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Abogados Portaley. Despacho de abogados especializado en Derecho de Nuevas Tecnologías, Delitos Informáticos, Propiedad Intelectual, Redacción de contratos a medida relacionados con servicios en Internet. Adecuación de servicios a legislación española en materia de Comercio electrónico.

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Despacho de Abogados especializado en Derecho de las Nuevas Tecnologías, en especial, comercio electrónico, contratos informáticos, propiedad intelectual, dominios de Internet, protección de datos, LSSI. Defensa y Acusación en procesos penales por delitos de estafa, lesiones, daños informáticos, delitos contra el patrimonio, Delitos de amenazas y coacciones, contra la seguridad vial, Delitos de calumnias e injurias.

 


Penal: Especialidad defensa letrada en procesos penales por delito de Phishing. Comercio electrónico: (LSSI, LOPD, contratos informáticos, Reputación Online.

Abogados Especialistas en delitos relacionados con 

  • usurpación de identidad,
  • Amenazas,
  • calumnias e injurias a través de Internet,
  • Hurto y robo electrónico.
  • Estafa electrónica.
  • Apropiación indebida.
  • Uso no autorizado de terminales de comunicación. Daños informáticos.
  • Delitos relativos a la propiedad intelectual: Respecto a contenidos y relativos a programas de ordenador.
  • Apoderamiento y revelación de secretos empresariales.
  • Publicidad engañosa en Internet.
  • Responsabilidad penal de los prestadores de servicios intermediarios.

 

Abogados especializados en Delitos de descubrimiento y revelación de secretos

En Abogados Portaley nos focalizamos en resolver los problemas legales de nuestros clientes, preocupados por prestar el mejor asesoramiento y en gran calidad de servicios. Creemos en la especialización, por ello ofrecemos una cartera de servicios legales orientadas principalmente al Derecho de Nuevas Tecnologías, Derecho Penal, Derecho Civil y Contratos

 

Entre los servicios de asesoramiento legal especializado ofrecemos:

 

. Servicios de asesoramiento en Reputación en Internet y Redes sociales

La reputación online es el prestigio de tu marca en Internet, si eres empresa.

Si eres una persona física también debes preocuparte por tu reputación en Internet, ya que todo lo que se comenta en Internet se puede afectar tanto personalmente como profesionalmente.

Si tienes un problema legal con tu reputación online, no dudes en contactar con Abogados Portaley

 

 

Entre nuestro equipo de abogados se encuentra Noelia García, abogada especializada en Penal

Horario:

Lunes a viernes de 10:00 a 19:00

Currículum

Litigios:

Información de sentencias y casos llevados por Abogados Portaley en delitos en Internet, phishing, blanqueo de capitales

 

Sentencia del Juzgado Penal nº 21 de Madrid de 5 de Febrero de 2010 (nº 47/10). Delito imprudente de blanqueo de capitales del artículo 301.3 y 4 C.P y delito de estafa continuada de los artículos 248.2 y 249 C.P.

 

Fallo: Absolución.

 

 

Sentencia nº 332/2010, Audiencia Provincial de Madrid, sección 2, de 29 de Julio.

 

Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal y por el procurador en representación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid contra la Sentencia  nº 47/10 del Juzgado Penal nº 21 de Madrid de 5 de Febrero de 2010.

 

Fallo: Desestimación de los Recursos de Apelación y confirmación de la Sentencia.

 

 

Sentencia nº 227/12 del Juzgado Penal nº 17 de Madrid, de 19 de Junio de 2011. Delito de estafa de  los artículos 248.2 y 249 C.P. Ministerio Fiscal solicita la pena de 2 años de prisión. La defensa, a cargo de la letrada Dª Noelia Garcia Noguera de Abogados Portaley, solicita la libre absolución.

 

Fallo: Absolución con todos los pronunciamientos favorables.

 

Sentencia nº 151/2012 del Juzgado Penal nº 1 de Orense, de 23/03/2012. Delito de estafa de  los artículos 248.2 y 249 C.P. Renuncia de la acusación particular, Banco Bilbao Vizcaya Agentaria S.A.

