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Descripción

Servicios profesional de Abogados especializado en la redacción y revisión de contratos, especialmente, de contratos informáticos y relacionados con las nuevas tecnologías e Internet

Si tiene cualquier duda respecto a la redacción de un contrato, no dude en consultarnos, le ofreceremos un presupuesto ajustado a sus necesidades.

Entre los contratos que hemos realizado para nuestros clientes han sido:


Modelo de Contrato de acceso y tratamiento de datos personales – LOPD
Carta de colaboración de proveedor de contenidos (intercambio de enlaces)
Acuerdo de colaboración de servicio
Modelo de documento de entrega de progama informático, producto o servicio contratado
Contrato de mantenimiento
Contrato de Mantenimiento de Licencias de Sistema
Condiciones y licencia de uso
Copyright. Licencia de uso
Licencia de uso de programa
Contrato de desarrollo de programa informático
Contrato de arrendamiento de equipos
Contrato de mantenimiento de equipos
Contrato de licencia de uso
Contrato de mantenimiendo (general)
Contrato de ASP (general)
Contrato de desarrollo de Software a medida (general)
Contrato de distribución (general)
Contrato de escrow (general)
Contrato de hosting (general)
Contrato de housing (general)
Contrato de licencia de uso (general)
Contrato de registro y renovación de nombre de dominio
Contrato de outsourcing
Contrato de compraventa de hardware
Contrato de cesión de propiedad intelectual
Contrato de prestación de servicios informáticos
Contrato de suministro de contenidos

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COMUNICADO ERTES Y PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD AUTÓNOMOS


El Gobierno aprobó en un Consejo de Ministros extraordinario la prórroga de los
ERTE de fuerza mayor y el cese de actividad extraordinario de los autónomos hasta el 30 de
septiembre. Tras casi dos semanas de intensas negociaciones, finalmente el Ejecutivo ha
conseguido cerrar un acuerdo con los agentes sociales y las asociaciones de autónomos para la
ampliación de estas medidas económicas que son las más importantes de todas las que aprobó
el Gobierno tras el estallido de la crisis, junto con los créditos del ICO.
En primer lugar se prorrogan los ERTE en tres circunstancias distintas:
- ERTE de fuerza mayor total. Se mantienen solo para aquellos sectores que todavía tendrán
restricciones a la reapertura. Las exoneraciones en las cotizaciones empresariales a la
Seguridad Social que se aplican serán las siguientes. Para empresas de menos de 50
trabajadores, en julio tendrán una exoneración del 70%; en agosto, del 60% y en septiembre
del 35%. En el caso de empresas con 50 o más trabajadores, la exoneración será del 50% en
julio, del 40% en agosto y del 25% en septiembre.
- ERTE de fuerza mayor parcial y ERTE ETOP. Serán los más utilizados, ya que se aplicarán a
todas las empresas que estén recuperando su actividad a medida que reincorporen a sus
trabajadores. Estos expedientes tendrán un incentivo al empleo, ya que las exoneraciones de
cotización serán mayores para los trabajadores activos que para los que sigan en el ERTE. En
concreto, para las empresas de menos de 50 trabajadores, la exención en las cuotas
empresariales será del 60% para los trabajadores reactivados y del 35% para los que sigan en
el ERTE, mientras que las empresas de 50 o más trabajadores tendrán una exoneración del
40% para los trabajadores reincorporados y del 25% para los que siguen en el ERTE. En el caso
de que una empresa transite del ERTE de fuerza mayor al ETOP, tendrá que negociar las
condiciones del mismo con sus trabajadores.
- ERTE de fuerza mayor por rebrote. El acuerdo del Gobierno con los agentes sociales
contempla la posibilidad de que se produzcan nuevas medidas de confinamiento en el caso de
que surjan rebrotes del virus. En ese caso, las empresas podrían volver a solicitar ERTE de
fuerza mayor total y contarían con una exoneración del 80% para las empresas de menos de
50 trabajadores y del 60% para las de 50 trabajadores o más.
los casos de ERTE de fuerza mayor, así como en los de los ETOP que procedan de ERTE de
fuerza mayor, los trabajadores tendrán asegurada la prestación. Se mantiene el 'contador a
cero', esto es, que la prestación no consume periodo de paro, y se garantiza el cobro a todos
los trabajadores aunque estos no hayan acumulado un periodo de cotización suficiente.
En cuanto al cese de actividad extraordinario, también se introducen cambios importantes
que afectan a los autónomos.
- Cese de actividad extraordinario. Se mantiene el cese de actividad tal y como existe
actualmente (con la prestación y la bonificación total de las cotizaciones sociales) para
aquellos autónomos que tengan una caída de la actividad del 75% o superior en comparación
con el mismo periodo del año anterior. Estos tendrán que demostrar que realmente han
sufrido un hundimiento involuntario de su volumen de negocio.
- Exoneraciones en la cotización. La mayor parte de los autónomos perderán el acceso al cese
de actividad, porque con la reapertura recuperarán una parte de su negocio. Si su facturación
este año equivale al más del 25% de la de 2019 no tendrán derecho al cese extraordinario. Sin
embargo, sí se mantienen las bonificaciones en las cotizaciones sociales para todos los
autónomos que estos meses hayan sido beneficiarios del cese de actividad. Todos ellos
tendrán una bonificación del 100% en julio (no pagarán cuota), del 50% en agosto y del 25% en
septiembre.

