una gran desmotivación para todo lo reglado o que exija la supervisión del adulto. Pudiera darse un consumo importante de sustancias nocivas."

En base a todo lo anterior el Juzgado de Menores de Burgos le consideró responsable de un delito de coacciones según el artículo 172.1 del Código Penal español y le condenó a una pena de nueve meses de tareas socioeducativas, así como la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de su ex novia o ponerse en contacto con ella por cualquier medio también durante esos nueve meses.

Ahora la Audiencia Provincial de Burgos ratifica esta sentencia por lo que el acusado, además de tener que pagar las costas procesales del primer proceso, deberá hacer frente también a las costas de esta apelación.

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Condenado por la difusión de comentarios injuriosos a través de blogs y redes sociales.

La Sala de Lo Penal de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana ha ratificado la sentencia contra un policía de Castellón acusado de efectuar una gran cantidad de comentarios de índole injuriosa contra uno de sus superiores que publicaba y difundía a través de diversos blogs de su propiedad, de terceros y en varios grupos de la popular red social FaceBook.

La sentencia dictada en esta apelación presentada por el acusado se limita a considerar como hechos probados los ya descritos en el fallo dictado por el Juzgado de Lo Penal Número 1 de Castellón y según los cuáles el acusado publicó y difundió, entre otros, comentarios como los siguientes:

- "Sr. Intendente-Jefe, últimamente me viene provocando buscando mi mirada y sonriendo con esa sonrisa de hiena que tiene".
- "Sr. Alcalde y Sr. Intendente-Jefe, a todo cerdo le llega su San Martín"
- "es conocida la actitud agresiva e intransigente que muestra a sus subordinados, ya que la gran mayoría de agentes se muestra con ansiedad y miedo".
- "del Intendente-Jefe de la Policía Local de Oropesa del Mar y éste utiliza de forma habitual con sus subordinados, actitudes y modos de represión y coacción"
- "Tras este enésimo capítulo de acoso laboral y abuso de poder que vengo sufriendo por parte del Intendente-Jefe en connivencia con alcaldía".
- Y otros comentarios similares

También como hechos probados el tribunal reconoce que el acusado padecía un trastorno ansioso depresivo que mermaba sus facultades de entendimiento.

Todos estos comentarios, continuos y repetidos, afectaron a la víctima quien sufrió un trastorno de ansiedad generalidad presentando un fuerte carácter negatiivo y pesimista.

En consecuencia, la Audiencia Provincial de Castellón ha desestimado totalmente el recurso de apelación presentado por el acusado y no ha hecho más que ratificar una sentencia por la cual se le considera culpable de un delito continuado de injurias con publicidad si bien, con atenuante de trastorno depresivo. Así, el autor de estos comentarios ha sido condenado a una pena de multa de 8 euros diarios durante diez meses, a indemnizar a su víctima con la cantidad de 6.401,65€ más los intereses que correspondan, a la inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena y a publicar la sentencia en todos aquello medios donde previamente había publicado tales comentarios.

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