 

Fallo: Absolución imputado del delito de estafa.

 

 

Sentencia nº 55/2013 del Juzgado Penal nº 3 de Arrecife, de 16 de Abril de 2014. Ministerio Fiscal califica los hechos de delito de receptación y solicita una pena de prisión de un año y seis meses de prisión y la acusación particular (BBVA) de un delito continuado de estafa del artículo 248.2 y 249, y 74 C.P, solicitando una pena de prisión de un año y nueve meses de prisión. La defensa, a cargo de la letrada Dª Noelia Garcia Noguera, solicita la libre absolución, y, subsidiariamente, y para el caso de condena, se le imponga una pena inferior a la solicitada por las acusaciones, con la aplicación de las atenuantes de colaboración con la justicia y de reparación del daño en su caso, conforme a los fundamentos que esgrimió en su informe.

 

Fallo: Absolución del delito CONTINUADO de ESTAFA y por el delito de RECEPTACIÓN.

 

 

Sentencia nº 241/13 del Juzgado Penal nº 16 de Madrid, de 27 de Mayo de 2013. El Ministerio Fiscal califica los hechos cometidos por la acusada de delito intentado de estafa por manipulación informática de los artículos 248.2 y 249, 16 y 62 C.P., solicitando una pena de prisión de cuatro meses y por el acusado de un delito de estafa del artículo 248.2 y 249 C.P a una pena de prisión de un año y seis meses.Los letrados de las defensas, solicitaron la libre absolución.

 

Fallo: Absolución de los acusados.

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Información sobre nuevas medidas económicas y sociales aprobadas BOE 1 de abril de 2020

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo paquete de medidas económicas y sociales con el que se completan y refuerzan las medidas adoptadas en las tres últimas semanas por el Gobierno para minimizar y contrarrestar el impacto del COVID-19
RESUMEN
Este nuevo paquete de medidas se articula a través de un Real Decreto-ley que incluye más de 50 medidas con las que se complementa la red de seguridad articulada por el Estado para dar respuesta a la situación que ha creado la pandemia. Este nuevo grupo de medidas se articula en tres bloques: en primer lugar, apoyo a los trabajadores, las familias, los consumidores, los autónomos y los colectivos más vulnerables, de forma que se pueda aliviar su situación financiera y sus gastos fijos, y preservar así una renta mínima.

En segundo lugar, se impulsan iniciativas para sostener el tejido productivo y el empleo, y facilitar la futura recuperación de la actividad; y, en tercer término, se adoptan medidas de flexibilización de diversas actividades y procesos de la Administración.

Finalmente, se han reforzado algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto-Ley 8/2020, aprobado el pasado 17 de marzo, además de extenderse la duración de las mismas hasta un mes después del final del estado de alarma.

Moratoria de alquileres
El primer bloque de medidas tiene como objetivo apoyar a las personas que no puedan pagar sus alquileres por encontrarse en situación de vulnerabilidad por el COVID-19 y no tengan alternativa habitacional. En primer término, se suspenden los desahucios durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma.

En segundo lugar, se implanta la renovación automática de los contratos de alquiler que venzan en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma. Esta prórroga será de seis meses y en ella se mantendrán los términos y condiciones del contrato en vigor.

En tercer lugar, se establece una moratoria automática en el pago de su renta para aquellos arrendatarios en situación de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda, tanto público como privado, incluido el Fondo Social de Vivienda de las entidades financieras. Se entiende como tal a quien posea más de diez inmuebles.

La moratoria en el pago de la renta se prolongará mientras dure el estado de alarma o mientras persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses. Una vez superada dicha situación, el inquilino devolverá la cuota o cuotas no pagadas a lo largo de un periodo no superior a tres años, sin que pueda aplicársele ningún tipo de penalización ni intereses.

En cuarto lugar, se regula la moratoria para el caso en el que el arrendador no sea un gran tenedor de inmuebles, algo que sucede en el 85% de los casos. En estas circunstancias, el inquilino, siempre que se encuentre en situación de vulnerabilidad, podrá solicitar un aplazamiento en el pago de su renta. El arrendador tendrá siete días para aceptarlo, proponer una alternativa o rechazarlo.