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Según el Real Decreto 24/2020, de 26 de junio, para todos aquellos autónomos que a 30 de junio cobran la prestación extraordinaria se abren dos posibilidades a partir del 1 de julio


1. Para aquellos que vayan recuperando la actividad, exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social:

Julioà 100%

Agostoà 50%

Septiembreà 25%



En este supuesto el autónomo no tendrá que realizar ningún trámite ni comunicación Y ES INCOMPATIBLE CON SEGUIR COBRANDO LA PRESTACION



2. Para aquellos autónomos en los que se mantenga la reducción de actividad en el tercer trimestre con una reducción de facturación de al menos el 75% en relación con el mismo periodo en el año 2019 y, además, no haber obtenido durante el tercer trimestre de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818.75 euros, es decir 1939,58 € mensuales podrán solicitar de nuevo la prestación, , dichas cantidades seran comprobadas en octubre con los impuestos presentados de 2019 y 2020 (modelo 303 y modelo 130), en caso que superaran dicha facturación se tendrá que abonar el importe percibido.

Los requisitos para poder optar a esta prestación son los siguientes:



1. Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, en su caso. Por tanto, no tendrán derecho todos aquellos autónomos que durante el estado de alarma se han dado de baja en el sistema (independientemente de que hayan estado cobrando el PECATA).

2. Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad a que se refiere el artículo 338. Es decir, 12 meses y de manera continuada.

3. No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación, salvo que el trabajador autónomo no tuviera acreditado el período de cotización requerido para ello.

4. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección. (Recordad, no son válidos los aplazamientos).

5. Se exigirá acreditar una reducción en la facturación durante el tercer trimestre del año 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo período del año 2019.

6. No haber obtenido durante el tercer trimestre unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros (1.939,58 euros mensuales).

7. Y acreditar mediante declaración responsable el cumplimiento de todas sus obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas.





* ¿Cuándo se podrá realizar la solicitud? COMUNICARNOS A LA MAYOR BREVEDAD QUE OPCIÓN ES LA QUE QUERÉIS SOLICITAR.

En este sentido, si realizan la solicitud entre los días 1 y 14 de julio, se reconocerá el derecho a la prestación desde el día 1 de julio.

Si realizan la solicitud del día 15 de julio en adelante, se reconocerá el derecho a la prestación el día siguiente a la fecha en la que hayan realizado la solicitud.

Estamos trabajando en adecuar la aplicación, formulario, declaraciones responsables etc. Os iremos informando de los avances, así como la fecha en la que estará disponible.



* ¿Qué documentación se requerirá para la comprobación de la reducción de facturación?

Esta comprobación se realizará a posteriori (a partir del mes de octubre), en el momento de la realización de la solicitud se firmarán declaraciones responsables (no tendrán que aportar documentación sobre facturación e ingresos).



Posteriormente, se requerirá:



Ø La Mutua, recabará del Ministerio de Hacienda los datos tributarios del año 2019 y 2020.

Ø Además, la Mutua podrá requerir al autónomo:

- Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), correspondiente a las declaraciones del segundo y tercer trimestre de los años 2019 y 2020.

- Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del segundo y tercer trimestre de los años 2019 y 2020 a los efectos de poder determinar lo que corresponde al tercer y cuarto trimestre de esos años.

- Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar la documentación necesaria o cualquier otro medio de prueba que sirva para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.



* ¿Puede el autónomo renunciar a esta prestación en cualquier momento?

Si, puede renunciar en cualquier momento.