En el caso de que no haya un acuerdo, el inquilino tendrá acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación a coste cero con aval del Estado. El inquilino podrá solicitar un crédito finalista, directamente pagado al arrendador, por importe de hasta seis mensualidades de la renta de alquiler, a devolver en un periodo máximo de diez años. Este crédito no tendrá interés, será concedido por las entidades de crédito y contará con el aval del Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que firmará el correspondiente acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Para personas que tengan problemas más permanentes para el pago del alquiler, se establece también un nuevo programa de ayudas directas al alquiler sobre vivienda habitual y que podrán ser añadidas a las citadas anteriormente.

La norma incorpora un programa específico para víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables, a fin de dotarles de una solución habitacional inmediata. Se establece una ayuda de hasta 600 euros al mes, que puede elevarse en casos justificados hasta 900 euros, siempre con un límite del 100% de la renta del inmueble. Y se añaden otros 200 euros para la atención de los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos, con un límite del 100% de los mismos.

Se extiende la moratoria hipotecaria
En materia de vivienda, se clarifican aspectos relacionados con la moratoria hipotecaria regulada en el RDL8/2020. Así, el plazo de suspensión pasa de uno a tres meses; se adapta la acreditación de vulnerabilidad a la situación derivada del estado de alarma, siendo suficiente en estas circunstancias con una declaración responsable del beneficiario sobre su situación; y se clarifica que las cuotas suspendidas no se abonan al finalizar la suspensión, sino que todos los pagos restantes se posponen por idéntico periodo. También se añade a los autónomos entre los colectivos que pueden beneficiarse de esta moratoria.

Con la misma filosofía que la moratoria en el pago de alquileres o de hipotecas, el Real Decreto-Ley aprobado hoy establece la posibilidad de una moratoria en los créditos y préstamos no hipotecarios que mantengan las personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo los créditos al consumo.


Apoyo en suministros básicos
Otro de los ejes en los que ahonda el nuevo paquete de medidas tiene que ver con garantizar los suministros básicos a más hogares. Así, se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social eléctrico, al que podrán acogerse de forma excepcional las personas que se hayan visto afectadas por medidas de regulación de empleo de sus empresas o, en el caso de autónomos, haber cesado su actividad o visto reducidos sus ingresos en más de un 75%.

Además, en un contexto en el que, por una mayor permanencia en el hogar derivada de las medidas de contención y por el desarrollo en el mismo de actividades profesionales que, normalmente, se realizan fuera de la vivienda habitual, se establecen medidas para garantizar la continuidad de los suministros energéticos y de agua en el hogar, prohibiéndose su suspensión por motivos distintos a la seguridad del suministro.

Nuevas ayudas sociales
Siguiendo con la idea trasladada por el Gobierno de no dejar a nadie atrás en esta crisis, se establecen nuevas prestaciones para colectivos que no tenían derecho a las mismas.

Se crea un subsidio extraordinario temporal para empleadas del hogar que hayan visto su jornada reducida o su contrato extinguido como consecuencia del COVID-19. El importe de esta prestación, que tiene carácter retroactivo si la causa es la actual crisis sanitaria, será el equivalente a un 70% de la base reguladora de la empleada. Será compatible con el mantenimiento de otras actividades, sin que, en ese caso, la suma de retribuciones pueda exceder el importe del Salario Mínimo Interprofesional.

Asimismo, se establece que las personas que tuviesen un contrato temporal de duración de al menos dos meses que se hubiese extinguido tras la declaración del estado de alarma y que no alcancen el periodo de cotización mínimo para percibir una prestación por desempleo pueden percibir un subsidio extraordinario equivalente al 80% del importe mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), estableciendo requisitos de acceso en función de la situación de rentas del hogar familiar

Otras medidas de apoyo a las personas
Para aliviar las necesidades de liquidez de los ciudadanos, se amplían los supuestos en los que se pueden rescatar las aportaciones realizadas a planes de pensiones, de forma que podrán recurrir a las mismas las personas que estén inmersas en un expediente de regulación temporal de empleo y los autónomos que hayan cesado su actividad como consecuencia de los efectos del COVID-19

Se adoptan diferentes medidas de protección al consumidor en los contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios, sean o no de tracto sucesivo, cuya ejecución sea imposible como consecuencia de la aplicación de las medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma. En estos casos, los consumidores podrán ejercer el derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días.