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Información sobre nuevas medidas económicas y sociales aprobadas BOE 1 de abril de 2020

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo paquete de medidas económicas y sociales con el que se completan y refuerzan las medidas adoptadas en las tres últimas semanas por el Gobierno para minimizar y contrarrestar el impacto del COVID-19
RESUMEN
Este nuevo paquete de medidas se articula a través de un Real Decreto-ley que incluye más de 50 medidas con las que se complementa la red de seguridad articulada por el Estado para dar respuesta a la situación que ha creado la pandemia. Este nuevo grupo de medidas se articula en tres bloques: en primer lugar, apoyo a los trabajadores, las familias, los consumidores, los autónomos y los colectivos más vulnerables, de forma que se pueda aliviar su situación financiera y sus gastos fijos, y preservar así una renta mínima.

En segundo lugar, se impulsan iniciativas para sostener el tejido productivo y el empleo, y facilitar la futura recuperación de la actividad; y, en tercer término, se adoptan medidas de flexibilización de diversas actividades y procesos de la Administración.

Finalmente, se han reforzado algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto-Ley 8/2020, aprobado el pasado 17 de marzo, además de extenderse la duración de las mismas hasta un mes después del final del estado de alarma.

Moratoria de alquileres
El primer bloque de medidas tiene como objetivo apoyar a las personas que no puedan pagar sus alquileres por encontrarse en situación de vulnerabilidad por el COVID-19 y no tengan alternativa habitacional. En primer término, se suspenden los desahucios durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma.

En segundo lugar, se implanta la renovación automática de los contratos de alquiler que venzan en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma. Esta prórroga será de seis meses y en ella se mantendrán los términos y condiciones del contrato en vigor.

En tercer lugar, se establece una moratoria automática en el pago de su renta para aquellos arrendatarios en situación de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda, tanto público como privado, incluido el Fondo Social de Vivienda de las entidades financieras. Se entiende como tal a quien posea más de diez inmuebles.

La moratoria en el pago de la renta se prolongará mientras dure el estado de alarma o mientras persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses. Una vez superada dicha situación, el inquilino devolverá la cuota o cuotas no pagadas a lo largo de un periodo no superior a tres años, sin que pueda aplicársele ningún tipo de penalización ni intereses.

En cuarto lugar, se regula la moratoria para el caso en el que el arrendador no sea un gran tenedor de inmuebles, algo que sucede en el 85% de los casos. En estas circunstancias, el inquilino, siempre que se encuentre en situación de vulnerabilidad, podrá solicitar un aplazamiento en el pago de su renta. El arrendador tendrá siete días para aceptarlo, proponer una alternativa o rechazarlo.

En el caso de que no haya un acuerdo, el inquilino tendrá acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación a coste cero con aval del Estado. El inquilino podrá solicitar un crédito finalista, directamente pagado al arrendador, por importe de hasta seis mensualidades de la renta de alquiler, a devolver en un periodo máximo de diez años. Este crédito no tendrá interés, será concedido por las entidades de crédito y contará con el aval del Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que firmará el correspondiente acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Para personas que tengan problemas más permanentes para el pago del alquiler, se establece también un nuevo programa de ayudas directas al alquiler sobre vivienda habitual y que podrán ser añadidas a las citadas anteriormente.

La norma incorpora un programa específico para víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables, a fin de dotarles de una solución habitacional inmediata. Se establece una ayuda de hasta 600 euros al mes, que puede elevarse en casos justificados hasta 900 euros, siempre con un límite del 100% de la renta del inmueble. Y se añaden otros 200 euros para la atención de los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos, con un límite del 100% de los mismos.

Se extiende la moratoria hipotecaria
En materia de vivienda, se clarifican aspectos relacionados con la moratoria hipotecaria regulada en el RDL8/2020. Así, el plazo de suspensión pasa de uno a tres meses; se adapta la acreditación de vulnerabilidad a la situación derivada del estado de alarma, siendo suficiente en estas circunstancias con una declaración responsable del beneficiario sobre su situación; y se clarifica que las cuotas suspendidas no se abonan al finalizar la suspensión, sino que todos los pagos restantes se posponen por idéntico periodo. También se añade a los autónomos entre los colectivos que pueden beneficiarse de esta moratoria.

Con la misma filosofía que la moratoria en el pago de alquileres o de hipotecas, el Real Decreto-Ley aprobado hoy establece la posibilidad de una moratoria en los créditos y préstamos no hipotecarios que mantengan las personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo los créditos al consumo.