En los contratos de tracto sucesivo, se paralizará el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio pueda volver a prestarse con normalidad, sin que esto suponga la rescisión del contrato.

En cuanto a servicios prestados por varios proveedores, caso, por ejemplo, de los viajes combinados, el consumidor podrá optar por solicitar el reembolso o hacer uso del bono que le entregará el organizador o, en su caso, el minorista. Dicho bono lo podrá utilizar en el plazo de un año desde la conclusión del estado de alarma. En caso de no utilizarse durante ese periodo, el consumidor podrá ejercer el derecho de reembolso

En el ámbito del sector de telecomunicaciones, la norma matiza que la suspensión de la portabilidad solo afecta a aquellas operaciones en las que exista necesidad de los usuarios de desplazarse físicamente a tiendas o de que se realicen intervenciones físicas en su domicilio, excepto en casos de fuerza mayor

Además, y para evitar que el consumidor se pueda ver perjudicado por la suspensión de las operaciones de portabilidad, se establece que los usuarios no puedan ver sus tarifas incrementadas durante el tiempo en que no puedan solicitar un cambio de compañía.

Finalmente, en un contexto en el que las actividades de ocio están muy afectadas por las medidas de contención derivadas del estado de alarma, también se establecen limitaciones en la publicidad y en las actividades de promoción de determinadas actividades de juego online.

Apoyo al tejido productivo
Con el fin de aliviar la situación financiera de empresas y autónomos afectados por la actual crisis, se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a conceder de forma excepcional moratorias en el pago de las cotizaciones sociales.

En el caso de los autónomos, se establece que los que sean beneficiarios de la prestación por cese de actividad podrán abonar fuera de plazo y sin recargo las cotizaciones del mes de marzo correspondientes a los días previos a la declaración del estado de alarma.

Se permite que empresas y autónomos que no tengan en vigor aplazamientos de pago de deudas con la Seguridad Social puedan solicitar hasta el 30 de junio de 2020 el aplazamiento del pago de las deudas que deban ingresar entre abril y junio de 2020 sin que se aplique ningún interés.

Para el acceso a la prestación extraordinaria por cese de actividad, se adapta la norma para contemplar la situación de determinados colectivos que tienen un alto grado de estacionalidad, como el agrario, el de la cultura, los vinculados a acontecimientos como la Semana Santa u otros.

Se facilita, asimismo, la realización de todos los trámites relativos a aplazamientos en el pago de deudas, moratorias o devoluciones de ingresos indebidos a través del Sistema RED de comunicación electrónica.

Además, se establecen diferentes medidas para que los autónomos y las empresas que se hayan visto afectados por el COVID-19 puedan flexibilizar el pago de suministros básicos como la luz, el agua o el gas, llegando incluso a la posibilidad de suspender su pago. Las cantidades adeudadas se abonarán como máximo en los seis meses siguientes a la finalización del estado de alarma.

La norma establece también una serie de medidas que, igual que en reales decretos-ley pasados, persiguen preservar al máximo el empleo. En este sentido, se adaptan los compromisos de mantenimiento del empleo durante el plazo de seis meses fijados en el RDL 8/2020 a las particularidades de determinados sectores, en particular las vinculadas al mundo de la cultura, atendiendo a su variabilidad y alineamiento con eventos concretos.

También se flexibilizan los procedimientos de las convocatorias de préstamos o ayudas de la Secretaría General de Industria y de la Pyme. En este sentido, las garantías para nuevos préstamos en proceso de resolución podrán presentarse una vez finalice el estado de alarma.