Apoyo en suministros básicos
Otro de los ejes en los que ahonda el nuevo paquete de medidas tiene que ver con garantizar los suministros básicos a más hogares. Así, se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social eléctrico, al que podrán acogerse de forma excepcional las personas que se hayan visto afectadas por medidas de regulación de empleo de sus empresas o, en el caso de autónomos, haber cesado su actividad o visto reducidos sus ingresos en más de un 75%.

Además, en un contexto en el que, por una mayor permanencia en el hogar derivada de las medidas de contención y por el desarrollo en el mismo de actividades profesionales que, normalmente, se realizan fuera de la vivienda habitual, se establecen medidas para garantizar la continuidad de los suministros energéticos y de agua en el hogar, prohibiéndose su suspensión por motivos distintos a la seguridad del suministro.

Nuevas ayudas sociales
Siguiendo con la idea trasladada por el Gobierno de no dejar a nadie atrás en esta crisis, se establecen nuevas prestaciones para colectivos que no tenían derecho a las mismas.

Se crea un subsidio extraordinario temporal para empleadas del hogar que hayan visto su jornada reducida o su contrato extinguido como consecuencia del COVID-19. El importe de esta prestación, que tiene carácter retroactivo si la causa es la actual crisis sanitaria, será el equivalente a un 70% de la base reguladora de la empleada. Será compatible con el mantenimiento de otras actividades, sin que, en ese caso, la suma de retribuciones pueda exceder el importe del Salario Mínimo Interprofesional.

Asimismo, se establece que las personas que tuviesen un contrato temporal de duración de al menos dos meses que se hubiese extinguido tras la declaración del estado de alarma y que no alcancen el periodo de cotización mínimo para percibir una prestación por desempleo pueden percibir un subsidio extraordinario equivalente al 80% del importe mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), estableciendo requisitos de acceso en función de la situación de rentas del hogar familiar

Otras medidas de apoyo a las personas
Para aliviar las necesidades de liquidez de los ciudadanos, se amplían los supuestos en los que se pueden rescatar las aportaciones realizadas a planes de pensiones, de forma que podrán recurrir a las mismas las personas que estén inmersas en un expediente de regulación temporal de empleo y los autónomos que hayan cesado su actividad como consecuencia de los efectos del COVID-19

Se adoptan diferentes medidas de protección al consumidor en los contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios, sean o no de tracto sucesivo, cuya ejecución sea imposible como consecuencia de la aplicación de las medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma. En estos casos, los consumidores podrán ejercer el derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días.

En los contratos de tracto sucesivo, se paralizará el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio pueda volver a prestarse con normalidad, sin que esto suponga la rescisión del contrato.

En cuanto a servicios prestados por varios proveedores, caso, por ejemplo, de los viajes combinados, el consumidor podrá optar por solicitar el reembolso o hacer uso del bono que le entregará el organizador o, en su caso, el minorista. Dicho bono lo podrá utilizar en el plazo de un año desde la conclusión del estado de alarma. En caso de no utilizarse durante ese periodo, el consumidor podrá ejercer el derecho de reembolso

En el ámbito del sector de telecomunicaciones, la norma matiza que la suspensión de la portabilidad solo afecta a aquellas operaciones en las que exista necesidad de los usuarios de desplazarse físicamente a tiendas o de que se realicen intervenciones físicas en su domicilio, excepto en casos de fuerza mayor

Además, y para evitar que el consumidor se pueda ver perjudicado por la suspensión de las operaciones de portabilidad, se establece que los usuarios no puedan ver sus tarifas incrementadas durante el tiempo en que no puedan solicitar un cambio de compañía.

Finalmente, en un contexto en el que las actividades de ocio están muy afectadas por las medidas de contención derivadas del estado de alarma, también se establecen limitaciones en la publicidad y en las actividades de promoción de determinadas actividades de juego online.

Apoyo al tejido productivo
Con el fin de aliviar la situación financiera de empresas y autónomos afectados por la actual crisis, se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a conceder de forma excepcional moratorias en el pago de las cotizaciones sociales.

En el caso de los autónomos, se establece que los que sean beneficiarios de la prestación por cese de actividad podrán abonar fuera de plazo y sin recargo las cotizaciones del mes de marzo correspondientes a los días previos a la declaración del estado de alarma.

Se permite que empresas y autónomos que no tengan en vigor aplazamientos de pago de deudas con la Seguridad Social puedan solicitar hasta el 30 de junio de 2020 el aplazamiento del pago de las deudas que deban ingresar entre abril y junio de 2020 sin que se aplique ningún interés.