Asimismo, se podrán solicitar modificaciones en los cuadros de amortización de préstamos ya concedidos a proyectos industriales. Se establecen criterios de graduación en el cumplimiento de programas financiados por la citada Secretaría General…

Se habilita al ICEX para la devolución a las empresas que hayan incurrido en gastos no recuperables por las cuotas pagadas para la participación en ferias u otras actividades de promoción internacional que hayan sido convocadas por la institución y se hayan visto canceladas, aplazadas o afectadas por el COVID-19.

Se suspende, durante un periodo de un año y sin necesidad de solicitud previa, el pago de intereses y amortizaciones de los créditos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo

Se incluye al CDTI entre los organismos que podrán agilizar las ayudas y aportaciones al sector empresarial, con el fin de fomentar la innovación en la lucha contra la pandemia, así como garantizar el adecuado funcionamiento del tejido empresarial. Se permitirá así tanto la rápida financiación de prototipos como poder disponer la industrialización de productos sanitarios considerados de urgencia.

Por otro lado, se introduce flexibilidad en la comercialización de combustibles, dado el descenso del consumo y la menor rotación de los tanques de almacenamiento sobre lo previsto, de forma que se permite retrasar la fecha de inicio de comercialización de gasolinas con especificación estival, pudiéndose vender hasta el 30 de junio de 2020 gasolinas cuya presión de vapor y destilado presente unos límites comprendidos entre el límite mínimo de verano y el máximo de invierno.

Y se amplía en dos meses desde la finalización del estado de alarma los permisos de acceso y conexión a las redes eléctricas esInformacitablecidos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, con el fin de dar seguridad jurídica a los promotores de proyectos de generación eléctrica, de los que dependen cuantiosas inversiones imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos de penetración de nuevas renovables.

Otras medidas
El Real Decreto-ley permite que los empleados públicos, sin modificación de sus circunstancias laborales, puedan realizar tareas distintas a las de su puesto de trabajo y apoyar voluntariamente aquellas áreas y actividades de carácter sanitario, sociosanitario, de empleo, para la protección de colectivos vulnerables y aquellas otras que requieran un refuerzo en materia de personal como consecuencia de la situación provocada por el COVID-19.

Del mismo modo, se habilita a que el personal sanitario jubilado pueda retornar al trabajo, compatibilizando su actividad con la percepción de su pensión.

Por otro lado, se permite que los ingresos derivados de la cotización por formación profesional puedan aplicarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo, incluyendo, de esta manera, finalidades más amplias que la mera formación.

Dadas las actuales circunstancias, se concede a las fundaciones bancarias que tuviesen un plan de desinversión ya aprobado por el Banco de España ampliar hasta en dos años el plazo con el que contaran. En caso de optarse por esta ampliación, se deberá dotar un fondo de reserva con una dotación anual de, al menos, el 50% de los importes recibidos de la entidad de crédito de la que sean accionistas en concepto de dividendo.

En materia de inversión, se adopta una norma de carácter macroprudencial, habilitando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para modificar los requisitos aplicables a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva.

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Remitimos archivo y enlace al BOE del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero aprobado en Consejo Ministros y publicado ayer en BOE, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo, aunque estuvieran justificadas por razones médicas, establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre y detallado aquí debajo.

https://boe.gob.es/boe/dias/2020/02/19/pdfs/BOE-A-2020-2381.pdf

Esto implica, que a partir de hoy, nadie podrá ser despedido por faltar al trabajo por ausencias médicas justificadas, primer paso en el proceso de derogación de las aspectos más lesivos de la reforma laboral llevada a cabo en 2012. En definitiva, hoy los trabajadores podemos sentirnos más protegidos y con mayor seguridad jurídica, porque queda eliminada la posibilidad de que la empresa pueda despedir por faltar al trabajo por razón de baja médica.

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Atención al cliente atención al cliente: 4.6
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Carmen María

Gracias por responder a la consulta a traves de Internet. He contratado sus servicios y son totalmente recomendables.

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Fermín
Fermín

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Es un gusto tratar con abogados que te das cuenta que saben exactamente de lo que hablan, llevan años tratando temas penales y eso da mucha seguridad, sin duda recomendables al 100%

Nada, todo bien.

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Adela
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