Para el acceso a la prestación extraordinaria por cese de actividad, se adapta la norma para contemplar la situación de determinados colectivos que tienen un alto grado de estacionalidad, como el agrario, el de la cultura, los vinculados a acontecimientos como la Semana Santa u otros.

Se facilita, asimismo, la realización de todos los trámites relativos a aplazamientos en el pago de deudas, moratorias o devoluciones de ingresos indebidos a través del Sistema RED de comunicación electrónica.

Además, se establecen diferentes medidas para que los autónomos y las empresas que se hayan visto afectados por el COVID-19 puedan flexibilizar el pago de suministros básicos como la luz, el agua o el gas, llegando incluso a la posibilidad de suspender su pago. Las cantidades adeudadas se abonarán como máximo en los seis meses siguientes a la finalización del estado de alarma.

La norma establece también una serie de medidas que, igual que en reales decretos-ley pasados, persiguen preservar al máximo el empleo. En este sentido, se adaptan los compromisos de mantenimiento del empleo durante el plazo de seis meses fijados en el RDL 8/2020 a las particularidades de determinados sectores, en particular las vinculadas al mundo de la cultura, atendiendo a su variabilidad y alineamiento con eventos concretos.

También se flexibilizan los procedimientos de las convocatorias de préstamos o ayudas de la Secretaría General de Industria y de la Pyme. En este sentido, las garantías para nuevos préstamos en proceso de resolución podrán presentarse una vez finalice el estado de alarma.

Asimismo, se podrán solicitar modificaciones en los cuadros de amortización de préstamos ya concedidos a proyectos industriales. Se establecen criterios de graduación en el cumplimiento de programas financiados por la citada Secretaría General…

Se habilita al ICEX para la devolución a las empresas que hayan incurrido en gastos no recuperables por las cuotas pagadas para la participación en ferias u otras actividades de promoción internacional que hayan sido convocadas por la institución y se hayan visto canceladas, aplazadas o afectadas por el COVID-19.

Se suspende, durante un periodo de un año y sin necesidad de solicitud previa, el pago de intereses y amortizaciones de los créditos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo

Se incluye al CDTI entre los organismos que podrán agilizar las ayudas y aportaciones al sector empresarial, con el fin de fomentar la innovación en la lucha contra la pandemia, así como garantizar el adecuado funcionamiento del tejido empresarial. Se permitirá así tanto la rápida financiación de prototipos como poder disponer la industrialización de productos sanitarios considerados de urgencia.

Por otro lado, se introduce flexibilidad en la comercialización de combustibles, dado el descenso del consumo y la menor rotación de los tanques de almacenamiento sobre lo previsto, de forma que se permite retrasar la fecha de inicio de comercialización de gasolinas con especificación estival, pudiéndose vender hasta el 30 de junio de 2020 gasolinas cuya presión de vapor y destilado presente unos límites comprendidos entre el límite mínimo de verano y el máximo de invierno.

Y se amplía en dos meses desde la finalización del estado de alarma los permisos de acceso y conexión a las redes eléctricas esInformacitablecidos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, con el fin de dar seguridad jurídica a los promotores de proyectos de generación eléctrica, de los que dependen cuantiosas inversiones imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos de penetración de nuevas renovables.

Otras medidas
El Real Decreto-ley permite que los empleados públicos, sin modificación de sus circunstancias laborales, puedan realizar tareas distintas a las de su puesto de trabajo y apoyar voluntariamente aquellas áreas y actividades de carácter sanitario, sociosanitario, de empleo, para la protección de colectivos vulnerables y aquellas otras que requieran un refuerzo en materia de personal como consecuencia de la situación provocada por el COVID-19.

Del mismo modo, se habilita a que el personal sanitario jubilado pueda retornar al trabajo, compatibilizando su actividad con la percepción de su pensión.

Por otro lado, se permite que los ingresos derivados de la cotización por formación profesional puedan aplicarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo, incluyendo, de esta manera, finalidades más amplias que la mera formación.

Dadas las actuales circunstancias, se concede a las fundaciones bancarias que tuviesen un plan de desinversión ya aprobado por el Banco de España ampliar hasta en dos años el plazo con el que contaran. En caso de optarse por esta ampliación, se deberá dotar un fondo de reserva con una dotación anual de, al menos, el 50% de los importes recibidos de la entidad de crédito de la que sean accionistas en concepto de dividendo.

En materia de inversión, se adopta una norma de carácter macroprudencial, habilitando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para modificar los requisitos aplicables a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva.

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